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Los datos del sur global y el colonialismo digital


07 de septiembre de 2024

Lo que está en juego es la soberanía y la libertad para generar una estrategia de industrialización digital versus una estrategia de colonialismo digital que somete a regiones enteras a ser simples consumidores de tecnología y productos basados en datos.

Alfredo Moreno

En este presente de capitalismo digital, los datos son la nueva materia prima que alimenta la industria tecnológica. Esos datos están teniendo una creciente importancia en términos de valor, pero sobre todo en términos estratégicos. Las corporaciones que crean y concentran el tráfico digital transfronterizo desconocen la presencia de los Estados en lo jurídico, comercial y económico.

Así, las empresas se cuestionan dónde almacenar sus datos de forma tal que sea seguro, accesible y barato. Esta necesidad se ha traducido en la firma de diversos acuerdos de libre comercio con la cláusula de libre movilidad de datos, que determina que las empresas pueden transportar los datos cruzando las fronteras libres de restricciones y aranceles. Dicha cláusula se está firmando en una creciente cantidad de acuerdos entre países, pero, sobre todo, entre países pertenecientes a la lista de paraísos fiscales.

Las grandes empresas de tecnología no solo están almacenando sus datos en locaciones paradisíacas, sino que además existe una creciente relación entre éstas y la evasión impositiva en el ámbito global. Nunca en la historia se vio empresas con tasa de ganancia tan elevadas como las que obtienen las corporaciones digitales y, sin embargo son famosas por la evasión fiscal.

Los gobiernos de todo el mundo pierden anualmente alrededor de u$s 427.000.000.000 a causa de la evasión y la elusión fiscal por parte de compañías y personas físicas que mueven su dinero a paraísos fiscales, publica en junio de 2001 Forbes. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? (OCDE) compañías como Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft y Netflix han utilizado este tipo de estrategias de evasión de impuestos y lagunas legales para ahorrarse miles de millones. La cifra ascendería a más de u$s 100.000.000.000 en impuestos entre 2010 y 2019 entre las seis firmas, según el grupo activista británico Fair Tax Mark.

En efecto, existe una relación que no es directa pero que está afianzándose entre los paraísos fiscales y los centros de almacenaje de datos. El poder financiero occidental se está fusionando con el poder tecnológico occidental en los mismos sitios geográficos.

La pulseada mundial entre dos únicos actores por el control de la economía digital suele describirse como una lucha entre EE. UU. y China. Pero la Unión Europea (EU) también pretende quedarse dentro de un espacio que le permita ser parte del modelo extractivista donde se enmarca la región del sur global.

Como se documenta en el informe, publicado por Transnational Institute, Amsterdamenjulio 2021, la UE ha hecho grandes esfuerzos por ponerse al día utilizando las negociaciones y las normas comerciales para hacer valer sus propios intereses.

La UE pretende afianzarse sobre las espaldas de los países en desarrollo, socavando la posibilidad de que todos compartan equitativamente los beneficios del desarrollo tecnológico. Para dar protagonismo a sus propias corporaciones tecnológicas, la UE está tratando de imponer cláusulas en las negociaciones comerciales que obstaculizarán la industrialización digital, restringirán la necesaria supervisión estatal de las empresas y expoliarán los derechos de los ciudadanos en otros lugares, en particular en los países en desarrollo.

 

Cláusulas comerciales que favorecen la concentran la digital

Transferencia transfronteriza de datos

Significa que los datos, materia prima de la inteligencia artificial y otras tecnologías de la nueva revolución industrial pueden cruzar las fronteras y el Estado pierde el acceso a ellos. Implica que las empresas que comiencen a tener operaciones en el territorio con el que firmó el acuerdo, puede extraer datos de los consumidores y ciudadanos locales y llevarlos a otro territorio sin ningún tipo de restricción. La resultante es que una vez que los datos atraviesan la frontera no se puede exigir acceso o repatriación porque el país pierde jurisdicción sobre los mismos. Es el equivalente de cualquier bien físico que conozcamos.

 

Prohibición de la localización de datos y su procesamiento

Los datos como materia prima tienen diversas instancias en su cadena de valor. El movimiento del dato que lo hace cruzar la frontera conforma la exportación de esa materia prima. Pero la cadena de valor también tiene como componentes fundamentales el procesamiento y alojamiento del dato. Estos pueden ocurrir independientemente de su exportación. Claramente, esta cláusula es colonialismo digital y dependencia económica. Un país podría poner en su sistema de compras públicas, al contratar proveedores digitales, cláusulas contractuales que establezcan que esos datos se queden en el país y se le dé acceso al Estado a fin de diseñar políticas públicas o, en un futuro, sus propios sistemas que puedan reemplazar al proveedor y lograr independencia económica y contribuir a la industrialización digital.

 

No divulgación del código fuente y de los algoritmos

En la economía digital todo se maneja con algoritmos. Es la herramienta de software que realmente procesa la enorme cantidad de datos que generamos a diario. Los algoritmos son instrucciones lógicas que, junto con ecuaciones matemáticas que procesan información, devuelven un resultado, sea éste una maximización u optimización (predicción estadística), un ordenamiento, una decisión o un menú de opciones. Cuando hacemos una búsqueda en Internet, un algoritmo decide qué resultados veremos primero; cuando ingresamos a Netflix un algoritmo decide qué películas mostrarnos; un algoritmo procesa imágenes médicas e indica cuál es la probabilidad de que determinada mancha sea un tumor; un algoritmo asigna pedidos a repartidores que trabajan en plataformas cuando transitan por las calles entregando pedidos. Un algoritmo escrito con un lenguaje de programación es un programa, es una app, es un software.

 

Eliminación de los derechos de aduana

El avance la tecnología digital aumenta la proporción de la economía a ser distribuida vía Internet. De hecho, el 5G planea crear ciudades, fábricas y hogares inteligentes, con maquinaria y electrodomésticos que se manejan de manera remota desde otros países. Ciudades donde los autobuses no posean choferes y el conductor esté probablemente en un centro de datos en algún territorio alejado y sea un algoritmo. Las impresoras 3D permiten comercializar diseños a través de la web que pueden ser impresos directamente en el país que adquiere el diseño. Esto abre un mundo nuevo en las exportaciones de servicios digitales, desplazando a las exportaciones manufactureras.

En una economía cada vez más digital y globalizada, no poder cobrar impuestos aduaneros a las transmisiones electrónicas es quitarle al Estado su principal fuente de financiación y su capacidad de industrialización digital nacional y soberana, perdiendo empresas tecnológicas nacionales a manos de la competencia internacional.

 

Contratación pública electrónica

En los sectores de finanzas y telecomunicaciones es donde se ven más ejemplos de este tipo. Muchas veces los Estados exigen autorización previa para ingresar al mercado local. Esto permite regular la cantidad de competidores que va a haber y el tipo de servicio que van a brindar. Se hacen exigencias de requisitos mínimos y, en el caso de las telecomunicaciones, hasta se debe licitar espectro para poder empezar a ofrecer el servicio de telefonía móvil. Este principio promueve que no se pueda exigir autorización previa de este tipo para ningún servicio que sea brindado por medios electrónicos. Con la excepción de los sectores financieros y telecomunicaciones.

 

Mejor cabeza de ratón que cola de león

Con la emergencia global del 5G se espera que, por la internet de las cosas, los electrodomésticos que utilizamos todos los días puedan generar datos y estos sean analizados, generando nuevos productos como servicios.

Los autos inteligentes, por ejemplo, no solo nos trasladan, también nos sugieren hacerle el mantenimiento. Incluso, nos avisan si algo está fallando e indican el lugar más cercano a nuestro domicilio dónde podemos repararlo.

Si todos esos datos viajan y se almacenan en centros de datos localizados en la Unión Europea, es allí donde se generarán nuevos puestos de trabajo más productivos de venta y comercialización de nuevos productos publicitarios y se pueden hacer los procesos (predictivos, asociativos, cluster, etc.) de la inteligencia artificial.

 

Qué está en juego

La principal ventaja de la UE en estos acuerdos es la capacidad de poder procesar datos y desarrollar esos nuevos servicios de puertas adentro del territorio que signifiquen nuevas exportaciones de la UE hacia los países periféricos.

Difícilmente a esta altura la UE puede superar a gigantes como Google o Amazon en el procesamiento de datos y en el desarrollo de inteligencia artificial, pero sí puede aspirar a conseguir que las empresas se instalen en su territorio para almacenar, procesar y entregar datos que describen comportamiento y puedan ser utilizadas para venderse a otras empresas, generando servicios digitales nuevos.

A su vez, y este punto no es menor, con la llegada de los autos autónomos al mundo, las automotrices europeas podrían controlar los datos que se generan y mantener bajo su control estos servicios superproductivos de control de vehículos a través del “cerebro” y los sensores incorporados a los autos.

Toda una industria del procesamiento de datos se está gestando, tanto en recursos humanos, en logística, en servicios médicos, de entretenimiento, educación, transporte urbano inteligente, por mencionar algunos. Quedarse con los datos es permitir que las empresas locales europeas crezcan a expensas de un sur global cada vez más sometido, con unos términos de intercambio que se siguen debilitando, vendiendo materias primas a cambio del consumo tecnológico de la cotidianeidad.

Estos datos son llevados, en definitiva, de manera extractivista, sin dejar ingresos de ningún tipo, y sin poder siquiera cobrar aranceles por los servicios digitales importados. Un resultado perverso para la mayoría de la población global.

El posicionamiento europeo en los Tratados de Libre Comercio (TLC), tiene ventajas sobre los países menos desarrollados. Pero, a escala global en la Organización Mundial del Comercio (OMC), la agenda europea juega a favor de las grandes corporaciones norteamericanas (Google, Apple, Meta, Microsoft y Amazon) y en contra de China.

La reglamentación de forma multilateral de la OMC tiene un carácter mucho más extensivo, poniendo a Europa a competir con empresas norteamericanas en la capacidad de extraer datos del sur global. Es indudable que la capacidad de EE. UU. de absorber datos es infinitamente superior a la europea en los tópicos de vigilancia en la red, protección a los consumidores, autorizaciones para operar, licitaciones públicas. Los acuerdos para superar la competencia, buscan dar acceso a mercados del sur global a las empresas europeas en detrimento de las pequeñas empresas locales que puedan surgir en los países en vías de desarrollo.

De esta manera la UE busca expandir sus inversiones extractivistas hacia los países del sur, posicionando a sus empresas como líderes indiscutidos de un mercado que supo ser industrial y hoy se transforma a un capital cibernético.

Es indudable que Europa comprendió que, en el presente devenir económico, el capital cibernético subsumirá al capital industrial. Subirse a la agenda de libre comercio digital les permite a las empresas dar el salto tecnológico y transformarse en grandes empresas que desarrollen sus propios servicios digitales sin tener que tercerizar ese servicio a empresas norteamericanas

Esta agenda se impulsa en diversos foros y se utilizan excusas como promoción de las pequeñas y medianas empresas o igualdad de género. Existe un “lavado rosa” de la agenda de comercio electrónico, argumentando que las mujeres van a poder encontrar mejores empleos en la web, vendiendo productos y convirtiéndose en exportadoras a través de plataformas digitales.

Lo cierto es que las mujeres a nivel global son las que menos acceso tienen a Internet y, cuando lo tienen, son las que hacen usos económicamente menos productivos de la herramienta. Además, exportar implica no solamente tener Internet sino tener infraestructura y habilidades para sobrellevar trabas idiomáticas, informáticas, impositivas, de estándares, por mencionar algunas. 

El verdadero impacto es más subdesarrollo en la mayoría de los países del mundo para que unas pocas mujeres en países desarrollados puedan convertirse en exportadoras. Por otro lado, existe fuerte evidencia que indica que la agenda de comercio electrónico agrandará la brecha de género. No solo eso, sino que diversas organizaciones de mujeres ya se han manifestado en contra de la agenda de comercio digital.

También se argumenta que las pyme se benefician al abrirse mercados internacionales que les permitan localizar productos. Con las reglas de comercio internacional propuestas es fácil advertir quiénes serán los grandes jugadores en el comercio global, que desplazarán a las pyme de los países periféricos, obligadas a competir con el ingreso indiscriminado de productos internacionales al mercado local.

En definitiva, se abren las puertas a poder insertarse en una economía cada vez más dinámica, pero a expensas de quitarle esa posibilidad a muchísimos países del sur global. De puertas adentro, beneficia a empresas transnacionales de tecnología y grandes empresas industriales locales en proceso de transformación digital.

El pueblo del sur global sigue quedando rezagado, sin posibilidad de tener una soberanía digital. Dependiente del consumo tecnológico de productos producidos con una lógica extractivista y el objetivo claro de maximizar ganancias por sobre la sostenibilidad biológica.

La disputa que libran la UE, Estados Unidos y China es por los datos que generamos cada vez que nos conectamos a internet ya que conforma la materia prima básica para su proceso de producción. El verdadero valor no reside en los datos en sí, sino en el procesamiento de éstos para ofrecer y vender explicaciones algorítmicas del comportamiento humano.

Los perdedores en la batalla por la hegemonía tecnológica son los ciudadanos de a pie. Las normas comerciales no se están construyendo para fortalecer los derechos de los ciudadanos o la democracia, sino para beneficiar a las grandes tecnológicas, dándoles mercados y recursos de forma gratuita, monopolios ilimitados y sin responsabilidad social o fiscal.

Contra este robo de recursos patrimoniales, el único remedio es conservar la libertad de los Estados para regular, de modo que la gente pueda a su vez hacer valer su voluntad. Por lo tanto, es fundamental que los Estados se nieguen a firmar estos acuerdos como un primer paso hacia un proceso de industrialización y soberanía digital

 

Alfredo Moreno

Alfredo Moreno es profesor en Tecnologías de la Información en Univ. Nac. de Moreno. Ingeniero TIC en ARSAT.  Integrante de la red PLACTS

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