24/2/2021

Sociedad

Enacom autorizó más aumentos de internet, telefonía, televisión y plan básico universal

El Gobierno Nacional a través del Ente Nacional de Comunicaciones autorizó nuevos aumentos. ¿Qué ocurrirá con las empresas que sobrefacturaron de manera ilegal? ¿Cuáles son las que devolverán y de qué manera?

Publicado el 24 de Febrero de 2021


Imagen de la nota 'Enacom autorizó más aumentos de internet, telefonía, televisión y plan básico universal'

Desde el sábado hasta hoy, el Gobierno Nacional a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) oficializó tres resoluciones en las que se establecen nuevos aumentos en los servicios de internet, telefonía y televisión paga por suscripción.

Recapitulemos.

En el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, el decreto 690/2020 publicado el 22 de agosto de 2020 que declara servicio público, esencial y en competencia a la telefonía fija y móvil, la tv paga e internet; en su artículo 4to. suspendía cualquier aumento de precios y/o modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre del citado año.

A partir de allí, la principal demanda de las empresas era actualizar entre un 15% y un 20% las tarifas tomando como referencia la inflación del año 2020.

Tras el constante lobby que realizaron, se publicó la resolución 1466/2020 que autorizó hasta un 5% de aumento para el mes de enero 2021 para las licenciatarias con más de cien mil clientes y hasta un 8% para cooperativas y pymes.

Con el argumento de que “el Estado no debe entrometerse en la política comercial de las empresas”, Telecom, Telefónica y Telecentro -entre otras- hicieron caso omiso a la resolución y desconociéndola aplicaron un aumento del 20% en la facturación de enero y febrero. Además, por si acaso, plantearon la inconstitucionalidad del decreto en la Justicia.

“La esencia del problema, la madre de todo esto es haber declarado servicio público una actividad que está en competencia, que necesita inversiones y que difiere enormemente de cualquier servicio público. Se intenta mejorar el acceso a la población cuando en realidad se está trabando el funcionamiento de las empresas”, expresó Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), cuya comisión directiva está compuesta por representantes de Telecom-Cablevisión del Grupo Clarín, entre otros.

Entidades como la Asociación Interamericana de Telecomunicaciones de América Latina –ASIET- con una composición similar en su directorio, también emitieron comunicados corporativos en contra del citado DNU.

Por su parte, el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini apelando a “la buena voluntad y a la lógica de las empresas” aseguraba en declaraciones radiales que, en caso de no devolverse el dinero sobrefacturado, se “sancionará con toda la fuerza” el incumplimiento de la ley.

Más allá de que se expuso que serán multas con intereses, lo cierto es que hasta ahora a no se conocen concretamente cuáles son esas sanciones y si éstas causarán algún mínimo efecto en los intereses de las multinacionales que operan el servicio en el país.


Los últimos acontecimientos, desde el sábado hasta ahora

En este contexto, el pasado sábado -día en que estalló el escándalo mediático por las vacunas que terminó con la renuncia del ahora ex ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzáles García- se oficializó la resolución 203/2021.

Allí se publicó un nuevo aumento para los servicios de telefonía móvil de hasta un 7,5% para febrero y hasta un 2,5% para marzo tomando los precios minoristas vigentes. Todo esto sobre el 5% ya autorizado para enero.  

“Que no es intempestivo recordar que los sucesivos incrementos que se autorizan, son la herramienta más justa, razonable y asequible para todos los actores involucrados, en función de proyectar una salida gradual del congelamiento de precios instaurado hasta diciembre de 2020”, expresa en sus considerando.

La “condición” que establece la resolución en su artículo 3, es que este aumento solamente podrán aplicarlo las empresas que cumplieron con los porcentajes determinados por la res. 1466/2020, es decir ninguna. O, en su defecto, las que se “hubieran comprometido a la devolución inmediata de los importes facturados en exceso y así lo acrediten en la facturación del mes de marzo”.

Según lo expuesto en la norma, hasta el momento solo podrían establecer el nuevo ajuste de precios: Amx Argentina S.A (Claro) y Telefónica móviles argentina S.A. (Movistar-Telefónica).  


A este panorama, se suman las dos nuevas resoluciones del Enacom oficializadas este martes en el Boletín.

Por un lado, la resolución 204/2021 que establece aumentos que irán desde el 5% hasta el 7,5% en servicios de internet, televisión por cable y telefonía fija a partir de marzo. Esto siempre y cuando se cumpla la condición de la devolución de importes sobrefacturados. Algo que, a esta altura, es francamente incomprobable.

A saber:

Las licenciatarias de internet con menos de 100.000 accesos, podrán incrementar el valor de sus precios hasta un 7% en planes residenciales de hasta 50Mbps. Aquellas con más de cien mil, podrán incrementar hasta un 5% por el mismo plan y hasta un 7,5% más de 50 Mbps y planes corporativos.

Tv por cable: Los abonos residenciales de tv por cable –que brindan Cablevisión, DirecTV, Telered y Telecentro-  podrán aplicar aumentar hasta un 7% si poseen menos de cien mil clientes y hasta un 5% aquellas con menos. En tanto que los paquetes premium y a demanda podrán hacerlo hasta un 7,5%.

TV Satelital: La resolución además establece que queda habilitado el aumento en abonos de tv residenciales (con menos de 200 canales) hasta un 5%. Aquellos que tengan 200 canales o más, hasta un 7,5% y la misma proporción para paquetes de servicios digitales de señales a demanda y premium.


También aumenta el Plan Básico Universal

Por otro, la resolución 205/2021 oficializó un incremento en los precios del Plan Básico Universal y Obligatorio (PBU). Es decir, el plan con tarifa diferenciada dirigida a aquellos sectores de mayor vulnerabilidad social.

Con esta medida, el gobierno ajustó el precio máximo de lo que puede cobrar una empresa que presta el servicio de conexión a internet a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos SMVM. Beneficiarios de AUH, AUE, pensiones no contributivas; monotributistas sociales; empleados de casas particulares; beneficiarios de programas sociales y becas y desocupados. También se incluye clubes de barrio, asociaciones, entidades de bien público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias.

A partir de ahora, los valores serán los siguientes:

  • Prestadores con más de 50 mil accesos de un mínimo de 10 Mbps: $800 para el Área Metropolitana de Buenos Aires; y de 5 Mbps $800 para el resto del país.
  • Prestadores que tienen entre 2.000 y 50.000, el plan de 5 Mbps será de $800, o el cliente podrá optar por un plan de menor velocidad con un descuento del 30%
  • Prestadores con menos de 2.000 accesos, el plan de 2 Mbps a $685 

¿Qué pasará con los reintegros?

El acuerdo entre gobierno y empresas fue comunicado por las autoridades del Enacom, y se informó que tanto Telefónica como Claro acordaron devolver la diferencia y que Telecom continúa “en rebeldía”. Información que este portal comprobó comunicándose en dos ocasiones con el centro de atención al cliente del grupo Clarín (Telecom-Fibertel-Cablevisión). Ante las consultas, la respuesta ha sido unánime: “no se devolverá ni se reintegrará dinero porque hay una medida cautelar que suspende el DNU 690/2020”.

Asimismo, se ha hecho un relevamiento entre personas abonadas al servicio que provee la empresa Telefónica. Del total de consultados, ninguno ha recibido aún la nota de crédito o devolución en las facturas. Esto se volverá a constatar en la fecha de la próxima liquidación.

En efecto, las empresas que facturaron un 15% más de lo autorizado por mes, deberán devolver el dinero correspondiente a la diferencia entre ese porcentaje y el 7,5% que se autorizó recientemente. Habrá que esperar algunos días más para dar cuenta si efectivamente ocurre lo establecido y anunciado por las autoridades del organismo.

Un “tire y afloje” con las empresas monopólicas prestadoras de los servicios TIC que, una vez más, presionaron para conseguir su objetivo y continúan estafando a millones de usuarios y usuarias en todo el país.

Publicidad - Fatica