24/4/2021

Sociedad

22 países plantearon nuevos "compromisos" en la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático

En el marco del día de la Tierra, presidentes y jefes de Gobierno reunidos en la XXVII Cumbre Iberoamericana, se comprometieron a impulsar una transición hacia la acción climática sostenible y advirtieron sobre la necesidad de promover una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Siguen los compromisos, faltan las acciones.

Autor de la nota: Muriel Bertolini

Muriel Bertolini

Publicado el 24 de Abril de 2021


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Líderes mundiales asistentes a la cumbre virtual convocada por Joe Biden. Foto. EFE/EPA/AL DRAGO / POOL

Luego de haber sido invitado por el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se muestra “comprometido” con el cambio climático a diferencia de su antecesor Donald Trump, Alberto Fernández brindó un discurso de forma remota en la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático.

Entre los convocados estuvieron los 17 países responsables del 80% de las emisiones que aceleran el cambio climático en el mundo, con el fin de encontrar puntos de convergencia en materia de soluciones. 
En 2019, los países con mayores emisiones de dióxido de carbono provenientes de combustibles fósiles, fueron China en primer lugar, Estados Unidos en segundo, la Unión Europea, Reino Unido, India, Rusia y Japón. Solamente estas siete economías implican a la mitad de la población global y al 67% de las emisiones contaminantes, por lo que su responsabilidad con el mundo es mayor y se comprometieron trabajar mancomunadamente en ello.

De los 40 jefes de Estado convocados, hubo dos de las Islas del Caribe: Antigua y Barbuda y Jamaica y cinco latinoamericanos: los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. 
El resto de los países invitados fueron Alemania, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bhutan, Canadá, China, Congo, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Gabón, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Kenia, Islas Marshall, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Turquía y Vietnam. 

Entre los temas que generaron mayor debate, los mandatarios reseñaron que América latina y el Caribe constituye uno de los territorios más vulnerables del planeta a los efectos adversos del cambio climático y por eso apostaron que su contribución a la lucha global contra este fenómeno debe ser "reconocida y apoyada" por la comunidad internacional por medio de apoyo técnico y financiero.

Por su parte, el Presidente argentino, Alberto Fernández, en su discurso expuso las siguientes acciones que se implementarán en nuestro país para frenar el cambio climático: 
- Transición a las energías limpias: “Asumimos el compromiso de desarrollar el 30% de la matriz energética nacional con energías renovables.” 
- Implementación de nuevas tecnologías de última generación: “Diseñamos un plan de medidas de eficiencia para la industria, el transporte y la construcción. Promovemos la adaptación de tecnologías de punta para la reducción de emisiones de metano y contaminantes de vida corta.” Afirmó además que "impulsaremos un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético.”

Por otro lado, Fernandez -al igual que otros referentes mundiales- planteó un vínculo entre la crisis climática y la social, por lo que propuso medidas que impulsen a los países a frenar el cambio climático de manera solidaria. “Como bien ha dicho el presidente Macron, necesitamos en tal sentido renovar la arquitectura financiera internacional, la agenda es clara: movilización de recursos concesionales y no reembolsables canalizados a través de la banca multilateral y bilateral y con procesos ágiles y transparentes, pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por acción primaria. Nueva asignación de derechos especiales de giros sin discriminar a los países de renta media para mejorar nuestro medio ambiente”. 

Para alcanzar las metas propuestas por todos los Estados, los países firmantes acordaron explorar las oportunidades de inversión y empleo que ofrecen los patrones sostenibles de consumo y producción, entre otros modelos, y reconocieron la importancia de crear incentivos económicos adecuados con miras a impulsar modelos de negocio sostenibles.

Por otro lado, ante la víspera de la cumbre de cambio climático que fue convocada por Estados Unidos y concretada hace dos días atrás, organizaciones civiles especializadas exigieron a los cuarenta Estados invitados que dejen de plantear compromisos y empiecen con la etapa de "implementación" de las metas del Acuerdo de París de 2016 y sumen mecanismos de participación democráticos para controlar su cumplimiento.

"Hay que salir del compromiso a la implementación. Entre el 2020 y el 2030 tenemos que implementar todos los compromisos que asumimos para lograr frenar el aumento de la temperatura y mantenerlo por debajo de los 2 grados o, mucho mejor, por debajo del grado y medio", reclamó el Director Ejecutivo de Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo.

A su vez, Vida Silvestre destacó que hay que hablar de "responsabilidad compartida pero diferenciada" porque los países desarrollados, que son los que más gases contaminantes han emitido hasta el momento tienen responsabilidad con los demás.
En ese sentido, llamó a los Estados a enfocar los proyectos de financiamiento en apoyo concreto a desarrollos productivos y de mercado bajos en carbono y que respeten la biodiversidad. Por ejemplo, dejar de invertir en combustibles fósiles y, en su lugar, promover la inversión externa para el desarrollo de energías renovables y de eficiencia energética. 

La especulación financiera es una de las más grandes trabas que se tiene para frenar el cambio climático, ya que en países como Chile, donde muchas de las industrias son privadas, el drama se profundiza porque hay que luchar constantemente "contra gigantes que mueven mucho capital y controlan al Gobierno y a los tomadores de decisión", explica Jaramillo. 

Vida Silvestre también destacó la importancia de que el sector gubernamental traccione tanto a las corporaciones como a los Gobiernos provinciales y municipales, que pueden hacer importantes aportes en la reducción de emisiones contaminantes.
Las tareas pendientes no están vinculadas solo con impedir que se siga contaminando, sino también en relación al trabajo de adaptación al cambio climático que ya está presente, entre ellas la reforestación, la práctica de cultivos flexibles y variados, así como también la adopción de medidas de precaución para estar preparados ante posibles catástrofes naturales. 

En ese sentido, llamó a dejar de convertir áreas naturales para la producción agrícola y, en cambio, implementar buenas prácticas para mantener y aumentar la productividad en los lugares que ya están habilitados para esa actividad.
Mientras tanto, en Argentina, hace más de diez días que activistas ambientales son presos políticos y víctimas de represión policial, tras una protesta contra la megaminería en Catamarca el pasado 12 de abril en Andalgalá. 

Los activistas que se oponen al avance de la explotación minera del proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera) por parte de las mineras multinacionales Yamana Gold (Canadá), Glencore (Suiza) y Newmont (Estados Unidos) en la zona del Nevado del cerro Aconquija, distante a 17 kilómetros de la ciudad, fueron amenazados, golpeados y arrestados por la policía sin orden judicial y sus casas quedaron destruidas. Actualmente siguen privados de su libertad, después de doce días. 

Mientras que durante un año de incendios intencionales que arrasaron mucho más de un millón de hectáreas de bosque, monte y humedal la justicia no encontró un sólo responsable; en cuestión de horas, arrestaron sin pruebas a diez personas acusadas de quemar cinco vehículos de empresas multinacionales que extraen recursos de manera ilegal poniendo en peligro la salud de miles de personas. 

Lamentablemente Andalgalá es una zona de alta conflictividad con la minería. La localidad, conocida como “La Perla del Oeste”, está ubicada a 40 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Los habitantes del lugar hace más de diez años que luchan contra la megaminería a cielo abierto, y días atrás transcurrió la marcha número 584 contra el proyecto de Agua Rica, una iniciativa de explotación de oro, cobre, plata y molibdeno a 15 kilómetros de los hogares de muchas familias del lugar.

Quienes se oponen a este desarrollo minero aseguran que el emprendimiento de Agua Rica infringe la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, dos medidas cautelares y la ordenanza municipal 029/16, que prohibió la minería a cielo abierto en la comuna.
Ante la alarmante situación, el Frente Patria Grande publicó una carta, en la que afirma que “Por medio de la presente, queremos expresar nuestra honda preocupación frente a la situación de los presos políticos de Andalgalá y la actitud adoptada por el PJ de Catamarca. Consideramos que contradice los más elementales principios del movimiento nacional y las banderas que unieron al Frente de Todos al enfrentar las lógicas antidemocráticas, represivas y persecutorias del macrismo”.

En la carta, la agrupación denuncia que los detenidos, entre otros, son “militantes ambientales, políticos, feministas e incluso un compañero de nuestra fuerza, Damian Abel, peronista de toda la vida que actualmente coordina un merendero en Andalgalá. También se encuentra detenido Matías Paz (30), empleado público, árbitro de fútbol, papá; Aldo Flores (73), sociólogo, docente jubilado, activista desde el minuto cero en contra de la megaminería; Ailén Saracho Diamante (21), estudiante, futura maestra, militante feminista; Sara Fernández (35), estudiante, artesana, montañista, cicloviajera; Augusto Brizuela (49), jornalero de actividades rurales; Enzo Brizuela (32), estudiante avanzado de Geología, artesano y músico; Jorge Ramos (39), profesor de historia, músico, gestor cultural, comunicador social. Eduardo Villagra, es otro de los detenidos. Un laburante”.

Tanto el Estado nacional como la comunidad internacional son cómplices del accionar inescrupuloso de las multinacionales que saquean los recursos naturales de países emergentes, destruyen, contaminan y manejan la justicia a su conveniencia; mientras que sus representantes se comprometen a seguir nuevas y lejanas medidas para “combatir” el cambio climático y la contaminación.
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