8/5/2021

Política

El catálogo de las buenas intenciones

Una nueva reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre fue la oportunidad para volver a manifestar preocupación por la pobreza en que vive una descomunal cantidad de compatriotas. Se renovaron diagnósticos, se reasignaron partidas y se insiste en la fórmula de transitar caminos inconducentes para edificar respuestas a problemas urgentes.

Autor de la nota: Fernando Gómez

Fernando Gómez

Publicado el 8 de Mayo de 2021


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En el 102 aniversario del nacimiento de Evita, se utilizó la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, para anunciar la iniciativa de ampliar el monto de asignación de la tarjeta alimentaria, que amplía la población alcanzada y eleva el monto de la asignación otorgada.


"Hoy recordamos el nacimiento de la mujer que todo lo hizo por amor a su pueblo. Sintió su dolor y dedicó su vida a una Patria más justa. Siempre recordamos su mayor enseñanza: 'Donde hay una necesidad hay un derecho'. Con esa convicción gobernamos", había anticipado el presidente Alberto Fernández en sus redes sociales.


Horas después, rodeado de una parte importante del gabinete, anunció que se ampliaba la cobertura de la Tarjeta Alimentar, señalando que "la madre de un hijo cobrará 6 mil pesos; el bono de 9 mil pesos lo recibirán los que tengan dos niños y se incrementará a 12 mil pesos para los que tengan 3 o más hijos", ampliando la edad para poder recibir esa ayuda a "14 años inclusive".


Resulta inobjetable que en un país que alcanzó el 40% de pobreza, y que el 57% de esos pobres lo explican los menores de 14 años de edad, la búsqueda de poner en el bolsillo de esos compatriotas una suma de dinero que le permita hacerse de alimentos, la decisión política es loable. Que opere como homenaje a Evita es, cuanto menos, objetable.


Más aún, si en los propios anuncios, se volvió a diagnosticar con preocupación que "no hay dinero que alcance para poner en los bolsillos de los argentinos que lo necesitan si siguen aumentando los precios", mientras se atraviesa el mes 18 de gobierno sin poder encontrar en el Estado el resorte adecuado para poner un límite a la voracidad con la que los oligopolios que controlan los precios de los alimentos han maximizado su rentabilidad con el alza indiscriminada de precios.


En alguna medida, asumir la gestión del Estado Nacional, no es una plataforma para transformar funcionarios en panelistas. Muy por el contrario, es aplicarle a los diagnósticos, el poder político que significan los resortes institucionales, y resolver una parte de los problemas centrales que sufre nuestro país, entre ellos, la falta de trabajo y la pobreza estructural.


Con vocación de épica de la batalla contra el hambre, en un panel televisivo, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sostuvo que la decisión del aumento en la tarjeta alimentaria significa "la ampliación de la política social más importante" y aseguró que representa un esfuerzo del 0,7 puntos del Producto Bruto Interno, en la medida que implica una inversión superior a los 200.000 millones de pesos en éste año.


La cifra es alta, sin dudas, pero apenas conmueve a los 800.000 millones de pesos que en el año 2020 el Gobierno Nacional pagó de intereses a los Bancos por el incremento de las Leliq, instrumento que en campaña fuera considerado como una estafa y de cuyo producto, se justificaría el incremento de salarios y jubilaciones.    

El largo trecho del dicho al hecho


Alberto Fernández sostuvo en su discurso que el objetivo es "salir de la Argentina de la gran concentración hacia una Argentina que distribuya mejor sus ingresos hacia más argentinos y argentinas".


El dilema de las buenas intenciones es la dinámica recurrente en la que colisionan contra la realidad.


Llama la atención que la frase fue pronunciada ante Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL; Vanesa Defranceschi, del Grupo Clarín; Gustavo Idígoras, presidenta de la Cámara Industrial Aceitera; José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, entre otros concurrente asiduos al Consejo Argentina contra el Hambre y ostentosos representantes de la cartelización oligopólica de nuestro país.


Por otro lado, en otra clara expresión de buenas intenciones, el Presidente puntualizó que se va a "seguir trabajando", haciéndoles también saber a "los acreedores" de la deuda externa que van a tener que "esperar hasta que los argentinos recuperen su dignidad". Sorprende que la frase fuera pronunciada 24 horas después de haber cancelado una nueva cuota del préstamo al FMI, principal acreedor de la deuda externa que tiene el país.


Las medidas anunciadas en el Consejo contra el Hambre, se complementan con una serie de anuncios en los que se busca renovar un acuerdo con el consorcio de exportadores de carne para facilitar 8000 toneladas mensuales a precios moderados, y una serie de acuerdo de precios para asegurar verduras y alimentos a precios “razonables”, los que cotejados con el programa Precios Cuidados, registran una suba en la mayoría de los productos.


Como se advierte, la dirección para enfrentar la inflación, insiste con repetir sus errores. Como bien señala el presidente del Instituto para la Producción Popular, Enrique Martínez “se anuncian planes para bajar la inflación de productos básicos. La línea es clara: negociar con los que causaron el problema; ignorar a los pequeños productores que son quienes pueden resolverlo. Otra vez sopa”.


Sobre ese particular, el economista Juan Valerdi sostuvo que “los precios máximos y Precios Cuidados pueden ser un camino a corto plazo para saldar una situación temporal. Pero no puede ser la política de lucha contra la inflación. La Argentina nunca se tomó la molestia seria de ir contra los intereses de los formadores de precios. No hay una política de combate a los abusos de los monopolios y oligopolios, principalmente los de alimentos y bebidas. Hay que articular todos los organismos del Estado que tienen derecho a incidir en los números de las empresas y así puedan evaluar cómo se forman los precios de los alimentos, qué tanto hay de verdadero y de falso en los costos que tienen esas empresas tanto de alimentos como de servicios públicos”.

¿Justicia Social?


El naufragio de las buenas intenciones ha perdido margen para la dinámica agotadora de la prueba y el error. El diagnóstico de una situación social que empeora entre panel y panel televisivo en que los funcionarios exponen el problema, agigantan la distancia para encontrar respuestas adecuadas que empujen la dinámica de la agenda política de gobierno hacia un horizonte de Justicia Social.


Es difícil vislumbrar una agenda distributiva en un escenario en el que se contempla pasivamente los escandalosos niveles de concentración económica, tanto como es imposible pensar que la dinámica de repartir una ínfima parte del excedente económico puede generar algo más que redes de contención para los que sufren hambre en una tierra plagada de riquezas.


Por mucho que se intente estrujar la memoria de Evita, no hay pliegue de su ideario, en el que encuadre el horizonte de construcción de una comunidad en la que la mitad sobrevive con una dinámica económica de carencias, otra parte importante hace malabarismos para vivir con salarios que no alcanzan y una pequeña porción es propietaria del destino de la mayoría, y también, de la agenda política del Estado.


Una comunidad desorganizada en la que la mitad debe recurrir a comprar en las tiendas que aceptan la Tarjeta Alimentar, peregrinan comedores para reunir mercadería y venden el producto de donaciones en ferias de autoconsumo empobrecido, muy poco tiene que ver con aquella premisa de reorganizar desde el Estado las fuerzas productivas de un país que produce mucho más que las necesidades de sus habitantes.


Sobre las carencias de nuestro pueblo, y las carencias de ideas en nuestra política, operan los vacíos que no se llenan con calendarios electorales.  

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