En el Boletín Oficial del día 8 de julio 2024, junto a la publicación de las leyes 27.742 denominada “Base y Punto de partida para la libertad de los argentinos” (que incluye el RIGI - Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que es un enclave fiscal en el territorio nacional, con estabilidad tributaria por 30 años, con sus propias normas, con la posibilidad de recurrir a la justica en el exterior, sin obligación de liquidar sus exportaciones a partir del quinto año de ejecución del proyecto y, sin obligación de abastecer al mercado interno), y 27.743 “Medidas Paliativas y Relevantes” (Incluye el “Blanqueo” de capitales), la combinación de ambas leyes permite sortear la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos[1];  se publica también en ese Boletín Oficial, el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 594/24, que aumenta el gasto presupuestario en el corriente año en $ 38.876.036 millones (aumento del 70,5% sobre el presupuesto vigente por Decisión Administrativa 5/24)[2]. 

Pese a que en el DNU 594/24, para que las cuentas fiscales cierren, prevén que va a aumentar la recaudación de todos los tributos (en una economía que, según el FMI, el PBI desciende en un 3,5%), especialmente el Impuesto PAIS[3] que, en los seis meses que restan del año, estiman recaudar $4,6 Billones más, incluso es una suma mayor a lo recaudado hasta el 30 de junio 2024 por $3.593.407 millones. Sin embargo, reconocen que deben aumentar el endeudamiento público en $9.495.756 millones, de los cuales son $7.005.172 millones por colocaciones de títulos del Tesoro de la Nación en moneda nacional. Prevé también colocar títulos de deuda en el mercado externo por el equivalente a $1.516.684 millones. Más Adelantos transitorios del BCRA por $ 973.900 millones.

Por un lado, se jactaban que no se iban a financiar con el BCRA y que, la partida de Adelantos transitorios al Gobierno Nacional quedaba fija en todo el año 2024 en $4.091.100 millones. Bien en el DNU 594/24 incrementa el financiamiento con el BCRA en un 23,8% sobre esa suma.

Por otra parte, deben aumentar la deuda pública en $9.495.756 millones, es cierto que la mayor parte es en Títulos del Tesoro en pesos, pero es un gobierno que hasta el 31 de mayo 2024[4] emitió Títulos de deuda del Tesoro de la Nación por el equivalente a 65.001 millones de dólares (la conversión de pesos a dólares lo hace la misma Secretaría de Finanzas de la Nación), porque entregó títulos de deuda por el déficit fiscal del año 2023, y porque “solucionó” la “bomba de las Leliq”  traspasando toda la deuda al Tesoro de la Nación, aumentando la deuda pública.

Obviamente que los diputados y senadores nacionales “colaboracionistas” con el gobierno, conforman también la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, que es la que aprueba o rechaza la ampliación presupuestaria y son (hasta ahora) mayoría, cuando los diputados de La Libertad Avanza son 38 sobre 257, y los senadores 7 sobre 72, sin embargo las contantes visitas de Guillermo Franco logran convencer a los colaboracionistas para que levantando la mano o dando quórum, aprueben todo, por lo que no es de extrañar que si sigue la misma política en el año 2025, se apruebe este presupuesto ampliado por el DNU 594/24, más las modificaciones que quiera o necesite el gobierno y, su ejecución final (Cuenta de Inversión).

El problema financiero

Tras la renuncia de la ministra de economía Silvina Batakis el 29 de julio 2022, asume Sergio Massa, quien para facilitar el canje de los títulos de deuda del Tesoro de la Nación que vencían en lo que restaba de la gestión de Alberto Fernández, y poder pasar su vencimiento para el año 2024 y 2025, concedió en muchos de ellos la cláusula puts y/o la de ser un bono dual (pagaba por el ajuste inflacionario o por la devaluación del dólar oficial a preferencia de su tenedor).

Los puts son un seguro de liquidez, son opciones o seguros de recompra que, a cambio de pagar una prima, le permite al tenedor vender el bono (título público) y obliga al Banco Central a comprárselo al valor del día previo y emitir pesos.

El sistema fue continuado y extendido por el tándem Caputo-Bausili que emitió títulos de deuda con ese seguro (puts) por más de 8 billones de pesos (la mitad de las opciones que vencen en los años 2026 y 2027).

El problema se suscita ahora, porque al reducirse la tasa inflacionaria (medida por el IPC del INDEC) y al devaluarse al tipo de cambio oficial entre un 2 a un 3% mensual, hace que los bancos (esencialmente los que mayores títulos del Tesoro tiene como es el caso del Banco Macro) vendan esos títulos al BCRA, quien se ve obligado a emitir para comprárselos, que explica la fuerte emisión monetaria desde el 28 de junio 2024, tras la conferencia de Luis Caputo y Santiago Bausili en que dijeron que continuaba el crawling peg del 2 al 3% mensual del precio del dólar que, ante esa actualización de la deuda (los bancos presionaban también por la devaluación), los socios de Anker Latinoamérica creían compensar a los bancos, pasando la deuda del BCRA por encajes remunerados a deuda pública (Títulos del Tesoro de la Nación), pero eso solo, como vemos, no les bastó.

Letra fiscal de liquidez

Ante el riesgo de los 8 billones de pesos con clausula “puts”, el BCRA sigue transformando deuda del BCRA con los bancos en deuda pública. Mediante la Comunicación "A" 8061 del 11 de julio 2021, establece que las Letras Fiscal de Liquidez (LeFi), que serán emitida por el Tesoro de la Nación (expandiendo la deuda pública en 20 Billones de pesos) se ajusten por la tasa de interés que, a su vez, va a fijar el BCRA.  Tiene un plazo de hasta un año y solo la puede comprar los bancos, pero no pueden constituir encajes (efectivo mínimo) con ellas.

Es por eso que el Boletín Oficial del 12 de julio 2024, publica el DNU 602/2024 que con el “fin de proceder al saneamiento de los pasivos remunerados del BCRA”, crea la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) a cargo del Tesoro de la Nación. Dicha “letra” va a reflejar la tasa de política monetaria, la que servirá como principal instrumento de administración de liquidez en el sistema, dentro del marco de la política monetaria definida por parte del BCRA.

Esto es, en lugar que pague ese interés el BCRA, lo va a pagar el Tesoro de la Nación, por ende, el BCRA se libera del costo que significaba dicho pago y queda liberado a fijar la tasa de referencia que quiera (sin tener que emitir para pagar esos intereses). Pero obliga al Tesoro de la Nación a un mayor ajuste fiscal para abonar esos intereses.

La medida establece que la Secretaría de Hacienda deberá cubrir el costo financiero de las LeFi que el BCRA les coloque a los bancos, lo que implicará que el Tesoro de la Nación deberá depositar en el BCRA un monto equivalente a los intereses que devengue diariamente la tasa de política monetaria.

La tasa de política monetaria será definida por el directorio de la entidad y permanecerá sin variaciones hasta tanto comunique un nuevo movimiento. El problema se agrava porque el BCRA va fijar tasas positivas (por encima de la inflación) con el fin de “frenar” la compra de dólares.

El monto de esos intereses que debe depositar la secretaría de Hacienda de la Nación en el BCRA (tal lo establece el artículo 6to del DNU 602/2024) no estaba contemplado en el DNU 594/24 de ampliación del presupuesto de la Administración Nacional del corriente año 2024, en que se había fijado pagar intereses de julio a diciembre 2024 por $ 3.684.243 millones.

No sabemos cuál es la tasa que determinará el BCRA, pero sí que es mayor que la inflación (y va a ser cada vez mayor para evitar que ante un dólar que sufre la presión de los exportadores que retienen sus ventas y del FMI que exige una devaluación de nuestra moneda), pero si sabemos que va a devengar una gasto fiscal mensual de no menos de $700.000 millones (siempre y cuando la inflación no se dispare), suma que acumulada en seis meses supera ampliamente el interés presupuestado en la ampliación del DNU 594/24

Por ende, no solamente deben tomar deuda para “cerrar” las cuentas fiscales del año 2024 en $9.495.756 millones (que contempla el DNU 594/24), sino que debe sumar a esa solicitud de crédito no menos de $ 4.000.000 millones más por los intereses de las LeFi.

Julie Kozack, directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que no están discutiendo con la Argentina una ampliación del crédito vigente. Y Manuel Adorni, el vocero presidencial, el día jueves 11 de julio 2024 dijo que “no hay una negociación formal con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo acuerdo que signifique un respaldo financiero adicional.”

Síntesis

Un gobierno que ha venido solucionando los problemas de pagos, pasándolos a deuda pública (en el lenguaje de la Secretaría de Finanzas: “titulariza” la deuda), ahora crea una letra que se ajusta por la tasa de interés que determina el BCRA, que a su vez fijará una tasa redituable para que no se pasen de depósitos en plazo fijo en pesos a dólares, que se suma a una deuda exigible en lo que resta del año que no se sabe cómo se va a pagar.

Encima sigue el riesgo vigente que unos 8 billones de pesos tienen el seguro de liquidez (cláusula puts) y no quieren cambiarlo por ningún título público.

Nadie la va a prestar voluntariamente a este gobierno por la falta de plan y ante un FMI que quiere levantar el cepo cambiario y devaluación, pero tienen un recurso extraordinario: confiscar total o parcialmente los dólares que reciben los bancos en depósitos del público que, al 5 de julio de 2024, asciende a 13.290 millones de dólares. 

Eso sí, no sabemos qué pasa el día después en el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”.