En la última dictadura cívico-militar (1976-1983), se instaló un plan sistemático para eliminar todo lo que fuera en contra de su “proyecto de reorganización nacional”, sean acciones sociales, políticas, gremiales, culturales o personas. En ese marco, en 1980 los militares prendieron fuego 24 toneladas de libros pertenecientes al Centro Editor de América Latina por considerarlos “subversivos”. La institución estaba ubicada en el cruce de las calles O’Higgins y Avenida Agüero (ahora llamada Crisólogo Larralde) en la localidad de Sarandí, Avellaneda, pero la quema ocurrió en un baldío situado a unas cuadras de allí. En esta nota, la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes trae a la memoria uno de los mayores ataques a la cultura nacional.

El Centro Editor de América Latina (CEAL) fue fundado en 1966 por Boris Spivacow. Tras la “Noche de los bastones largos”, la represión que llevó adelante la dictadura de Onganía en las facultades en 1966, Spivacow renunció a la Editorial Universitaria de Buenos Aires y comenzó con el proyecto del CEAL. Bajo el eslogan “Más libros para más”, el Centro apuntó a la divulgación y formación de un público lector. Así, hasta el último día de funcionamiento en 1995, se publicaron 79 colecciones y cinco mil títulos.

El 7 de diciembre de 1978 los depósitos del Centro fueron allanados y clausurados bajo la acusación de infringir la ley 20.840 que penaba “las actividades subversivas en todas sus manifestaciones” y que suprimía “el orden institucional y la paz social de la Nación”. El gobierno consideró que parte del material que tenía el Centro era “cuestionable” y, finalmente, en 1980 el juez Héctor Gustavo de la Serna dictaminó que debía quemarse.

Veinticuatro toneladas de libros ardieron en junio de 1980. Créditos: Ricardo Figuera.

Así, el 26 de junio de 1980 veinticuatro toneladas de libros fueron trasladadas hasta un baldío en la calle Ferré, donde un oficial inició la quema que duró cinco días. A su vez, la dictadura ordenó que haya testigos del Centro y que registren el momento. Ricardo Figueira, archivista y director de colecciones de la editorial, fue obligado a fotografiarla y a presenciarla junto a Amanda Toubes, otra trabajadora del CEAL. 

En diálogo con la Agencia, Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos de la municipalidad de Avellaneda, relata: “Lo que se buscó es cercenar la libertad de opinión, de expresión y de empresa. Este Centro imprimía obras que otras editoriales ya no vendían por miedo. Además, imprimían fascículos, lo que permitía a cualquier vecino o vecina poder adquirir estos libritos por el simple valor que tenían”.

Y agrega: “Fue una situación que se puede emparentar con las diez quemas más importantes que habían sucedido en el mundo. Se trataban de libros que, para el juez que dictó la orden, de alguna manera representaban un pensamiento subversivo y, por lo tanto, eran susceptibles de ser destruídos”. 

En términos de Yacoy, abogado especializado en Lesa Humanidad, el CEAL fue una de las empresas más importantes porque imprimía lo que nadie quería y porque mostraba al mundo lo que ocurría durante la dictadura.

Amanda Toubes, trabajadora del Ceal, fue obligada a presenciar la quema al igual que Ricardo Figueira, que toma la foto. Créditos: Ricardo Figueira.

Las palabras sobreviven al fuego

Amanda Toubes, la trabajadora del CEAL que fue obligada a presenciar la quema, rescató junto a otros compañeros aquellos libros que fueron capaces de sobrevivir al fuego. Estos fueron enviados a la Sociedad de Fomento Presidente Sarmiento en Sarandí, para luego ser depositados en la Secretaría de Derechos Humanos de la municipalidad de Avellaneda, donde hoy se encuentran exhibidos.

Respecto a si es posible resignificar tanto el espacio donde ocurrió la quema como donde se alojaba el Ceal, Yacoy explica: “El baldío de Ferré, donde estuvo el fuego, está señalizado. Sin embargo, es muy difícil avanzar con una política de expropiación ya que se trata de una propiedad privada por lo que es probable que se pierda”.