13/11/2021

Economía

El modelo del fraude inocente

Alejandro Marco del Pont, el tábano economista, desmantela relatos arraigados y vigentes en la perspectiva de pensar el crecimiento económico de nuestro país. Una mirada soberana para nuestra economía, un destino pensado desde nuestros zapatos.

Autor de la nota: Alejandro Marco del Pont

Alejandro Marco del Pont

Publicado el 13 de Noviembre de 2021


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Aunque todo lo demás falle, siempre podemos asegurarnos la inmortalidad cometiendo algún error espectacular. (J. K. Galbraith)

El célebre economista norteamericano John Kenneth Galbraith no sorprendió a nadie con su ensayo “La economía del fraude inocente”, menos aún al calificar al sistema económico actual como una inmensa estafa intelectual. Las discusiones dominantes y los lugares comunes terminan creando un mundo imaginario y ficticio sobre el cual construimos y discutimos nuestros sistemas económicos.

La realidad ha demostrado que las discusiones acerca de la anhelada convergencia de crecimiento, en las cuales los países emergentes emparejarían a los avanzados gracias a las inversiones de estos últimos en los primeros no se han producido ni se producirá. De hecho, cualquier tipo de desarrollo logrado por los países emergentes ha sido financiado con fondos propios.   

Argentina, por su parte, ha demostrado que acuerdos con el establishment no han dado resultados exitosos, sobre todo porque la disputa de modelos y la distribución del ingreso no se han saldado. Si se toman los 45 años comprendidos entre 1974 y 2019, el crecimiento acumulado fue de apenas un 26%, lo que equivale a una tasa anual del 0,5%, extremadamente exigua, como lo expresa el documento del  Ministerio de Desarrollo Productivo “Desarrollo productivo de la Argentina pospandemia”.

Mucho se ha debatido sobre el porqué de esta trayectoria tan decepcionante de las últimas décadas. Obviamente que la derecha piensa que Argentina se arruinó en 1945, producto del surgimiento del peronismo, el cual habría impulsado medidas económicas insustentables –el famoso “populismo económico”– y siendo el culpable de todos los males del país, aunque haya gobernado 27 de 74 años –si quitamos los diez años de menemismo que, claramente, no fueron peronistas–, desde 1944 a 2019.

En el documento se marca con mayor intensidad la incapacidad de lograr acuerdos económicos, sociales y políticos entre las partes en disputa a lo largo de este periodo. Esta ineptitud motivó que en 1976 se resolvieran de la peor manera posible las diferencias y la forma de eliminar al peronismo. La iniciativa de una de las partes llevó a que el 30,2% de los desaparecidos durante la dictadura fueron obreros y 53,3% fueran estudiantes, empleados, profesionales y docentes. Las primeras medidas aplicadas por la dictadura fueron intervenir los sindicatos, encarcelando y desapareciendo a sus dirigentes, eliminar el derecho a huelga, congelando los salarios y derogando 25 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Según los datos que aporta el libro “Historia económica, política y social de la Argentina (1888-2003)”, de Mario Rapapport, durante la dictadura la deuda externa había pasado de unos U$S 7.000 millones a U$S 44.000 millones, es decir, del 18% del PBI al 60%, más que quintuplicándose. Se congelaron los salarios, que disminuyeron un 40%, el gasto en personal pasó de un 32.5% del gasto total en 1974 a un 18.8% en 1983. Las pymes fueron destruidas, la industria manufacturera perdió el 38% del personal ocupado y el salario se retrajo un 39%, la desocupación se triplicó (pasó de un 3% a un 9% en 1983) y la pobreza del 2.9% al 25.3%, mientras la inflación tuvo 200% de media anual. La participación del salario en el PBI pasó del 45% en 1974 al 22% en 1982.

Coincidentemente, en 2016 los mismos intereses tomaron el país, con idéntica lógica, y esta vez sin desaparecidos aplicaron similares políticas. Entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, la actividad económica se contrajo 7%, se destruyeron 280 mil empleos asalariados formales en las empresas del sector privado y cerraron 23 mil empresas, mayormente PyMEs. Los servicios públicos subieron entre un 1.500% y 5.500%, el salario real de los trabajadores formales cayó 18.3% respecto a 2015, y como efecto del deterioro en el ingreso de los hogares la pobreza se elevó del 25,7%, en el segundo semestre de 2017, al 35,5% al 2019, y el coeficiente de Gini pasó de 0,422 a 0,444 entre los segundos semestres de 2017 y 2019.

La deuda pública bruta, que incluye los pasivos en pesos y en dólares, contraídos en el mercado doméstico y en el exterior, más los cupones atados el PBI, alcanzaron los U$S 307.295,6 millones al segundo trimestre de 2017, según el Ministerio de Finanzas. Esto es, en un año la deuda aumentó de U$S 49.137 millones. Al final del mandato se había incrementado en U$S 100.000 millones, alcanzando casi el 100% del PBI.

Resulta difícil, yo diría un logro desmedido, poder acordar las mínimas políticas económicas que garanticen un crecimiento homogéneo, sostenido e inclusivo con grupos económicos que anhelan la desaparición del trabajador del proceso distributivo. Desde el Consejo Empresario Argentino (CEA), uno de los apoyos cívicos más firmes de la dictadura, los representantes del establishment fueron mutando de nombre y de hombres, de manera misturada dependiendo la época. De capitanes de la industria, Unión Industrial o a la Sociedad Rural, fueron, de forma aglutinada o por sector, condicionando al poder estatal. El que siempre condicionó y nunca cambio de nombre es el FMI. Hoy, para negociar con el gobierno el rotulo es el Consejo Agroindustrial Argentino.

Con un total de 42 entidades en sus inicios, su objetivo fue envolver al Estado, impulsando proyectos que permitan alcanzar los 100.000 millones de dólares de exportaciones y crear 210.000 puestos de trabajo. La forma de logar esta propuesta, denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”, fue presentarla ante las autoridades nacionales, provinciales, miembros del Poder Legislativo y a otros sectores económicos. Con esto se busca consolidar el apoyo estatal a través de un proyecto de “Ley de Desarrollo Agroindustrial Exportador” que fuera aprobado en el Congreso Nacional.

Coincidentemente, la propuesta fue adoptada e integrada al documento “Desarrollo productivo de la Argentina pospandemia” del Ministerio de Desarrollo Productivo. Para apadrinarla y tomarla como una de los ejes centrales del crecimiento hay que validar algunos supuestos que cuantitativa y cualitativamente son discutibles. En principio parecería indiscutible que la Argentina es un país con necesidades de dólares para su desarrollo, aunque la Dirección de Estadísticas del Sector Externo muestra un superávit comercial desde el año 2000 a agosto del 2021 de U$S 190.000 millones. Lo que queda claro es que las exportaciones son mayores que las importaciones, el problema no son los dólares, sino la propiedad de los mismos.

Nadie pone en duda que aumentar las exportaciones a U$S 100.000 millones anuales sería provechoso, pero no para cubrir las necesidades de importaciones que el crecimiento demandaría. Dando como cierta la elasticidad producto de las importaciones, es decir, por cada incremento de 1 punto del PBI las importaciones tienen que crecer 3 puntos, los mayores problemas argentinos actuales son la deuda, la fuga de capitales, no el crecimiento económico.

Veamos esto un poco más de cerca. Las mayores exportaciones argentinas se realizaron en 2011 donde se exportaron según el INDEC U$S 84.268 Millones y se importaron U$S 73.922 Millones con un saldo comercial de U$S 10.643 millones y obteniendo un crecimiento del PBI del 6%. Esto se produjo con un gobierno intervencionista, regulador, de nula confiabilidad, con retenciones elevadas y tipo de cambio anclado. El incremento de las importaciones fue del 30%

Según el mencionado documento del Ministerio, las exportaciones de bienes finales han pasado de tener retenciones promedio del 4% al 0%, en tanto que las de insumos elaborados industriales han pasado de tener retenciones del 4,1% al 3%. Se redujeron las retenciones a las exportaciones mineras, que pasaron del 12% al 8%, y se redujeron a cero los derechos de exportación para unos 70 productos agroindustriales de exportación provenientes de las economías regionales, a través del decreto 410/2021. Los 4 pesos por dólar FOB exportado fueron reemplazados por un porcentaje fijo del 9%, mientras que la soja quedó con una retención del 30%, los cereales (trigo y maíz) con 12%.

Todas las flexibilizaciones parecen lógicas ante la caída en las exportaciones por la pandemia, pero no por el incremento de sus precios. Aun así, sigue sin quedar claro por qué se necesita más ayuda estatal para alcanzar los U$S 100.000 millones en exportaciones y cómo se generaría un 24% más de empleo de un sector intensivo en capital que aumentaría las exportaciones en 54% ,según el artículo El pacto agropecuario de Horacio Rovelli.

Otro de los supuestos expresados por el Ministerio es que existe una falsa antinomia entre mercado interno y mercado externo, es decir, entre consumo local y exportaciones. Es conocido de larga data que Argentina se come lo que exporta, con excepción de la soja. Por otro lado, la experiencia histórica de los países que se han desarrollado exitosamente muestra que el mercado interno ha sido una plataforma crucial para que las empresas aprendan a producir para que luego pueden salir a conquistar mercados externos. Todo eso es verdad. Pero este no es el caso de los monopolios en Argentina.

La pérdida del poder adquisitivo que señalamos en un principio y la dolarización de los productos han hecho estragos en la capacidad de consumo. Si bien el cuadro del propio Ministerio afirma la dicotomía, sobre todo de 2017 a 2019, ya que muestra que a medida que el consumo cae, las exportaciones aumentan, el caso más notorio en el último tiempo fue la carne. Desde hace trece años el consumo de carne bajó 20 kilogramos por persona, de 68 kilos por año en 2008 a 49 kilos en el 2021, según el informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes. Todos los meses, mientras el consumo nacional cae, las exportaciones aumentan, sobre todo a China, que representa más del 75% exportado.

Debe quedar claro que nadie está en desacuerdo que exportar es un proceso de aprendizaje que se retroalimenta y en donde, para la mayoría de las firmas, el mercado interno es la base sobre la cual las empresas adquieren la escala y las capacidades productivas que luego les permiten salir a exportar. Lo que está sujeto a discusión es si existe la contradicción externa-interna y si ello requiere también que se generen incentivos para ayudar a las empresas a competir más en el exterior, si no son de alta productividad interna para deprimir sus precios locales y poder salir a competir.

A contramano de la teoría, no se abastece al mercado interno para poder exportar. Esta idea se basa en la dolarización de los precios internos de la economía. Si no puedo vender afuera, internamente se tendrán que pagar los valores en dólares del mercado externo. Sin salarios en dólares, con monopolios y en un país en donde los alimentos son caros, y es lo único que se produce de manera abundante, la capacidad de compra de las clases populares cae, aumentando los saldos exportables.

Poner retenciones, cupos a las exportaciones para abastecer el mercado interno y separar el precio externo en dólares del nacional en pesos no parece una idea descabellada, pero se está, quizás por la pandemia, actuando en contrario. La idea de eliminar retenciones y sentarse a negociar con los dueños de: las exportaciones, el comercio exterior, los puertos, la Hidrovía Paraná-Paraguay, central para la integración económica regional, con 3.442 kilómetros, 5 países y 7 provincias argentinas, y por, sobre todo, los dueños de los dólares. ¡Para acordar y determinar los vectores del crecimiento no parece una buena idea!

Se desprende del acuerdo con los bonistas privados y el FMI que el sesgo será necesariamente exportador, la incorporación de este pensamiento al Ministerio de Desarrollo Productivo como idea de impulso parecería confirmarlo. La imagen se encaminaría a lo que se conoce como neo-desarrollismo, y es interesante mostrar alguna de sus objetivos de enfoque para tratar de entender cuáles son las críticas a estas ideas de desarrollo.  

Según el economista Claudio Katz, en su artículo ¿Qué es el neo-desarrollismo? Una visión critica? Este enfoque tiene cinco planteos, que de manera concisa se podían enumerar como sigue: en primer lugar, la necesidad de intensificar la intervención estatal para salir del subdesarrollo. Ahora, esta intervención no está dirigida a reconstruir el estado del bienestar, sino que alienta un acuerdo con el establishment para zanjar las viejas dicotomías encontrando un modelo para el país común. La presencia estatal no debe obstruir la inversión privada y considera que la gestión pública debe reproducir la eficiencia del gerenciamiento privado.

El segundo pilar del enfoque son las opciones monetarias, fiscales y cambiarias que permitirían reducir la dependencia financiera de los bruscos ciclos de ingreso y salida de capital. “La prioridad es mantener acotado el déficit fiscal, para alentar la competitividad con tasas de interés decrecientes y elevados tipos de cambio. Enfatizan la importancia de evitar el “mal holandés”, es decir, la sobrevaluación cambiaria que genera la afluencia de divisas receptadas por los países exportadores de materias primas”

El tercer punto es retomar la industrialización para generar empleo urbano reduciendo la brecha tecnológica que marcaría el cuarto enfoque, en el cual se apostaría por la inversión extranjera mediante acuerdos con las empresas transnacionales para lograr una fuerte absorción de conocimientos. Y por último, el quinto punto sería emular el crecimiento del sudeste asiático mediante el avance exportador proponiendo subsidiar a las industrias que faciliten la expansión de las ventas manufactureras –no bienes primarios– mediante estrategias estatales que “enseñen a competir”, tal cual está expresado en el informe del Ministerio de Producción.

No hay una mirada a un Estado Emprendedor, ni siquiera al igual que las pautas del modelo propuesto, el neo-desarrollismo piensa en un Estado que invierta en las empresas para poder apoderarse de los avances tecnológicos, al estilo chino. No, aquí se espera que la inversión extranjera directa derrame este conocimiento al interior del país, sin determinar claramente cuál sería la apropiación de conocimiento que marca la trayectoria del desarrollo tecnológico asociado al modelo de crecimiento.  

Por último, la tan mentada convergencia de las economías en vías de desarrollo a desarrolladas a través de la inversión de los países centrales en la periferia no se produjo nunca y la pandemia demolió esos flujos. En América Latina cayeron un 35% al igual que en el mundo, mucho, pero mucho más pronunciada que la que se produjo en 2009 (17%).

El valor total de los anuncios de proyectos de inversión dada la idea de la regionalización por la globalización se había reducido ya un 14% en 2019, y cayó de manera significativa en 2020 (33%), alcanzando los valores más bajos registrado desde 2003. En cuanto a los sectores, las actividades primarias han sido las más perjudicadas (47%). Esto se debe principalmente a la fuerte caída del valor de los proyectos de inversión anunciados que se vinculan a las actividades extractivas (54%), mientras que aquellos orientados a la agricultura se han incrementado un 10%. Proyectos manufactura registró una caída del 41%, refinerías de petróleo (69%), minerales no metálicos (66%), papel y cartón (52%), textil y prendas (52%) y la industria automotriz (47%), que ha alcanzado el valor más bajo de los últimos 20 años.

Es importante saber la dimensión y el peso de estas inversiones, porque el escenario en general para su seducción suele ser móvil y muy exigente. La atracción de la Inversión Extranjera se monta, ante los ojos del mundo, como una escenografía que debe cumplir ciertos preceptos para atraerla y cautivarla y que resulta muy exigente, y en franca competencia con el planeta en general. Por lo tanto, los esfuerzos para hechizarla implican toda una pléyade de sacrificios sociales, solo para que se avenga a mirar hacia el país, y donde obviamente se afinca la peregrina idea que esos fondos serán los responsables del despegue del país.

Para la Argentina los montos desde el 2010 al 2018 no se modificaron sustancialmente, rondando los U$S 11.000 millones, entre 1.5 y 2% del PBI, sin importar la tendencia política del gobierno en turno, lo cual quita una de las más importantes exigencia, la mirada mundial del país. Desde el 2019 la caída fue fantástica y en el 2020 llegó a la mitad, U$S 4.000 millones.

Al considerar los 12 países que disponen de datos sectoriales en 2020 se observa que la mayor caída en valores absolutos con respecto a 2019 se dio en manufacturas, principalmente por las menores inversiones. Las manufacturas han mostrado una tendencia decreciente más profunda que los demás sectores durante la década. Esta evolución concuerda con la dinámica de la producción en varios de los principales polos manufactureros, en particular en la Argentina el valor agregado manufacturero fue del 12,9% en el 2019 y el 19,7% para el 2020. Estas son las que generan empleo.

A pesar del gran esfuerzo en 2020, también se anunció que varias empresas transnacionales manufactureras emblemáticas se retirarán de la región. Automóviles Ford, que se había instalado en Brasil hace 101 años, cierra su planta dejando 5.000 trabajadores en la calle, Mercedes Benz en Brasil y Sony siguen la misma lógica, mientras que Nike cambió su modelo de negocios para la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

En realidad el modelo de seducción e incentivos fiscales no tiene mucha lógica para el país si no hay una planificación, pero para las transnacionales el modelo de negocio, la regionalización y reubicación tiene sentido. Tratar de que inviertan y acordar compartir la tecnología no ha funcionado, solo cuando se ha invertido en las empresas y se exigió acceder a las innovaciones. La mayoría de la inversión de las empresas terminan siendo fusiones o adquisiciones de compañías ya existentes, no de la instalación de nuevas plantas.

De las veinte mayores fusiones, Argentina participo solo en dos, Equinor ASA de Shell petrolera y la química Sumitomo Chemical. Como se ve, tampoco la idea de compartir innovaciones tiene éxito y sentido sin tener un rumbo determinado y sin saber si será el propio Estado quien guíe la lógica del desarrollo, sobre qué sectores y sus necesidades de innovación tecnológica. 

Demás está decir que cualquier ingreso de capitales para apuntalar la inversión, mejorar la existente o desarrollar nuevas, serán bienvenidos y complementarán los fondos necesarios para el desarrollo. Lo que no parece tener sentido son los sacrificios necesarios para que estos fondos ingresen sin restricción, con subsidios, incentivos impositivos, y sin que sean un engranaje más en la maquinaria de un desarrollo sostenido.

No parecería entonces que arreglar con los organismos internacionales y bonistas extranjeros, sentarse con el establishment, seducir inversiones extranjeras modifique el horizonte de desarrollo del país; de hecho, parecería que todo esta tan condonado, dirigido, acoplado y coordinado, que el modelo tiende a ser más un conocido fraude que uno inocente. Aunque esté sujeto a discusión.


 

Alejandro Marco del Pont es economista, autor de El Tábano Economista

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