17/9/2022

Política

“Debe haber justicia, y eso es respetar la verdad”: La silenciada defensa de Julio De Vido

Con fuertes críticas al juicio oral, a la actuación mediatizada de los fiscales y al relato construído por la acusación, la defensa de Julio De Vido refutó punto por punto la acusación, exigió el respeto de las garantías constitucionales y reclamó la absolución del ex Ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner.

Autor de la nota: Néstor Espósito

Néstor Espósito

Publicado el 17 de Septiembre de 2022


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Una feroz crítica al desarrollo del juicio oral, a la actuación de los fiscales y la construcción de su “relato”, la refutación punto por punto de las acusaciones y una arenga al respeto a las garantías constitucionales enmarcaron este martes el pedido de absolución del ex ministro de Planificación Julio De Vido, pronunciada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.

Las dos jornadas del alegato de la defensa fueron una sucesión de mazazos argumentales contra las acusaciones sobre De Vido. La principal de ellas, que el ex ministro está acusado por “administración fraudulenta” pero no tenía la administración de los fondos que se le reprochan como constitutivos del delito. Esa responsabilidad estaba, por mandato legal, en manos de los jefes de Gabinete, a quienes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expresamente renunciaron a investigar y mucho menos imputar. Entre los jefes de Gabinete del período 2003 – 2015 están el actual presidente, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa, y el de Seguridad, Aníbal Fernández.

 

Desafío a los jueces

Rusconi y Palmeiro contestaron una a una las acusaciones de los fiscales. Y denunciaron la violación a las garantías del debido proceso, la defensa en juicio, el principio de inocencia y el de legalidad. Así, sobre el final del alegato, Rusconi desafió a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Fabián Basso y Jorge Gorini a que “hagan justicia, sabiendo que van a ser criticados”. En esa lectura, deben dictar la absolución y por ello un sector de la sociedad cuestionará la decisión, pero –reflexionó el abogado- ¡cuánto van a contribuir al oxígeno republicano!”.

Rusconi señaló que “las garantías son demonizadas por el autoritarismo de los gobiernos de derecha y son tapadas por la demagogia de los gobiernos de izquierda. No tienen grandes defensores, ni mayorías ni minorías. Las garantías no tienen ejércitos, ni pequeños ni grandes; no gozan de la simpatías de la comunidad ni de los medios de comunicación. Nunca hemos visto una columna del ‘principio de legalidad’ en una manifestación. Ni del principio de inocencia, ni de la defensa en juicio. A las garantías se les hace pagar el costo de la impunidad y de la ineficacia judicial, las garantías no tienen nada ni nadie que las defiende. Ni siquiera tienen operadores. Tienen un pasado muy corto en la historia de la humanidad y no sabemos si tienen futuro. Pero poseen una sola cosa: tienen jueces también de la Constitución. Por eso sobreviven”.

 

Argumentos interrumpidos

El alegato mezcló argumentos técnicos con lecturas políticas y críticas a los avasallamientos cometidos por el tribunal y los fiscales. En la primera jornada se produjo una situación insólita: Rusconi se quejó porque al día siguiente de que se conocieran las fotos de Giménez Uriburu y  Diego Luciani jugando al fútbol para un equipo amateur en las canchas de la quinta del ex presidente Mauricio Macri el  juez apareció en el Zoom con un mate de ese equipo y lo exhibió públicamente. “No nos gustó esa provocación”, dijo el defensor de De Vido. Tras un cuarto intermedio de cinco minutos, y en un hecho inédito, el juez –en lugar de devolverle la palabra al abogado para que continuara con su alegato- lo interrumpió para contestarle. El alegato de la defensa nunca puede ser interrumpido por un juez. Esta vez pasó.

En la primera parte de la jornada de este martes, el abogado Palmeiro ironizó que el juicio es tan irregular que “De Vido se tiene que defender hasta de tener una esposa”. ¿A qué se refería? A que los fiscales sostuvieron durante la acusación que la ex integrante de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alessandra Minicelli –compañera del ex ministro- había sido designada como parte del supuesto plan de corrupción con la obra pública de Santa Cruz, para garantizar desde allí que no se controlaran las presuntas maniobras defraudatorias.

Omitieron, claro, que Minicelli fue sobreseída, con la anuencia del propio Ministerio Público Fiscal “al que pertenecen los fiscales Luciani y Mola”. Y  el sobreseimiento ya quedó firme. El sobreseimiento fue consentido por el Ministerio Público Fiscal que ellos integran, quedó firme, pese a lo cual volvieron sobre ello en este juicio”. Es decir: acusaron a Minicelli de ser parte de un delito por el que fue juzgada, declarada inocente y ese fallo tiene fuerza de sentencia firme. 

 

“Debe haber justicia”

La defensa insistió en que De Vido no pudo haber cometido el delito que se le reprocha. Ni en el de administración fraudulenta, ni el de asociación ilícita, una figura que –dijeron- los fiscales también tergiversaron al invocar un fallo de la Corte Suprema de 2021. Se trata de fallo Stancanelli, con el que el tribunal liberó al ex presidente Carlos Menem de una corta prisión domiciliaria de cinco meses.

Rusconi explicó como un docente de escuela secundaria lo que dice ese fallo y lo que los fiscales le hicieron decir. Claramente se trataba de dos canciones distintas, un heavy metal y un bolero. Y también desafiaron la arenga final de los fiscales, cuando proclamaron: “es corrupción o Justicia”.

“No hay dilema posible –retrucó Rusconi-: debe haber justicia, y eso es respetar la verdad, el debido proceso y el Estado de Derecho”.

En la primera jornada, Rusconi y Palmeiro habían denunciado que “los fiscales segmentan y ocultan parte del funcionamiento” de la estructura de gobierno para sostener la imputación “porque si no es más obvia y evidente la licitud de las intervenciones y las firmas de De Vido”. 

“Las imputaciones genéricas formuladas por los fiscales sobre la participación de De Vido en esta causa están absolutamente vacías de contenido”.

Pero los fiscales, añadieron, escogieron qué pruebas utilizar y “las que no les gustaban directamente no las tomaban en cuenta”.  Así, “los fiscales pretendieron impedir que se preguntara y el tribunal pretendió administrar con un pseudo criterio de equilibrio”. “Está en la constitución quién es el administrador y no es Julio De Vido”, insistieron en ese marco.

 

La defensa de Fatala pidió la absolución y denunció los errores en la construcción de la acusación fiscal

La defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala pidió hoy la absolución por inexistencia de delito en la denominada Causa Vialidad.

El abogado Lucio Simonetti le explicó presencialmente al tribunal los errores que, según su criterio, cometió la fiscalía al elaborar la acusación y pedir para Fatala la pena de cuatro años de prisión.

Simonetti explicó que su defendido no fue incluido en la acusación inicial que formuló el ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, sino que fue añadido mucho después de que tramitara la causa a raíz de un dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.

Pero, además, refutó la base de la imputación –formulada por el fiscal Sergio Mola- quien sostuvo que Fatala debió  haber pedido informes de contralor sobre las obras que le eran adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez.

“No podía hacerlo, no tenía facultades para ello. Es como si una Sala de la Cámara de Casación le dijera a otra de igual jerarquía lo que tiene que hacer en un fallo. ¿Se imaginan una situación así? No podría pasar, porque no tienen la posibilidad ni la autoridad para hacerlo”, ejemplificó.

Además, Simonetti recordó que ninguno de los testigos que declaró a lo largo de los tres años de juicio incriminó a Fatala y que los fiscales Diego Luciani y Mola le formularon una imputación por no haber adoptado conductas que la propia ley le impedía adoptar.

En el mismo sentido, el defensor subrayó que Fatala fue uno de los varios subsecretarios de obras públicas que desempeñaron esas funciones entre 2003 y 2015 –todo el período investigado- pero es el único que fue investigado.

Simonetti aclaró que ninguno debió haber sido investigado: ni Fatala, ni los otros ex funcionarios.

Menos aún, el abogado se quejó porque a Fatala se le imputan hechos que ocurrieron en 2007, cuando ni siquiera era funcionario del gobierno.

En ese sentido, también refutó las acusaciones fiscales sobre que era “un hombre de confianza de Néstor Kirchner”.

Simonetti reseñó que llegó a la función pública desde otro espacio político y que no formó parte de la administración provincial en Santa Cruz, que –según los fiscales- fue trasladada a la esfera nacional cuando Kirchner accedió al gobierno en 2003.

El juicio continuará el lunes próximo, desde las ocho de la mañana, con el inicio del alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Alberto Beraldi.