31/12/2022

Política

Doctrinas de Estado: un balance a 40 años de democracia

“De no volver a concebir a la democracia bajo una mirada popular y revolucionaria rescatándola de la derecha y el progresismo liberales, quedaremos rehenes de una democracia de baja intensidad que le sirve a pocos en detrimento de las mayorías.”

Autor de la nota: David Acuña

David Acuña

Publicado el 31 de Diciembre de 2022


Imagen de la nota 'Doctrinas de Estado: un balance a 40 años de democracia'

“El hombre y la sociedad se enfrentan

con la más profunda crisis de valores

que registra su evolución”

Juan Perón

 

Miradas de largo plazo

Las palabras que anteceden son parte de la exposición que Juan Perón realiza el 30 de marzo de 1949 ante el Primer Congreso Nacional de Filosofía y que hoy conocemos bajo el título de “La Comunidad Organizada”. Pasaron más de siete décadas y, sin embargo, podrían ser palabras que describen la realidad presente. Tal vez sea así porque si observamos el desarrollo de la humanidad en una perspectiva temporal de larga duración nos encontramos nuevamente en un proceso de Guerra Fría entre las potencias militares y en los albores de una posible conflagración mundial.

Adoptando nuevamente una mirada de largo plazo, podemos sostener que en la Argentina moderna solamente han existido dos concepciones doctrinarias de Estado.

La primera de ellas, surgida de los vencedores de Caseros, es la que organiza la Nación hacia 1880 construyendo una arquitectura estatal acorde a la élite terrateniente. Su modelo agroexportador de cara a las necesidades del mercado británico fue acompañado en el plano interno con un orden político conservador, oligarca y represivo donde las masas sociales eran vistas más como una amenaza que como una deuda pendiente de la Independencia. Esta primer formar de organización de real alcance nacional, con algunas oscilaciones entre 1916 y 1930, durará apenas un poco más de sesenta años hasta que la Revolución del 4 de junio de 1943 empieza a modificar su estructura.

La segunda de ellas, surgida de la irrupción obrera que radicaliza los postulados de la proclama del 4 de junio de 1943, es la que organiza el Justicialismo y se consolida con una nueva Constitución en 1949. Su modelo de sustitución de importaciones, transferencia de renta agraria para la industrialización, regulación del comercio exterior y el crecimiento del mercado interno fue acompañado por primera vez por un orden democrático representativo real, de integración de las masas sociales a las políticas públicas por medio de sus organizaciones y una planificación estatal de las prioridades materiales que permitieran empezar a sanear las deudas pendientes que la República tenía con los más humildes y la clase trabajadora en general. La experiencia Justicialista con el pueblo como sujeto de derecho y el tercerismo como concepción de política exterior, duró tan solo diez años.

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que luego del golpe gorila de 1955, con diferentes escenarios coyunturales hasta el presente, estas dos concepciones doctrinarias se han venido enfrentando de diferentes maneras y en forma transversal a todos los actores políticos-ideológicos. No se puede hacer un análisis lineal sobre las expresiones identitarias teniendo en cuenta solamente su manifestación institucional o partidaria, lo cual sería como quedarnos tan solo con una foto cuando en verdad el devenir de la historia se asemeja más a una película. Es necesario, entonces, poder desentrañar cuáles son los actores que se asumen en cada lado de la confrontación y encaminarnos en términos prácticos a sintetizar la contradicción principal que expresan ambos bandos. “Civilización o Barbarie”; “La Causa contra el Régimen”; “Patria sí, Colonia no”; “Braden o Perón”; “Pueblo y Oligarquía”; “Liberación o Dependencia”; “Patria o FMI”; son algunas expresiones que sintetizan el mayor grado de contradicción en una temporalidad determinada y en la cual, no siempre, encuadran en forma unánime la totalidad de las identidades políticas, sociales, religiosas, etc., que le dan origen. Por eso mismo, el concepto de traición en la política argentina tenía un peso, una sentencia, muy densa sobre quien se la aplicara.

La estrategia central de los sectores concentrados de poder ha sido generar las condiciones internar por medio de métodos represivos (culturales, jurídicos, militares y parapoliciales) para integrarse como sectores de clase al capital transnacional. Y en esa integración se llevaron puestas todo tipo de formalidad institucional constitucional o de ética democrática que oficiaba de ropaje a la República. O, dicho de otro modo: la oligarquía, las élites y los poderes fácticos, nunca asumieron, a diferencia del progresismo, que pudiera existir una dicotomía entre “dictadura y democracia”, pues en ambos modelos ellos llevan adelante su objetivo de transnacionalización del capital y sujeción de la Nación.

Teniendo esto en cuenta, nosotros sostenemos, que, con diferentes metodologías y concepciones políticas, ha sido fundamentalmente el movimiento obrero organizado y las organizaciones políticas encuadradas en el peronismo revolucionario y la izquierda revolucionaria, las que entre 1955 y 1983 llevaron adelante la lucha por frenar el avance del capital transnacional en nuestro país.

 

Rehenes de una democracia de baja intensidad.

El capital es como un motor de varias velocidades, acelera y desacelera según la ruta por la cual transita. Tal es así, que la restauración democrática de 1983 vino a consolidar un modelo social que en todos los órdenes está mucho más cercano a la primera doctrina de Estado que hacíamos referencia al inicio de este artículo, que a la Justicialista derrocada en 1955. Pues bajo el patrocinio de la democracia el modelo extractivista y de concentración económica, extranjerización de la matriz productiva, desguace y achicamiento del Estado, reprimarización económica, privatizaciones, subordinación de la política exterior al bloque anglosajón, recolonización científico-pedagógica, desarticulación del tejido social y quiebre de los valores comunitarios tradicionales, fue un éxito de la mano de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, quienes provocaron la primacía de lo financiero (tanto en lo económico como en lo cultural) por sobre el resto de la arquitectura social. Y como muestra basta un botón: la Ley 21.526 de Entidades Financieras de 1977 diseñada por José Martínez de Hoz sigue siendo la piedra basal sobre la cual se erige la estructura economía argentina y que ningún gobierno hasta la fecha ha tenido el coraje de derogar.

El sistema democrático en el cual vivimos actualmente está muy lejos de parecerse al surgido de 1946. No es solo una cuestión de alcances en el grado de institucionalización de derechos y democratización del disfrute de las cuestiones materiales para el conjunto de la población, sino que hay una diferencia de sustancia constitutiva a cada uno.

Mientras que el acceso del Justicialismo al poder parte de la radicalización de un proceso de lucha antioligárquico y antiimperialista, el surgido en 1983 parte de la derrota del campo popular entre 1976 y 1977 en cuanto a sus aspiraciones más radicalizadas y aun también las de aquellas que se contentaban con restaurar algo de la experiencia del peronismo originario. La transición de la dictadura cívico-militar a la democracia se hizo bajo el triple signo del genocidio de Estado, la desmalvinización y la estigmatización de los sectores militantes combativos.

El genocidio cumplió la tarea de exterminar físicamente cualquier tipo de disidencia al modelo de primacía financiera que se imponía al mismo tiempo que disciplinaba al resto del cuerpo social sobreviviente. El proceso desmalvinizador operó no solo como la sumisión a los vencedores en el campo bélico-diplomático, sino como proceso cultural de pérdida de autoestima nacionalista dejando el campo fértil para la implantación de los valores angloliberales a niveles generales de toda la sociedad. Y la estigmatización de los sectores militantes combativos por medio de la Teoría de los Dos Demonios, no solo fue la forma de romper los puentes intergeneracionales entre los proyectos de cambio social de los '70, sino la manera de atomizar al conjunto del campo nacional para que asumiera como inexorable el aggiornamento político que proponían las usinas del pensamiento único occidentales propiciando el avance de los sectores burocrático-conservadores sobre los partidos, sindicatos y demás instancias organizativas del campo nacional.

La restauración democrática implicó trocar el concepto de “pueblo” por el de “gente” y la primacía del individuo egocéntrico por sobre el conjunto comunitario. La década de los '90 fue la derrota de la política como tal y como experiencia de confrontación de intereses. Derrota que fue más abrumadora por la doble imposibilidad de repensar los '70 en cuanto a lucha entre proyectos políticos antagónicos y porque la implementación del nuevo proceso de dependencia nacional se hacía bajo el signo político del peronismo.

El estallido del modelo de primacía financiera y su forma de representación política en diciembre del 2001 provocó el desacelere de la voracidad del capital trasnacional sobre la Argentina y sus recursos al mismo tiempo que resurgía la revalorización de la política como herramienta de transformación social.

Quien mejor supo expresar la crisis social encausando al país en un ciclo de recuperación productiva, redistribución del ingreso, desendeudamiento externo y fortalecimiento del Estado en su rol planificador de la vida nacional fue Néstor Kirchner. Para nosotros es indudable que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández generaron los mejores años de recuperación nacional en todos los planos desde la restauración democrática. Aun así, volviendo nuevamente la mirada al largo plazo de la historia, ambos gobiernos fueron algo tan efímero como el peronismo originario, aunque con menor profundidad y alcance.

Hay quienes piensan que la diferencia fundamental entre el peronismo originario de Perón y Evita con el de Néstor y Cristina es de raíz doctrinaria reclamándoles a los segundos, justamente, falta de doctrina justicialista o excesivo desarrollismo-progresista. Por el contrario, nosotros creemos que ambos procesos han sido la expresión coyuntural de lo que en política está dispuesto a avanzar el pueblo. Con la salvedad, que el peronismo originario supo ser la expresión estatuyente de sectores sociales que previamente venían expresaban contradicciones de intereses en el plano político, cultural y económico entre lo nacional y lo oligárquico-imperialista, mientras que el kirchnerismo expresó la recomposición de la unidad Pueblo-Nación donde otros la habían llevado casi a su disolución. Y como nada ni nadie ara un campo en el vacío, Néstor y Cristina se recostaron en el sistema social surgido en 1983 como único sustrato político (para bien o para mal expresado en la dicotomía “democracia o dictadura”) sobre el cual proyectar una recomposición del cuerpo social, mientras que Perón y Evita lo hicieron expresando la radicalización obrero-militar de un proceso previo de tres años que había terminado con la Década Infame dando el salto a una instancia de “Liberación Nacional o Dependencia”.

De esta manera, el primer proceso de democracia real de masas fue parido en un cambio social profundo donde la irrupción de las masas obreras fue determinante para darle al peronismo su sesgo democrático-plebeyo encaminándolo a una Revolución que queda inconclusa por un golpe de Estado y una revancha conservadora. Mientras que el virtuoso proceso kirchnerista de recomposición social queda trunco por no romper con el statu quo institucional que encorsetó aquello que denominó como “profundización” y “sintonía fina”. El pecado del kirchnerismo fue asumir que se puede jugar a la democracia con aquellos que reescribieron sus reglas pero que están dispuestos a amañarlas o quebrarlas cada vez que le conviene.

El kirchnerismo es hoy la máxima expresión política de lo que las reglas democráticas permiten hacer una vez llegado al gobierno del Estado sin romper con la arquitectura de un sistema de representación social que no está pensado, a diferencia del de 1949, para garantizar la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política. La grieta no se sella apelado al diálogo con el contrario, sino asumiéndolo a éste como enemigo de los intereses del pueblo al que hay que combatir y desarmar en su capacidad de daño. Somos eslabones en una guerra larga.

De no volver a concebir a la democracia bajo una mirada popular y revolucionaria rescatándola de la derecha y el progresismo liberales, quedaremos rehenes de una democracia de baja intensidad que le sirve a pocos en detrimento de las mayorías. Hacerlo es asumir que hubo una derrota y es necesario volver a intentarlo donde otros no pudieron, no los dejaron o no quisieron.