28/9/2020

Sociedad

500mil abortos por año y un grito verde que no se calla: el aborto legal es urgente

La desigualdad social y de género y la tardanza en la sanción de una ley cada día más urgente sigue dejando como saldo cientos de muertas cada año. La lucha por garantizar la IVE para todas las personas gestantes sigue desde la virtualidad y cientos de personalidades de la cultura también se ponen el pañuelo verde para hacer el proyecto realidad.

Autor de la nota: Belén Acuña

Belén Acuña

Publicado el 28 de Septiembre de 2020


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Los 28 de septiembre, “Día de Acción Global por un aborto legal y seguro”, son desde hace años un recordatorio para el mundo entero de que aun en el siglo XXI, hay millones de mujeres que son obligadas a gestar y parir. Esto configura no solo una múltiple violación a los derechos humanos sino también una tortura. En nuestro país, el aborto es legal únicamente por algunas causantes, sin embargo, cuando es solicitado bajo esa estricta normativa, incluso para casos de violación a niñas y adolescentes, muchas son las trabas para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y, en la mayoría de los casos, el aborto seguro jamás llega y las personas gestantes deben transitar el embarazo y parir de forma obligatoria o arriesgarse a la gran posibilidad de morir en el intento de una interrupción clandestina. Los métodos anticonceptivos gratuitos y accesibles, la Educación Sexual Integral efectivamente aplicada en todos los niveles educativos y una Ley Nacional y presupuesto en Salud para que se garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; son las tres banderas verdes con las que siguen marchando millones de argentinas y argentinos y que cada vez suman más adhesiones en el país, Latinoamérica y el mundo entero.

Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, publicó hoy por la mañana en su cuenta de Instagram las estadísticas oficiales: “En nuestro país se interrumpen entre 350 y 500 mil embarazos por año” y remarcó que a pesar de esto “la penalización del aborto sigue vigente, forzando las prácticas inseguras y condiciones de clandestinidad, que ponen en riesgo la salud y la vida.”

Como si fuera poco el dato, un informe de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación detalló que entre mayo y junio de este año, del total de consultas recibidas a la línea oficial de consulta por salud sexual y reproductiva (0800-222-3444), el 91,4% de las llamadas eran pedidos de asistencia y asesoramiento relacionados con la interrupción legal del embarazo (ILE).

Con esos índices, queda a la vista que sea legal o no, los abortos ocurren en la Argentina y que la forma en la que esta normado y aplicado el protocolo, configura una gran problemática para miles y miles de mujeres, niñas, adolescentes y personas trans del país, que tienen serias dificultades para poder acceder a sus derechos o que directamente estos ni siquiera existen.

Hace muchos años que el movimiento feminista y organizaciones de derechos humanos reclaman una Ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo legal, gratuita y segura en todos los casos. Sin embargo, a partir del 2015 con las marchas de Ni Una Menos, en contra de la violencia de género, el reclamo comenzó a masificarse cada vez más hasta juntar millones en las calles y llegar en 2018 a una media sanción de la Ley histórica. La problemática del aborto ha tomado tal relevancia en la agenda pública que fue uno de los temas sobre los que los candidatos a presidente en 2019 debieron expedirse para aclarar su postura ante las y los votantes. Hoy, el pañuelo verde es un símbolo inconfundible en las calles de cualquier rincón del país.

No obstante, a pesar del fuerte reclamo nacional y el amplio apoyo internacional, el aborto solo esta garantizado para quienes pueden pagar intervenciones clandestinas en lugares de calidad y con personal de salud capacitado.

Un sector conservador, no de la moral, sino de los privilegios de una pequeña porción de la sociedad, constantemente busca llevar la discusión a un plano metafísico, cuando el debate es en torno a la salud pública; medios de comunicación titulan con alegría la trágica historia de vida de niñas de 10 años violadas y obligadas a parir; espacios religiosos impidiendo al personal de salud hacer su trabajo o asustando a las personas que precisan el aborto; jueces que niegan el derecho a la interrupción del embarazo aun cuando el caso cumple con uno o varios de los causantes habilitados para el procedimiento; burocracias hospitalarias y judiciales que atrasan la intervención hasta que es suficientemente tarde para realizarla o incluso la persona que debía realizarse el aborto ya ha parido o ha muerto;  una porción considerable de la sociedad, que a pesar de existir la Ley 26.150 desde el 2006 para que la Educación Sexual Integral sea dada en todos los niveles educativos, siguen negándola y boicoteando a quienes cumplen con la disposición; y cuatro años de desfinanciamiento de la Salud durante la gestión de Mauricio Macri, que cortaron el expendio de métodos anticonceptivos gratuitos y deterioraron terriblemente la situación edilicia y los insumos técnicos de los hospitales donde deberían llevarse a cabo los abortos; son, en gran parte, los causantes de la muerte de miles de mujeres y personas gestantes en general, en clínicas clandestinas, en sus casas con abortos caseros mal hechos, o en la camilla de la desidia de un hospital que se negó a atenderlas.

La organización internacional por los derechos humanos Human Rights Watch, para fines de agosto de este año, realizó un informe en el que detalla que “el porcentaje de embarazos no planificados o no deseados, sería del 65 % del total en el país”. En cuanto a las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años,  luego de recabar datos a lo largo y ancho de la Argentina, la organización concluye que estos embarazos no intencionales “se relacionan principalmente con la desigualdad estructural y la pobreza, el estar fuera del sistema educativo, la falta de acceso a información integral sobre salud sexual y reproductiva incluso en las escuelas, el alto costo de los anticonceptivos y la disponibilidad limitada de métodos de anticoncepción”.

Según estimaciones de junio de este año realizadas por Unicef actualmente más de 7 millones de niñas, niños y adolescentes son pobres en la Argentina, se advierte que para fin de año, por la crisis económica que desde hace cuatro años arrastra el país y por las consecuencias de la pandemia, serán 8,3 millones las infancias y juventudes en esta situación. Teniendo en cuenta además que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para el segundo trimestre de 2019 ubicaba a más del 35% de la población argentina bajo la línea de pobreza; y sobre todo aclarando que por las condiciones estructurales de desigualdad de género históricas, más de la mitad del total de las cifras de ambos relevamientos, son mujeres y niñas; la problemática no hace más que agravarse.

La problemática silenciada de los abusos contra las infancias, sobre todo contra las niñas, no solo deja como saldo a miles de víctimas cada año, sino también a víctimas doble, que no sólo padecen las violaciones, los maltratos, los abusos de todo tipo, y para peor, generalmente de personas cercanas; sino que además, al resultar embarazadas fruto de los abusos, muchas niñas son nuevamente victimizadas con una gestación que va contra todos los derechos de la niñez y los derechos humanos en general. Con la crueldad del abuso a cuestas, son muchas las niñas que enfrentan nuevamente una tortura con el maltrato, la desidia y la lentitud en los permisos de la justicia que debiera haberla protegido desde el principio, pero que incluso llegando tarde a garantizarle una niñez libre de abusos y maltratos, elige volver a negarle los derechos y obligarla a cursar un embarazo no deseado.

Obviamente las jóvenes y mujeres mayores de edad que han sido violadas también vuelven a ser víctimas cuando se les niega el derecho a abortar ese embarazo fruto de la violencia de género.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en su proyecto de Ley agrega que, ademas de garantizarle el derecho a la interrupción del embarazo a las personas que han sido victimas de violencia de genero o de abuso contra las infancias; cualquier persona gestante que decidiera no cursar un embarazo podría recurrir a la salud pública para realizarse la intervención.

Este año para la fecha de hoy, esa Campaña que lleva como lema “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” realizó una carta con la adhesion de mas de mil personalidades de la cultura, el deporte y la politica. Belén, la joven que estuvo tres años presa por una aborto espontáneo en Tucumán, Nelly Minyersky, Vera Spinetta, Paulina Cocina, Carlos “Indio” Solari, Martha Rosemberg, Mariana Carabajal, Lali Esposito, Nancy Dupláa, Pablo Echarri, Marta Betoldi, Dalma Maradona, Lalo Mir, Cecilia Roth, Chino Darín, Mercedes Morán, Nacho Levy, María O´Donnell y Fito Paez entre muchas y muchos otros se han puesto el pañuelo verde y firmado una solicitada para que el aborto legal, seguro y gratuito sea Ley.

Si bien Alberto Fernández, en su campaña electoral y luego en discursos durante su gestión que ya lleva 10 meses, ha dicho que la interrupción voluntaria del embarazo, gratuita, segura y para todas las personas gestantes sería una realidad durante su Gobierno, y de hecho ya tiene el proyecto de Ley listo para enviar al Congreso; la decisión final se encuentra en el recinto y todavía siquiera se ha debatido a pesar de que la pandemia ha puesto mucho mas criticas las situaciones en las que se realizan los abortos legales o clandestinos, ya que el sistema de salud colapsado y la justicia de feria, promueve los abortos ilegales y por consiguiente las muertes.

Se espera que en el corto plazo el debate vuelva al Congreso y los pañuelos verdes ha desplegarse en las calles, hoy para preservar las medidas de cuidado, los pañuelazos se harán virtualmente, el reclamo de Justicia por las miles de muertas se pintara en los muros de las redes sociales, y la urgencia por una Ley que no preserve el privilegio de unas pocas personas sino que contemple el derecho de todas las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos y tener una salud pública democrática, inclusiva y justa; seguirá siendo grito hasta que se haga realidad.

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