En medio de la llamada “Guerra fría” entre los EEUU y Rusia y, el temor exacerbado en los EEUU del comunismo, máxime con la Cuba castrista de 1959; en la Argentina se llama a elecciones de gobernador en marzo de 1962 y gana en la mayoría de las provincias el peronismo. Esto provoca que las cúpulas de las fuerzas armadas alineadas con los servicios de inteligencia de Norteamérica, destituyan al Presidente Arturo Frondizi y, a su vez, posibilitan que complete el mandato el Presidente Provisional del Senado, José María Guido.

Durante la delegación de Guido se produjo el enfrentamiento interno en las fuerzas armadas entre los azules y colorados.? Los azules estaban de acuerdo con permitir un acceso limitado a algunos dirigentes peronistas con el fin de lograr la normalización institucional y, al mismo tiempo, combatir a los grupos de izquierda marxista. Los colorados, por su parte, equiparaban al movimiento peronista con el comunismo y abogaban por erradicarlo completamente mediante la instauración de una dictadura militar permanente.

La victoria de los azules permitió la supervivencia de la presidencia de Guido y la convocatoria a nuevas elecciones con el peronismo proscripto. En un marco económico recesivo e inflacionario, era el ministro del área, Álvaro Alsogaray, que imponía sucesivas devaluaciones y medidas de austeridad tales como estrictos controles de crédito e incluso el pago de salarios estatales con bonos. El PIB cayó un 4% entre 1962 y 1963, el desempleo abierto aumentó a un 8,8% y el conjunto de la capacidad productiva instalada era del 55% de la misma. (Las fábricas de bienes de consumo trabajaban en el orden del 70% de la capacidad instalada, y las fábricas de bienes de capital y productos semi duraderos en el 30%).

?En julio de 1963 se llama a elecciones y gana la UCR con la formula Arturo Illia y Carlos Perette, quienes asumen el 12 de octubre de ese año.

El nuevo gobierno desoyó los cantos de sirena de la libertad de mercado y que el mercado decide, y volvió a la defensa acérrima del mercado interno del peronismo, canceló los leoninos contratos petroleros firmado por el gobierno de Frondizi, controló las inversiones y los precios de empresas extranjeras en las automotrices y en medicamentos y fijó el control de cambio. En tres años de gobierno, Illia logró superar la dura recesión heredada. Durante 1964, el PBI aumentó en un 10,3% y, al año siguiente, fue del 9,1%, una extraordinaria cantidad de bienes y servicios adicionales puestos a disposición de la sociedad. La actividad de las industrias manufactureras, que representaban entonces la tercera parte del PBI (la producción agropecuaria era un sexto), registró un aumento del 18,9% en el primer año y del 13,8% en el segundo. Su participación en el PIB en 1964 fue del 32,5% y alcanzaría en 1965 el récord histórico de participación del PIB del 33,9%, ni antes ni después logrado. La participación de los asalariados en el Ingreso Nacional pasó de ser del 34,7% en 1963 a 41% en 1965.

Las exportaciones de 1.200 millones de dólares en 1962 pasaron a 1.500 millones en 1965, con un récord de 877 millones en el primer semestre de 1966. La deuda externa disminuyó de 3.390 millones de dólares en 1963 a 2.650 millones en 1965, sin necesidad de tocar las reservas de oro y divisas guardadas en el Banco Central, ni de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional.

Los auspiciosos resultados se deben, en primer lugar, al estímulo a la demanda interna a través del fortalecimiento en el poder de compra de los salarios, que se potenció a través de una serie de medidas:

1. Se fijó un salario mínimo, vital y móvil igual a la canasta básica total.
2. A su vez, se operó sobre un conjunto de precios que afectaban la canasta familiar, que incluía precios máximos para un conjunto de bienes de consumo esenciales.
3. Se congelaron tarifas públicas.
4. Se redujo la tasa de interés interna para financiar la producción industrial.
5. Férreo control sobre las importaciones, suspendiendo el financiamiento sobre algunas[1], y estimulando a las industrias locales para la utilización de insumos de materias primas nacionales y de producción local.
6. Obligación de liquidar las exportaciones en el plazo de diez días.
7. Férreo control de las divisas mediante la Emergencia Cambiaria declarada por el Decreto N° 2581 del 10 de abril de 1964, con la finalidad que el BCRA en cumplimiento de sus misiones y funciones preserve las reservas internacionales y programe su utilización para el pago de deuda pública y de financiamiento de obras y servicios públicos y, obligue al sector privado a financiarse a su costa las importaciones y los pagos de su deuda.

No devaluó (pese a la existencia de dólares paralelos mucho más alto que el oficial) y la presión del “campo” (exportaciones agropecuarias). En el transcurso del gobierno y para evitar el retraso en el tipo de cambio, se hacían ajustes en base a los precios internos (crawling peg) y así evitar transferencias bruscas intersectoriales.

Era otro país, con importantes empresas públicas en lugares claves (petróleo y gas, energía eléctrica, acero, FFCC, marina mercante, etc.) para lo cual el gobierno de Illia creó la Sindicatura de Empresas del Estado. El gobierno había nombrado los presidentes y los directorios de las Empresas del Estado, pero la Sindicatura de Empresas del Estado, formada por la secretaría de Hacienda, el Banco Central y el CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo)[2] realizaba el control interno. Hacienda porque financiaba de los recursos públicos el gasto; el Banco Central porque generaba créditos corrientes y llegado el caso de una inversión, el pago de ese capital; y la CONADE porque orientaba las inversiones. La Sindicatura de Empresas del Estado tenía un síndico en cada una de las empresas pública, ese sindico tenía derecho de veto, por lo que las empresas públicas, en sus balance-presupuesto que presentaban a la iniciación del ejercicio debían ceñirse al plan de la CONADE, y si en el curso del año el presidente o el directorio quería hacer un cambio, el síndico tenía derecho de veto.

En cada ministerio que estaba relacionado con la obra pública se estableció también una oficina del CONADE, de manera tal que el seguimiento del gasto de capital, su financiamiento y la ejecución de la misma, estaba supervisada por el organismo de planeamiento.

La situación hoy

Obviamente, han pasado 60 años desde que se iniciara el gobierno radical de Illia y es un país cuya administración nacional tiene una deuda bruta que representa el 88,4% del PIB (Deuda por 403.386 millones de dólares al 30 de junio 2023). Una tasa de pobreza del 40,1% de la población y de 9,3% de indigencia, donde la banda etaria de 0 a 14 años la pobreza es de 56,2% (Datos del INDEC-Primer semestre 2023). Y paralelamente 7 (siete) argentinos según la revista Forbes, están entre los que poseen un patrimonio superior a los 1.500 millones de dólares, y se exporta mercancías (declaradas) por 90.000 millones de dólares por año, demostrando palpablemente qué significa seguir la política de mercados.

Un país que es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja y sus derivados. Que el puerto de Rosario, las 31 terminales portuarias en los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur hasta Timbúes al norte de la ciudad, es el principal puerto de exportaciones agro y agro industriales del planeta.  Y tiene uno de cada dos niños bajo la línea de pobreza.

La Argentina no es un país pobre, es un país injusto.

Lo peor es que están los medios para solucionarlos, los bancos tienen encajes remunerados[3] por 21,8 billones de pesos (al tipo de cambio oficial unos 59.000 millones de dólares).

El BCRA debe apuntalar la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de autoconstrucción que no requiere insumos importados y es un importante multiplicador de la producción local. Acompañado de las imprescindibles inversiones de infraestructura (poner en funcionamiento los astilleros y las cooperativas de empresas metalúrgicas recuperadas para hacer barcos y barcazas, por ejemplo). Y finalmente, asistir a la población más vulnerable y a los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total, a los inscriptos en el Plan Potenciar Trabajo y, a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ellos se propone trasformar progresivamente el actual stock de Leliq en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo, y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de Leliq se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privado y estatal

¿Por qué no se hace? Porque el mayor ingreso en la población implica mayor consumo de alimentos y de energía, y ello impacta negativamente en nuestras exportaciones y positivamente en nuestras importaciones. Toda la política de ajuste de la demanda interna se hace para privilegiar el superávit comercial que, los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, usaron para financiar la fuga de capitales, pagar deuda externa pública, y pagarles a dólares oficiales la deuda externa privada.

La riqueza acumulada en beneficio de uno o dos por ciento de la sociedad, se hace a costa de las penurias de la de mayor parte de los argentinos. Si se le da poder de consumo a la población y se controla de verdad el sector externo, la Argentina vuelve a crecer a tasas de 9 o 10 % anual como fue en los gobiernos de Arturo Illia y de Néstor Kirchner.

La historia

Es increíble la historia de nuestro país, un hombrecito gris, de menos que mediana inteligencia, y de una formación “cursillista” y limitada, asume la Presidencia de la República, con el mérito de haber ganado la guerra de aparatos entre “azules” y “colorado” y haberse formado en West Point donde, en términos castrenses había dicho en un discurso: “El deber de obediencia al gobierno surgido de la soberanía popular habrá dejado de tener vigencia si se produce al amparo de ideologías exóticas…En emergencias de esta índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución no podrán, ciertamente mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertirían en instrumentos de una autoridad no legítima". No creo que ni Bullrich ni Milei lo hubieran dicho peor.

La consigna no bien dio el golpe el 28 de junio de 1966 fue: “El gobierno no tiene plazo sino objetivos”, con lo que pensaban en un gobierno tipo “franquista” por más de 20 años, por ello cerraron el congreso, clausuraron la prensa de izquierda y peronista, se intervino las universidades, se quemó libros, se desmanteló bibliotecas y las librerías de publicaciones meramente progresistas, se disuelven los partidos y se prohíbe toda actividad política. La resistencia no se hizo esperar y el 12 de septiembre de 1966 en Córdoba, en una protesta estudiantil, muere el estudiante Santiago Pampillón.

Las primeras medidas que tomó el gobierno estuvieron destinadas a “eficientizar” el funcionamiento del Estado y para esto se buscó disminuir el personal público y racionalizar la administración estatal. Además, una serie de medidas favorecieron a los sectores más concentrados como la disminución de la protección aduanera, las transferencias de tierras públicas a manos privadas, el aumento de las tarifas de electricidad y la privatización de emisoras radiales y televisivas.

Se ejecutó un plan de racionalización en los ferrocarriles y en los puertos, y se cerraron 14 –catorce- ingenios en Tucumán, lo que provocó 55.000 trabajadores desocupados, y con ello 200.000 tucumanos se ven obligados a abandonar la provincia, dado que al hambre se le suma la represión sistemática, como fue el fusilamiento de la mujer de un obrero del Ingenio Santa Lucía, Hilda Guerrero de Molina, madre de 4 hijos, en enero 1967.

Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla.