El modelo económico pergeñado tras el “rodrigazo”
13 de abril de 2024
Un modelo económico a la medida de los monopolios. Pasó ayer y pasa en la actualidad. Un análisis de las principales características y beneficiarios del modelo extractivista, agropecuario financiero exportador implantado en la Argentina, después de 1974.
El gobierno nacional y popular tras la muerte del presidente Juan Perón fue sometido a un permanente desgaste, cuando la burguesía local a través de la CGE (Confederación General Económica) mantenía un rumbo de crecimiento y de distribución progresiva del ingreso y, a la vez, había pegado un salto cualitativo con el aumento de las exportaciones industriales[1]. En 1974 la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre el decil[2] más rico y el decil más pobre de la población. Las pintadas de judío marxista y otras presiones contra el ministro José Ber Gelbard, logran que éste renuncie en octubre de 1974.
Lo reemplazó el que era en ese entonces presidente del BCRA, Alfredo Gómez Morales, quien devaluó nuestra moneda y levantó los controles de precios generalizando una inflación incipiente, disminuyendo el salario real. Pero la jugada de los monopolios estaba orquestada por Ricardo Mansueto Zinn, hombre del Grupo FIAT y del grupo Azcuénaga[3], que fue Vice Ministro y cerebro de la gestión de un ingeniero industrial, Celestino Rodrigo, nombrado ministro de Economía en junio de 1975[4].
El nuevo equipo de economía el 4 de junio de 1975 devaluó el tipo de cambio en un 160%, el dólar paso a valer de $10 a $26; duplicó en promedio el precio de las tarifas de servicios públicos y el transporte; aumentó el precio de los combustibles en un 180%; y a cambio concedió un aumento salarial del orden del 45%.
El 27 de junio, la CGT y las 62 Organizaciones convocan a una concentración de trabajadores en Plaza de Mayo. Largas columnas provenientes del cinturón industrial convergen en la Plaza de Mayo. Muchos espontáneamente se suman a la concentración, todos con cantos y estribillos de repudio a la gestión económica y a la persona del ministro de Bienestar Social, José López Rega. Se exige su alejamiento y el del ministro de economía y, la presencia de la presidente en el Balcón de la Casa Rosada, para dar una debida respuesta a la situación. Los gremios que habían impulsado aquella demostración buscaban que Isabel Martínez de Perón se definiera. Pero la presidenta no se hace presente. La jornada transcurre y a última hora de la tarde, la cúpula cegetetista es convocada a la residencia presidencial de Olivos. Allí se le exige a la presidente que se homologuen los acuerdos de paritarias.
La presidente el 28 de junio da a conocer su determinación, las paritarias son anuladas y se otorga un aumento general del 50% y un 15% más en octubre de 1976. El 4 de Julio luego de reunida la CGT, adopta la determinación de un paro por 48 horas para el 6 y 7 de Julio 1975, exigiendo la renuncia de Celestino Rodrigo y López Rega. El paro se cumple masivamente, no funcionaban ni las radios y miles de personas en la Plaza de Mayo obligan a homologar las paritarias y renuncia Celestino Rodrigo y todo su equipo. López Rega viaja a España, para luego aparecer en los EEUU[5].
Eso fue ayer
Hoy nos volvemos a encontrar en una situación semejante porque el modelo extractivista, agropecuario financiero exportador es mucho más fuerte que en 1975, la Argentina cuenta con más recursos (petróleo, gas, litio, minerales raros, y produce y exporta más alimentos y forrajes), sumado a que se le hace pagar a la población una deuda externa generada por el gobierno de Macri de más de 100.000 millones de dólares, que el gobierno de Alberto Fernández no solo no investigó adonde fue esa deuda, sino que colocó títulos de deuda interna ajustada por inflación, evolución del dólar o, ambas a la vez a elección de su tenedor (bonos dual), agravando severamente el cuadro de endeudamiento y de dependencia del capital financiero
Ambas administraciones endeudaron al país y, en lugar de hacer una auditoría, un arqueo de cómo, por qué y a quiénes benefició el endeudamiento, se lo hace pagar al pueblo argentino “a libro cerrado” y de la manera más sádica y despiadada.
El presupuesto de la Administración Nacional 2024 reduce severamente los haberes previsionales, todo el gasto social (incluido la diminución y/o eliminación de subsidios), se despide empleados nacionales, etc., con el objetivo de reducir el gasto público y, a la vez con ello, que disminuya el consumo de alimentos y de energía para incrementar los saldos exportables.
Como los que ingresan las divisas de esas ventas externas son empresas privadas, el Tesoro de la Nación debe comprarlas para pagar la deuda externa (deuda que seguramente tiene entre sus beneficiados a la mayoría de los grandes exportadores).
Entonces, los mesadineristas Luis Caputo y Santiago Bausili, encuentran la solución en restringir la cantidad de dinero y en pagar en cuatro cuotas las importaciones, de esa manera obliga a personas físicas y jurídicas (empresas) a tener que vender dólares ahorrados y/o desarmar plazos fijos para poder llegar a fin de mes y/o financiar la falta de ventas. Como eso no es suficiente, imponen techo a las paritarias como lo demostró en diciembre el acuerdo con los trabajadores aeronáuticos, y en abril con los trabajadores de transporte[6].
Paralelamente y tras la no aprobación del “Proyecto de ley ómnibus”, el gobierno de Milei remite el miércoles 10 de abril 2024 al Congreso de la Nación, dos proyectos:
a) “Nueva ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, propiciando la venta vil de los activos públicos[7]. También propone derogar la Ley 27.705 (para que no haya más moratorias previsionales). Y apuntalan un Régimen para Grandes Inversiones (RIGI)[8].
Como todo eso tampoco es suficiente y los dólares no ingresan al país en la magnitud que necesitan para cumplir con los pagos de la deuda, enviaron un segundo proyecto de ley:
b) Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes que se divide en cinco temas:
b1) Un nuevo “blanqueo” de capitales: Para aquellos que ingresen al país hasta 100.000 dólares no pagan ningún tipo de impuesto. De más de 100.000 dólares si lo ingresan hasta el 30 de septiembre de 2024 y lo depositan en una cuenta bancaria hasta el 31 de diciembre de 2025 (o lo invierten según la reglamentación), no pagan ninguna alícuota. Si lo traen desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024 deben abonar una alícuota del 5%, y los que ingresen al “blanqueo” en el año 2025 deben pagar el 15%.[9]
b2) Bienes Personales: Los contribuyentes que opten por adherirse, tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a los períodos fiscales 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada (se elimina el diferencial de tasas entre los bienes en el país y en el exterior y establece una escala de 0,50% a 1,50%). Al pagar por adelantado lo hacen a una tasa del 0,45% anual (2,25% para los cinco años) y al tipo de cambio oficial. Además, no presentarán nuevas DDJJ hasta el año 2028 y gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038.
b3) Eliminan el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas aduciendo su baja incidencia recaudatoria y para simplificar el entramado tributario argentino (sic).
b4) Determinan el mínimo no imponible anual de la IV Categoría (ingresos personales) del Impuesto a las Ganancias en $ 3.091.035.-, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país. Y de la misma manera las deducciones por cargas de familia y otras.
Los montos previstos se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
b5) Monotributo: Actualizan los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%.
En síntesis
El avance ideológico y cultural del capital financiero sobre el pueblo argentino y sus supuestos dirigentes gremiales, políticos, sociales, no tiene calificativo. Solo así se puede entender que todas las medidas que toman tienen nombre y apellido, y la paga la población que no tiene ni nombre ni voz y, la posibilidad de votar cada dos y cuatro años está acotada por la hegemonía del gran capital que impone de una manera u otra, a sus empleados y con ello, el modelo extractivista, agropecuario, financiero exportador, que los tiene como principales beneficiarios.
[1] Es cierto que el Ministro José Gelbard le exigió a las empresas automotrices que le vendan auto partes y todo tipo de vehículos a los países del este europeo, contra la posición de los EEUU en el marco de la “guerra fría”.
[2] Un decil se utiliza principalmente para definir sectores socioeconómicos según ingreso per cápita familiar
[3] Casona de la familia Blaquier- Arrieta de la calle Azcuénaga 1.673 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunía desde 1975 José Alfredo Martínez de Hoz con los Generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy, Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (Jefe de la SIDE inteligencia entre 1971-1973), junto a Mario Cadenas Madariaga, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y secretario de Agricultura bajo la gestión de Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce (FIAT), Guillermo Zubarán (Secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco Gral de Negocios), Armando Braun y Juan Etchebarne (CNV).
[4] Ricardo M. Zinn fue nombrado por José Alfredo Martínez de Hoz Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía en abril de 1976, y en agosto de ese año publica su libro titulado “La Segunda Fundación de la República” donde va a sostener: “…cuando un país cae en la decadencia, la única salida posible es el aniquilamiento de un modelo para reemplazarlo por otro”.
[5] El 27 de febrero de 1986, el juez de Miami (EEUU) Samuel Smargon, emitió una orden de arresto contra José López Rega, luego de que el 21 de ese mes la Argentina solicitara su extradición por fraude, conspiración, malversación, falsificación y robo. Finalmente, el 13 de marzo es detenido por el FBI en el Aeropuerto Internacional de Miami. Murió en la Argentina en junio de 1989 sin que ningún juez lo llamara a declarar por nada, en el edificio del Servicio Penitenciario que funcionaba entonces en Viamonte, entre Cerrito y Libertad, frente al Teatro Colón de la ciudad de Bs As, que alguna vez López Rega soñó habitar como barítono para cantar el rol de Rigoletto, la ópera de Giuseppe Verdi. Rigoletto era el bufón del rey.
[6] La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios acordó con los representantes de las cámaras empresariales: la Federación Argentina de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), un incremento salarial del 45%.
[7] Privatización: Aerolíneas Argentinas S.A.; Energía Argentina S.A.; Radio y Televisión Argentina S.E.; Intercargo SAU.
Privatización / Concesión: AySA SA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.); Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE); y Corredores Viales S.A.
[8] Se trata de proyectos de inversión de 200 millones de dólares o más, ya sea nuevo o para la ampliación de un desarrollo existente, en sectores como hidrocarburos, minería, agroindustria, infraestructura, forestal, tecnología, a los que se les asegura estabilidad fiscal por 30 años, incluso le disminuye la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25% y lo que es peor, como la autoridad de aplicación es el gobierno nacional, puede determinar sobre los impuestos provinciales. Y las retenciones a las exportaciones que realicen, disminuyen en un 20% en el primer año, 40% en el segundo, y 100% (no pagan derechos de exportación) a partir del tercer año.
[9] El acogimiento al régimen de “Blanqueo” producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.