La semana pasada el presidente Alberto Fernández realizó declaraciones a la prensa sobre las tarifas de energía. En este sentido, manifestó que "la dolarización de las tarifas de los servicios públicos se terminó en Argentina" y que en marzo del 2021 -cuando se implementen los nuevos ajustes- el Gobierno Nacional buscará "mecanismos para que las tarifas sean pagables para los argentinos". Desde OETEC celebramos las apreciaciones y el compromiso del primer mandatario en relación al establecimiento de tarifas justas, razonables y asequibles.

Desdolarizar (pesificar) tarifas, precios y costos
La mayor parte de los medios levantó -de las declaraciones de Alberto Fernández- su referencia a la actualización de las tarifas a partir de marzo del 2021. Sin embargo, poco o nada dijeron de la voluntad de desdolarización y asequibilidad planteada por el Presidente. Y precisamente éste es el fondo de la cuestión.

Para desactivar la bomba tarifaria heredada del macrismo, resulta necesario implementar un mecanismo de desdolarización. Ésta equivale a la extranjerización de los costos y precios de la energía y forma parte indisoluble de la mercantilización energética que padecimos con Mauricio Macri. Al dolarizar la energía, las empresas se protegen de la inflación y la devaluación, y se aseguran el mejor retorno para sus dueños y accionistas, buena parte de los cuales son extranjeros.

Ejemplo de ello fueron las "Bases y Condiciones" para la comercialización del precio del gas en PIST que "pactó" el ex CEO-ministro Juan José Aranguren con las empresas gasíferas para blindar sus ganancias, en dólares y por el lapso de dos años, a espaldas de lo que prevé la Ley 24.076. Conducta presuntamente criminal denunciada por el Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, ante la Justicia.

Pero no todos los costos deberían estar en moneda extranjera y muchos de ellos podrían fijarse en pesos. Por ejemplo, no es cierto que la totalidad de los yacimientos convencionales deberían tener sus costos dolarizados; igual vale para los no convencionales. El 80% del petróleo que se produce en el país es de origen convencional. Y lo mismo para el gas convencional. Incluso para el shale, offshore/onshore, etc. Pesificar el precio del gas en boca de pozo es absolutamente posible dado que su producción involucra un importante componente en pesos.

Todo lo anterior tendría que ser materia de estudio, analizando la estructura de costos y evaluando cuáles deberían continuar en dólares (sobre todo aquellos relacionados con la exportación) y cuáles podrían responder a la moneda local. En otras palabras, ¿por qué no empezar a pensarnos como lo que somos, un país productor y generador de energía?

Asequibilidad tarifaria (que las tarifas sean pagables)
No obstante, si bien es verdad que sin la mentada desdolarización no se puede, sólo con ella no alcanza. Es decir, la pesificación de las tarifas de la energía -punto destacado por el presidente Fernández en sus últimas declaraciones a la prensa sobre el tema- debe ser acompañada por el establecimiento de tarifas justas, razonables y asequibles.

Esto fue lo que remarcó el primer mandatario cuando aseveró que el Gobierno Nacional buscará "mecanismos para que las tarifas sean pagables para los argentinos". De hecho, la intervención de los Entes Regulares y la revisión de todo lo actuado en materia energética y tarifaria por el macrismo son parte del proceso.

Los resultados preliminares de las auditorías realizadas por el ENRE y el ENARGAS, contrato por contrato y empresa por empresa, para analizar y dictaminar cuáles fueron los costos reales de producción, la cumplimentación de las inversiones pactadas y la razonabilidad de los precios y rentabilidades generadas, exhibieron serios vicios e incumplimientos por el lado de las prestatarias.

Cuando los argentinos y las argentinas tengamos a mano finalmente el producto de dicha revisión integral, será crucial asegurar una indexación no automática de las tarifas. En tal sentido, hará falta elaborar una nueva fórmula polinómica para la fijación de los cuadros tarifarios futuros que no esté atada exclusivamente al dólar (desdolarización), que parta de la apertura de toda la estructura de costos de producción, generación, transporte y distribución de energía y que considere en su armado variables como la demanda, los insumos dolarizados, los salarios, el cumplimiento de inversiones, las ganancias y rentabilidades, la inflación, etc.

Consideramos, en este sentido, que a ello apunta el presidente Alberto Fernández cuando habla de desdolarizar tarifas y establecer mecanismos para hacerlas pagables. Con ambos objetivos, podremos adecuarnos a las leyes, los marcos regulatorios, al fallo de la Corte de 2016 (Cepis) y a la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se propuso disminuir la carga tarifaria real para los hogares, los comercios y las industrias.

Conclusión
Es momento de finalizar definitivamente con la energía mercantilizada, deshumanizada y convertida en un negocio para pocos a costa de millones. El Gobierno Nacional cuenta con todos los instrumentos, herramientas y recursos necesarios para terminar con la concepción energética y tarifaria heredada del macrismo, que transformó a la energía en un bien de lujo y una poderosísima arma de ajuste, atraso y empobrecimiento masivo durante los últimos cuatro años.

Los servicios públicos y todo el sistema energético deben reorientarse hacia la concreción de los derechos humanos de los argentinos y las argentinas y el desarrollo industrial, científico y tecnológico del país. Además, con tarifas justas, razonables y asequibles se podrá poner nuevamente de pie a la Argentina, encender la economía y llevar justicia social energética, luego del durísimo año que nos legó esta trágica e inédita pandemia.

Confiamos en que ésta en la perspectiva desde la cual parten las declaraciones de Alberto Fernández sobre tarifas, desdolarización, pesificación y asequibilidad. El eje mediático debería estar puesto en hacer conocer estas cuestiones nodales, independientemente de los posibles ajustes. La pregunta no es cuánto van a aumentar las tarifas sino en qué medida éstas se alinearán detrás de las necesidades económicas y energéticas del país y su población en términos de justicia, razonabilidad, accesibilidad, inversiones y calidad del servicio.