El Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, destacó la creciente desigualdad en el mundo y la necesidad de justicia social, e hizo un llamamiento a una acción multilateral coherente para fortalecer la dimensión social del desarrollo sostenible y el crecimiento económico. Así lo prevé la Coalición Mundial por la Justicia Social propuesta por la OIT, para superar los retos a los que se enfrentan las economías y las sociedades de todo el mundo, recordó Houngo en declaraciones pronunciadas en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington.

La justicia social hace que las sociedades y las economías funcionen de forma más cohesionada y productiva, reduciendo la pobreza y el hambre, las desigualdades y las tensiones sociales. Dada su importancia central para el desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, la justicia social debería considerarse una de las piedras angulares del multilateralismo renovado que se necesita para superar los retos actuales”, afirmó el Director de la OIT.

Cuestión está que por otra parte, desde su creación en 1919, la OIT ha venido apoyando a los países con el desarrollo y establecimiento de regímenes de seguridad social para todos, evidentemente desde una perspectiva capitalista, pero con una presencia importante del movimiento obrero internacional en sus luchas sociales, que permitieron producir grandes avances.

Al comienzo, unos 40 países empezaban a desarrollar tales regímenes; hoy en día, todos los países del mundo cuentan o mejor dicho contaban con algún tipo de régimen de seguridad social.  Lo que, es más, la cobertura y las prestaciones de la protección social teóricamente continúan como se refleja en la histórica Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social (núm. 202), adoptada en 2012.

Aquella recomendación daba testimonio del compromiso conjunto de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores en la construcción de pisos de protección social definidos a nivel nacional, lo que garantizaba al menos un nivel básico de seguridad social para todos, incluyendo el acceso a servicios de salud y seguridad de los ingresos a lo largo de la vida de las personas, con el fin de garantizar su dignidad y sus derechos.

Ahora bien, la reproducción de recomendaciones, la firma de convenios por parte los gobiernos no van necesariamente de la mano con la realidad de la gente, en la construcción de sistemas integrales de protección social.

Actualmente a tenor de las declaraciones realizadas ante el Comité Monetario y Financiero Internacional y el Comité de Desarrollo no hicieron más que  subrayar  las sombrías perspectivas económicas, sociales y medioambientales mundiales, el impacto de la crisis del coste de la vida, la necesidad de una transición justa hacia economías más ecológicas, pidiendo más apoyo internacional para lograr la protección social universal.

Haciendo referencia a las conclusiones del informe de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023, las declaraciones apuntaron a la desaceleración económica mundial, que probablemente obligará a más trabajadores a aceptar empleos de menor calidad y mal pagados. Las mujeres y los jóvenes se encuentran en una situación “significativamente peor” en los mercados laborales.

La tasa de participación laboral de las mujeres es inferior al 48%, frente al 72% de los hombres. La tasa de desempleo juvenil es tres veces superior a la de los adultos, y más de uno de cada cinco jóvenes carece de empleo, educación o formación.

Las declaraciones destacaron la brecha entre el crecimiento de los salarios y el de la productividad laboral, y la necesidad de que los salarios reales aumenten, se pongan al nivel de la inflación y se alineen con el crecimiento de la productividad.

“La desigualdad de ingresos y la pobreza aumentarán si no se mantiene el poder adquisitivo de los peor pagados. Además, podría ponerse en peligro la tan necesaria recuperación tras la pandemia. Esto podría alimentar un mayor malestar social en todo el mundo y socavar el objetivo de lograr la prosperidad y la paz para todos. Hay una necesidad urgente de aplicar medidas políticas bien diseñadas para ayudar a mantener el poder adquisitivo y el nivel de vida de los trabajadores asalariados y sus familias”, asegura el comunicado.

Houngbo abogó por una reactivación de la financiación del desarrollo, combinada con una remodelación de las estructuras de incentivos empresariales para fomentar las inversiones a largo plazo en la economía real. Describiendo la protección social universal como un “derecho humano y una responsabilidad del Estado”, pidió a la comunidad internacional que “apoye las estrategias de financiación existentes o nuevas que puedan movilizar recursos adicionales, apoyar un mejor uso de los recursos existentes y mejorar la coordinación entre las múltiples fuentes de financiación nacionales e internacionales”.

Además, en la declaración del Comité para el Desarrollo se pide al Grupo del Banco Mundial que “se posicione firmemente” como socio clave del Acelerador Mundial y que “apoye más decididamente la profundización institucional en otros ámbitos que afectan a la inclusión y la resiliencia, en particular la capacidad de los países para aplicar las normas laborales”.

 

Desmantelando derechos bajo las recomendaciones del FMI y BM

En los últimos años, la OIT ha prestado asistencia técnica en el ámbito de la protección social a no menos de 140 países, no obstante, la realidad nos indica alrededor del 73 por ciento de la población mundial sigue viviendo sin cobertura adecuada en materia de protección social. En otras palabras, para la gran mayoría de la población, el derecho humano fundamental a la seguridad social se concreta sólo parcialmente o no se concreta en absoluto.

En la presente década, es evidente que la comunidad mundial debe hacer un mayor esfuerzo para hacer de este derecho una realidad. Desde esta perspectiva, es oportuno recordar el gran número de países que históricamente han construido economías sólidas y al mismo tiempo han creado sociedades dignas con protección social.

Haciendo aún frente a las repercusiones económicas de la crisis financiera global, el mundo se enfrenta a una profunda crisis social que también es una crisis de justicia social. Las medidas de consolidación recomendadas por los organismos del Banco Mundial o el FMI a través de sus ajustes fiscales, perdidas de salarios y pagos de la deuda, o las recomendaciones para atacar los sistemas de la protección social haciendo – por ejemplo- trabajar más años a la gente, siguen actuando como los justicieros de sus propias injusticias y amenazan con la precariedad de los hogares a un número cada vez más importante de países.

Pese a los progresos realizados en la reducción de los niveles de pobreza extrema en algunas partes del mundo, persisten niveles importantes de pobreza y vulnerabilidad; y más aún, la pobreza está aumentando en muchos países de ingresos altos. Además, los niveles elevados y aún crecientes de desigualdad tanto en las economías avanzadas como en las economías en desarrollo constituyen motivo de gran preocupación.

Las políticas de protección social desempeñan un papel determinante en la realización del derecho humano a la seguridad social para todos, reduciendo la pobreza y la desigualdad, y apoyando el crecimiento inclusivo, impulsando el capital humano y la productividad, favoreciendo la demanda interna y facilitando la transformación estructural de las economías nacionales.

La realidad es que la miremos por donde la miremos, sólo el 27 por ciento de la población global goza de acceso a sistemas integrales de seguridad social, al tiempo que como lo señala el informe de la OIT el 73 por ciento está cubierto sólo parcialmente o carece completamente de cobertura… más que discursos, más que grandes fórums, más que grandes anuncios … hagan capitalismo keynesiano con un mínimo de inteligencia… ya que la decencia es imposible.

 

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Eduardo Camin es periodista uruguayo residente en Ginebra exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU)  en Ginebra.