Habría una forma muy sencilla de garantizar los 180 días de clases en todo el territorio nacional y exigir un salto de calidad educativa en los niveles primario y secundario: se llama inversión y buenos salarios docentes, infraestructura escolar adecuada, capacitación y titularización de los cargos, lo que implicaría que quién está al frente de una clase no esté quemado mentalmente antes de llegar al primer cuatrimestre.

Pero para qué ponerse a trabajar en esas políticas si mediante una ley se los puede obligar a los docentes que abran las escuelas aún en los días de paro, lo que deja tranquilos a los padres y las madres que no tienen dónde dejar al pibe para ir a trabajar. Esto básicamente es lo que busca el proyecto de ley del diputado del Pro Alejandro Finocchiaro, ex titular de la cartera de educación durante el gobierno de Mauricio Macri. Declarar a la educación como servicio estratégico esencial es un proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja. 

En términos de la Organización Internacional del Trabajo, un servicio estratégico esencial es aquel cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. Tomando esa norma a la que el Estado argentino constitucionalmente adhiere, es un tanto forzada a pulsión por aplicarla para abrir los establecimientos educativos a como dé lugar. 

Atacar a la huelga como método de protesta y no a las causas que la originan, es cortar el hilo por lo más delgado y trasladar el problema educativo a un problema de guardería de chicos similar a lo que hizo Patricia Bullrich, que mediante el protocolo antipiquetes transformó a la protesta social en un problema de tránsito. 

Pero para instalar este relato y que una parte de la sociedad lo tome como una solución, previamente tuvo que haberse construido un sentido. Ese relato estuvo alimentado por algunos medios de comunicación y una porción importante de la dirigencia política incluida una ex Presidenta de la Nación que acusaba a los docentes de ser privilegiados por tener tres meses de vacaciones, incluso un dirigente social como Juan Grabois se montó en este relato diciendo que las escuelas tienen que estar abiertas porque eso le piden las madres en los barrios populares. Ponernos dos ejemplos de “este lado” porque del otro nada se puede esperar. 

Sin embargo, no podría haber solidificación de ese relato sin los dos años de las escuelas cerradas en pandemia, lo que terminó de desenganchar a una gran parte de la sociedad de los docentes. Como si de la decisión de que las escuelas estuvieran cerradas mientras estaban abiertos los bares, los restaurantes y los recitales, fueran culpables los trabajadores que, mientras tanto, seguían dando clases de manera virtual intentando emparchar lo que perdía aire por todos lados.

Queda pendiente el paso de la ley por el Senado, pero sobre todo queda pendiente hablar de educación en serio, sin chicanas, sin parches, sin verdades de peluquería con los que saben, escuchando a los que están en las aulas y proyectando un futuro para el país, que la escuela vuelva a ser sinónimo de progreso y no ese lugar donde están los chicos mientras mamá y papá trabajan.