10/6/2020

Economía

¿Cuánto le cuesta al país el acuerdo con los acreedores para pagar la deuda externa?

El valor de las cosas ha recuperado protagonismo en la agenda opositora al rechazar la intervención de Vicentín. Sin embargo, la oposición al Gobierno de Alberto Fernández no rechaza el pago de una deuda externa ilegítima, que le cuesta al país el equivalente a la construcción de un millón doscientas mil viviendas.

Publicado el 10 de Junio de 2020


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El país atraviesa una compleja negociación por la reestructuración de su deuda externa. Poco mas de 66.000 millones de dólares con fondos especulativos que operan como acreedores externos han ingresado en un proceso de canje por el que el Gobierno Nacional ofreció una quita sustancial sobre los intereses, cercana al 62% y una quita meramente simbólica sobre el capital del 5,4%.

En medio de la negociación, Alberto Fernández anunció ayer la intervención del gigante agroexportador Vicentín, envuelto en una causa penal por maniobras ilícitas que perjudicaron los fondos del Banco Nación y que se encuentra concursada preventivamente por la cesación de pagos a productores y acreedores desde el 4 de Diciembre de 2019.

La decisión del Gobierno Nacional trajo la consecuente reacción de la oposición política de la ex alianza gobernante Cambiemos, quien por razones ideológicas se agravia del proyecto de intervención de la empresa, y mas aún, de la nacionalización de la empresa agroexportadora.

La discusión de Vicentín ha puesto nuevamente en el centro del debate público el sentido de las nacionalizaciones, y mas aún, el habitual latiguillo de quienes se oponen, de poner la lupa en los daños económicos que le causan a la gente “las aventuras nacionalizantes” como lo denominó un ex presidente de la Sociedad Rural.

Sin embargo, las voces críticas que se alzan contra la nacionalización de Vicentín, son las mismas que protegen los intereses de los acreedores externos y empujan al gobierno a que ceda en su propuesta de reestructuración y acerque posiciones hacia las demandas de los fondos de especulación financiera que operan como acreedores.

No existen voces opositoras que se levanten para expresar que en la Argentina se está al borde de alcanzar un acuerdo para pagar una deuda externa que ingresó al país para financiar la fuga de capitales.

La suma de 66.000 millones de dólares que los acreedores externos pretenden cobrar de la Argentina, le permitirían al Estado llevar adelante la construcción de 1.200.000 viviendas en el país, lo que le permitiría acercarse a una resolución integral de su déficit habitacional.

Aún más si contamos el descomunal derrotero ingresos públicos que tendrán que pagarse por intereses leoninos en una deuda que jamás fue utilizada por la sociedad argentina para mejorar sus ingresos materiales.

Lejos de ello, la oposición de la Alianza Cambiemos, responsable de contraer la deuda y financiar la fuga de capitales, lejos de oponerse hoy al dislate del pagar una suma onerosa por una deuda ilegítima, decide hacer lobby en favor de intereses extranjeros y rechazar el camino de recuperar por el país segmentos de la economía que mejoren las perspectivas de desarrollo.

¿Cómo avanza la negociación de la deuda externa?

Alberto Fernández afirmó ayer que en los próximos días el gobierno presentará a los acreedores una nueva "contraoferta", con el objetivo de avanzar en el proceso de reestructuración de deuda emitida bajo legislación extranjera.

De cara a este objetivo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ultima los detalles para terminar de confeccionar una enmienda a la propuesta efectuada originalmente a los acreedores el 20 de abril pasado, de manera de girarla a la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) ante del viernes a las 18, momento en que vence la oferta vigente.

Al respecto, el Presidente de la Nación reiteró que próximamente el Gobierno hará una "contraoferta" a los bonistas, en el marco de la renegociación con los acreedores y dijo que hay advertencias en el mundo hacia los acreedores de que "están tirando de la cuerda más de lo debido".

"Nosotros hicimos una oferta de buena fe y los acreedores la rechazaron, dijeron que era muy baja, nos explicaron los motivos y nosotros reconsideramos nuestra oferta y vamos a hacer una nueva contraoferta tratando de acercarnos", enfatizó el primer mandatario.

Asimismo, señaló que "ha habido en el mundo muchas declaraciones que le advirtieron a los acreedores que están tirando de la cuerda más de lo debido" y expresó su confianza de que se pueda "llegar a un acuerdo".

En ese marco, el Presidente insistió en que no negociará un entendimiento que "sea un problema futuro para la Argentina" ni tampoco cerrará un acuerdo "que ponga en riesgo la vida de los argentinos".

"Lo que necesito es que la Argentina tenga una deuda que sea sostenible en el tiempo y que sea sustentable, y que el que me siga pueda cumplirla", remarcó.

Fuentes del mercado especulan con que Argentina, que se encuentra en default técnico desde el 22 de mayo pasado, extenderá el plazo para alcanzar un acuerdo con los acreedores por al menos 10 días más, lo mínimo necesario para procesar y ejecutar el ingreso a la nueva propuesta, de llegar a alcanzarse un acuerdo.

En el Gobierno aseguran que es momento para una "propuesta definitiva", si bien podría tener alguna alteración mínima en base a la eventual sugerencia de acreedores, que tienen intereses muy diferentes entre sí y promueven cada uno distintos tipos de instrumentos y condiciones.

La última oferta presentada, propone comenzar a pagar en 2022 -cuando inicialmente era en 2023-, y reducir la quita en intereses, entre otras cuestiones.

En el mercado valuaban esa oferta más cerca de 40 centavos por dólar, mientras que la propuesta de los acreedores rondaría los 50 centavos por dólar en los títulos emitidos entre 2005 y 2010.

Las especulaciones de los analistas son que, con todo, la nueva versión de la oferta que presentará el gobierno argentino no superará los 50 centavos por dólar.

¿De cuánta plata hablamos?

La diferencia actual que hay entre la oferta mejorada que presentó el Gobierno y la que pretenden los bonistas equivale a los recursos necesarios para la construcción de 4.234 hospitales modulares de emergencia, como los levantados para afrontar la pandemia de coronavirus, indicó un análisis de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).

Otra alternativa que permitiría esta diferencia en favor de la Argentina sería financiar por seis meses más el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las nueve millones de personas que lo están cobrando.

De esta manera, el Observatorio de Políticas Públicas de la Undav graficó la diferencia entre el Gobierno y los bonistas, que muchos analistas reducen a centavos por cada unidad de dólar en discusión.


La Undav remarcó que "la diferencia actual radicaría en siete centavos por cada dólar de deuda a reestructurar", y agregó que "en términos numéricos, es aproximadamente de entre US$ 4.500 y US$ 8.000 millones".

"Para tener una noción de lo que representa, podemos comparar en términos de algunos gastos relevantes de la actualidad", indicó el reporte.

Señaló que "por ejemplo, con la diferencia actual se podrían construir entre 4.234 y 2.382 hospitales modulares de emergencia, los recientemente inaugurados que se construyeron durante la emergencia sanitaria actual por la pandemia de la Covid-19".

También destacó que "se podrían destinar al pago de entre 32 y 18 millones de jubilaciones mínimas actuales, incluido el aumento del 6,3% de este mes, entre 167 y 94 millones de asignaciones universales por hijo (AUH) y entre 55 y casi 31 millones de ingresos familiares de emergencia (IFE)".

"Las últimas informaciones filtradas de la negociación hablan de una rebaja propuesta por el Gobierno de la siguiente manera: quita de capital para algunos bonos de entre 12% al 7%, lo que implicaría una oferta de entre 47 y 48 centavos por cada dólar negociable, la reducción de un año del plazo de gracia, adelantamiento del cronograma de pagos de varios bonos e inclusión de un bono que paga cupón a partir de 2022", precisó el informe.

Comparó que "del lado de los bonistas también se habla de reducción de sus pretensiones", y puntualizó que "pasaron de una oferta de unos 65 a 70 centavos a unos 54 centavos por cada dólar negociable".  

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