24/9/2022

Economía

De lo que no se habla

Horacio Rovelli, una vez más, explica por qué la deuda contraída con el FMI es una estafa de la cual no se elige hablar. Es más, se expande sobre ella un “manto de olvido” para convalidar la impunidad y la fuga, al tiempo que el ajuste planificado por el gobierno sigue erosionando los bolsillos de las mayorías.

Autor de la nota: Horacio Rovelli

Horacio Rovelli

Publicado el 24 de Septiembre de 2022


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Toda nuestra historia está cruzada por el ocultamiento y el oscurantismo. Desde la matanza de los indios, los asesinatos en la Patagonia trágica, los bombardeos en Plaza de Mayo de 1955, los desaparecidos en las dictaduras, las muertes y la derrota en Las Malvinas, y siempre con el fin de preservar al victimario, a quien más de un vez se lo pondera e idolatra, es más, se le ponen sus nombres a pueblos, calles y plazas, y eso es porque benefició al sector social dominante.

Es el caso de la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos fue investigada por el BCRA de la administración de Alberto Fernández, que el 21 de mayo de 2020 publica el Informe "Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” e indica que, de esa deuda, que supera los 100.000 millones de dólares, la “fuga de capitales” alcanzó los 86.200 millones de dólares.

En el Informe se sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores que son empresas, adquirieron 24.679 millones de dólares y, 100 personas compraron 882 millones de dólares

Ninguna de las 100 empresas de la lista de los que compraron 24.679 millones de dólares, puede demostrar en sus estado contables de donde detrajeron los recursos para poder comprar la cantidad de dólares que realizaron entre los años 2016-2019, lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la ley 25.246 de Encubrimiento y lavado de activos que exige saber fehacientemente el origen de los fondos en operaciones de cambio para los bancos, que le vendieron esos dólares que antes le habían comprado al BCRA y, no tomaron los debidos recaudos del origen de los fondos.

Tampoco pueden explicarlo en sus DDJJ al fisco, las 100 personas que compraron 822,6 millones de dólares, entre ellos Néstor Ick de Santiago del Estero que compró 29 millones de dólares; o el tucumano Emilio Luque que compró 17.800.000 dólares; también los Eskenazis de YPF y del grupo Petersen; Claudio Belocopitt del Swiss Medical; los Werthein socio de Blackrock en Pampa Energía; o de Mauricio Filiberti, socio de Vilas y Manzano en EDENOR.

La deuda fue investigada pero no se determinó con que recursos se compraron las divisas.

El manto del olvido es tal que desde el 10 de diciembre de 2019 se pagan los intereses de esa deuda, tanto al FMI como a los bonistas (tenedores de títulos de deuda pública), con el presupuesto de la Administración Nacional, que no ha dudado en suspender la cuarta cuota del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en diciembre de 2020, o de ajustar el gasto público incluido el incumplimiento del exiguo plan de obras y las transferencias de capital a las provincias, como lo corrobora que dicho gasto representaba en los años de las administraciones kirchneristas (2003-2015) no menos del  11,16% del gasto total (llegando a ser del 15,98% en el año 2006  y del 16,85% en el año 2014), cuando fue del 3,92% del gasto total en el año 2020, del 5,96% en el año 2021 y, base caja del 6,08% en los ocho meses del año 2022.

Que no ha dudado en disminuir año tras años el gasto en jubilaciones y pensiones, como lo demuestra que el 60% de los beneficiarios perciben de uno hasta dos veces el haber mínimo, que en el mes de agosto 2022 fue de 37.525 pesos. Y las dos jubilaciones mínimas de 75.050 pesos (1), cuando según el INDEC la Canasta Básica Total de ese mes para un adulto fue de $ 38.756 para no ser pobre y, obviamente, el desgaste de los años y la necesidad de medicamentos implican un gasto mayor para un jubilado o pensionado.

La fijación del salario mínimo vital y móvil de $ 47.850 para el mes de agosto 2022 nos exime de mayores comentarios, dado que se trabaja y se perciben haberes que no superan el gasto para una familia constituida por matrimonio y dos hijos que determina el INDEC, que fue de 119.757 pesos para dicho mes.

Es más, en el Mensaje y Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2023 (Trámite Parlamentario 141/22), se estima que el gasto en intereses de la deuda será de 2,67 Billones de pesos (unos 13.000 millones de dólares) que es el rubro que más crece (lo hace a una tasa del 102,7%), cuando ponderan una inflación para todo el año 2023 del 60% y, el gasto público total se incrementa en 71,2% con respecto al gasto del año 2022.

Los intereses de la deuda presupuestados superan ampliamente a todo el gasto de capital previsto (obra pública y transferencia de capital a las provincias) que para el año 2023 es de 2,3 billones de pesos.

En el presupuesto 2023 no hay una sola referencia de que se va a investigar la evasión fiscal y la fuga de capitales originados en la deuda contraída en la gestión de Cambiemos, para recuperar una parte de la misma. Y hasta debería existir una ponderación de ese recupero conformando una meta física de ingresos. Máxime que existe un proyecto que cuenta con la sanción del Senado de la Nación al respecto, que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional con dinero fugado al exterior de manera irregular. La norma establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI (2). Una vez más el manto del olvido, de eso no solo no se habla, sino que se plantea un brutal ajuste fiscal para que siga pagando la deuda el erario público y, de esa manera, se convalida la impunidad y la fuga.

Por ende, la Administración Nacional prevé realizar un sobre ajuste para generar los fondos, para poder comprar gran parte de los dólares para pagar solamente los intereses de la deuda generada por el gobierno de Cambiemos. A los intereses se le debe sumar el déficit fiscal primario (antes del pago de los intereses de la deuda). 


El festival del capital financiero

El BCRA queda limitado por el acuerdo con el FMI a financiar al Tesoro de la Nación en solo el 0,6% del PIB, unos $ 883.000 millones (Actualmente -septiembre 2022- los Adelantos al Tesoro suman: $ 2.793.100 millones) (3), por lo que, para hacer frente a los compromisos de la deuda, se deberá colocar títulos por más de 3,7 billones de pesos para poder cubrir el déficit que tendrán las cuentas públicas el año próximo, según prevé el proyecto de Presupuesto 2023.

A ese festival de los “bonistas”, debe sumarse que en su errónea estrategia de remunerar holgadamente los “encajes” (4), el BCRA le asegura una suma anual de 6 billones de pesos a los bancos por no hacer nada. Tienen la “patente de corso” que es la autorización del BCRA para funcionar como bancos, captan depósitos del público (y del Estado nacional, provincial y municipal) y se lo prestan al mismo BCRA en pases pasivos, Leliq, Notaliq, etc. sin ningún riesgo y, desde el 15 de septiembre 2022, perciben una tasa nominal anual del 75%.  El monto inmovilizado supera los 8 billones de pesos.

Los depósitos totales (en pesos y en dólares) suman 17,7 billones de pesos, sin embargo, el total del crédito generado es solo de 6,2 billones de pesos (la tercera parte) y no llega a ser el 10% del PIB, que es una de las relaciones más bajas que se tenga registro desde 1935 que se creó el BCRA (5).


Un modelo extractivista, agropecuario exportador

El nuestro es un país rico y con una potencialidad digna de mención, a la fertilidad de la tierra deben sumarse los recursos minerales y energéticos, una mano de obra disciplinada que puede capacitarse más y, una tasa de ganancia en las empresas que supera holgadamente la media mundial.

El problema es que esa masa de ganancia no se convierte en inversión interna bruta fija (IBIF) por la evasión y la fuga, que el gobierno no solo no castiga, sino que avala con el manto del olvido.

El modelo se orienta al exterior y por eso paga salarios de pobreza, para que el saldo exportable de alimentos sea cada vez mayor y el consumo de energía sea menor, ahora para minimizar las importaciones y, en un futuro cercano, para maximizar su exportación (6)

En 32 meses el superávit comercial fue de 29.471 millones de dólares, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA se redujeron durante ese lapso, en más de 7.000 millones de dólares, por ende, también allí existe el ocultamiento y el oscurantismo, desaparecen 37.000 millones de dólares y no hay respuestas válidas y ciertas de donde están. Y lo peor es que nadie pide esa explicación, violando el principio constitucional de exigir la claridad de los actos de gobierno.  

 

 

 

Notas:
(1)   partir de septiembre 2022 la jubilación mínima pasará de 37.525 pesos a 50.353 pesos. Asimismo, las dos jubilaciones mínimas pasarán de 75.050 pesos a 90.705 pesos.
(2)   El autor del proyecto, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, declaró en su intervención cuando se trató el proyecto de marras, que algunos no apoyan la propuesta porque "tienen dudas" y otros "simplemente porque apoyan a los evasores", y aseguró que no hay fisuras en el oficialismo sobre la idea de que el FMI "no debe gobernar" Argentina.
(3)   El tope de financiamiento del BCRA al Tesoro de la Nación se reduce de 1% del Producto Bruto del año 2022, a solo  0,6% del PIB a lo largo de 2023.
(4)   Encaje o efectivo mínimo es la parte de los depósitos que captan los bancos y queda como reaseguro de retiro de los mismos. En todo el mundo no son remunerados, pero la reforma financiera de 1977 y la creación de la cuenta de regulación monetaria hizo que el BCRA le pague intereses a los bancos, por una parte de ese encaje.
(5)   Salvo período muy puntuales a lo sumo de un mes, pero no a lo largo de  34 meses como sucede en la actualidad.
(6)   Por eso la estratificación de las tarifas que hacen que se prevea una reducción aún mayor del subsidio estatal: Subsidio en Energía 2023: 1,6% del PIB (contra 2,2% del PIB 2022). Subsidio en Transporte 2023:0,4% del PIB (contra 0,5% del PIB 2022).  Ese 0,7% del PIB ahorrado es en pesos, pero significa el equivalente a  unos 3.500 millones de dólares que va a pagar la población.