23/7/2022

Política

Devaluación y dependencia, consecuencias sin sorpresas

Los sobresaltos financieros de la última semana carecen de sorpresa. Son las consecuencias de una economía puesta al servicio de los intereses de los grupos económicos y resultado directo del programa consensuado por el conjunto del sistema político con el Fondo Monetario Internacional.

Autor de la nota: Fernando Gómez

Fernando Gómez

Publicado el 23 de Julio de 2022


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La moneda nacional se devalúa desde hace 6 años a ritmo sostenido y constante. El gobierno de Mauricio Macri aceleraba y celebraba, el de Alberto Fernández intenta fingir las microdevaluaciones diarias diciendo que combate la estrategia de ataque sobre el bolsillo de las mayorías. Lo cierto, es que la devaluación es funcional a los grupos económicos que pagan salarios en pesos y venden productos en dólares afuera o en precios dolarizados en el país.

Alegar, como quien descubre el truco secreto de un mago prestigioso, que hay una presión devaluatoria en una economía condenada a la dependencia de la estrategia de multinacionales y potencias extranjeras, es una actitud desvergonzada, que no tiene consecuencias mas severas, porque la política reproduce discursos que sólo rebotan en las paredes de los palacios que habitan.

Los distintos componentes del Frente de Todos celebraron con aplausos al ex Ministro de Economía Martín Guzmán por haber alcanzado un acuerdo ruinoso para el país con las corporaciones de usura financiera que operan como acreedores externos de la deuda contraída por Mauricio Macri.

Aquel acuerdo, también, era una exigencia del FMI, con quien no se puede alcanzar contrato de facilidades extendidas alguno si antes no se cierra un acuerdo con los acreedores privados. Lo sabía Guzmán y cada uno de los dirigentes políticos que felicitaron aquella reestructuración de deuda.

El acuerdo con el FMI, aunque muchos pretendan despegarse en el futuro, fue una estrategia trazada desde las primeras horas de este gobierno. Matices más, matices menos, el conjunto de la alianza gobernante transitó el sinuoso comino de la dependencia económica sin utilizar la fortaleza política que otorga la representación popular y los porciones de Estado que usufructúan, para condicionar el destino de un acuerdo que condiciona lo destinos del país por las próximas décadas.

Las consecuencias de la actual presión devaluatoria, que terminó con saltos irracionales en el dólar ilegal, no deja de ser una hoja de ruta habitual para los grupos económicos, que encuentra convalidación y contención en la agenda suscripta con el FMI que demanda un ajuste en el tipo de cambio oficial.

 

La cantinela del dólar ilegal

Ya en el mes de diciembre, pero de 2020, el analista financiero Rodolfo Pablo Treber, señalaba que la presión devaluatoria es consecuencia, y no causa, de la dependencia económica. Para identificar el problema, sostenía que “el pueblo trabajador es el primer perjudicado, ya que afecta directamente al poder adquisitivo del salario por la relación directa y lineal entre devaluación e inflación; pero también castiga a empresarios importadores y a la cadena de producción local en su totalidad, dado que conlleva un aumento generalizado de los costos fijos, insumos y una caída de la demanda en el consumo interno.”

En tanto, marcaba con nitidez los beneficiarios de la devaluación de la moneda. “El sector exportador ve con buenos ojos tanto una caída del consumo interno, pues le genera mayor cantidad de saldos exportables, como un aumento del valor del dólar, porque cobra su liquidación en pesos al tipo de cambio oficial. Esto último explica el gran interés del sector agroexportador por la devaluación.”

“Someter políticamente a la Patria y empobrecer al Pueblo mediante crisis económicas, planificadas y permanentes, son la garantía de conservación del orden establecido. Necesitan que la Argentina no se levante, no se industrialice, para mantener inalterable su dominio. Esto les da posibilidades de negocios que trascienden, largamente, el comercio de granos, como la orientación del consumo interno y el manejo de recursos naturales (minerales, materias primas e hidrocarburos)” decía Treber hace un año y medio atrás, describiendo con naturalidad una coyuntura en la que algunos intentan fingir sorpresa frente a la agudización de las tensiones sociales que se generan como consecuencia de una política económica planificada en esta dirección.

Apuntaba Treber por aquel entonces que “debemos identificar la causa de los problemas económicos de la Argentina en la implementación, consolidación y naturalización de un sistema político ajeno a los intereses nacionales, con base en la privatización y extranjerización de su comercio exterior y su sistema financiero. Este, y no otro, es el origen de la primarización de su economía y la dependencia de una moneda que no emite ni controla.”

 

El drama cotidiano de nuestra soberanía

El manual de la dependencia económica indica que una vez privatizado un resorte estratégico en manos del Estado Nacional, cuando crecen las presiones recuperar desde el sector público el control de la herramienta otrora enajenada, una buena estrategia es prorrogar las concesiones para estudiar mejor los temas y poner en suspenso los debates, hasta que se agoten en los laberintos de la cobardía.

El decreto 949 con el Río Paraná y la mal llamada Hidrovía es una prueba contundente de ello. Y para el que no quiera entender, en esta semana pasada, “La Secretaría de Energía prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la fecha límite de las concesiones provisorias de 13 represas hidroeléctricas, localizadas en las provincias de Mendoza, San Juan, La Pampa y Jujuy. Las centrales comprendidas son las de San Martín, La Lujanita, Los Coroneles, El Carrizal, Cacheuta, Triple Salto Unificado, Canal Cacique Guaymallén, Tiburcio Benegas todas en la provincia de Mendoza; Salto de la Loma y Los Caracoles, en la San Juan; Casa de Piedra en la de La Pampa; y Reyes en la de Jujuy”, narra la crónica oficial, y mantiene la privatización de la producción energética en medio de un nuevo aumento de tarifas para combatir los subsidios.

Mientras nadie sabe cuál es el costo real de producción de un Kwat en el país, y en medio de la oportunidad de recuperar las concesiones ruinosas del menemismo, la Secretaría de Energía decidió manotear el manual de la dependencia económica y prorrogar las concesiones hasta el 2025, cuando otro gobierno tenga en sus manos los resortes institucionales del país.

El año que viene vencen las concesiones de las represas situadas en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Río Negro. El debate está en el centro de la agenda de los actores políticos y económicos involucrados en el asunto. Si quieren un adelanto de lo que puede ocurrir, apenas basta con observar en el Boletín Oficial las Resoluciones 534/2022, 535/2022, 536/2022, 537/2022, 538/2022, 539/2022, 541/2022, 542/2022, 543/2022, 544/2022, 545/2022, 546/2022 y 551/2022 y poder ver en el futuro lo que habrá de suceder con las concesiones de nuestra Patagonia.

Aunque el tema pase desapercibido, la anomia frente a la cuestión, marca el grado de desertificación ideológica que atraviesa al movimiento nacional. En pleno debate sobre acortar subsidios a la energía, en la circulación de un formulario para lograr entrampar a la mayoría de los argentinos en el nuevo tarifazo que reclama el FMI, la vergüenza que debiera generar hacer pagar a nuestro pueblo las consecuencias de un ajuste al mismo tiempo de echar leña a la inflación, al mismo tiempo en que se mantiene el negocio de la energía en manos privadas.

 

Como las centrales, pero con todo

Un pasquín pretendidamente ubicado ideológicamente en las filas del movimiento nacional se preguntaba en ésta semana acerca del “misterio de los restaurantes llenos”. Sobre premisas de la consultora Ecolatina, se preguntaban sobre la razón por la que se produce un boom de consumo.

“La economía vuela” se escucha decir a cualquier funcionario extraviado de la realidad que se abraza a estadísticas de hace meses para justificar su posición de privilegio en la estructura del Estado Nacional.

Viven, sienten, piensan la política, analizan los problemas y escuchan sugerencias de forma diametralmente opuesta al pueblo que pretenden representar.

Es un acto de cinismo, en un país que tiene trabajadores formalizados cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza, y la enorme mayoría de los que habitan este suelo trabajando en la mas absoluta informalidad o sin trabajo, andar preguntándose por el misterio de los restaurantes llenos. Es la misma patología del funcionario que alega que la economía anda bárbaro, porque escuchó que las corporaciones agroexportadoras levantaron 14.000 millones de dólares y los grupos económicos registran ganancias siderales.

La política no es el arte de ganar elección tras elección sin importar un rábano el proyecto político que se defiende. Hará falta una profunda reflexión en ese sentido, o atenerse a las consecuencias al inevitable ejercicio de rendición de cuentas compulsiva a la que habrá de someter al sistema político el pueblo invisible que no pisa los restaurantes ni usufructúa las mieles de la concentración económica.

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