«La única y cambiante naturaleza de internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto.»

Frank La Rue, relator especial de la ONU

Desregular los servicios de internet, telefonía móvil, TV por cable como lo hizo el gobierno del presidente Milei a través del Decreto 302/2024 es limitar el acceso a gran parte de la población argentina. En la era donde la conectividad es parte de la canasta básica tecnológica, es hablar de nuevos pobres, los pobres digitales; el acceso es privativo sin un Estado que regule.

La intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días, dejó como saldo que las empresas de telecomunicaciones aumentaron sus servicios un 24,7 % durante enero en promedio y poco más del 29 % en febrero, dependiendo del servicio y la operadora. En marzo el aumento mide un 15% potenciándose para abril ya que las empresas de telecomunicaciones consideran que las tarifas tienen atrasos a normalizar.

La decisión de intervenir el Enacom en enero pasado, organismo encargado de regular los servicios de comunicación, estuvo «en consonancia con los lineamientos» del DNU 70/2023, dictado en diciembre pasado «para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector», indicaron los considerandos del decreto 89/2024

El deseo del sueño cumplido, las empresas Telecom, Telefónica y Claro (telcos), acaban de lograr un nuevo DNU (302/2024) por parte del Gobierno nacional. El mencionado DNU libera las tarifas y deja al Enacom como un actor decorativo, cerrando delegaciones y despidiendo gran parte de sus trabajadores y a la población en total estado de indefensión en cuanto a tarifas.

Juan Martín Ozores interventor del organismo regulador insistió en el plan de desregulación como promesa para el mercado. El funcionario declaro: «Queremos facilitarle el trabajo a la industria de telecomunicaciones, bajo la premisa de generar un marco normativo que facilite su desarrollo […] Avanzaremos en aliviar la carga y hacer que la industria pueda hacer bien su trabajo y mejore al mismo tiempo su performance económico. Buscaremos que la industria vuelva a tener negocios saludables, que puedan invertir y que eso redunde en mejores servicios».

Anular el DNU 690/2020 decretado por el presidente Alberto Fernández en plena pandemia, es terminar con el derecho a una Internet como servicio público esencial. El DNU que procuraba evitar los abusos en materia tarifaria, fue muy resistido por las telcos. Presentaciones y amparos judiciales a medida de sus intereses coronaron en noviembre del 2023 cuando la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad del Decreto.

Gustavo López, exvicepresidente del Enacom, aseguró en torno a la intervención del ente que «impide que estén los tres representantes del Congreso, que son enviados al directorio. Es decir, cancelan el debate público y no hay representación parlamentaria de las minorías […] No quieren que se sepa qué hacen o dejan de hacer. Y acá estamos hablando de decisiones que tienen que ver con la libertad de expresión, con el derecho a la comunicación y con el derecho de los usuarios de tener un precio justo de internet», dijo en recientes declaraciones en radio AM750.

En Argentina, la canasta básica tecnológica se ha convertido en un nuevo indicador de la desigualdad, dado que incluye elementos como teléfonos celulares, tablets, notebooks, abono mensual de internet y abono mensual de telefonía celular, dispositivos hoy indispensables para la vida diaria. Las medidas del gobierno del presidente Milei deja a muchas familias argentinas, sin poder acceder a estos recursos imprescindibles en la sociedad del conocimiento.

Las cifras son alarmantes: según el último estudio publicado por el Indec (tercer trimestre de 2023), casi el 10 % de los hogares argentinos todavía no tiene acceso a internet fijo, mientras que casi el 40 % de los hogares de nuestro país no tiene siquiera una PC o notebook en sus casas. Por otro lado, casi el 90 % de las familias argentinas tiene al menos un teléfono celular en sus hogares. Esta situación genera una brecha digital que separa a las familias en dos mundos: los que tienen acceso a la información y las herramientas digitales y los que no.

El ombudsman de Formosa, José Leonardo Gialluca, afirmó que, en un contexto de crisis generalizada, con alta inflación, conflictividad social, por los despidos y eliminación de las delegaciones del Enacom en todo el país, «las empresas hablan de atrasos muy importantes, por lo cual, los usuarios sufrirán importantes incrementos en las próximas facturas»,lo cual profundizará la brecha digital en todo el país.

Cuando se habla de derechos humanos debemos asociarlos a conceptos como libertad, democracia, igualdad, entre otros ya que se trata de involucrar a la ciudadanía en las decisiones que le atañen directamente.

El derecho a Internet fue reconocido como derecho humano por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La información y el derecho a la expresión o manifestación de las ideas requieren de mecanismos de transparencia que pasan obligadamente por las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).

El 4 de julio de 2018, la ONU adoptó la resolución sobre los derechos humanos en Internet. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. La resolución refuerza la trascendencia de la protección y garantías para el ejercicio de los derechos humanos en línea.

El documento oficial reconoció los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión. De conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exhortó a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y el desarrollo de medios de comunicación en todos los países.

Para el organismo internacional, el acelerado crecimiento de las tecnologías debe verse como una oportunidad para reforzar el derecho humano de la libre expresión.

En la argentina de Milei, la brecha digital se agranda, los que puedan acceder a la canasta básica tecnológica podrán alfabetizarse y desarrollarse en el mundo digital, los excluidos por estas políticas de libremercado (concentrado) quedaran fuera de la sociedad de la información y del conocimiento.