18/6/2022

Sociedad

Chaco y las evidencias del agua

Un grupo interdisciplinario de extensión universitaria que analiza el agua en distintas localidades del Chaco volvió a la provincia, una de las más pobres del país, para continuar los muestreos y desarrollar actividades educativas sobre calidad y acceso a este recurso escaso para buena parte de la población.

Autor de la nota: Vanina Lombardi

Vanina Lombardi

Publicado el 18 de Junio de 2022


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“Nos une la pasión, el amor y las ganas de compartir nuestros conocimientos y ponerlos al servicio de la población, para ayudarlos a mejorar su calidad de vida”, dijo el doctor en bioquímica Pablo Rosi, uno de los integrantes del Grupo de Extensión Impenetrable Chaqueño (GEUIC), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN/UBA), durante la presentación del audiovisual “Las evidencias del agua”, del documentalista Juan Alaimes, que releva las experiencias del grupo y las problemáticas en torno al acceso a este recurso en las distintas localidades de la provincia del Chaco.

Desde el año 2016, quienes integran GEUIC realizan tareas de extensión e investigación vinculadas a calidad y acceso al agua en distintas localidades de esa provincia. Por ejemplo, no solo hacen análisis para evaluar contaminación por arsénico, bacterias y herbicidas, sino que también trabajan en investigación de posibles tecnologías de remediación, como filtros de zeolita para arsénico y bacterias que degraden glifosato.

Ahora, el grupo logró volver a la provincia por primera vez desde que comenzó la pandemia por Covid-19, en marzo de 2020. Prevén continuar la recolección de muestras de agua en busca de contaminantes, esta vez en la localidad de Pampa del Indio, en el departamento de Libertador San Martín. Además, están realizando proyecciones del audiovisual y actividades de educación y difusión de los trabajos realizados sobre las problemáticas en torno al agua en distintas localidades de la provincia, como Sáenz Peña, La Tigra, Avia Terai, Castelli y Fuerte Esperanza.

“Elegimos trabajar en Chaco porque yo estaba haciendo investigación vinculada a arsénico y, considerando la problemática en la provincia y las necesidades particulares, una manera interesante de federalizar un poco de los recursos que conseguimos en Buenos Aires”, recuerda la doctora en Química Alcira Trinelli, y advierte que, si bien llegaron al territorio pensando en los elevados índices de arsénico (que en algunos lugares detectaron que es más de diez veces superior a lo que establece la Organización Mundial de la Salud como máximo permitido), enseguida encontraron que uno de los principales problemas era la falta de acceso al agua y la contaminación con herbicidas.

Chaco es una de las provincias más pobres del país, adonde alrededor del 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y el 69% de los hogares no posee ingresos para cubrir los productos de la canasta básica de alimentos. “Las problemáticas en torno al agua son variadas. Por ejemplo, en la comunidad mocoví de La Tigra, en las afueras de Saenz Peña –la segunda localidad más grande de la provincia, después de Resistencia–, las personas almacenan agua potable en bidones de glifosato, a pesar de que la legislación nacional prohíbe su utilización y establece cómo deben ser desacartados”, explica Trinelli.

En otros lugares, para acceder a este recurso almacenan el agua de lluvia. En esos casos es habitual la contaminación por bacterias, que se puede solucionar agregando cuatro gotas de lavandina por litro de agua. Lo más preocupante sucede en zonas adonde se practica agricultura extensiva, adonde las muestras han registrado contaminación del agua de lluvia recolectada con herbicidas.

En Chaco existe una ley de biocidas que regula el uso de herbicidas y biocidas en la provincia, y son habituales las fumigaciones aéreas. Allí, los cultivos de soja transgénica abarcan alrededor de 460.000 hectáreas, lo que representa poco más del 4% de la superficie del territorio provincial, según datos del Sistema de Información Simplificado Agrícola del período 2019/2020. En paralelo, los desmontes en la provincia no se detienen: solo en el período 2019-2020, aún en épocas de pandemia, fueron desmontadas 30.368 hectáreas en Chaco.

El documental “Las evidencias del agua” da cuenta de estas situaciones y por eso, al ser proyectado en las distintas localidades que está visitando el grupo, su proyección es acompañada por algún otro tipo de actividad, académica o de debate. En Saenz Peña, por ejemplo, fue proyectado en el Centro Cultural Municipal y se realizó un debate con estudiantes de los profesorados de Geografía, Biología y Ecología. En la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), tras proyección se realizó una charla debate en la que participaron especialistas en salud, como la médica especializada en cuidados intensivos María del Carmen Seveso, junto con referentes indígenas y comunitarios, incluidos algunos que aparecen en el documental, como Marciano Zárate, de la comunidad Mocoví de La Tigra y Yanina, la mamá de una niña afectada por las fumigaciones, también en La Tigra.

En Fuerte Esperanza, en cambio, las proyecciones se hicieron en colegios secundarios de la zona, seguidas por actividades educativas con los y las alumnas participantes, que están familiarizados con los problemas de escasez y contaminación del agua que utilizan para consumo. “Esta tarde proyectaremos el documental en el Instituto Favaloro, en Castelli, y luego tenemos previsto hacerlo en Pampa del Indio, adonde estaremos tomando nuevas muestras de agua para analizar”,  adelanta Rossi.

En Pampa del Indio, además, el grupo de GEUIC se encontrará con investigadores de la Universidad Nacional del Litorial (UNL) liderados por Rafael Lajmanovich, que se suman al trabajo grupal con un proyecto de voluntariado a través del cual evaluarán la presencia de glifosato en vísceras de pescados. Asimismo, comenzarán a trabajar con un grupo de investigación social liderado por la doctora en ciencias sociales Mariana Schmidt, que trabaja es problemáticas territoriales en Chaco desde hace más de una década.

A través de su teoría de las redes de expertos, el sociólogo estadounidense Scott Frickel, que estudia el vínculo entre científicos, profesionales y movimientos sociales, postula que investigadores e investigadoras comprometidas con los territorios, que trabajan de manera silenciosa, establecen lazos de trabajo conjunto, no solo entre pares sino también con otras redes de profesionales y de la sociedad civil. En este caso, a estos grupos que trabajarán en conjunto se le suma el apoyo de otras organizaciones como la Red de Salud Socioambiental Ramón Carrillo y el Colectivo de Acción por Nuestros Derechos.



Vanina Lombardi es integrante del GEUIC y de la agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martin. 

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