Se ha armado en la Argentina todo un rollo sobre los derechos que adquiere el ganador de una elección popular.

Al respecto ha adquirido mucha presencia mediática la idea que quien gana la elección debería tener la libertad de llevar adelante sus iniciativas, que luego deberían ser evaluadas por los resultados logrados. Es más, en cuestiones como el uso del veto presidencial, el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado hace poco que esa es una facultad legítima y por lo tanto está en todo su derecho.

Estas miradas obligan a abrir el paquete y pasar a discutir el derecho formal confrontado con el derecho político, considerados como dos atributos separables.

El derecho formal es el que se desprende de la aplicación literal del cuerpo legal disponible.

El derecho político es un concepto que emerge de la filosofía que justifica la existencia del Estado. La función a cumplir es la administración de los conflictos sociales, buscando por resultado escenarios en que las controversias sean operables y que toda fracción tenga por delante un panorama en que imaginarse una vida mejor.

Los conflictos estructurales básicos se concentran en la propiedad de los medios de producción y en la forma de apropiación del valor agregado a los recursos naturales o materias primas utilizadas. 

Con solución de esas diferencias o sin ellas; con la vocación del aparato del Estado de beneficiar a quienes más tienen o a sus contendientes; cada gobierno realiza balances periódicos de su gestión.    

Es lo que habitualmente se conoce como el campo de la macroeconomía. Se hacen balances de exportaciones vs. importaciones; de ingresos tributarios vs. egresos; de ingresos de las familias vs. sus necesidades básicas; de ingreso de capitales externos vs. egresos y así algunos más. Incluyendo aquí, algo que no es exactamente un balance, pero que influye en la salud comunitaria con mucha fuerza: la tasa de inflación.

La secuencia temporal debería ser estrictamente la descrita: Primero: organizar, promover una sociedad mejor.

Luego: entender si se producen o pueden producir tensiones en algunos de los balances mencionados, cuales son sus causas y qué políticas deben modificarse en consecuencia, pero sin contradecir los objetivos básicos.

Sin embargo, es imposible recordar que se haya discutido la economía argentina de esta manera, salvo durante el período 1946/55, en que se formularon dos planes quinquenales y luego se ajustó su viabilidad examinando las cuentas nacionales.

Se ha llegado a una situación límite, desde diciembre de 2023, en que se elige un balance (el presupuesto nacional) y se postula que el déficit cero es condición necesaria y suficiente para resolver todos los problemas económicos del país. De tal modo, ese pasa a ser el objetivo excluyente a alcanzar.

Esa inversión de prioridades es lo que se difunde como “ajuste”. 

Como obligación de gobierno es válida. Especialmente en los países periféricos, donde hace generaciones que el equilibrio macroeconómico se ha visto complicado por la toma de deuda externa; por las masivas inversiones multinacionales, que buscan recuperar su capital más rápido que en sus países de origen; por la inseguridad general que eso acarrea y la búsqueda de las divisas como refugio de valor, así como el incentivo a la inflación que eso implica.

Ajustar pasa a ser imprescindible, no por razones de eficiencia, sino de subsistencia, ya que muchos de los flancos de la sociedad se ven afectados de manera seria por la falta de divisas.

El punto álgido que no se plantea el neo liberalismo ni sus oponentes es preguntarse si es posible ajustar una estructura tan desequilibrada o, por lo contrario, es imperativo transformar varios de los escenarios, cambiando tanto formas de propiedad como formas de apropiación del valor agregado que se genere.

Tal vez gobiernos de extrema derecha como el actual sí se lo han planteado y no es solo dogmatismo teórico lo que los empuja. Actúan como si condujeran una empresa que al hacer su balance advierte que tiene pérdidas que la pueden llevar a la bancarrota y decide reducir los salarios todo lo necesario para revertir la situación, llegando incluso a pedirle a los trabajadores que aporten el dinero faltante, extrayendolo de sus ahorros.

Vale decir: reencontrar el equilibrio dejando fuera del sistema y hasta fuera de la vida a quienes menos tienen.

Es evidente que ningún mandato popular concretado en elecciones puede indicarle a un gobierno que actúe así. No hay en el mundo una fracción social mayoritaria, de país alguno, que vote por eliminar a los demás. No hay manera de pronosticar un éxito para el gobierno que lo intente.

Sin embargo, hay quienes tienen por delante una tarea más difícil aún que los gobiernos neoliberales.  Son los gobiernos que quisieran un resultado con justicia social, pero comienzan su gestión con la estructura que se consolidó a partir de 1976, con masiva predominancia de las finanzas en las definiciones económicas, a causa de una deuda externa siempre presente y con penetración de las inversiones externas en cada flanco de actividad, hasta en la producción y comercialización agropecuaria, tradicional tarea en nuestras pampas.

Bien haríamos en recordar que el primer gran empréstito externo se tomó en 1826 y se terminó de pagar 100 años después. La lógica de un país dependiente de su deuda externa nació antes que la Constitución Nacional.

Para mal de males, todo el pensamiento económico dominante, incluso buena parte del que baja de la academia y de las aulas universitarias, se ha instalado en lo que podríamos llamar un sistema de prioridades invertidas: primero la macroeconomía y luego las necesidades comunitarias.

En tal contexto, las acciones que podrían llevar a corregir los desequilibrios mediante el aumento de la productividad general y de una mejora en la distribución del valor agregado, no solo no son evaluadas, sino que ni siquiera son formuladas. 

El “ajuste” es un término que invita a apretar el cinturón, no a hacer crecer la familia y en esa labor mejorar ingresos y ordenar egresos.

La integración de cadenas de valor en manos nacionales, partan de la minería o de la agricultura o sean estrictamente industriales, no se discute.

La importancia de cubrir rápidamente el déficit de vivienda, tampoco.

La presencia nacional consolidada en actividades de exportación, tampoco.

Los planes de investigación y desarrollo muy vinculados a la producción, menos. Son “gasto”.

El potencial productivo desagregado por provincias y generando programas de desarrollo locales de mediano plazo, por supuesto que no.

Todo es política monetaria y financiera; deuda externa; leyes de promoción de inversiones externas. El mercado invadiendo cada actividad esencial y decidiendo cuánto se puede estirar la transferencia de ingresos a favor de los que más tienen. Y eventuales gobiernos con vocación popular, tironeando de la manta en dirección opuesta, con poder cada vez más limitado para ampliar esa manta.

El desafío por delante es volver a la metodología que deberíamos llamar natural. Esto es: primero la atención de las necesidades comunitarias; en el camino ordenar la macroeconomía para que no se vuelva un freno de ese objetivo prioritario.

Nunca será solución construir un futuro para algunos sobre las desgracias de muchos.

En un material que se agregará próximamente a este portal se examinarán las políticas internas aplicadas en el país hegemónico hasta hoy – EEUU – desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la esperanza de poder demostrar que los mejores momentos fueron cuando la dirigencia política fue consecuente con la metodología de gobierno señalada como natural, no con su inversa.