El dato de víctimas es 53% superior al del trimestre previo y evidencia la crisis de seguridad en la que vive sumido el país, que trata de resolver el vacío de instituciones políticas y hacer frente a graves carencias humanitarias.

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) que liderará la transición política en Haití hasta el 7 de febrero de 2026 estará integrado por nueve personas, de las cuales siete tendrán derecho a voto y dos trabajarán en calidad de observadores y sin derecho a sufragio. Este órgano, que se encargará de restablecer la calma y la estabilidad en el país, cuenta con siete representantes de movimientos políticos locales, todos hombres. La única mujer es nombrada como observadora y es una de las dos miembros sin derecho a voto.

Se supone que el Consejo debe asegurar una transición sin problemas, cuando Henry, nombrado pocos días antes del asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise, dimitirá, lo que allanará el camino para una elección presidencial.Aunque renunció el 11 de marzo pasado y se halla en el extranjero, Henry aún sigue formalmente al frente del país. Desde el Consejo de Ministros señalaron que Henry presentará la dimisión luego del nombramiento de un nuevo jefe de Gobierno.

Cinco mil víctimas en 2023

La violencia ejercida por las pandillas en Haití dejó casi 5.000 víctimas mortales en 2023, más del doble que el año anterior, según un informe anterior de Naciones Unidas, que pidió medidas urgentes a la comunidad internacional para que el país caribeño sea un lugar «seguro y estable». El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la violencia «indiscriminada» de las bandas criminales, que libran una lucha feroz por el control del territorio y obligan a «cientos de miles de personas» a abandonar sus hogares.

De acuerdo con la ONU, más de mil 500 personas murieron este año por los ataques de los pandilleros armados, pero la Oficina Integrada en Haití (Binuh, por sus siglas en francés) confirmó 2 mil 505 víctimas –tres por ciento de ellas menores de edad– en sólo tres meses si se tiene en cuenta tanto a fallecidos como a heridos graves. Además, al menos 438 personas fueron secuestradas entre principios de enero y finales de marzo con el objetivo de solicitar un rescate económico.

Puerto Príncipe y su región metropolitana son el epicentro de la violencia, ya que en esta zona se concentran ocho de cada 10 de los delitos con agravio. El organismo global alerta de enfrentamientos “extremadamente violentos” entre pandillas antagónicas, que buscan expandirse territorialmente. La violencia es, además, el principal factor de desplazamiento forzado en Haití, donde más de 360 mil personas hay huido de su hogar.

En cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, sólo en marzo más de 53 mil individuos dejaron Puerto Príncipe debido al repunte de los ataques. En el informe de Binuh, en lo que va de este año 22 edificios policiales fueron saqueados, incendiados o destruidos.

El Sindicato Nacional de la Policía de Haití informó que 327 agentes del orden fueron asesinados y mil 800 huyeron del país durante 2023, otro factor que hoy imposibilita combatir la creciente hostilidad de pandillas criminales y de grupos autodenominados “justicieros” ciudadanos.

Las bandas siguen cometiendo homicidios, secuestros y actos de violencia sexual con total impunidad, sobre todo contra mujeres y niñas, entre otros abusos», dijo Guterres, que se mostró alarmado por la «rápida extensión de la violencia de las bandas a zonas rurales antes consideradas seguras». Ello repercute en el aumento de la pobreza.

«La corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, agravadas por los crecientes niveles de violencia de las pandillas, han erosionado el Estado de derecho y han llevado a las instituciones del Estado, que deberían ser la base de una sociedad democrática, al borde del colapso», señala el informe de la ONU.

Las bandas armadas

Las pandillas siguen reclutando niños, que a menudo son utilizados como vigías para que las bandas lleven a cabo secuestros y robos. «Todas estas prácticas son indignantes y deben cesar de inmediato», declaró el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. La ONU también constató que el tráfico de armas y municiones a través de las fronteras de Haití es habitual, a pesar del embargo de armas. El flujo de armas permite a las bandas disponer de una potencia de fuego superior a la de las fuerzas policiales.

«Es escandaloso que, a pesar de la terrible situación sobre el terreno, sigan entrando armas. Hago un llamado para una implementación más efectiva del embargo de armas», afirmó Türk. La Policía Nacional de Haití se enfrenta a una serie de problemas, entre ellos que sus agentes están muy mal pagados y carecen de personal suficiente, lo que se traduce en una proporción policía-población de 1,3 agentes por cada 1.000 ciudadanos.

Las denominadas «brigadas de autodefensa», grupos parapoliciales formados por civiles, han ejecutado a personas acusadas de delitos menores o sospechosas de asociación con pandillas. Según el informe, en 2023 se registraron al menos 528 casos de linchamiento, y 59 en lo que va de 2024, la mayoría en Puerto Príncipe.

Las pandillas también han causado grandes daños a la propiedad de los haitianos. Según la ACNUDH, más de 1.880 hogares y negocios han sido saqueados o destruidos desde enero de 2023. En el valle del Artibonite, el granero de Haití, las pandillas han atacado propiedades agrícolas y también han robado cientos de cabezas de ganado. La violencia ha causado el desplazamiento interno de aproximadamente 313.900 personas hasta diciembre de 2023, según la ACNUDH.

Pobreza sin fin

El Banco Mundial, recordó el informe, estimó que en 2023  la pobreza llegó al 34% y al 63% de los hogares y el 40% de la población -más de 4,35 millones de haitianos- padecen inseguridad alimentaria aguda, lo que afecta en particular a los niños y que se debe no solo al déficit de producción local, sino a la disfunción de la cadena de suministro del mercado, «consecuencia directa de la inseguridad».

En 2023 se denunciaron 4.789 víctimas, lo que equivale a una proporción de 40,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a los 2.183 registrados en 2022 (18,1 homicidios por cada 100.000 habitantes), señaló el informe, que subrayó cómo el número de secuestros se elevó a 2.490, un 83% más que en 2022.

En la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la influencia de las bandas creció a un ritmo alarmante en zonas antes menos afectadas, como Carrefour-Feuilles, Solino, Bon-Repos, Mariani y Léogâne. En Mariani, suburbio al sur de Puerto Príncipe, las bandas tomaron el control del principal acuífero, que abastece de agua a más de 1,5 millones de personas, y cobran tarifas ilegales a los vehículos privados y comerciales que entran en la capital y salen de ella.

El 23 de noviembre, la autoridad de energía eléctrica de Haití se vio obligada a trasladar al personal de su sede, ubicada cerca del aeropuerto internacional, a otras instalaciones. Los empresarios, los funcionarios públicos y las personas que viajan a diario en transporte público son quienes corren el mayor riesgo de que los secuestren bandas armadas, aseguró el informe.

Haití, el país más pobre de América, sumido en una larga crisis política y económica, se convirtió en un territorio propicio para las bandas criminales que se fortalecieron, tras el magnicidio de Jovenel Moise, ocurrido el 7 de julio 2021, cuando también hirieron a su mujer, Martine.