24/4/2021

Política

Alquileres: Mercado y descontrol

El 31 de marzo venció el decreto que prohibía desalojos, difería el pago de los aumentos de alquiler y prorrogaba los contratos en todo el territorio nacional. Existe una promesa latente del Gobierno Nacional de “asumir medidas”. En un año, el alquiler de un monoambiente aumentó un 57% en CABA.

Publicado el 24 de Abril de 2021


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Un cuarto de la población de nuestro país alquila la vivienda que habita. La ley 27.551, conocida como ley de alquileres, fue el fruto de una larga pelea para alcanzar niveles de regulación y control más exigentes para un mercado inmobiliario acostumbrado a moverse en las sombras de la legalidad.

La simple presión mediática y corporativa para cumplir con la inscripción de los contratos de alquiler en la AFIP, son una prueba contundente de la pulsión por el fraude tributario en el que acostumbra a hacer negocios el mercado inmobiliario en las ciudades del país.

El 31 de marzo de 2021 se produjo el vencimiento del decreto 61/21 que, en plena pandemia, prohibía desalojos, difería el pago de aumentos de alquiler y prorrogaba automáticamente los contratos vigentes.

Las deudas contraídas y los aumentos congelados comenzaron a hacerse efectivos desde el 1ero de abril de este año, lo que significó un aumento descomunal de precios que aún no han logrado ser cuantificados.

El drama social para los inquilinos lo demuestra una encuesta llevada adelante por la Universidad de San Martín y el CELS en septiembre del año pasado, en la que se constató que “el 65% de les inquilines del AMBA había perdido ingresos y el 80% había contraído deudas para costear los gastos cotidianos.”

Durante la vigencia del decreto que suspendía desalojos y congelaba alquileres, los aumentos reflejaron los niveles de ilegalidad en los que se maneja el mercado inmobiliario. Los aumentos en contratos informalmente celebrados, los incrementos en la oferta y la falta de control absoluta por parte de los organismos públicos, demuestran que el negocio de alquilar, en nuestro país, no está regulado por el Estado mas allá de la sanción de una ley, sino por el mercado inmobiliario.

En ese sentido, desde la UNSAM y el CELS destacaron que “El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat aún no cuenta con un equipo específico para trabajar la problemática de los alquileres, a pesar de que son órgano de aplicación de la ley de alquileres nacional. El discurso de la mediación, además de erróneo, supone abordar el problema de manera individual, y no como un tema estructural. Se trata de una situación que afecta a más de 300.000 hogares de todo el país, asociado al problema histórico y cada vez más grave del acceso a la vivienda en el país. Un problema de esta escala no se resuelve con mecanismos individuales. Es necesario construir un programa con medidas específicas para abordar las distintas dimensiones del problema, con un horizonte de mediano plazo.”

 

Aumentos y especulación

Un reciente informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), logró determinar que en los últimos doce meses, a pesar del congelamiento y la prohibición de desalojos, los aumentos en la oferta de alquileres le ganó holgadamente a la inflación.

En la Ciudad de Buenos Aires “en los últimos 12 meses, el costo de alquilar un monoambiente en Capital Federal aumentó 56,3%. En los departamentos de 2 ambientes la suba fue de 48,7% y de 55,6% en los de 3 ambientes. Por otro lado, el último dato de inflación nuestra que para el período marzo 2020 a marzo 2021, la variación de los precios fue de 42,6%”.

Destacaron que en la Ciudad “la mediana de los monoambientes ofertados en de Capital Federal es de $ 25.000. El Salario Mínimo, Vital y Móvil de $21.600 no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente medio, mucho menos para cubrir expensas, servicios y otros gastos”.

En Rosario, por otro lado, “es de $ 13.000, un jubilado que cobra el haber mínimo debe destinar el 63,2% de su ingreso. Y un trabajador que percibe el Salario Mínimo Vital y Móvil destina el 60,2% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente.”

En la ciudad santafesina “un inquilino que vive en un monoambiente, y desea mudarse a un departamento de un dormitorio debe gastar en alquiler $4.000 más. Luego, para mudarse a uno de dos dormitorios deberá pagar $13.000 adicionales. Este es el costo que soportan las familias cuando crecen en cantidad de integrantes y deben mudarse para evitar vivir en condiciones de hacinamiento” destaca el informe, y asegura que las expensas representan el 16% del precio, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, el 19%.

“En la ciudad de Buenos Aires es todo un misterio quién es el responsable de las políticas de vivienda. Situación que describe, finalmente, quién dirige la política de vivienda de la ciudad más urbanizada, desigual y desregulada: el mercado inmobiliario” señalan desde el espacio Inquilinos Agrupados.

Como se advierte, el negocio inmobiliario en las grandes ciudades desconoce la existencia del Estado Nacional y la autoridad institucional que emanan de las leyes y decretos. Se esconde en los multipropietarios la cultura de mantener en negro su actividad para exprimir su rentabilidad hasta el paroxismo.

Por su parte, el Estado Nacional debe lograr enderezar una política dirigida al sector, que logre involucrar recursos públicos en el centro del mercado inmobiliario. Como señala el CELS, el Estado tiene una oportunidad de involucrarse “en la oferta de inmuebles a alquilar, esto permitiría intervenir en el precio de mercado al contar con unidades públicas para el alquiler”, al tiempo que dinamice “un sistema tributario que desincentive la ociosidad de las viviendas. En la Ciudad de Buenos Aires, el propio IVC reconoció la existencia de más de 150.000 viviendas vacías, en un contexto de aumento del déficit habitacional.”

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