7/5/2022

Economía

¿El crecimiento económico es para todos?

Tras el anuncio de un bono especial de 18.000 pesos en dos meses con el que el Gobierno Nacional pretende hacer frente al tremendo ciclo inflacionario que azota el bolsillo de los argentinos, una serie de afiches intentaron darle a la decisión una pretensión distributiva. ¿Es así como dicen? ¿El crecimiento es para todos?

Publicado el 7 de Mayo de 2022


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El 18 de abril de 2022 Alberto Fernández y Martín Guzmán, anunciaron un bono de 18.000 pesos para aquellos que no se encuentran formalizados en su relación laboral o jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, con la pretensión de acolchonar en el bolsillo de los argentinos los impactos del tremendo ciclo inflacionario que vive el país.

“Debemos garantizar que el impacto de la inflación no recaiga sobre el bolsillo de los más vulnerables”, señaló el Presidente. “La recaudación crece y podemos financiar todo esto que estamos promoviendo. “¿Dónde sentimos que está fallando nuestro proyecto? En la distribución. Porque la inflación se come gran parte de los aumentos salariales y de los ingresos para los sectores más vulnerables”, agregó.

En la jornada de hoy, 7 de mayo, se vence la oportunidad para inscribirse digitalmente en Anses para percibir el bono en cuestión. Millones de compatriotas saturaron la tecnología del organismo previsional durante las primeras jornadas y recién la primera cuota se estaría cobrando a partir de la semana próxima de acuerdo a la terminación del DNI.

Pero antes que todo, y lejos del tono bajo que tuvo el anuncio, el Partido Justicialista sobreactuó la decisión con unos afiches que inundaron la Ciudad de Buenos Aires. En forma pretensiosa señalaron gráficamente “El crecimiento es para todos. Gracias por el bono a los trabajadores y jubilados”.

Mas allá de lo dañino que es ideológicamente que el peronismo sostenga que 300 pesos por día, en un país donde el kilo de carne triplica ese monto, resulta una decisión reivindicable y digna de agradecer, lo cierto es que la realidad, las estadísticas y las consecuencias de la decisión, desnuda de manera brutal los niveles de desigualdad económica que atraviesa nuestro país.

Sin dudas la economía argentina crece, el reflejo es estadístico y nadie sospecha que sea falso. El dilema es que la realidad social de nuestro país marca un escenario absolutamente distante de ese crecimiento económico. El reflejo, también se advierte en forma nítida del análisis estadístico.

“Comparando la situación distributiva en los comienzos del 2020, previo a la pandemia (el 1er trimestre), con la última información disponible del 2021 (4to trimestre) surge lo siguiente: la masa salarial pierde 5,2 puntos de participación como resultado del comportamiento del empleo y los salarios, es decir, que en el contexto de la recuperación de la actividad económica los trabajadores transfirieron en pesos, al cambio oficial, 23.589 millones de dólares. El ingreso mixto, representativo de la fuerza laboral no asalariada informal perdió a su vez 3 puntos de participación en el ingreso generado. Esto significa que este sector de la fuerza de trabajo transfirió 13.650 millones de dólares en el mismo periodo. En ese contexto, el excedente bruto de explotación concentrado en la cúpula dominante en términos empresariales se expandió en un 11,2 puntos de participación apropiando 50.357 millones de dólares.” Señalan desde el IPYPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas)

Y en gran medida, la transferencia brutal de recursos se explica por el ciclo inflacionario. Así lo destaca el informe del IPYPP al mencionar que “el excedente creció por encima de lo que la fuerza laboral le transfirió. La razón: el proceso inflacionario le permitió capturar en su favor incluso los subsidios que el Estado expandiera en el período. En otros términos, durante la etapa considerada los subsidios públicos expandieron el ya abultado excedente empresarial en 13.118 millones de dólares adicionales.”

En forma concluyente, destacaron que “Este es el contexto de ampliación de la desigualdad en el marco del cual deben entenderse los datos de recuperación de la actividad económica que sistemáticamente se presentan y que, al disociarse de su distribución, oscurecen la comprensión del proceso que vive la sociedad argentina y puntualmente su clase trabajadora.”

En forma similar a las conclusiones alcanzadas por el IPYPP, el Centro CIFRA de la CTA sostuvo en un informe reciente que “En lo que respecta a los salarios registrados –que aumentaron 3,0% en términos reales entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2021– la subestimación de la inflación futura a la hora de definir la pauta salarial inducida por el gobierno, fue uno de los factores que dificultó la recuperación del salario incluso para los trabajadores formales, protegidos por el mecanismo de la negociación paritaria. Los gremios que están actualmente en negociaciones plantean acuerdos por períodos inferiores a un año, buscando que el salario no quede siempre detrás de la inflación.”

También concluyeron en el informe que “En torno a estas evidencias, se discute actualmente si la propia recuperación económica y del empleo es suficiente para inducir un aumento en los salarios reales y, por esta vía, mejorar también la situación social. Cierto es que la baja en la tasa de desocupación implica para las y los trabajadores una situación de mayor fortaleza relativa; aunque con desigualdades muy grandes. Pero también es cierto que las políticas del Estado tienen incidencia –por acción u omisión– en la distribución del ingreso. Ante el deterioro acumulado en las condiciones de vida de las y los argentinos, esperar a que solo el libre mercado mejore estas condiciones implica sostener el empobrecimiento e incluso dificultar la propia recuperación de la economía.”

Existe, con toda evidencia, un reflejo estadístico de esa tragedia social cotidiana que se advierte en forma nítida cuando uno atraviesa la realidad. No es un problema de percepción, es un problema de proyecto político, o de ausencia de él. La Argentina, cuyo diseño de las políticas públicas, sigue subordinada a los intereses de los grupos económicos.

La Justicia Social no decanta de los balances de las grandes empresas, si no, de la capacidad que tiene un proyecto político respetuoso de las necesidades populares, de imponer agenda en la dinámica política, económica y social de un país. Una tarea, a todas luces, pendiente en la agenda actual del gobierno. 

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