25/7/2020

Política

Claves para entender la necesidad de revisar la privatización de los servicios públicos

En un reciente estudio, Américo García, economista especializado en defensa del consumidor e integrante del OETEC, organismo especializado en la materia, realizó un exhaustivo informe sobre el estado del servicio que prestan Edenor y Edesur.

Publicado el 25 de Julio de 2020


Imagen de la nota 'Claves para entender la necesidad de revisar la privatización de los servicios públicos'

Las crecientes demandas por finalizar el contrato de concesión a la firma Edesur, propiedad del amigo personal, socio comercial y político del ex Presidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo, quien comparte la prestación del servicio con la multinacional ENEL, han desnudado el hartazgo con la privatización de un servicio público que debiera ser considerado un derecho humano, y es un coto de rentabilidad para los grupos económicos en el país.

A continuación sigue un análisis exhaustivo sobre las recientes sanciones que, tanto Edesur y Edenor, recibieron por parte del ENRE, como así también, de las claves para entender la necesidad de ponerle fin a un modelo de privatización que arrancó con Carlos Menemos en 1990 y ha significado en éstos años un esquema de rentabilidad escandalosa para un puñado de grupos económicos y un deterioro progresivo de la calidad del servicio eléctrico en el país.


El modelo privatizador:


“Cuando se privatizaron los servicios de provisión eléctrica en la década de los noventa del siglo pasado, la Argentina adoptó un sistema de regulación inspirado en los que comenzaban a aplicarse en la Inglaterra de Margaret Thatcher, que es el sistema de regulación de precio tope” explica el especialista en defensa del consumidor, Américo García, integrante del instituto especializado en energía OETEC, conducido por el actual interventor del ENARGAS, Federico Bernal.

“Digamos en forma muy sintética que su objetivo fundamental es estimular un servicio eficiente con reducción de los costos de prestación que pueda traducirse en el tiempo en una baja de la tarifa. A partir de una tarifa inicial, que se revisa cada cinco años, en lo que se denomina Revisión Tarifaria Integral (RTI), se establece un ajuste semestral” explica Américo García.

Pero agrega que “para que la reducción de costos que se impulsa, y al tratarse de empresas privadas que buscan maximizar su ganancia, no se traduzca en un deterioro de la calidad del servicio, deben fijarse parámetros de calidad de obligatorio cumplimiento y un régimen de sanciones en caso de apartamiento de las metas fijadas.”

En ese dilema de rentabilidad empresarial y calidad del servicio, señala “en este tipo de regulación las mayores inversiones destinadas a mejorar la calidad del servicio no necesariamente se reflejan en la tarifa, por lo que es esperable que una empresa privada tienda a proveer un servicio de calidad inferior al esperado por los usuarios. Por ello debe ser una preocupación vital del regulador establecer metas estrictas de calidad y controlar su cumplimiento”


La regulación en la era Macri:


García explica que “en la revisión tarifaria que se realizó durante el año 2017, que convalidó y permitió el gran tarifazo de la gestión macrista, se modificaron algunas de las metas de calidad del servicio” y aclara “esos parámetros fueron llevados a valores más elevados, fijándolos en 12 interrupciones y 20 horas de duración por semestre, es decir, que se duplicaron los límites que se venían exigiendo con anterioridad.”

En los fundamentos de la resolución que convalidó la RTI se justificaban estas modificaciones expresando que "el estado actual de las instalaciones de la distribuidora no se encuentra adaptado a la demanda, y que esto se ve reflejado en los actuales indicadores de calidad. Por ende, resulta necesario establecer un régimen compatible con las posibilidades técnicas y económicas de forma tal de recuperar los niveles de calidad…".

Es decir, “se admite la pérdida en el nivel de calidad de servicio, imputable desde la perspectiva empresarial a las bajas tarifas, cuando en realidad recibían en compensación subsidios suficientes para el mantenimiento en la calidad de la prestación” señala García.

Recientemente el ENRE aplicó fuertes sanciones a las empresas distribuidoras EDESUR y EDENOR. A la primera por la falta de respuesta adecuada ante reclamos por excesivo consumo y a la segunda por la falta de información a los usuarios en diversas sucursales y el cierre parcial de algunas de ellas, con multas que volverán en forma de compensaciones a los usuarios afectados.

Los comportamientos sancionados se relacionan con la baja calidad del servicio prestado por las empresas proveedoras, que diariamente son percibidos por los usuarios y que se agudizan en los casos de dificultades, ya sea en la provisión del servicio (cortes o baja tensión) o en la resolución de inconvenientes especialmente los relacionados con la facturación.

Américo García analiza el último indicador de calidad del servicio registrado oficialmente “para el caso de EDENOR y descontando las interrupciones en que la empresa invoca que se han originado en causales fortuitas o de fuerza mayor, la frecuencia media de interrupción por usuario en el semestre fue inferior al máximo tolerado, lo mismo que la duración total de interrupción. Pero si se considera la totalidad de los cortes ocurridos en el semestre la frecuencia media de interrupción por usuario y la duración total están por encima del límite contemplado.”

Y agrega “la evaluación es similar para EDESUR, la frecuencia media de interrupción por usuarios y la duración total son inferiores a los parámetros considerados en la RTI si se descuentan las invocaciones de caso fortuito o fuerza mayor, pero en este caso, bastante superior si se considera la totalidad de las interrupciones.”

“Ahora bien, en la RTI se establecieron límites por partido y comuna. Y aquí es donde se observa una brecha muy grande entre los indicadores del conurbano y los de CABA.” Destaca García.

Y desagrega el examen de acuerdo a los territorios afectados “en el caso de EDENOR, aún descontando los casos fortuitos y de fuerza mayor, localidades como Merlo, Tigre y Marcos Paz están por encima de las metas fijadas en la frecuencia de los cortes, mientras que esos desvíos no existen para las comunas de CABA. Para la situación de EDESUR se observa que, aún descontando los eventos invocados como fortuitos o de fuerza mayor, los indicadores de frecuencia muestran en algunos partidos e incluso comunas de CABA apartamientos notorios respecto de las metas fijadas. Ello ocurre en San Vicente, Cañuelas, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Ezeiza, Presidente Perón, Lomas de Zamora y en las comunas 1, 3 y 9 de CABA.”




Metas en el corto y largo plazo:


Américo García señala que en el corto plazo hay que fortalecer el Ente Regulador, cooptado en cuatro años por las empresas que prestan el servicio privatizado, y en el largo alcance, es necesario pensar seriamente sobre la conveniencia de la nacionalización del servicio público de luz.

Así, señala que “venimos de cuatro años donde los Entes Reguladores fueron capturados por las empresas proveedoras. Esto quiere decir que el regulador asumió el punto de vista y las perspectivas de las empresas reguladas, algo observable en los indicadores que se usaron en la RTI para convalidar los fuertes aumentos, en la degradación de las metas de calidad y en general en los mecanismos de fiscalización”

Por esa razón, destaca “de lo que se trata en el corto plazo es de ajustar los mecanismos de regulación y fiscalización, especialmente en el área de las inversiones obligatorias que tienen que ver específicamente con la calidad del servicio y en el largo plazo debatir acerca de un mejor sistema de regulación considerando las características del estado argentino y el comportamiento empresarial en el país.”

Publicidad - Fatica