Antes de morir el general José de San Martin dona su sable a Juan Manuel de Rosas y lo deja establecido en la tercera cláusula de su testamento, sin poder acercárselo personalmente porque estaba exiliado en Europa. En 1846, apenas cuatro años previos a su fallecimiento, se había puesto a disposición de Rosas tras haberse enterado de la batalla de la Vuelta de Obligado. Según el sociólogo y exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, en el pensamiento del Héroe Nacional rondaba un solo tema: la comparación de la emancipación del dominio español con la lucha de la Confederación Argentina contra las dos mayores potencias de ese entonces, Francia e Inglaterra. A pesar de que los libertarios reivindican como uno de sus principales símbolos a San Martín, es llamativo su olvido de este hecho histórico. En la misma semana del aniversario de la batalla, el Gobierno anunció la licitación y corrimiento del Estado de la administración de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná y los trolls oficialistas dejaron de lado el suceso en su retórica en redes sociales.

En las vísperas del aniversario de la hazaña en la que se colocaron barcazas con cadenas y explosivos en el Río de la Plata para evitar el paso de la flota anglofrancesa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció la “privatización” bajo un esquema de “concesión privada” de la administración del del canal por donde circulan las grandes embarcaciones que despachan al exterior la producción argentina. Bajo este sistema, el Estado dejará en manos de la empresa internacional que gane la licitación el balizamiento, dragado y peaje del río. Lo que el funcionario presentó como la simple entrega de una obra pública y se oficializó en el Boletín Oficial el 21 de noviembre, implica la cesión de soberanía, de ingresos para la administración pública y del control del tráfico fluvial.

Consultado por este medio, el ingeniero y presidente del Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko, afirma “que el gobierno haya llamado a licitación en el aniversario de la Batalla de Vuelta de Obligado es un síntoma de a dónde se dirige con la política económica y de infraestructura de navegación” y explica que la licitación no cumple con “los requisitos técnicos que permitan ingresar los buques al sistema fluvial de manera segura y con capacidad para que los commodities puedan salir del país con los menores costos posibles para beneficiar la producción, ni con un sistema de tarifas que promueva el desarrollo de infraestructura fluvial y consolida el modelo que se instaló hace 30 años atrás”.

El esquema de concesión es similar al que implementó el menemismo, cuando estuvo en manos del consorcio Hidrovía S.A. integrado por la internacional Jan de Nul y la argentina EMEPA. A pesar de que el gobierno de Javier Milei señale que el esquema privado fue mejor que el que se desarrolló al vencimiento de la concesión en 2021, Wasiejko lo desmiente. “El balance del Jan de Nul es absolutamente negativo, durante 30 años no mejoraron el acceso a los puertos, las dimensiones de los canales, ni en el control del sistema, ni de las condiciones ambientales. Tampoco se incorporó equipo nuevo, se usaron los que tenía el país desde los años 70 y unos pocos se alquilaron de afuera. No hubo ningún aporte al desarrollo como la construcción de dragas nacionales. No hubo ningún beneficio para el país, sólo se favorecieron Jan De Nul e Hidrovía S.A”.

Para el presidente del Astillero Río Santiago un esquema alternativo al que propone Milei puede ser uno similar al que implementó la Administración General de Puertos (AGP) cuando se venció la concesión de Hidrovía S.A. en 2021. El Informe de gestión de la Vía Navegable Troncal la AGP señala que ese formato tuvo en 2021 un saldo positivo de 29.109.614 dólares y en 2022 de 38.190.520 dólares. Wasiejko indica que ese excedente podría utilizarse para mejorar la infraestructura de los puertos y del canal, crear una empresa pública o mixta de dragado que desconcentre ese trabajo y realizar obras como la del Canal de Magdalena.

La participación del evento en que Francos anunció la vuelta a la concesión privada fue escasa. Estuvieron presentes el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio, el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Iocco y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras. Tal vez sea esa la foto del modelo que busca consolidar el Gobierno. El tramo argentino del Paraná está concentrado en pocas manos, la mayoría de los puertos son controlados por mega empresas exportadoras de cereales, en su mayoría de capitales extranjeros y solo cinco de ellas poseen el 58% del mercado, según el artículo publicado en el repositorio del Conicet por Barrenengoa, A. y Álvarez, Á. “Disputas geopolíticas en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Aportes para un estudio del conflicto en la Argentina reciente”.

La licitación continúa el camino iniciado con el Memorándum de Entendimiento suscripto entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Administración General de Puertos en marzo de este año para “colaboración” en torno a las vías navegables argentinas. En ese sentido, las alarmas en torno a la cesión de soberanía son más fuertes. El Río Paraná es un corredor fluvial estratégico para Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay en términos geopolíticos y económicos. En el caso de nuestro país constituye la principal vía de exportación del 81% de las commodities agrícolas y del 96% del tráfico de contenedores con producción industrial. Estas advertencias fueron volcadas en un proyecto de rechazo a la firma del acuerdo entre la embajada norteamericana y la AGP por la diputada Agustina Propato, quien sostuvo que “el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), es una agencia federal bajo el Departamento de Defensa y una de las más grandes agencias públicas de ingeniería, diseño y administración de construcciones en los Estados Unidos” por lo que requeriría la intervención del Congreso.