24/4/2021

Opinión

¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor?

Para ampliar el panorama y dejar de discutir por clases presenciales o virtuales, hace falta pensar en las múltiples problemáticas de la infancia en un contexto de crisis económica y sanitaria, donde además el concepto de escuela se pone en juego cuando deja de ser vista como una comunidad.

Autor de la nota: Belén Acuña

Belén Acuña

Publicado el 24 de Abril de 2021


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“¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor?” la célebre frase de los Simpson que se ha convertido en meme, y en parte del habla de muchos argentinos, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos donde la globalización cultural es aún más tangible; pareciera hoy ser una pregunta urgente que todo el mundo se esmera por esquivar.

Desde que el 16 de marzo del 2020 las escuelas de todo el país cerraron sus puertas físicamente por la inminente llegada de la primera ola de Covid-19, la Educación ha sido un tema discutido hasta la infinidad, pero no en clave de Trabajo, por las condiciones laborales de las y los docentes y auxiliares de escuela, tampoco por cuestiones pedagógicas sobre el aprendizaje de las y los niños, jóvenes y adultos en contexto de pandemia; menos aún en el eje de derechos, para poder garantizar el acceso a la educación pública y gratuita, y todos los tipos de contención estatal que brindaban las escuelas y al estar virtualizadas ya no pueden hacerlo. Las discusiones eternas han sido sobre cifras e índices volátiles, opiniones de personas que en su mayoría no pisado jamás una escuela pública y que, en muchos casos, tampoco tienen nada que ver con el ámbito de la Educación o la Salud en general, protocolos, gastos y sobre cuestiones altamente superficiales que tienen como único fin sembrar incertidumbre, miedo y enojos en el fondo de la ya conocida grieta política argentina.

La escuela como primer encuentro con el Estado y con los otros

La escuela es mucho más que la tabla del 3. Cuando las políticas públicas no llegan, el primer encuentro con el estado de miles de niños y niñas se produce en las aulas. La función social de la escuela no se reduce únicamente a enseñar determinados contenidos de la currícula. Antes de ser un ente formador de asignaturas como matemática o biología, es el lugar donde millones aprenden cada año a vivir en comunidad; en tiempos donde el individualismo propuesto por el sistema capitalista y llevado al extremo por las políticas neoliberales, la escuela es una de las últimas trincheras de lo colectivo.

Además, la escuela es el primer espacio político que se habita de forma autónoma. Uno podría decir que las familias son un entorno político, pero el lugar donde nos hacemos conscientes de nuestra participación, donde entendemos la importancia del debate y las distintas formas de resolver conflictos, es en los patios, aulas y pasillos de todas las escuelas del país. No me refiero únicamente a las herramientas gremiales como los centros de estudiantes o las asambleas, sino a una instancia anterior que se encuentra cuando nos damos cuenta de que a nuestro lado hay un otro, un otro que también se sienta en el aula y que si no funciona la calefacción pasa el mismo frío, un otro que quizá tiene una realidad completamente distinta, pero en la escuela nos encontramos, convivimos e intercambiamos, nos hacemos conscientes de las desigualdades en todos sus sentidos y aún así nos seguimos encontrando a diario frente al pizarrón.

Cuando tenemos en cuenta estas otras dos dimensiones de la escuela, entendemos que la discusión de clases presenciales o clases virtuales, ignora dos tercios de lo que la sociedad precisa de las entidades educativas y que, aunque los contenidos curriculares son realmente importantes pueden recuperarse en otros momentos, por lo que la urgencia es un grado menor que el verdadero problema que se haya en cómo asegurar que el Estado llegue o siga llegando a los casi 10 millones de niños y niñas del país, de los que actualmente 6 de cada 10 son pobres, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Infancias vulneradas y vulnerables

El encuentro con el Estado por medio de la escuela no es simplemente un acto formal, sino que allí se ven cristalizadas las prioridades de la fuerza gobernante, las desigualdades históricas, las promesas que se transforman en proyectos y las que quedan flotando en el aire. Las y los trabajadores de la educación no solo enfrentan la gran tarea de enseñarle a las nuevas generaciones los conocimientos que las anteriores creen necesarios, sino que también asumen el compromiso mayor, para el que lamentablemente ni los institutos de formación docente, ni las universidades las y los preparan, que es escuchar y muchas veces involucrarse en las historias que las y los estudiantes traen consigo. Muchas de esas historias, no son para nada felices, incluso me atrevería a decir que la mayoría no lo son; historias de abuso, de maltrato, de hambre, de abandono, de dolor, de miedo y casi todas las de este tipo, de soledad.

Cuando a fines del año pasado se discutía en el Congreso la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) uno de los datos más crudos que argumentaba la necesidad de esta Ley, es que cada 3 horas una niña menor de 14 años es obligada a gestar y parir, en nuestro país, según los datos de Amnistía Internacional e investigaciones nacionales sobre datos judiciales y del sistema de Salud. Si cada 3 horas una niña embarazada está pariendo, eso significa que en un lapso de tiempo igual o aún menor, otras niñas son abusadas, gran parte de las veces por familiares o personas cercanas al núcleo familiar. Las miles de niñas abusadas en su gran mayoría pasaron en algún momento o se encuentran actualmente en una escuela; si bien no hay estadísticas exactas porque la mayoría de los crímenes no salen a la luz o quedan impunes, muchos de los casos que si se conocen se detectaron en las aulas. A pesar de que la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en el año 2006, aún no ha sido aplicada como corresponde, docentes de distintos niveles han logrado garantizar parcialmente ese derecho a las y los estudiantes de sus cursos, y ese pequeño aporte que aún no es la educación transversal e integrada que debiera, ha ayudado a muchas niñas, niños y adolescentes a tener herramientas suficientes para identificar que han sido abusados, y algunas veces también poder contarlo e incluso pedir ayuda en el ámbito escolar.

Lo difícil del debate en torno a las clases es que no contempla que desde hace más de un año, millones de niñas y niños se encuentran en sus casas y que muchos y sobre todo, muchas de ellas, pueden estar siendo abusadas, violadas, hostigadas, maltratadas por las personas que se encuentran conviviendo con ellas y ellos, y no tienen forma de pedir ayuda en la escuela, y la posibilidad de tener ESI para poder identificar qué está mal y no debería sucederles lo que les están haciendo, es aún más lejana. Este no es un postulado contra las clases virtuales, sino contra lo superfluo del debate, si el Estado llegara a cada casa asegurando que todas las niñas y niños vivan libres de violencia, las clases podrían ser virtuales y la discusión pasaría específicamente al área pedagógica, de la cual debieran de ocuparse las y los trabajadores de la educación que para ello se capacitan. 

Ahora bien, el Estado no llega en este contexto a encontrarse con las y los niños a través de la escuela de forma presencial, tampoco logró aún garantizar que las y los niños no sean abusados por personas de su entorno; pero a su vez, el Estado, y no me refiero específicamente a un gobierno, sino al Estado en sí, vulnera por mano propia los derechos de las y los niños y adolescentes, permitiendo que la distribución de las riquezas del país se hagan en detrimento de las grandes mayorías, afectando principalmente a las y los niños y jóvenes. El hambre en la Argentina lleva en su panza los nombres de millones de niñas, niños y jóvenes, sobre todo mujeres, y ahí ya no es el Estado tratando de prevenir o intervenir ante la violencia de otro ciudadano, sino violentando con su desidia y sus acciones deliberadas por marcar la desigualdad social. 

En este contexto la discusión vacía se deshilacha sola pero nadie retoma aquellas grandes problemáticas que se llevan puesta la integridad de las infancias vulneradas y vulnerables de nuestro país, dejándolos a su suerte y cada día más solos y solas.

Deconstruir el aislamiento

Retomando la otra dimensión importante de la escuela, que tiene que ver con el espacio político que genera a partir de la constitución de comunidad, son varias las aristas que están quedando fuera del debate y se hace imprescindible poder incluirlas. La Salud, no solo comprende lo relacionado al cuerpo, sino también a la mente, a las emociones, a lo social, y a múltiples escenarios que afectan la integridad de las personas positiva o negativamente. Miles son los ensayos, investigaciones, monografías y panfletos que se han escrito desde el inicio de la pandemia sobre la Salud, sin embargo el Estado sigue sin poder dar respuesta a las problemáticas sociales que afectan a las y los niños y por consiguiente su salud.

Con la presencialidad, fugaz en muchos casos, pero presencialidad al fin, los gobiernos han procurado llevar los protocolos sanitarios a las y los niños y aunque estos apuntan a cuidar a la población, y a llegar con claridad a las y los más pequeños, muchas veces estas campañas llevan un discurso y trasfondo semiótico que, quizá por falta de análisis o por priorizar un aspecto de la salud sobre otro, realmente lleva un mensaje bastante terrible a nivel social. Para prevenir los contagios es claro que hay que tomar precauciones y que las y los niños las tomen como hábito es importante para que ni ellos ni sus familias queden expuestos al virus, pero ¿cómo hacemos para construir comunidad, para preservar la dimensión sanamente política de la escuela, si todos los mensajes apelan a la responsabilidad individual (y no colectiva), al no compartir, al no acercarse, al alejarse de las y los otros?

La discusión sobre las clases presenciales o virtuales se desarrolla como si la escuela fuera un edificio, cuando en realidad son las personas que cotidianamente la hacen funcionar (las y los trabajadores, estudiantes, familias) quienes hacen que la escuela sea tal, sin esa comunidad sería simplemente un edificio más.

¿Quién, cuándo y cómo va a deconstruir esta perspectiva individualista y esta concepción edilicia de la escuela? ¿Cuándo la pandemia acabe, cómo va a volver a integrarse la comunidad si todos los mensajes apuntan a destruirla? ¿Hasta que punto el individualismo nos cuida y nos salva? En un contexto donde la mitad de la población es pobre, no compartir, no juntarse, va en contra de la supervivencia de miles que a diario recurren a una olla popular o a un comedor para poder probar bocado, la lógica comunitaria que nace a veces de la simple necesidad se contrapone diametralmente a la lógica sanitaria en pandemia de Covid-19, pero como ambas situaciones ocurren en simultáneo y ambas refieren a la sobrevivencia, la respuesta estatal en políticas públicas y el mensaje de cuidado también debiera de ser integral y abarcar ambos aspectos.


El adultocentrismo oportunista

Cuando el debate se vuelve superficial, afloran los oportunismos. ¿Cuántos de los que hoy se rasgan las vestiduras por que las escuelas estén abiertas, alguna vez se preocuparon por que las y los estudiantes que supuestamente defienden, aprendan en escuelas limpias y seguras, con los útiles y libros requeridos, comiendo lo necesario, siendo escuchados y atendidos integralmente para estar en buenas condiciones de salud y libres de violencias?

Desde el 10 de diciembre de 2007 el PRO, actualmente englobado en la alianza Juntos por el Cambio gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicción que se mantiene como epicentro del contagio desde la llegada de la pandemia al país. No es una condición biológica de las y los porteños el que sean más propensos a infectarse que el resto de las y los habitantes del país, sino las políticas que atraviesan sus vidas cotidianas desde hace más de una década.

Recorte del presupuesto educativo y baja del porcentaje otorgado a las escuelas públicas de la Ciudad; recorte de sueldos a las y los trabajadores docentes; aumento de la mortalidad infantil; subejecución del presupuesto para obras y refacciones en instituciones educativas; reformas educativas impuestas negando sistemáticamente las reuniones y espacios de escucha e intercambio a la comunidad educativa; recorte de becas; recorte de vacantes, implementación de un sistema de inscripción a las escuelas públicas excluyente; represión a marchas de la comunidad educativa; persecución política a estudiantes y docentes; son solo algunos de los grandes titulares que figuran entre los hitos de gobierno de  la gestión porteña del PRO, de la que es parte hoy Horacio Rodríguez Larreta, y fueron parte María Eugenia Vidal, quien fue Vicejefa de Gobierno de la Ciudad y luego Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, donde llevó a cabo el mismo modelo de recorte educativo en el marco del cual incluso murieron dos trabajadores de la Educación en la Escuela Nº49 de Moreno por la desidia que reinaba en las condiciones edilicias del establecimiento; y también Gabriela Michetti y Mauricio Macri, quienes se encargaron de nacionalizar el ajuste sobre la Educación Pública.

Estas políticas que lleva a cabo desde hace años la actual oposición al Gobierno Nacional, tienen impacto directo en la realidad que hoy enfrentan las y los ciudadanos en plena pandemia, y sobre todo las y los estudiantes que Juntos por el Cambio dice cuidar y defender. Un ejemplo concreto podría ser la Disposición Nº15/DGEGE/2012, dictada por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal el 29 de febrero de 2012; la cual indicaba el cierre de grados que contaran con pocos estudiantes, según el criterio del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Esta medida no solo dejó a las y los docentes de 220 cursos de primaria, técnica y media, sin trabajo, sino que también obligó a las escuelas a tener cursos de hasta 45 estudiantes en aulas preparadas para contener la mitad de personas. En ese momento las y los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), remarcaban que la medida “amontona y hacina niños y jóvenes en espacios reducidos, sin atender ninguna consideración pedagógica ni social, en una clara política de ajuste financiero”.

La política de amontonar y hacinar niños se contrapone específicamente con la del distanciamiento social, y aunque la pandemia ha cambiado muchas cosas, no ha modificado las políticas educativas de Juntos por el Cambio, que a pesar de las disposiciones nacionales y la suba exponencial de contagios desde el regreso a las aulas, insiste en mantener abiertas las escuelas... Escuelas que al haber pasado por el recorte presupuestario y demás medidas previas de la gestión porteña, no se encuentran en condiciones de poder llevar adelante los protocolos previstos. Es entonces que quedan a la vista las operaciones políticas y mediáticas, que hamacándose en la discusión superflua intentan dinamitar lo poco que queda de las comunidades tirando por la famosa grieta política a las infancias.

Conclusiones inconclusas

Teniendo en mente el panorama completo de las escuelas y por tanto de las y los niños que con tanto esmero todo el mundo se esfuerza por representar sin tener en cuenta todas sus necesidades, quizá quepa preguntarse ¿Qué piensan de todo esto las infancias?

Por el momento, lo que es seguro en medio de tanta incertidumbre pandémica, económica, política, social y educativa, es que hasta que los debates sanitarios no contemplen las dimensiones sociales de la escuela, los cuidados propuestos estarán disociados de la realidad de las mayorías, y hasta que los debates educativos no se decidan por un concepto de “escuela” la comunidad solo será una opción entre tantas… y eso también pone vidas en riesgo, sobre todo, las de las y los niños.

Quizá sea hora de dejar de lado las políticas públicas “on demand” y empezar a abordar las problemáticas de nuestros niños y niñas de forma integral, pensando múltiples estrategias en las que el Estado pueda llegar a ellos y ellas estén o no en las aulas de forma presencial, y garantizar sus derechos enteramente y no poniendo uno sobre otro, porque las necesidades de educación y salud no se contraponen sino que albergan las mismas dificultades de acceso, las mismas discusiones en pos o en contra de la integración de la comunidad y al fin y al cabo la misma necesidad de que se las piense como un derecho humano y no como un debate superfluo que llena minutos de aire o televisión.

¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor?
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