Amnistía Internacional denunció un “intento de disciplinamiento de la protesta social” a raíz de la condena a tres años y medio de cárcel de cumplimiento efectivo para un abogado jujeño que defendió los derechos de los ciudadanos que se manifestaron en el conflicto docente y en contra de la reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

Se trata de la condena dictada por tribunales provinciales contra el abogado Alberto Nallar por el delito de “instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”.

“Es un serio precedente ya que se observa un intento de disciplinamiento de la protesta social. Asimismo, la justicia le impuso un embargo e inhabilitación para ejercer su profesión”, advirtió Amnistía Internacional en un documento.

También la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, advirtió sobre “·la persecución a abogados y abogadas”, a la que definió como “un límite intolerable”.

“Si el poder judicial cruza ese límite, entonces ya estaría claro que son capaces de violar sus propias leyes y estar dispuestos a lo que fuere para frenar cualquier protesta popular”, subrayaron en otro documento.

Nallar es un abogado defensor de derechos humanos que fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Número Tres  de Jujuy por la situación de convulsión social y feroz represión por parte de las fuerzas de seguridad provinciales a las protestas ocurridas entre el 17 de junio y el 10 de julio pasados. Principalmente, a raíz de los bloqueos de carreteras en rechazo a la reforma de la Constitución Provincial.

“A partir de la reforma constitucional llevada a cabo de manera inconsulta, hubo distintos focos de represión policial, especialmente en Purmamarca, Humahuaca y en San Salvador de Jujuy. A su vez el inicio de numerosas contravenciones y causas penales en contra de los manifestantes reflejan también un peligroso intento de disciplinamiento contra la libertad de manifestación y reunión”, alertó Amnistía.

“Esta sentencia es un mensaje que intenta disciplinar a quienes alzan su voz por reclamar derechos. Además, en este caso se impide que quien ha sido condenado continúe ejerciendo su profesión. Los habitantes de Jujuy tienen derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente, así como a ser informados acerca de medidas que podría afectarlos”, sostuvo Mariela Belski, directora Ejecutiva en Argentina de la organización humanitaria.

La situación de Nallar ya está en conocimiento de varios organismos de la ONU, entre ellos la Relatoría Especial sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación; a la Relatoría Especial sobre independencia de los magistrados y los abogados y a la Relatoría Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Nallar estuvo detenido, luego obtuvo la prisión domiciliaria y finalmente recuperó la libertad, pero pese a que el fallo condenatorio no está firme hoy tiene virtualmente cercenado su derecho a trabajar: es desalentador contratar a un abogado sobre quien pesa una prohibición a futuro de desempeñar sus tareas. El impacto de la sentencia va más allá de lo que estrictamente expresa.

“Amnistía Internacional continúa monitoreando la situación en Jujuy y llama a poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos”, señala el documento.

Por su parte, la Gremial de Abogadas y Abogados denunció que “de manera infame se han atrevido a condenar al colega Alberto Nallar a tres años y seis meses de prisión, más inhabilitación para ejercer su profesión y un embargo por la suma de siete millones de pesos”.

“Repudiamos enérgicamente dicha condena, nos solidarizamos con el colega y su familia y advertimos además que si no paramos esto, vendrán por otros y otras. Que nadie se haga el distraído. Está claro que en este sistema injusto, no hay ni habrá  leyes justas  ni menos jueces ni fiscales justos. Está más que claro para quienes juegan, están para defender los intereses de las clases dominantes y para castigar a quienes luchen, y más allá aún: a quienes defienden a los que luchen”.

El Poder Judicial rechazó todos los habeas corpus presentados a favor de Nallar y otros abogados que defendieron a manifestantes y contra la represión de la protesta.

Esos planteos habían sido formulados por ANDHES (Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales); del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); Estela de Carlotto, por Abuelas de Plaza de Mayo; Carlos “Charly” Pisoni, de H.I.J.O.S. Capital;  Rosa Schonfeld de Bru, -la madre de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en La Plata en los 90- por la Asociación Civil Miguel Bru, Mayra Juárez, del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argentino (CISEN); Hijos Paraná y Bahía Blanca; Santiago Bereciartua, abogado y docente de la  Universidad Nacional de Rosario y el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

También fueron rechazadas las presentaciones de Ernesto Alonso,  secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes de Malvinas La Plata y el Colectivo de Abogados querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad.

“A Nallar, además se lo está condenando por ser un abogado comprometido con su pueblo, con las comunidades originarias y por salir a la calle a brindar su conocimiento al pueblo, frente a una reforma constitucional trucha del gobierno de Morales, con el sólo objeto de  entregar las riquezas naturales de Jujuy, robándoles como siempre a las comunidades originarias todo aquello de lo que son sus auténticos dueños”, insistió la Gremial.

Nallar anunció que apelará la condena, que deberá ser revisada por otros tribunales del Poder Judicial jujeño. Todos los sectores opositores al gobierno de Morales denuncian la fuerte influencia del gobernador sobre jueces y fiscales.