La deuda es un condicionante para un país, ya lo dijo John Adams, presidente de Estados Unidos en 1796 - 1800: “Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación, una es con la espada, la otra es con la deuda”.

Máxime que la deuda externa actual fue generada por el gobierno de Cambiemos para propiciar la fuga de capitales beneficiando a una minoría de la población.

La deuda externa argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, el 60% de la misma era intra sector público (en poder de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (sin contar el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% con el sector privado. 

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, el 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% sector privado.  La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

Con fecha 21 de mayo de 2020 el BCRA publicó el Informe "Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares.

Es más, ese Informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas (empresas) compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores de dólares, que son sociedades anónimas, adquirieron 24.679 millones de dólares.

Ni el BCRA (que armó el listado), ni el gobierno nacional dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA.  Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA con 903,9 millones de dólares (1); Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con las privatizaciones y concesiones del menemismo, Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny (2); el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Igual sucede con las personas, donde 100 compraron 822,6 millones de dólares, entre ellos Néstor Ick de Santiago del Estero que compró 29 millones de dólares; o el tucumano Emilio Luque que compró 17,8 millones de dólares; también los Eskenazis de YPF y del grupo Petersen;  Claudio Belocopit del Swiss Medical; los Werthein socio de Blackrock en Pampa Energía; o de Mauricio Filiberti, socio de Vilas y Manzano en EDENOR SA, sin embargo no se constata si en sus DDJJ de impuesto contabilizan esa compra. 

La inconsistencia de la deuda

No existe el castigo moral ni a los funcionarios del Gobierno de Cambiemos que instrumentaron el endeudamiento, ni tampoco a los legisladores que se lo aprobaron. Pero sí debería existir la pena fiscal por la deuda tomada con el FMI que no fue autorizada por el Congreso de la Nación, como lo determina el Artículo 75 Inciso 4 de la Constitución Nacional que dice que es atribución del Congreso: “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. La deuda con el FMI que se tomó sin autorización del Congreso de la Nación, por 45.400 millones de dólares se fugó en su totalidad.

Porque con esa plata (45.400 millones de dólares) se podría haber recuperado los puertos que privatizó el menemismo, para que sean nuevamente del Estado Nacional, o tener nuestra propia marina mercante de bandera argentina (que no tenemos) y además mejorar la red ferroviaria y los ferrocarriles, haber construido un millón de viviendas, bien no se compró un ladrillo.

El Presidente de la Nación en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021, dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más…”

Porque incluso viola el Inciso a) del Artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI (3) que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos y, no solo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí, tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.

Nos endeudaron para que nos subordinemos a la política del FMI como efectivamente pasó en el gobierno anterior y, como es evidente que influye sobre la gestión actual al suspenderse en septiembre del año 2020 el cuarto tramo del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), con el brutal ajuste del gasto público en el 2021 y, con el acuerdo firmado en enero de 2022 y ratificado por la ley 27.668 del 15 de marzo 2022.

El por qué de la deuda externa

Desde sus inicios a mediado del siglo pasado, el FMI intentó condicionar la política económica mundial, especialmente de los países llamados del “tercer mundo”.

En 1946 llegaron al país por primera vez funcionarios que venían a proponerle al Presidente Juan Perón la adhesión de la Argentina al organismo de crédito. Sin embargo, Perón se negó rotundamente y rechazó la invitación, invocando la soberanía y la independencia económica y, lo hizo al considerar al FMI un instrumento de sometimiento de los países centrales para imponer políticas a los países periféricos. Y por esos años, la Argentina era el único país de América Latina que no formaba parte de ellas.

Pero el repudio al Fondo no duró por mucho tiempo. Sin Perón en el poder y con el sangriento golpe de estado de 1955, empezó una cacería de odio y revanchismo social. Y en el plano económico se produjo un hecho prácticamente olvidado: el ingreso formal de la Argentina al FMI. El 19 de abril de 1956, la Argentina ingresó al organismo internacional por iniciativa del presidente de facto Aramburu, quien firmó los primeros acuerdos de endeudamiento, subordinándonos durante 50 años, hasta que en enero 2006 el gobierno de Néstor Kirchner canceló la deuda con ese organismo y nos liberó de su tutela.

Con esa decisión se sentaron las bases para de la soberanía y la independencia económica que nos iba a permitir lanzar de nuevo la industrialización del país, redistribuir la riqueza, creando empleo y creando nuevos derechos. Y así fue como conocimos a una generación que se crio sin oír hablar del Fondo. Hasta que llegó Mauricio Macri a la presidencia del país en diciembre de 2015 y acordó con el FMI en junio de 2018.

En cambio, en enero de 2022 el gobierno con el acuerdo con el FMI, legitima el acuerdo del año 2018 y, la renegociación eterna de un pasivo impagable. Acepta inspecciones que condicionan la política económica y obstruyen la redistribución del ingreso. Promete sin fundamentos recortar el déficit sin ajuste y propicia una dureza monetaria que afecta la continuidad del crecimiento. Las mini-devaluaciones propiciadas por el FMI y los aumentos de tarifas impulsan la inflación y el proyectado incremento de las reservas no es compatible con la fuga de divisas

Siempre que hubo acuerdos con el FMI la inflación fue de 3 dígitos anuales. Según el INDEC, la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en 1958 fue del 18,5% anual, pero ante las fuertes importaciones realizadas en el gobierno de Arturo Frondizi, se acordó un crédito con el FMI y ese año (1959) la inflación medida por el IPC fue del 113,7% anual.  Con la dictadura militar de Videla lo mismo, acordó con el FMI y la inflación fue de 176% en 1977; de 175,5% en 1978; de 159,5% en 1979; de 100,8% en 1980; de 164,7% en 1981 y derrapo con la Guerra de Malvinas para ser de 343,5% en 1982.

El problema es mayor aún en la actualidad, tras la pandemia del covid 19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, importantes productores de trigo y girasol y, en el caso del primer país nombrado, de hidrocarburos.

Pero la suba de precios de los alimentos no beneficio al país o a las arcas públicas, sino a una minoría de grandes productores, acopiadores y comercializadores de los mismos, que se enriquecieron con el mayor precio, perjudicando al pueblo argentino que debió pagar los mismos a precio internacional, cuando el costo en el país es mucho menor.

Es más, el gobierno devalúa nuestra moneda en general y sobre devalúa (en un 35%) a favor de los grandes productores, acopiadores y comercializadores de soja, para, en forma paralela, vender dólares más baratos a algunos importadores. Primero les reconoció a los exportadores de soja $ 50.- más por dólar en septiembre 2022.  Y ahora, desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre 2022 el Tesoro de la Nación completa el importe de $ 230.- por dólar por la soja exportada y, el BCRA se lo vende a $ 170 a los importadores.  El ministro Sergio Massa se comprometió con la UIA - Unión Industrial Argentina (Pagani-ARCOR; Rocca-Techint; Blaquier – Ledesma; Magnetto-Clarín; etc.) que habrá más dólares a precio oficial para importar y de que, moderará el ritmo de suba del oficial en el intento de bajar la inflación a 4% mensual hasta marzo 2023 que, teóricamente, es el comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa.

En la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el valor del dólar y el valor del salario, si el dólar sube el salario real se cae. Como más del 70% de lo que se produce en el país se destina al mercado interno (depende de la capacidad adquisitiva del salario) y se vende al exterior básicamente lo mismo que se consume (consumimos relativamente poca soja, pero la soja reemplaza a otros cultivos y a la cría de animales, incrementando su precio por dejarle menor hectáreas de tierras y no las mejores), con lo que por buscar que los salarios en dólares en la Argentina sean menor que en Brasil (objetivo explicitado por Paolo Rocca de Techint y Cristiano Ratazzi de FIAT) entramos en una recesión que va a ser tan profunda como será la caída del poder adquisitivo de los que trabajamos.

La suba constante del precio del dólar encarece los alimentos, reduce el salario real (dado el salario nominal que no se incrementa en la misma proporción) y, dado el poder concentrado de las grandes empresas alimenticias y de los supermercados, igualan el precio interno al externos, esa suba de precios carcome el poder adquisitivo de las remuneraciones en pesos, de  jubilaciones y pensiones, hecho que   comprime la demanda de otros bienes, por ejemplo, manufacturas (bienes industriales: autos, línea blanca, celulares, etc.) de parte de los trabajadores.

La caída en la demanda de manufacturas no se ve compensada por una demanda proveniente de los mayores beneficios del sector que produce el bien exportable y, los mayores ahorros generados tampoco se traducen en una demanda suficientemente mayor de bienes de capital dirigida al sector manufacturero local (al contrario se fugan capitales y/o se importan bienes suntuarios ), con lo que el resultado es una minoría que fuga capitales más que lo que invierte en el país  y,  el grueso de la población que debe enfrentar una suba generalizada de los precios.

La propuesta

Antes de pagar como estamos haciendo, sujetándonos al plan del FMI, se debe investigar la deuda para que la paguen los que la fugaron.

Este es el sentido que tiene el Proyecto de ley del Frente de Todos que ya tiene media sanción del Senado y, tiene dictamen de mayoría en las dos comisiones que trataron el tema (Legislación General y Presupuesto y Hacienda) en la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto de ley crea un fondo en dólares para la cancelación de la deuda con el FMI, que se va constituir con las cuentas en el exterior no declaradas al fisco.

El 20% es la multa para las empresas que reconozcan la evasión, del 35% las que lo declaren en los primeros 6 meses de vigencia de la ley, y un 50 % para las cuentas que se encuentren pasado este tiempo.

Históricamente el endeudamiento externo en la Argentina financió la fuga de capitales. Los dólares de la deuda externa no beneficiaron el desarrollo del país, sino que fueron apropiados por unos pocos, quienes los fugaron por diferentes mecanismos opacos o ilegales, sin pagar el impuesto a las ganancias y bienes personales.

Los objetivos del proyecto son claros: Primero, que la Argentina pueda resolver la crisis de deuda que generó el gobierno de Cambiemos, sin resignar el objetivo de crecimiento con inclusión social e industrialización.  

Un segundo objetivo es dotar de racionalidad, previsibilidad y certidumbre a los actores económicos, que en el futuro sabrán a qué atenerse y sepan que el Estado fiscaliza y controla la evasión y la fuga y, cuenta con medios para multarlos por ese accionar

Y, por último, este proyecto contribuye al combate global contra el ocultamiento de activos. 

Quienes fugaron divisas de la Argentina y no las declararon han perjudicado a todos los contribuyentes de nuestra nación. Quienes más han dañado al país con la evasión fiscal y fuga de capitales deben hacer su aporte para volver a lograr soberanía económica de la Argentina. 

 

Notas:

(1) En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.

(2) Larry Fink  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.

(3) Artículo 6to. Inciso a) … ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo