Una vez más, el debate sobre los temas estratégicos del quehacer nacional es el gran ausente en el show mediático de los candidatos electorales. Mientras cada uno mide sus posibilidades, y negocia aceptación y gobernabilidad futura con el poder económico, nadie explica cómo se va a modificar la realidad argentina manteniendo el ancla política del FMI y cuál va a ser el modelo de desarrollo productivo que lo haga posible.

La ausencia total de respuesta, ante estos dos interrogantes principales, deja claro que, en rigor de verdad, lo que se dirime en las próximas elecciones es quién va a ser el nuevo gerente del mismo modelo económico que viene aniquilando el trabajo y la calidad de vida de los argentinos desde hace 47 años. En otras palabras, sin discutir la política de fondo, solo se disputan la administración colonial.

Deuda externa, el ancla imperialista del FMI

A partir de la disolución de los pactos de Bretton Woods (1971), donde se abandona el respaldo del dólar en oro, el precio y emisión de la moneda pasó a ser una definición netamente geopolítica y ya no fundamentada desde la técnica económica. Desde ese momento, la voluntad imperial de Estados Unidos es la que define cuánto dólar se emite y cuánto vale, y si interviene o no en los gobiernos del mundo para asegurar su hegemonía (en actual decadencia).

Es por este motivo que el otorgamiento de empréstitos ha funcionado como parte de un dispositivo de dominio, y se vale de gobiernos locales cómplices que, con democracia o sin ella, endeudan formalmente al país. Porque lo realmente importante para los organismos multilaterales de créditos, no es el retorno monetario de intereses sino el poder político que obtienen sobre los gobiernos presentes y venideros. La cuestión de fondo no es por plata; es por territorio, recursos naturales y trabajo, por la generación de riquezas.

Por eso, en este contexto, la primera conclusión sobre la cuestión de la deuda externa es que los países que pretendan alcanzar soberanía para solucionar sus problemas económicos (pobreza, desocupación, inflación, escasez, etc.) tendrán que librarse de este condicionante, sea como sea, para poder aplicar las medidas necesarias. Porque está en juego mucho más que dinero; se disputa el trabajo, la tierra, la comida y la vida misma de nuestro Pueblo.

Hoy, en un contexto hiperinflacionario, con una crisis económica y social en aumento, resulta imprescindible desconocer la deuda externa con el FMI, cesar su pago y expulsar del territorio nacional a todos sus representantes, para poder llevar adelante las medidas políticas que permitan aplacar las urgencias que apremian a nuestro pueblo.

Ninguno de los candidatos, de los frentes electorales con posibilidades reales de obtener la victoria en las próximas elecciones, se manifiestan en este sentido porque se niegan a admitir el hecho de que los condicionamientos del FMI imponen un modelo productivo determinado que es la principal causa de todos los problemas económicos y sociales actuales. En síntesis, las imposiciones conducen a profundizar el aumento de las exportaciones primarias (litio, gas, petróleo, energía, granos) a costa de un estrangulamiento del mercado interno y la apertura de importaciones de manufacturas industriales, lo que resulta inflacionario (para deprimir el consumo interno y aumentar los saldos exportables) y destruye el poder adquisitivo y la posibilidad de generación de trabajo genuino, y de calidad, con la flexibilización de importaciones.

Al mismo tiempo, hay que agregar que se debe investigar e identificar el destino de la deuda externa para sancionar a los culpables, y responsables políticos de ese crimen económico. También, a futuro, sentar las bases jurídicas y de participación popular para que, nunca más, un cambio de gobierno sea suficiente para generar tamaña dependencia a un poder extranjero.

El modelo de desarrollo nacional

Por otro lado, cuando se debate sobre las causas de los problemas económicos, adrede y maliciosamente, ninguno de los candidatos apunta a la estructura económica productiva vigente en al país desde hace más de 40 años; por el contrario, y casi como una burla al pueblo, señalan a la falta de profundización del mismo esquema o, en el mejor de los casos, a los mecanismos de distribución de la riqueza que esta genera.

Esto resulta una diferencia sustancial respecto a la visión justicialista del problema económico, ya que, según nuestra posición, una distribución de la riqueza más justa y equitativa es la consecuencia de un modelo de desarrollo económico determinado, y no el resultado de medidas paliativas de asistencialismo para aliviar los efectos de la injusticia.

Habida cuenta de esto, se comprende mejor la ausencia de propuestas y la lógica del conjunto de medidas económicas implementadas (y también las no implementadas) por el gobierno actual. Se pone el énfasis en la estabilidad, sin cambios estructurales; en la sintonía con los organismos internacionales, sin garantía de solución a los problemas domésticos; en la promoción de las exportaciones, sin priorizar la industria nacional y el trabajo de calidad.

Lo cierto es que la única salida, a los problemas de fondo, radica en un cambio de modelo productivo basado en otro paradigma político que no sea el de la subordinación y el alineamiento con el poder económico global.

Antes de la imposición del modelo agroexportador, rentístico y especulativo, iniciado en 1976, la Argentina producía bienes y servicios, principalmente para su mercado interno, y exportaba sus excedentes de producción a fin de adquirir divisas para la compra al extranjero de los bienes fundamentales para el desarrollo industrial.

Con sus matices y defectos, ese modelo productivo se caracterizaba por ser una economía mixta, en la cual el Estado ocupaba los sectores estratégicos con el objetivo de garantizar la protección y fortaleza del mercado interno; y en este contexto, el empresariado se desarrollaba produciendo, lo cual permitía a su vez generar trabajo genuino y de calidad. Así, lo que escaseaba era la pobreza y el desempleo.

También se trataba de un modelo agrícola y ganadero, pero orientado al desarrollo industrial, que hacía foco en el autoabastecimiento de la mayoría de los bienes y servicios que el pueblo argentino necesitaba con el fin máximo de asegurar la independencia económica sobre la producción y la moneda extranjera. De esta manera, se lograba que el conjunto de la población económicamente activa disponga de un trabajo formal con un ingreso básico digno, seguridad social y la vigencia plena de sus derechos laborales. Además, y por tratarse de un modelo de producción y generación de riquezas, era autofinanciado, sin necesidad de endeudamiento externo.

Durante la década del 90 se consolida el cambio hacia un neoliberalismo colonial, mediante la apertura indiscriminada y la desregulación de la economía, las privatizaciones y la destrucción del aparato productivo. Esto provocó la concentración y extranjerización de la economía, y la adopción de un perfil netamente agroexportador en detrimento del mercado interno y, por lo tanto, de la industria y el trabajo local.

Hoy, sufrimos la profundización del mismo esquema con los agravantes lógicos que conlleva su predominio mayoritario en los últimos 47 años de la historia argentina.

No hay un futuro posible de justicia social sin un cambio de modelo que administre los recursos en términos del bienestar de nuestro pueblo. Porque lo que hizo grande a la Argentina, en distintos momentos de su historia, es haber comprendido que no hay, ni habrá, un futuro de prosperidad como colonia subordinada a intereses foráneos. La actual situación de dependencia económica y política que sumerge al Pueblo en el absurdo de la pobreza y el hambre en tierras de abundancia, no da lugar a medias tintas ni tibiezas.

Por un lado, es necesario recuperar la administración nacional del comercio exterior para dar lugar a una eficiente y planificada protección del mercado interno, junto a un plan de industrialización por sustitución de importaciones. Esto es un paso obligado para la generación de trabajo genuino que disminuya la principal demanda, y causa de la dependencia, de dólares que tiene el país: la compra en divisas de productos al extranjero.

Comenzando por la mitad de las importaciones argentinas que corresponden a industria liviana, de baja complejidad (juguetes, textiles, plásticos, indumentaria, autopartes, electrodomésticos, metales, cosméticos, etc.), se generaría un mercado cautivo para la pequeña y mediana empresa argentina con un horizonte de nacionalización de mano de obra de 3,6 millones de puestos de trabajo, equivalente a 34 mil millones de dólares.

En cuanto al sistema financiero, diametralmente opuesto a lo que el interés nacional indica, actualmente se encuentra orientado, exclusivamente, a la especulación financiera. Para fundamentar esto, solo hace falta decir que la base monetaria (el total de billetes emitidos en manos del público más lo depositado en bancos) actualmente es de 5,6 billones de pesos, mientras que lo depositado en instrumentos financieros, “leliqs y notaliqs”, suman 11,7 billones de pesos, más del doble. Ese enorme volumen de dinero no tiene contacto alguno con la economía real y genera una emisión monetaria, por intereses, de 28.000 millones de pesos diarios, 840,000 millones mensuales, 10,080,000 millones anuales, mientras se denuncia que no hay plata para los temas urgentes.

Esos fondos serían más que suficientes para dar inicio a las inversiones de capital que requiere el proceso de industrialización. Por eso, debemos recuperar el rol del B.C.R.A. y del sistema financiero en su conjunto, como factor clave de promoción y desarrollo, orientando el ahorro, hoy destinado a la especulación financiera, al crédito a la inversión con fines productivos.

Como queda a la vista, el conflicto de fondo es la subordinación y complicidad política al poder económico transnacional que posee el control del comercio exterior, la banca, y dirige el modelo productivo vigente según sus intereses. La salida es con lucha, organización política y cambio de modelo productivo; plato que no se sirve en esta mesa electoral.