El plan que lleva a cabo el gobierno de Milei, más allá de las incoherencias que él dice y que proponía, lo coordinan el ministerio de economía y el BCRA, y es básicamente el mismo que diseño la dictadura militar de 1976, con tres medidas básicas determinantes:

a) Retrasar el tipo de cambio (“Tablita” de Martínez de Hoz)

b) Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas para arancelarias (desprotección aduanera)

c) Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar

El objetivo era destruir la alianza de hecho entre la producción y el trabajo, porque se crecía y se distribuía ingresos en base al mercado interno. La prueba está que el PBI per cápita más alto de nuestra historia fue en el año 1974, cuando la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre, la tasa de pobreza era inferior al 5% de los hogares[1] y la desocupación fue de 3,4% en octubre de 1974[2].

“A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso establecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros[3].

El fin fue el control de las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios (y en la actualidad, en nuestro país, en extranjerización):

1. Monopolio de la tecnología y del conocimiento.
2. Necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación)
3. Necesidad de recurrir al endeudamiento condicionando el presente y el futuro del país
4. Libertad de entrada y salida de capitales

En la dictadura 1976-1983 y gracias al endeudamiento externo, se lograron capitalizar fuertemente los grupos locales, nucleados en el CEA (Consejo Empresario Argentino), su presidente antes del golpe militar fue José A. Martínez de Hoz y como tal propició el acuerdo patronal “APEGE” que realizó un lock out patronal en febrero de 1976, quienes propusieron “el Consenso de Washington” aún antes que existiera como tal. El CEA integrado por las empresas más concentradas del país, en el año 2002 se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Conspicuos miembros del CEA de 1976 fueron: Armando y Federico Braun, dueños de la cadena de supermercados “La Anónima”, de los Astilleros Astarsa, de Aconcagua Seguros, y fuertes accionistas del Banco General de Negocios, del Banco Galicia, y de Austral Líneas Aéreas; los Rocca de Techint; los hermanos Bulgheroni de BRIDAS; Eduardo Huergo de Minera Aguilar y de IKA-Renault; Horacio García Belsunce y Ricardo Mansueto Zinn por FIAT Argentina SA; y Douglas Kitterman de Ford Motors Argentina SA.

Reconvertido en AEA, sus autoridades en el año 2024 son, como presidente y lo es desde el año 2002, Jaime Campos, Sociólogo en la Universidad de Yale, Estados Unidos; su madre, Mercedes Malbrán, fue la creadora de Casa FOA, y su padre, el ingeniero industrial Hernando Campos, fue uno de los ejecutivos que acompaño a Enrique Shaw en la fundación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa en la década de 1960.

Pero el poder reside en sus vicepresidentes: Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Cristian Ratazzi (Grupo Modena), Federico Braun (La Anónima) y Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc).

Sin embargo, AEA y las diversas agrupaciones patronales locales: La UIA, la Mesa de Enlace, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ADEBA, etc, quedan relegadas y con una participación cada vez menor ante al carry trade en la que participan, pero como soicos menores, ante los grandes capitales financieros internacionales, esencialmente con base en Manhattan

Luis Andrés Caputo y Santiago Bausili[4] tienen como principales clientes de su consultora Anker Latinoamérica con sede en Manhattan, a los principales fondos de cobertura de ese distrito de la ciudad de Nueva York, que son BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, entre otros, cuyo accionar es seguido a pie juntilla por capitales menores, en los que también participan, en todos ellos, “inversionistas” locales que confían parte de su capital en la administración a esos fondos.

Todo el tiempo el equipo encabezado por Caputo-Bausili se intercomunica con sus clientes, con información fidedigna de la Argentina, incluso, ante el caso de duda sobre el nivel de deuda a pagar, el superávit comercial y fiscal, el nivel general de precios, el “blanqueo” de capitales etc. no dudan en responder todas las preguntas. Por ejemplo, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, el lunes 15 de julio 2024 en Nueva York se reunió con 40 ceos de fondos de inversiones, de pensión, bancos, compañías de seguro, etc. que tienen bonos argentinos y, les aseguró que el crawling peg (devaluación a los saltos) iba a ser del 2% mensual hasta fin de año, siempre menor que la inflación medida por el IPC del INDEC, dado que la mayoría de los títulos de deuda en pesos están ajustado por esa tasa. Y que el BCRA iba a vender dólares en el Contado Con Liqui (CCL) a cambio de los títulos de deuda. 

El día 27 de agosto 2024 Valdimir Werning volvió a hablar en inglés, esta vez en el Consejo Empresarial (The BusinessCouncil) en Whasington y, sostuvo que apuntan a remover las restricciones cambiarias sin un salto devaluatorio y a que la unificación del tipo de cambio se genere a través de una convergencia a la baja de los dólares paralelos. Para ello es imprescindible una remonetización consistente en la “movilización de los dólares que los argentinos tienen en el colchón” (dolarización endógena)

Luis Caputo lo expresa claramente cuando dice: “La Argentina ya está en competencia de monedas” el peso es una moneda fuerte y previsible que incluso permite “facturar en dólares” sin mayores riesgos de una devaluación desproporcionada. Y cuando le dice a un productor agropecuario del norte de la Provincia de Buenos Aires, que van a seguir con las retenciones y con el programa cambiario, por más que la Sociedad Rural de San Pedro, de Baradero, de Rojas y de Pergamino se muestren ofendidos, lo cierto es que “el campo” liquidó exportaciones en el mes de octubre 2024 por 2.553 millones de dólares, tres veces y media más que en 2023 y 2 veces más que en 2022 y, lo mismo se espera para noviembre 2024 (venden los granos retenidos desde comienzo del año).

Es más, tras el triunfo electoral de Donald Trump, el FMI que a través de su vocera Julie Kozack sostuvo en septiembre 2024, que no había ninguna tratativa de ampliación del crédito a la Argentina. La misma vocera sostiene el 20 de noviembre de 2024 que, “las autoridades del FMI están explorando la opción de pasar a un nuevo acuerdo con la Argentina”. Por su parte, el ministro Caputo sobre el posible acuerdo con el FMI dijo que “probablemente se irá a un programa nuevo que va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo cómo entraría esa plata”. “Te pueden dar 10.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares. Pero no es lo mismo que entre mucho al principio a que te lo den a lo largo de mucho tiempo”, dijo Caputo[5].

Cuál es la diferencia abismal con el pasado: los recursos naturales del país, esencialmente petróleo y gas, que es con lo que se cobran y cobrarán la deuda pública argentina.

La dictadura militar reconfigura a la sociedad argentina con una deuda externa tomada por grandes grupos locales (nucleados principalmente en el Consejo Empresario Argentino) que vía seguros de cambio traspasaron al Estado Nacional. Que el gobierno de Alfonsín legitimó el 1 de julio de 1985 mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 que permitió cambiar los títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión de Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina” del gobierno constitucional

Sourrouille, Brodersohn y equipo hacen que Alfonsin acepte una deuda que no puede pagar, incluso no puede pagar ni la mitad de los intereses, tras un severo plan de ajuste en los años 1985-1988, el pago de intereses de la deuda absorbió la totalidad del superávit comercial del periodo (8.500 Millones de dólares), y sin embargo la deuda externa pública creció a 63.200 millones de dólares.

El gobierno de Carlos Menem con privatizaciones y plan de convertibilidad logró disminuir la deuda a 52.739 millones a fin del año 1991, pero los intereses de la deuda y fundamentalmente la fuga de capitales hace que la deuda externa a fin del año 2001 ascienda a 88.259 millones de dólares. Y el stock de capitales de residentes argentinos en el exterior (fuga de capitales) pasó de ser 54.936 millones de dólares a 137.806 millones de dólares, en el mismo período.[6]

Tras el default de la deuda en diciembre de 2001 (y el acrecentamiento del monto de la deuda por incumplimiento), y de la pesificación asimétrica de Duhalde, que su Ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, reconoce que esa asimetría tuvo un costo para el Estado Nacional del orden del 5 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), los Kirchner, tras dos canjes de los títulos de la misma (años 2005 y 2010) y pagándole en enero de 2006 y con ello el país se sacó de encima la tutela del FMI, lograron una deuda administrable que, en diciembre de 2015, era el 41% del PIB y el 60% de la misma era intra sector público.

El gobierno de Cambiemos toma deuda por 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559 millones de dólares es con el FMI, retornando a su tutelaje, pero en forma sistemática, se fugan unos 86.200 millones.  Deuda y fuga que Alberto Fernández prometió investigar y no lo hizo, convalidando la estafa contra el pueblo argentino, que hoy profundiza y extiende la actual administración.

Los riesgos del plan Caputo-Bausili

Del punto de vista financiero se tata de riesgos relacionados con la administración cambiaria y las futuras obligaciones de deuda, particularmente en 2025, máxime que por su política de atrasar el tipo de cambio y permitir que los exportadores liquiden el 20% de sus ventas en el mercado de CCL (Contado con Liqui), el nivel de reservas netas del BCRA es negativas y se depende del financiamiento externo.

Al atrasar sistemáticamente el precio del dólar en el país y mediante una severa reducción de la demanda interna, que conlleva a pérdida de empleos y reducción de salarios, se reduce la inflación, generando un problema económico y social mucho mayor, la depresión económica. La reducción del índice inflacionario solo se explica a través del aumento de la pobreza y la indigencia que genera la depresión del nivel de actividad.

Depresión económica que profundizan con la reducción de aranceles de octubre 2024 para la importación de acero, tubos de cobre, material plástico, bicicletas, motos, neumáticos, etc.  Y que amplían desde el 1 de diciembre 2024[7] con el menor arancel para productos textiles y electrónicos, generando menos trabajo y producción local.

A su vez dicha depresión que se refleja en fuertes caídas de las ventas y del consumo interno, hace que los sectores de ingresos medios, a fin de mantener su nivel de vida ante el aumento sideral del precio del servicio de las prepagas, tarifas, combustibles, intereses y recargas de las tarjetas de créditos, alquileres de locales y viviendas, etc.  deben vender dólares generando que, por primera vez en más de veinte años, las ventas de dólar minorista superaran a las compras para ahorro. La dolarización endógena que hablaba Diana Mondino en noviembre de 2023, cuando le preguntaron de donde iban a sacar los dólares.

Obviamente el fuerte ingreso de dólares al sistema financiero local por el “blanqueo de capitales” que implica que, desde mediados de agosto a mediados de noviembre 2024 los depósitos en moneda extranjera captado por los bancos del país superen los 14.000 millones de dólares[8], que se convierten paulatinamente en créditos en esa moneda, ante, como dice Caputo, la previsión de que no va haber un fuerte salto devaluatorio hasta diciembre de 2025.

El año 2025, pese al crawling peg, se proyecta un ingreso significativo de dólares provenientes del comercio exterior, especialmente del sector energético, y hasta la venta de empresas estatales[9]que la dupla Caputo-Bausili emplean para sostener el tipo de cambio, y no para apuntalar la inversión productiva y reducir la dependencia de financiamiento externo.

El problema es social y político, este modelo como el de Martínez de Hoz es en beneficio de una minoría de la población, incluso esa minoría se debe subordinar y/o acordar con el capital extranjero que han visto la veta de los abundantes recursos naturales y de alta calidad (petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, plata, cobre, hierro, agua pesada y agua potable, etc) que la Argentina posee.

Recursos que no le pertenecen al gobierno, que son patrimonio de la Argentina y que esta administración cede a costa de una deuda que no se investigó y que beneficia al capital extranjero y a la minoría referida, ante la pasividad de la población que no entiende y, ante la cobardía y sumisión de la mayor parte de la dirigencia política, social y sindical del país, incapaz de enfrentar al modelo de valorización financiera del capital y extractivista de nuestros recursos naturales.