18/8/2020

Sociedad

Las balas de la democracia

93 muertes en manos de las fuerzas de seguridad durante la cuarentena, tres casos de desaparición forzada y una deuda histórica de la democracia que mata sin virus de por medio

Autor de la nota: Belén Acuña

Belén Acuña

Publicado el 18 de Agosto de 2020


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A comienzos de este mes la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, participaron del plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación para explicitar el estado de situación de la violencia institucional en el país y comenzar a trabajar en un proyecto de Ley que tipifique los delitos realizados por quienes deberían velar por que no se produzcan.

Mientras tanto las cifras de muertes en manos de las fuerzas de seguridad ha llegado casi al centenar solamente contando las sucedidas durante el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), es decir desde el 20 de marzo, hasta el 6 de agosto que es cuando la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) realizó el informe que detalla los casos.

Las 92 muertes a las que hay que sumarle la de Blas Correa, joven de 17 años asesinado por la policía en Córdoba un día después de finalizado el informe de la CORREPI, fueron en su mayoría, 42 de ellas, en la provincia de Buenos Aires; en la impactante suma siguen Santa Fe con 10 asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad; Córdoba y San Luis con 6 casos cada una; Tucumán con 5; Jujuy con 4; Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz y Mendoza con 3 cada jurisdicción; Neuquén y San Juan 2 cada una y Chaco, Chubut y Santiago del Estero con una muerte en manos de las fuerzas de seguridad cada una.

Dentro de la terrible lista de casos se incluyen las muertes bajo custodia, el gatillo fácil, femicidios y femicidios relacionados, muertes en consecuencia de otros delitos policiales, incluso asesinatos intrafuerza, otras modalidades que incluyen el uso del patrullero como arma o armas blancas, y por último tres desapariciones forzadas.

Dos de los casos de desapariciones forzadas corresponden a  Luis Armando Espinoza y Francisco Valentín Cruz, de quienes se encontraron sus cuerpos asesinados luego de ser detenidos y desaparecidos por las fuerzas de seguridad. El tercero lleva el nombre y el rostro de Facundo Astudillo Castro que luego de casi 4 meses desde la última vez que se lo vio detenido por la policía bonaerense, sigue desaparecido.

Las desapariciones fueron el modus operandi de la última dictadura cívico militar para terminar con las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, gremiales, religiosas populares y poder imponer así, no solo el horror de la violencia, la censura, la represión, el asesinato, la persecución y la apropiación de menores, sino también la que el periodista y militante Rodolfo Walsh, denunció en su Carta Abierta a la Junta Militar como “miseria planificada”.

Si bien en la historia hubo otros militares como Juan Domingo Peron, Juan Jose Valle, Juan Manuel de Rosas y José de San Martín, que dedicaron su vida a defender a la población en su conjunto, defender la soberanía Nacional, luchar por la libertad, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social; y posiblemente haya casos puntuales de personal de las fuerzas que contra el sistema buscan hacer como dicta la ley su trabajo; en general, las fuerzas de seguridad han estado signadas por la defensa de los intereses privados del poder económico y financiero concentrado de nuestro país, muchas veces aliado con entidades o naciones foráneas con intenciones de explotar, endeudar, saquear y someter a toda costa a nuestra Patria. Esa tendencia a ir contra las grandes mayorías y no en su defensa y protección ha sido heredada por las fuerzas de seguridad que actúan desde la vuelta de la democracia en 1983.

Los agentes estatales que debieran de garantizar la seguridad de la población e intervenir en los delitos para que estos no sean cometidos, son sistemáticamente quienes hostigan, detienen arbitrariamente, asesinan y desaparecen a quienes deberían cuidar; son quienes posibilitan, articulan y muchas veces quienes coordinan y promueven los delitos, sobre todo los mas graves que tienen que ver con la trata de personas, el narcotrafico y la corrupción. 

En este marco han sucedido casos lamentablemente icónicos de desaparición forzada en democracia como el de Andres Nuñez, Miguel Bru, Julio Lopez que desapareció dos veces, Daniel Solano, Facundo Rivera Alegre, Ivan Torres, Luciano Arruga, Jonathan “Kiki” Lezcano, Santiago Maldonado y Marita Veron y Maria Cash quienes se cree que fueron captadas por redes de trata, las cuales no funcionarían sin participación directa de las fuerzas de seguridad.

Todos los gobiernos democráticos han tenido delitos cometidos por las fuerzas. Sin embargo, es muy distinta la posición que unos y otros gobernantes toman en cuanto a estos hechos y el lugar que se le da a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, Nestor y Cristina Kirchner condenaban la violencia institucional, promovían los derechos humanos y sentaban las bases sociales para prevenir los delitos, el lugar de las fuerzas de seguridad era marginal en su gestión. Por el otro lado, el caso del Presidente Mauricio Macri felicitando al policía asesino Chocobar, o la Ministra de Seguridad de esa misma gestión, Patricia Bullrich encubriendo y protegiendo de la Justicia a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, promovieron el delito de las fuerzas de seguridad y pusieron a estas en un papel central y fundamental de su Gobierno, puesto que eran las encargadas de reprimir y acallar a las grandes mayorías ya fuera porque se oponían directamente a sus políticas o porque visibilizaban las problemáticas que estas traían.

Estas posturas gubernamentales se reflejan en los números de casos de violencia institucional, en 12 años de kirchnerismo el promedio de muertes por hora fue de una víctima de violencia institucional cada 30,05 horas y en los 4 años de macrismo el promedio fue de un muerto cada 18,8 horas; lo que da “1.833 asesinados por la represión estatal en 1.435 días de gobierno” según los datos que la CORREPI pudo recabar.

En los más de 250 días desde que Alberto Fernandez asumió el Gobierno en las condiciones de violencia que la gestión de Cambiemos había dejado, se registraron 160 casos de muerte en manos de las fuerzas de seguridad, 93 ocurridos durante la cuarentena.

Esta cantidad espeluznantes de casos se ve atrapada en un discurso con dos ejes muy distintos y muy fuertes dentro del gobierno. Por un lado, el de la necesidad de resolver la violencia institucional que mencionaron Pietragalla, Frederic e incluso Alberto Fernandez, y por el otro la orden de sacar a toda la policía a las calles del país para garantizar el aislamiento social preventivo obligatorio y los constantes agradecimientos del Presidente en sus discursos a las fuerzas por tener ese rol.

Entonces, ambos puntos chocan en contradicción constante, porque la policía actual es la misma que reprimió letalmente durante los cuatro años de macrismo a las grandes mayorías de trabajadores y trabajadoras, es la misma que hace unos meses desapareció a Facundo Astudillo Castro, a Luis Espinoza, que asesinó por la espalda a Blas Correa hace unos días, que allanó sin ningún sentido la casas de una familia Qom golpeando y torturando a todos, deteniéndolos, disparandoles y violando a las mujeres a principios de junio de este año, es la misma policía que persiguió hasta la muerte a las chicas y chicos de la Masacre de San Miguel del Monte, que asesinó a Facundo Ferreyra de 12 años en 2018; es la misma que estuvo implicada de forma directa o relacionada en decenas de femicidios, en casos miles de violencia de género y en delitos de todo tipo y escala.

Es la misma porque generalmente los casos quedan impunes y los efectivos en funciones, suspendidos por un corto tiempo, o a lo sumo desafectados de la fuerza pero en libertad y sin condenas. Es la misma porque el accionar delictivo y abusivo al ser sistemático en sus formas y sostenido en el tiempo por décadas, termina configurando una estructura violenta, corrupta y delictiva.

Entonces la contradicción de la voluntad de eliminar los casos de violencia institucional pero sacar a quienes los cometen a las calles otorgándoles un rol importante y agradeciéndoles; deja al descubierto una línea de gobierno partida, ambigua, obligada o al menos confusa.

Partida porque las y los funcionarios difieren sobre cómo deberían abordarse casos como el del jubilado que asesinó a un ladrón en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Ambigua porque Alberto Fernandez agradece y se enorgullece por el trabajo de las fuerzas de seguridad durante la pandemia pero estas no garantizan realmente el aislamiento porque en las calles, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires circula gente no autorizada hacerlo y porque su accionar incluye la violencia injustificada, los abusos de fuerza e incluso las muertes y desapariciones forzadas como la de Facundo Astudillo Castro a quien supuestamente se lo detuvo por violar la cuarentena y luego de eso jamas volvió a aparecer.

Obligada porque es entendible que si un gobierno espera que la población entera se quede en su casa, de alguna forma hay que controlarlo y aunque habría otras formas de hacerlo por ejemplo con agentes civiles, de salud o de alguna otra área no necesariamente de seguridad, puede haber presiones internas no visibles que pujen porque sea la policía y no otro actor estatal quien tenga ese rol, el problema es que ni se blanquea eso desde el Gobierno ni se contrarresta de alguna forma si así fuera. 

Confusa porque aun con la alerta de incremento de casos de violencia institucional, el Gobierno Nacional no termina de delinear una postura sobre las fuerzas de seguridad y su rol en la sociedad y dentro del Estado. Entonces no terminan de ser represivas porque ayer mismo se realizó una marcha con distintos motivos y pequeños grupos opositores a distintas cosas, en medio del pico de contagios de Covid-19 y rigiendo la Fase 1 en la mayoría de los lugares donde se realizaron las concentraciones, hecho que pone en riesgo el sistema de salud nacional completo, sobre todo el de CABA y la salud de la población en general. El Gobierno Nacional en vez de ordenar a las fuerzas de seguridad detener la marcha ya sea de forma pacífica o de forma violenta, permitió su desarrollo y luego el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero como representante de la gestión manifestó públicamente que “Le pedimos perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha".

En este marco la línea política sobre cómo se deben manejar las fuerzas de seguridad queda en una nebulosa de opiniones y especulaciones en vez de en un posicionamiento claro que les asigne roles específicos y promueva o frene al violencia institucional. Sin una línea clara, las fuerzas de seguridad accionan como les es costumbre, reprimiendo, persiguiendo, asesinando, violando y desapareciendo sobre todo a la juventud de los sectores trabajadores, que representa casi el 90% del total de casos registrados, según el mismo informe de la CORREPI.

Desde la vuelta de la democracia son más de 7000 los casos de violencia institucional que terminaron en muerte, el 48,74% de ellos en el contexto de detención o privación de la libertad; el 37,49% por gatillo fácil. Pero son muchos más los casos que dejan heridos muy graves que a veces incluso mueren días después de ser hostigados por las fuerzas de seguridad y no son registrados como casos de violencia institucional; dejan muertes catalogadas como femicidios pero que fueron cometidos en manos de agentes de la fuerza, dejan casas destruidas en falsos allanamientos o allanamientos legales pero completamente arbitrarios, miles de pesos en mercadería robada a vendedores ambulantes detenidos, niños y jóvenes golpeados, torturados y hostigados hasta el cansancio en plazas y salidas de la escuela, entre otras muchas conductas violentas y delictivas.

Para que las fuerzas comiencen a ser “de seguridad” para la mayoría de la población y no de “represión, persecución y asesinato”, es necesario que dejen de estar vinculadas al crimen organizado y de actuar como seguridad privada de los poderes económicos concentrados; es necesaria una reforma estructural y una nueva forma de instruir a las y los agentes de la fuerza.

Actualmente las y los policías que son la fuerza con más casos de violencia institucional en el historial, salen a las calles con un arma en la mano a pocos meses de haber ingresado en la fuerza; en esos meses los derechos humanos, la perspectiva de género, el derecho constitucional, la perspectiva social y la historia nacional que pone en contexto el accionar de la fuerza y su rol, son conocimientos dejados completamente de lado, en detrimento de la gran mayoría de la población que es víctima de sus abusos, e incluso de ellos mismos, por ejemplo el largo camino de una mujer para poder tener cargos jerárquicos dentro de una estructura sumamente machista, o la negación rotunda de las ideas de jóvenes ingresantes a la fuerza que quizá se emplearon bajo el ideal verdadero de proteger a las personas bajo una perspectiva social y solidaria, pero en la fuerza los obligaron a cambiar su concepto de defensa y la orientación de a quienes se persigue y a quienes se protege.

Por ello, para el bien de todas y todos, incluso también de las personas que integran las fuerzas de seguridad, es necesario esclarecer la línea política sobre el manejo de las fuerzas; y si se tiene la voluntad de realmente frenar la ola de muertes que no lleva virus de por medio, sino botas y uniforme, entonces es necesario un cambio de paradigma estructural de las fuerzas de seguridad ya mismo.

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