Desde la instalación de la falsa necesidad de achicar gastos y acomodar precios para enderezar el rumbo económico del país, Milei aplicó un feroz ajuste sobre el poder adquisitivo de los salarios, hiperinflación mediante, generada adrede por la mega devaluación del peso (120%) en el comienzo de su mandato. El resultado del mismo no fue otro que una mayor concentración de las riquezas y una caída histórica del consumo interno que, en consecuencia, liberó mayor cantidad de saldos exportables en energía y alimentos para el provecho de las corporaciones extranjeras a las que el gobierno sirve.

Más allá de datos malversados que emiten por cadena nacional sin ponerse colorados por los claros desequilibrios psiquiátricos de quienes los exponen, el “necesario” ajuste no solucionó ninguno de los supuestos problemas que, en teoría, lo originaron. Por el lado del déficit fiscal, se omite mencionar que desde el comienzo de la gestión se adeudan 600,000 millones de pesos a empresas privadas que brindan servicios de energía al Estado, como también la enorme deuda que acumula con el sector educativo y sanitario (ya que congeló los presupuestos universitarios y asignaciones específicas a ciencia y salud). También, se omite analizar que ante una gran reducción de la actividad económica en general (mayor a 40%), las erogaciones y cobros se reducen achicando, en paralelo, cualquier estadística previa.

Por el lado del supuesto fortalecimiento de reservas, el crecimiento de dólares en el BCRA es similar a la deuda comercial contraída en el primer semestre (12,000 millones de dólares), que se potenciará en el futuro inmediato dado que, a cambio, se emitió un bono (BOPREAL) que paga intereses en dólares de un 5% anual. Al mismo tiempo, en el último mes, también se permitió adquirir el mismo bono a aquellas empresas que quieran girar dividendos al extranjero. Por lo tanto, se paralizaron las importaciones y el giro de utilidades para simular un falso fortalecimiento de reservas (dado que el crecimiento es inferior a la deuda contraída en el mismo período).

En paralelo al “supuesto” andar virtuoso del “supuesto” plan económico, los grupos económicos que verdaderamente gobiernan, en este ciclo de sobre colonización de nuestro suelo, tratan de maximizar sus beneficios y hacer raíces de dependencia más profundas para eternizar el saqueo. Este es el caso del fondo Burford (al que le hicieron ganar un juicio por 16 mil millones de dólares por la estatización de YPF) que pretende quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera de mayoría estatal y, adicionalmente, tener participación en Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. Si el Gobierno aceptara alguna de estas alocadas ofertas, Burford levantaría la demanda y se quedaría, de manera gratuita y fraudulenta, con las mayores empresas del país.

Más allá de las posibilidades concretas de las pretensiones extranjeras, detrás del humo mediático y el circo que monta el gobierno nacional, lo cierto es que los grupos financieros especulativos a los cuales se subordina, como BlackRock y Burford, se plantean disputar y/o repartir nuestras riquezas y bienes comunes naturales como si les fueran propios.

Mientras tanto, la política doméstica se encuentra debatiendo, como eje central, la contención social y la comida en galpones, en vez de trabajar en la aceleración del fin de este proceso de saqueo. Resulta que, aunque sea angustiante, se encuentran más preocupados en volver a ser los intermediarios entre el poder real y las necesidades del pueblo, que en solucionar la crisis de dependencia política y extranjerización de la economía que sufrimos y se profundiza década tras década.

Sucede que, hace mucho tiempo ya, el grueso de la política nacional se convirtió en la empresa, el negocio, de representar los intereses de empresas extranjeras y dejó de lado cualquier debate sobre un proyecto de desarrollo nacional y soberano.

En consecuencia, los resultados concretos de la Argentina en estos últimos seis meses, son: aumento sideral de la deuda interna en pesos, por partidas impagas y compra de deuda en el tesoro nacional. Aumento de 15,000 millones de dólares de deuda externa por importaciones y giros de dividendos. Caída récord de la actividad económica del 40%. Todo esto con un brutal ajuste sobre los salarios, la inversión social (salud, educación, obras públicas, etc.) y el sistema previsional.

Se le roba más al más débil: las jubilaciones como reflejo de la miseria política nacional

En estos días, avanzó un proyecto de cambio de fórmula para el ajuste de las jubilaciones y pensiones impulsado por el bloque de la oposición. El mismo contempla un ajuste, con aumento adicional, superior al esquema presentado en el paquete de la “ley de bases”. Lejos de ser justo, porque los $286,000 propuestos como básicos no llegan a ser ni la mitad de una canasta básica real, representa un aumento significativo al proyecto propuesto por el oficialismo que deja al 85% de los jubilados (son los que cobran la mínima) al borde de la indigencia.

En rigor de verdad, transitamos el absurdo -ya naturalizado- de haber convertido en sinónimos a las palabras jubilación y pobreza. Peor aún, el descalabro político nacional permite que el desquiciado vocero presidencial diga, abiertamente, que este ajuste de la fórmula jubilatoria representa un “atentado al plan de gobierno”, dejando ver que la destrucción de los haberes de los jubilados es uno de los pilares del mismo. Todo esto sin conflictividad alguna.

Una vez más, y en este caso de manera grotesca como nunca antes, las jubiladas y jubilados son el primer eslabón en la cadena de sacrificios de un ajuste al servicio del saqueo extranjero.

Jubilaciones y modelo productivo, de la mano

El sistema previsional argentino nació a principios del siglo XX y surge como régimen de capitalización, donde cada trabajador aporta fondos para su jubilación individual. Los beneficiados de este sistema eran un porcentaje mínimo de la población y su resultado ampliamente desigual. Cuatro décadas más tarde, durante el primer gobierno peronista y de la mano de un exitoso desarrollo industrial que generó millones de nuevos puestos de trabajo, se expandieron los beneficiados del sistema jubilatorio al calor del crecimiento de los gremios. Para 1954 se decidió terminar con el injusto método instaurado y se estableció el sistema solidario de reparto, donde la población económicamente activa, mediante sus aportes, sostiene aquellos que por edad o salud no están en condiciones de trabajar.

De esta manera, el total del pueblo en condiciones de trabajar sustenta, solidariamente, a sus jubilados. Así, se ata el ingreso a la producción nacional, obligando al gobierno de turno a generar trabajo en blanco, estable, para un aumento general de la caja de nuestras viejas y viejos. Así, se reparten, de igual manera, épocas de bonanza y crisis, y se hace factible la cobertura universal. Este derecho conquistado fue arrancado en la liberal década del 90 (privatización y regreso a la capitalización de los aportes) y recuperado en el 2008 (estatización y unificación del sistema previsional).    

La propia historia muestra, de forma clara, causa y solución del problema. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, unos más otros menos, coinciden en que resulta imposible dar los aumentos que corresponden a nuestros jubilados. Ratifican con sus actos la realidad inconfesable de que han renunciado a su deber, como gobernantes, de dar trabajo y han delegado la tarea al capital y el mercado global. Lo demuestra el hecho de que unos y otros, aunque simulen estar profundamente enfrentados, comparten que el déficit fiscal es lo que impide justicia en el sistema previsional; que para aumentar la caja de nuestros viejos deben aumentar impuestos o ingresar mayor cantidad de divisas. Reducen el conflicto a lo estrictamente monetario para ocultar el verdadero problema: la constante caída del trabajo formal.

Algunos datos que nos ayudan a pensar:

• Los argentinos en condiciones de trabajar (PEA) son 24 millones.
• Estos, deberían sostener solidariamente a 7 millones de jubilados y pensionados.
• La cantidad de trabajadores formales actual es 11 millones.
• Los 13 millones restantes se encuentran trabajando en condiciones precarias y no aportan, son cuentapropistas o se encuentran desesperados entre desocupados y asignaciones sociales.
• Los trabajadores formales, aportan alrededor del 35% anual de sus ingresos al sistema previsional. 14% por recibo de sueldo + 21% de IVA.
• A causa de la escasa cantidad de aportantes, el monto recaudado alcanza para cubrir menos del 60% de las jubilaciones actuales, forzando las remuneraciones a la baja.

Por lo tanto:

• Si se iniciara un proceso de industrialización y generación de puestos de trabajo genuinos a partir de la inversión productiva, protección y fortalecimiento del mercado interno, se podría elevar rápidamente la productividad social de la Argentina y alcanzar los 24 millones de trabajadores formales (o acercarse al menos). Esto es posible; solo basta decir que existe un déficit habitacional superior a 3,5 millones de viviendas y una importación de manufacturas de baja complejidad industrial equivalentes a 7 millones de puestos de trabajo a la fecha.
• Con el aporte de la totalidad de la población económicamente activa bastaría un 25% de descuento para alcanzar el 82% móvil para todos los jubilados argentinos.
• No solo se terminaría el quebranto previsional y la injusticia para con nuestras viejas y viejos, sino también se reduciría el porcentaje de aportes del 35% al 25%, por lo que habría un aumento del poder adquisitivo del salario en todo el pueblo trabajador.

Como podemos ver, el problema no es técnico sino político. La única manera de lograr jubilaciones dignas es aumentar el nivel de empleo formal. La salida, no es el ajuste ni la redistribución, es enfrentar el conflicto, romper con el modelo de saqueo impuesto por intereses extranjeros y avanzar hacia la industrialización de la Patria.