23/10/2021

Política

Controlar, distribuir, desconcentrar: Algo más que palabras

La Secretaría de Comercio, cuya responsabilidad de gestión recayera en forma reciente sobre la persona de Roberto Feletti, dictó la resolución 1050, en la que se establecen precios máximos de comercialización para 1342 productos de los rubros alimentos, bebidas, higiene personal y salud.

Publicado el 23 de Octubre de 2021


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Luego de un tironeo para alcanzar un acuerdo de precios consensuado, el flamante Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dispuso emitir la resolución 1050/21 estableciendo los precios máximos de comercialización para 1342 productos de rubros de alimentos, bebidas, higiene personal y salud.

La medida busca retrotraer los precios de dichos productos hasta el 1 de octubre y sostenerlos hasta el 7 de enero de 2022.

“Esta es la idea: frenar el gran deterioro salarial y de todos los que tienen ingresos fijos, que son los más perjudicados por el constante aumento de los precios. Por lo menos que estos 1432 productos que conforman la canasta básica total de una familia argentina, tengan un freno como primer paso, hasta el 7 de enero de 2022” sostiene el economista Horacio Rovelli, quien integra el equipo económico de Roberto Feletti.

El sector empresario, cuya referencia hegemónica ocupa el abogado Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL y al frente de la Unión Industrial Argentina, mostró su ofensa por la vocación regulatoria del Estado Nacional y decidió confrontar decididamente contra el mínimo atisbo de control sobre los precios en los que comercializan los alimentos.

 

La dolarización en la formación de precios, en el centro de la disputa

“En la Argentina los precios siempre estuvieron relacionados al dólar. En la Argentina de la dictadura militar, si se quiere, del rodrigazo hasta acá estuvieron relacionados al dólar. Lo llamativo fue que esta vez, el Gobierno, conociendo esta íntima relación entre el precio del dólar y los precios generales, el precio de los alimentos fundamentalmente, lo que hizo fue tratar de regular el tipo de cambio y hacer una devaluación menor para que se desaceleren los precios” explica Rovelli en diálogo con InfoNativa.

“Por eso, es que, si uno toma el valor del tipo de cambio oficial del primero de octubre del año 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021, el dólar se ajustó a un 29%: valía $80 el 1 de octubre de 2020 y valía $103.25 el 30 de septiembre de 2021. Sin embargo, los precios se ajustaron un 52,5% en el mismo período. Y los alimentos y bebidas 53,4%. Entonces es obvio que había una remarcación de precios que no tiene ningún fundamento, no hay ningún problema ni ningún hecho que determine que ese crecimiento que se realizó pudo haber sido cierto” destaca.

Y agrega, en referencia directa con la medida asumida que “Entonces, lo que estamos diciendo es: Señores, acá ustedes ajustaron demasiado los precios y nosotros queremos que los retrotraigan al 1 de octubre de este año hasta el 7 de enero de 2022. Se trata de 1432 productos de consumo básico de una familia. Este es el comienzo, por supuesto. Se tiene que extender a otras ramas de producción, por ejemplo, aluminio, acero, combustibles, cemento, etcétera. Pero el comienzo debe ser esto que es lo básico, lo principal para una familia.”

 

El derrotero de reuniones

El día martes tuvo lugar una última y frustrada reunión en la que se intentó consensuar un nuevo esquema de Precios Máximos, tal y como se venía reproduciendo hasta el presente desde la cartera que actualmente orbita sobre el Ministerio de Desarrollo Productivo.

En efecto, durante la gestión anterior, la Secretaría de Comercio acordaba con el sector empresario precios máximos y cuidados, fundamentalmente, sobre los precios que ofrecían los empresarios con un tenue retaceo por parte del Estado Nacional. De hecho, el programa Precios Máximos, al momento de ser dispuesto, contenía precios que superaban holgadamente los que se encontraban en góndola.

Allí radicaban las razones por las que, hasta el presente, los empresarios apenas mostraban malestar para no dejar pasar la oportunidad de cuestionar la existencia misma del Estado. Sin embargo, ni Precios Cuidados, ni Precios Máximos, le hacían cosquillas a su rentabilidad, menos aún optimizaban el consumo popular y ciertamente, no modificaron la dinámica de apropiación del excedente económico que produce la economía nacional.

El día martes, entonces, una hora antes de la reunión con Feletti, Daniel Funes de Rioja sostuvo que no apoyarían el congelamiento de precios. Lo hizo con un comunicado que contaba con el respaldo de Arcor, Ledesma y Molinos Río de la Plata.

“En la otra esquina se pararon firmas como Unilever y otra multis de limpieza y bebidas, que marcaron un perfil más negociador. Es que las multinacionales dependen de otro nexo con el Gobierno: una relación que tiene que ver con conseguir dólares para importaciones y, además, cumplir con los dictados de la casa matriz, que suelen ser más ordenados en la manera de plantear las cosas” explica Leandro Renau para Motor Económico, incluso, según Renau, Funes de Rioja no se mostraba tan vehemente como el comunicado expresaba, adjudicándole el rechazo palmario a la pluma del gigante Molinos Río de la Plata.

Según comenta Rovelli “Molinos que no quiso firmar el acuerdo, junto a Ledesma y Pagani, tanto en el día de ayer como en el día de hoy (por el jueves y el viernes), enviaron a los supermercados el listado de sus nuevos precios retrotrayéndolo al 1 de octubre de este año.”

Desiguales

En el medio de este debate, un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) arroja, datos mediante, cierta luz sobre la responsabilidad empresaria en la inflación de los últimos meses. En efecto, se comprueba en dicho estudio que el crecimiento económico que mostró la Argentina, se traduce en rentabilidad empresaria y deterioro de los ingresos populares.

“Los datos de la distribución del ingreso al segundo trimestre vuelven a revelar el contenido exageradamente regresivo del proceso de recuperación del último año” destacan Claudio Lozano, director del Banco Nación, Agustina Haimovich, Ana Rameri y Mariana Rivolta, quienes elaboran el informe.

Lo anterior se sustenta en que, para el IPyPP, hay datos fehacientes de que existió una transferencia explícita de recursos desde el trabajo asalariado al capital. En números interanuales, la participación de la masa salarial cayó 10 puntos porcentuales en el PBI, mientras que el excedente bruto de explotación (EBE) aumentó en 3,9 puntos.

De acuerdo con el informe, esta caída en el ingreso “es el resultado de una estrategia empresarial que trasladó a precios el equivalente de la menor percepción de subsidios dejando fuertemente afectados a los/as trabajadores/as que padecen por doble vía, la menor asistencia del Estado y el proceso inflacionario desatado”.

“Es destacable observar que nos encontramos en uno de los pisos históricos de la participación asalariada en el producto y en uno pico histórico en la apropiación a favor del excedente empresario” advierten sus autoras, y destacan que la injusta distribución de la recuperación económica, se atiende a la baja en los ingresos salariales y al nuevo espiral inflacionario.

“Resulta conveniente advertir, por lo tanto, que son justamente los sectores (que embolsaron cuantiosos excedentes) aquellos con los que actualmente el Gobierno busca acordar mayores beneficios, exenciones y prerrogativas impositivas, concretamente con el Consejo Argentino Agroindustrial y a partir del proyecto de Ley de Hidrocarburos a la medida de las petroleras”, resalta el estudio.

“La encerrona que el gobierno nacional tiene que resolver es la partida principal en la que se juega el sesgo de la gestión. Si elige una posición conservadora entonces dará lugar a la actitud hostil y extorsiva de los principales grupos empresarios por la vía de mayores concesiones impositivas, subsidios y permisividad en los precios. Una posición transformadora que busque fortalecer efectivamente los ingresos de los sectores populares, el mercado interno y reactivar sostenidamente a la economía requerirá dejar de sujetar la opción distributiva a la disponibilidad de dólares”, finaliza Lozano.

“Si no detenés la inflación, todo lo que vos ayudes a los asalariados, a la gente que vive de lo que le puede dar el Estado, a los que cobran la AUH, las asignaciones familiares, las jubilaciones y demás, todo eso -como diría Cristina- se va por el caño de 4 o 5 vivos” señala desde otro lugar el economista Juan Valerdi.

 

Controlar

La política de control de precios, rápidamente, fue atacada por las corporaciones de la comunicación. La simple advertencia de aplicación de la Ley de Abastecimiento (20.680) disparó todas las alarmas del sector empresario, que ha logrado transformar la ley en un elemento decorativo de nuestra historia.

“Lanzar productos nuevos que de nuevo tienen poco, quitar bonificaciones en el precio de venta y apostar por las menores fiscalizaciones del Estado en los comercios de cercanía. El congelamiento de precios que propone el gobierno no es una medida novedosa, ya se aplicó en varios momentos de la historia económica argentina, como tampoco lo son las maniobras que hacen las empresas para eludirlos”, sostiene en Página 12 la economista Natali Risso.

Advierte Risso que “La medida más común es el lanzamiento de productos que las empresas venden como nuevos e innovadores, pero que son en la práctica el mismo artículo con modificaciones casi imperceptibles en el gramaje, el sabor, el diseño de la etiqueta o del envase; y con diferencias muy perceptibles respecto al precio del producto original”.

Y sostiene: “Los ejemplos son infinitos: Unilever solicitó un nuevo código de barras EAN para agregarle al paquete de mostaza "La mostaza más rica". Mondelez sacó un nuevo código de barras para agregar un gramo más de galletitas Pepitos que el paquete original más la insignia "con chispas Cadbury", y aumentar un 50 por ciento su precio. Nestlé ofrecía un café instantáneo Nescafé igual al existente, pero con la leyenda “estamos recreando nuestro envase, dale nueva vida al frasco” en verde y un 40 por ciento más caro.”

La medida empleada por naturaleza por las corporaciones que controlan en forma oligopólica el abasto de grandes marcas es retacear a los supermercados los productos con precios regulados, ello, a pesar que los supermercados demandan aún más esos productos en la medida que son más requeridos.

Pero la oferta y demanda no funciona en un mercado oligopólico, razón por la que el único camino con el que cuenta el Estado más allá del control de precios artesanal que se sostiene discursivamente, es la aplicación de la ley de abastecimiento, que apenas intenta morigerar los efectos de la brutal concentración económica que padece la economía nacional, aceptada por el conjunto de las fuerzas políticas del país.

Y allí el problema más elocuente de este debate. Como bien señala Enrique Martínez, presidente del Instituto de Producción Popular, la forma en que se lo encara y la ausencia de profundidad sobre cómo se producen alimentos, de qué manera se distribuyen y cómo se abastece nuestro pueblo, terminan por naturalizar los oligopolios.


Desconcentrar

Entre las principales empresas señaladas figuran Arcor, Ledesma y Molinos Río de La Plata. “No tenemos ningún prurito en manifestarlo. Sacamos un comunicado en el marco del coloquio IDEA diciendo que ellos son los dueños de la inflación. Les ha ido muy bien, recuperaron utilidades y tiene esa voracidad de incluso seguir presionando sobre el poder adquisitivo de los trabajadores que todavía no se recuperó de la pandemia” sostuvo el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski.

El empresario pyme agregó en Radio Gráfica que “El presidente desde el 9 de julio del 2020 se viene reuniendo con los formadores de precios y la realidad es que no le están cumpliendo. Tiene que tomar cartas en el asunto y cambiar la estrategia de aproximación al mundo empresario. Que convoque a las pymes que somos 500 mil empresas que estamos dispuestas a estudiar los costos de la cadena de valor para saber dónde están los lobos adentro del gallinero”, pidió el referente.

Por último, resaltó la “casualidad” de que “justo antes de las elecciones” se modifiquen las listas de precios en diferentes rubros. “Hay una coordinación por parte de algunas empresas para generar conmoción interna y crisis en el marco de una elección. Y a río revuelto siempre ganan estos muchachos que creen que son los dueños de la Argentina”, concluyó.

Por su parte, Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular (IPP) y ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sostuvo también en Radio Gráfica sobre la iniciativa llevada adelante por la Secretaría de Comercio Interior. “No es solo la puja con las grandes corporaciones lo que va a resolver el problema, hay que prestar atención a caminos alternativos”, manifestó.

“Me parece que, mínimamente, la Secretaría de Comercio Interior tiene que ponerse en marcha fuerte para conocer cuál es la oferta complementaria, qué se puede sumar al mercado en cada una de las ramas y tratar de encontrar mecanismos de llegar al consumidor de forma directa. Los mercados populares vuelven a ser una necesidad”, expresó.

Además, el coordinador del IPP aseguró que los aumentos indiscriminados de precios en los alimentos y la dificultad para regularlos “no son cosas que suceden por generación espontánea ni de un día para el otro”.

“Esto es la culminación de un proceso de concentración económica que mercantiliza todo lo que encuentra a su paso y lo convierte en un negocio, que puede ser especulativo o no, pero que deja totalmente de ser un servicio. Puede ser válido cuando alguien se dedica al comercio de joyas o cosas prescindibles. Pero es absolutamente peligroso, como está quedando a las claras, cuando se trata de comerciar artículos de primera necesidad que hacen a la subsistencia”, explicó.

Y agregó: “En este momento hay un puñado de empresas que despegaron, que tomaron distancia de la sociedad, creen que su función es ganar plata aun cuando sea generando sobrecostos enormes que trasladan a la sociedad. Y el Estado, en nombre de la comunidad, con lo que puede. Improvisó un congelamiento de precios por poco tiempo, por pocos productos. No se ha involucrado en la relación con las pequeñas empresas, no conoce la comercialización minorista”.

El ex presidente del INTI hizo hincapié en el fraccionamiento del campo popular y la necesidad de superarlo “rápidamente”. “Por ejemplo, se ha armado una mesa productores. Esa mesa no admite comercializadoras porque no producen, pero no propone ningún esquema de comercialización. Simplemente, valoriza la producción en manos cooperativas y campesinos. Se queda a mitad de camino. Y los comercializadores, cuando se reúnen a armar un esquema como el de la federación de comercializadores populares, tampoco tienen a los productores en su seno. Son miradas parciales que, a veces, se contraponen. Todas las discusiones al interior del campo popular se ven exacerbadas, y se debilita el campo popular por el hecho de que no hay una contención oficial. Hasta ahora los organismos públicos se han vinculado con las grandes empresas”, aclaró.

En forma evidente, repensar la producción popular, el comercio justo, los ingresos populares, y en definitiva, un nuevo modelo de comunidad, es uno de los desafíos excluyentes en el horizonte futuro de nuestra Patria. También, profundizar desde el Estado algo más que simples espasmos.

Reconstruir la voluntad política de enfrentar al poder económico implica no sólo fortaleza electoral, también necesita certeza ideológica. Y fe en el pueblo. Mucha fe en el pueblo, y eso, no hay marketing que lo consiga. 

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