Los servicios de telecomunicaciones tuvieron fuertes aumentos en enero y febrero sumando presión a una inflación nunca conocida y dejando con pocas posibilidades de acceso a grandes sectores de la población. El precio de los planes de internet oscila entre los ocho y los veinte mil pesos dependiendo del paquete de servicios que ofrece cada empresa de telecomunicaciones. En febrero los servicios de internet y telefonía aumentaron 29 %, por un servicio que sigue siendo de mala calidad.

La intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días dejó como saldo que las empresas de telecomunicaciones aumentaron sus servicios un 14 % durante enero en promedio y poco más del 29 % en febrero, dependiendo del servicio y la operadora. Esta última suba se reflejó en el índice de precios al consumidor (IPC) del mes pasado ya que Comunicación fue el rubro que más aumentó con un 24,7 %. En enero, se había incrementado 25,1 % mensual.

La decisión de intervenir el Enacom en enero pasado, organismo encargado de regular los servicios de comunicación, fue «en consonancia con los lineamientos» del DNU 70/2023, dictado en diciembre pasado “para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector”, indicaron los considerandos del decreto 89/2024. 

A sólo cuatro semanas de oficializarse su designación, Juan Martín Ozores insistió en el plan de desregulación como promesa para el mercado. En el marco del Mobile World Congress 2024 (Foro Mundial de la Tecnología)  en Barcelona, el funcionario declaró: «Queremos facilitarle el trabajo a la industria de telecomunicaciones, bajo la premisa de generar un marco normativo que facilite su desarrollo».

En la agenda del Enacom está la revisión de toda la normativa vigente y de otros puntos como el uso de los fondos de servicios universal. «El DNU 690/2020 (intento de regular en mercado de telecomunicaciones del gobierno de Alberto Fernández) es un tema en el que hay consenso de todos los actores: no debería seguir existiendo», resaltó Ozores y agregó que ya hay comisiones especializadas trabajando para hacer un diagnóstico que incluya alternativas para un funcionamiento eficiente del sector. «Queremos dar espacio para que los privados puedan desarrollar su negocio en libre mercado. Avanzaremos en aliviar la carga y hacer que la industria pueda hacer bien su trabajo y mejore al mismo tiempo su performance económico. Buscaremos que la industria vuelva a tener negocios saludables, que puedan invertir y que eso redunde en mejores servicios».

 

Los nuevos proveedores de internet satelital

Una de las medidas que tomó recientemente el organismo fue la autorización para las empresas tecnológicas Starlink, Amazon y OneWeb a operar en el país y ofrecer el servicio de internet vía satélite. «Nuestra misión es crear un ecosistema simple, claro y transparente que brinde la seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión, el desarrollo de la competencia y la prestación de servicios de calidad en los sectores de telecomunicaciones», señalaron desde Enacom.

Starlink es la empresa global de servicios de internet satelital que fundó en 2015 Elon Musk, como parte de su compañía espacial SpaceX. El hombre más rico del planeta, con una fortuna personal que según la revista Forbes llega a u$s 240.500.000.000, fue muy elogioso con el libertario (?) presidente de Argentina.

La relación entre Milei y Musk se inició a través de la red social X (ex-Twitter) que el magnate compró en 2022 por u$s 44.000.000.000, pero una vez que Milei fue elegido como presidente de Argentina, la relación se fortaleció en conversaciones telefónicas, y siguió alimentándose mutuamente con el guiño del primer mandatario a su sistema satelital de comunicaciones Starlink y con el apoyo del empresario al discurso en el Foro Económico de Davos.

OneWeb es una empresa de comunicaciones globales fundada por Greg Wyler ubicada en Londres, Reino Unido, y en McLean, Virginia, Estados Unidos.? Es una empresa conjunta con Airbus Defence and Space.

OneWeb se declaró en bancarrota el 27 de marzo de 2020, tras una crisis de efectivo en medio de dificultades para reunir capital para completar la construcción y el despliegue del 90 % restante de la red. La empresa ya había despedido a aproximadamente el 85 % de sus 531 empleados. Mantuvo las capacidades operativas de los satélites mientras el tribunal la reestructuró y se consiguieron nuevos propietarios para la constelación.

El 3 de julio de 2020, un consorcio encabezado por el gobierno nacional británico y Bharti Global ganó la subasta para comprar la empresa en quiebra, realizando una inversión combinada de mil millones de dólares para su nuevo lanzamiento. Sus principales clientes las fuerzas armadas europeas y británicas y las fuerzas de seguridad civil.

 

Detrás del telón, Elon Musk está tan interesado en Argentina

Lobistas y «hombres de negocio» promueven una eventual visita de Elon Musk entre marzo o abril para reunirse con el presidente Javier Milei. Una agenda política y económica argentina de sumo interés para el CEO de Tesla refuerza los lazos iniciados en el Foro Económico de Davos.

Pero más allá del interés de Musk por competir en el mercado de las telecomunicaciones con su servicio de internet, hay otro claro interés por nuestro país frente a otros estados de la región: las reservas de litio y el concepto de libre mercado que tiene el gobierno de Milei.

El llamado «triángulo del litio» en la región es la segunda reserva más grande del mundo y la comparten Argentina, Chile y Bolivia. Se trata de la segunda reserva más grande del mundo del principal componente de las baterías de iones de litio con las que funcionan los teléfonos celulares, las computadoras portátiles y, en mucha mayor escala, los autos híbridos y eléctricos entre los que esta Tesla.

Además de ser el CEO, Musk es el mayor accionista de Tesla, la marca de autos eléctricos más famosa del mundo, con base en California, que hace pocos días confirmó su crecimiento global al situar su SUV Tesla Model como el auto más vendido del mundo en 2023, por sobre dos referentes históricos como el Toyota Corolla y el SUV Toyota RAV4.

El gran condicionante de la movilidad eléctrica en todo el mundo sigue siendo el predominio que China tiene sobre las producciones de baterías de litio, lo que obliga a todos los fabricantes de automóviles a recurrir en mayor o menor medida a empresas chinas para asegurar la producción de los próximos años, mientras buscan soluciones como invertir en litio asociándose a otras compañías especializadas.

Instalar una fábrica de Tesla en Argentina podría ser un objetivo central ya que Musk puede invertir en una fábrica de baterías de litio para su producción de autos eléctricos. Hay un dato que Musk y Tesla no dejan pasar inadvertido, que es el crecimiento de la marca BYD, de origen chino, que se ha convertido en el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo en 2023, y que, si bien en el total anual no desplazó a Tesla en ventas, sí lo hizo en el último trimestre, dejando la puerta abierta para que ese crecimiento se sostenga en 2024.

Geopolíticamente, BYD está llegando a América Latina por la puerta de Brasil, donde anunció una inversión de tres mil millones de reales en la antigua planta de Ford en Camaçari, en el estado de Bahía. Allí se establecerán con la primera fábrica de autos eléctricos fuera de Asia. Las obras comenzarán en febrero/marzo de 2024 con la intención de comenzar a producir a fines de año o comienzos de 2025. Pero la planta tendrá tres secciones distintas, una de las cuales será exclusivamente para el procesamiento de litio y fosfato de hierro, ambos componentes de dos distintos tipos de baterías que propulsan a los autos eléctricos, siendo las segundas de un menor rendimiento, pero considerablemente menos costosas.

El interés de Musk en invertir en Argentina, por lo tanto, no puede dejar de ser visto como una estrategia global que genere también un beneficio en este aspecto, porque más allá del perfil político diferente de los presidentes de ambos países, ambos Estados son los dos principales fabricantes de automóviles de la región, con un convenio de intercambio comercial que hoy los beneficia mutuamente a través del ACE 14, por el cual se pueden comprar y vender automóviles de producción nacional entre ambos países sin pagar aranceles de importación, y manteniendo un 35 % para los que provienen de extra zona. Este convenio tiene vigencia hasta finales de 2029, cuando podría cambiar al ACE 18, por el cual los autos de extra zona paguen un 20 % y sean más competitivos.

La anunciada megafactoría de Tesla en México podría entrar en etapa de revisión. Por el momento, el nuevo modelo accesible que la marca estadounidense anunció para 2025, se fabricaría en Texas

Esa situación no es ajena a Musk, como tampoco lo es a los empresarios chinos de BYD, y ambos saben también que México es considerado un país «de la región», por lo que los productos que tienen esa procedencia tampoco pagan arancelamiento de importación actualmente en Argentina y Brasil, lo que explica que algunas marcas traigan autos mexicanos a nuestros mercados.

Sin embargo, el litio está en Sudamérica y así como BYD planea establecer una planta para procesarlo en Brasil, Tesla podría seguir ese mismo concepto de beneficio local para fabricar baterías y también automóviles eléctricos en Argentina. La megafactoría que Tesla anunció instalar en México parece estar en reevaluación. Quizás la nueva realidad política que plantea Milei sea una de las causas.

Hoy Argentina no fabrica baterías sino sólo carbonato de litio a través de varias empresas que se han instalado en distintas provincias con ese recurso mineral abundante. La producción de carbonato de litio puro tiene un costo de u$s 4.950 la tonelada.

En ese costo está incluido todo, hasta la mano de obra argentina que contratan. Estas empresas invierten unos u$s 1.500.000.000 en estas plantas. Hasta hace unos meses el carbonato de litio se vendía a cuarenta mil dólares la tonelada, muy lejos de los u$s 65.000 de la pospandemia. Pero el precio siguió bajando hasta los actuales u$s 16.300. Aun así, el rendimiento sigue siendo extraordinario. Los cálculos y proyecciones dicen que el precio se situará en los próximos años cerca de los diez mil dólares la tonelada y quedará en esos valores como una normalidad. De todos modos, eso representa más del doble de lo que cuesta extraerlo y procesarlo. 

 

El acceso (banda ancha) en los países centrales

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha establecido la definición de banda ancha en velocidades de descarga de cien megabytes por segundo (Mbps) y veinte Mbps de carga de datos, frente a los veinticinco Mbps de descarga y los tres Mbps de carga que estaban fijados hasta ahora.

La última vez que en Estados Unidos se modificó el estándar de banda ancha fue en el año 2015, cuando la FCC votó a favor de aumentar las velocidades mínimas de descarga y de carga, que entonces eran de cuatro Mbps y de un Mbps, respectivamente.

El objetivo de ampliar el acceso a la banda ancha a más ciudadanos estadounidenses, llevó a aprobar la norma conocida como neutralidad en la red (Net Neutrality) una ley que buscaba garantizar el carácter abierto de la red y extender la prohibición a las operadoras de priorizar el tráfico a través de las llamadas vías rápidas. Esto es, los proveedores debían dar acceso a los contenidos sin privilegiar a un usuario o empresa por encima de otros en la descarga de datos a mayor velocidad.

Esta medida, aprobada durante el Gobierno de Barack Obama, concluyó dos años después, durante la Administración de Donald Trump y con la FCC bajo control de los republicanos, lo que benefició a grandes proveedores de servicios de telecomunicaciones, como Verizon, Comcast y At&T. Con el fin de la neutralidad de la red, se podían ofrecer paquetes de servicios de internet con mayor velocidad de descarga y carga.

Una de las grandes detractoras de esta medida fue la comisaria demócrata Jessica Rosenworcel, que abogó por el aumento de los estándares mínimos de banda ancha más allá de los veinticinco Mbps aprobados entonces, para alcanzar velocidades de descarga de cien Mbps. En octubre del 2023, la FCC aprobó una propuesta para restablecer el concepto de neutralidad de la red y proteger una internet abierta tanto a consumidores como a empresas; que se ha materializado con la aprobación de un nuevo estándar de banda ancha.

Con la Administración de Joe Biden la FCC, ha asegurado en un comunicado que el acceso a la banda ancha es «una oportunidad justa de alcanzar el éxito en el siglo XXI» y que, a pesar de ser una solución «atrasada», la definición del nuevo estándar permite «identificar mejor en qué medida los vecindarios de bajos ingresos y las comunidades rurales están desatendidos». Con ello, ha matizado que desde la FCC también trabajan en un objetivo marcado a largo plazo en relación a la capacidad de la banda ancha, ya que esperan que en un futuro se puedan alcanzar velocidades de un gigabyte (Gbps) de descarga y quinientos Mbps de carga de datos.

A modo de comparación, los objetivos de conectividad de la Unión Europea pretenden garantizar una cobertura de banda ancha de cien Mbps para toda la población, cerrando con ello la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales, y preparar el cien por cien del espectro de radio para 5G para 2025.

 

Arsat una empresa pública en riesgo

La empresa estatal argentina Arsat reportó en su balance 2023 saldo de doce millones de dólares por la exportación de servicios de los dos satélites de telecomunicaciones de los que dispone, Arsat-1 y Arsat-2, que vende principalmente a Estados Unidos y otros países del continente.

El ingreso por exportación de servicios representa un 30 % de los cuarenta millones que la empresa ingresó este año, aproximadamente, gracias a los dos satélites que tienen un grado de ocupación de más del 90 %. La empresa prevé incrementar los servicios que ofrece en el exterior gracias a la reanudación del plan satelital que anunció el presidente Alberto Fernández, y que permitirá el desarrollo del que será el tercer satélite de la flota, el Arsat-SG1.

Este satélite, que se encuentra en fase de desarrollo, tendrá una capacidad de tráfico de 70 Gigabits por segundo (Gbps) para brindar internet satelital, de los cuales 50 Gbps estarán destinados a cubrir todo el territorio de Argentina y los otros 20 Gbps ofrecerán servicios en diversas regiones de países limítrofes como Chile, Bolivia y Paraguay.

La compañía estatal no solo genera divisas de forma directa por la exportación de servicios, sino que impide la salida de éstos al imponerse sobre la competencia internacional en el mercado nacional.

La vida útil de un satélite de telecomunicaciones es de quince años y el recupero de la inversión total que requiere el proyecto, calculada en u$s 250.000.000, se logra en cinco años. Es decir, que los otros diez años que tiene de funcionamiento son de ganancia.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) establece el programa económico del Gobierno del presidente Milei, entre los que se registra en el punto veintiocho la desregulación de los servicios de internet satelital. En su presentación Milei dijo «para permitir la competencia de empresas extranjeras», haciendo explicita referencia a Starlink.

El decreto de Milei incluye en su Capítulo II modificaciones a la ley Argentina Digital 27078. La modificación de la ley establece que la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones sea libre y que se «requerirá a los titulares de los sistemas el registro para ordenar su operación, al solo efecto de coordinar el uso de las frecuencias radioeléctricas y interferencias evitadas sobre otros sistemas conformes a la reglamentación que la Autoridad de Aplicación. La prestación de cualquier servicio de TIC por este satélite sometida al régimen general de prestación de Servicios de TIC establecido en la ley». Además, establece que la radiodifusión por suscripción es toda forma de comunicación primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por público determinable, mediante la utilización del espectro recto o vinculo físico o satelital, indistintamente.

El objetivo es debilitar Arsat, con balances positivos y ganancias en aumento, que tiene su principal renglón de facturación local y sobre todo internacional en los servicios satelitales producido scon los Arsat 1 y 2. Un plan de crecimiento tecnológico y comercial con el Arsat- SG1 cuya puesta en órbita se desplazó al año 2025 le permite e la empresa de bandera seguir siendo un jugador en el selecto equipo de países con desarrollo y puesta en servicios satelitales a nivel mundial.

Desregular el sector satelital argentino tiene como único objetivo debilitar financiera y económicamente la empresa pública, sacarle capacidad de competencia y empobrecerla patrimonialmente. Es decir, bajar su valor como empresa de telecomunicaciones. 

Arsat pudo sobrevivir al período 2016-2019 solamente por la facturación satelital producida por los servicios de los Arsat1 y 2. El gobierno de Macri discontinúo el Plan Satelital Argentino, dejando al país sin los ArsatT 3 y 4 que deberíamos tener orbitados a la fecha.

El plan de debilitamiento y privatización de la empresa de telecomunicaciones de bandera, castiga a los trabajadores de Arsat. La Secretaría de Trabajo no homologa en acuerdo paritario del último tramo 2023. Es decir, el Estado nacional adeuda el aumento paritario acordado con Foetra sindicato de las telecomunicaciones, sobre los meses noviembre, diciembre, enero y el bono de los trabajadores de las telecomunicaciones. A la fecha los trabajadores de Arsat cobran el sueldo a valor de octubre 2023.

 

Un recorrido hacia la soberanía tecnológica

En 2006 el presidente Néstor Kirchner fundo Arsaty en el 2014 y 2015 se orbitaron los Arsat 1 y 2 produciendo capacidades nacionales solamente conocidas en países desarrollados, dejando atrás las privatizaciones llevadas adelante por el gobierno de Carlos Menem respecto de Nahuelsat que fue una empresa argentina creada para operar satélites artificiales. El Nahuelsat fue creado en la década de 1990 como parte de un proyecto argentino para poner algunos satélites de comunicaciones geoestacionarios en el espacio.

Argentina en el 2022 vuelve a mostrar que es posible desarrollos orientados a la soberanía tecnológica. Se desarrolla el satélite marplatense MDQube-SAT1 que fue enviado al espacio desde la NASA y el evento fue transmitido en vivo a través de Youtube; al tiempo que en la sede del Banco Provincia de la peatonal San Martín se montó una pantalla de LED para ver este hecho histórico.

Se trato del primer nanosatélite (satélite pequeño) realizado en el país, y en América Latina, el cual fue lanzado desde la Unidad Falcon 9 -Space X, en Cabo Cañaveral, Florida (EEUU).

San Martín al Espacio es un proyecto que nació en las aulas de la Escuela Técnica N° 5, ubicada en Juan B. Justo 4287 de la ciudad «La Feliz». Así se conformó la compañía Innova Space que, con el apoyo de Neutrón, la aceleradora del marplatense Grupo Núcleo, y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, pudo concretar este proyecto.

Este picosatélite tiene una dimensión de diez por cinco centímetros, por otros cinco y un peso de quinientos gramos. Su órbita polar a unos cuatrocientos/quinientos kilómetros de altura. Con el objetivo de brindar cobertura de comunicaciones a puntos que actualmente no tienen conectividad, el proyecto apunta a brindar soluciones y mejorar la competitividad a los sectores de la agricultura, la minería, el petróleo y el gas, entre otras.

El camino a la soberanía tecnológica tiene esta dirección, el DNU del presidente Milei va en sentido contrario, dejando a millones de argentinos sin poder acceder a los servicios esenciales de las telecomunicaciones.