1/10/2022

Sociedad

Comunidades terapéuticas: ¿Alcanza la respuesta social frente a las adicciones?

En este artículo, un grupo de especialistas reunidos por la Universidad de Quilmes, reflexiona sobre el caso de Marcelo “Teto” Medina y la comunidad “Razón de vivir”.

Publicado el 1 de Octubre de 2022


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El conductor fue acusado, entre otras cosas, por reducción a la servidumbre y hacinamiento de las personas que habitaban la comunidad, que afrontaban “un trato deplorable”. Nuevamente impacta en la opinión pública una noticia referida a las adicciones. Esta problemática –que constituye el tercer motivo de consulta de salud mental en Argentina-, tiene en nuestro país y desde hace décadas, un tratamiento deficitario. Los pacientes han sido históricamente abandonados por los sistemas de atención profesional médicos y psicológicos, perseguidos por la Justicia y sometidos a maltratos de todo tipo. Es por eso que señalamos la importancia de ocuparnos de este tema de manera sostenida, -y no espasmódicamente-, para poder modificar las condiciones de base que favorecen el surgimiento de episodios como el que hoy nos ocupa.

Estos temas suelen llenar páginas de diarios y horas de televisión cuando ocurre una catástrofe. Basta con recordar el incendio en la comunidad “Residencia San Fernando”, en Pilar, en febrero de este año. Todos los días se encuentran en funcionamiento Comunidades Terapéuticas (CT) sin habilitación para ejercer. Según el comunicado de laFederación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas: por cada comunidad habilitada funcionan 3 no habilitadas.  

Estas comunidades terapéuticas por fuera de la ley suelen ser manejadas por personal no profesional, con técnicas terapéuticas sin evidencia científica y con escasas medidas de seguridad e higiene. En medicina a lo largo de la historia, no existe ningún subgrupo de pacientes que haya sido abandonado a tal suerte, ni siquiera con la peste negra o la lepra. En algunos casos -como bien ha registrado el valiente periodista Pablo Galfre en su libro “La Comunidad”-, también se han documentado casos de violación de los derechos humanos: entre otros, castigos físicos y celdas de aislamiento con rejas.

 

¿Cómo se aplica la Ley?

Respecto de la Ley de Salud Mental (LSM), observamos un ataque sistemático de ciertos sectores. Lo que no se visualiza es que el presupuesto de Salud Mental previsto por la LSM era del 10 por ciento del presupuesto en Salud y esto nunca ocurrió, ni siquiera alcanzó al 3 por ciento. Aclarando un punto que suele discutirse, no es cierto que la LSM prohíba las internaciones involuntarias, contempladas en su cuerpo normativo y también en el Código Civil y Comercial de la Nación. Existe un problema concreto de aplicación, y en el contexto puntual de un paciente con riesgo cierto e inminente que no acepta hacer tratamiento en forma voluntaria, el sistema falla por impericia y burocracia, pero no le echen la culpa a una Ley. 

Una sociedad necesita de todos los dispositivos de tratamiento: ambulatorios para comenzar tratamientos, de base comunitaria, acordes para la mayoría de los consumos problemáticos, instancias intermedias como hospitales de día, desintoxicaciones breves, internaciones en salud mental frente a cuadros de descompensación psiquiátrica y tratamientos residenciales de internación. Este es el consenso científico internacional, y en todos estos dispositivos los tratamientos deben ser basados en evidencia científica, accesibles, adecuados a las necesidades de los usuarios, dirigidos por profesionales de la salud, respetuosos de los derechos humanos, y con base en la comunidad y la familia. Es en este marco en el que puede desarrollarse un trabajo motivacional y colaborativo, entre el usuario, la familia y el equipo tratante.

Según el Informe Mundial de Drogas 2022 de la ONU, en 2020, aproximadamente 284 millones de personas alrededor del mundo, de entre 15 a 64 años (5,6 por ciento de la población mundial), usó drogas en los últimos 12 meses. No podemos abandonar a un colectivo de pacientes, estigmatizarlos y someterlo a violencia institucional como una medida social tolerable. La falta de recursos terapéuticos accesibles y en la proximidad donde habitan los usuarios de drogas, ha provocado en muchos casos una enorme confusión: se pasa de la indiferencia frente al consumidor, a la indicación de una internación prolongada como única medida posible. Esta creencia es repetida por pacientes, sus familias y hasta los profesionales de la salud.

Por último, vale recordar la responsabilidad de los servicios de salud mental y centros de salud de asistir pacientes con abuso de drogas, sin demora ni derivación a otras instituciones. El paciente que consulta y no recibe una respuesta cálida, humana y efectiva, no vuelve más al sistema de salud.

 

 



Lic. Gustavo Irazoqui, Dr. Federico Pavlovsky, Dr. Rafael Groisman, Dra. Marta Braschi, convocados en ésta nota por la Agencia UNQ