15/2/2021

Economía

“Es el momento de poner sobre la mesa el debate del modelo energético que queremos”

Así lo sostuvo Gustavo Lahoud, miembro del Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) en una entrevista mantenida con el periodista Mario Hernández.

Publicado el 15 de Febrero de 2021


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Mario Hernández: Tenemos el tema de las tarifas eléctricas, se pospuso hasta marzo el ajuste. ¿Qué información tenés al respecto? 

Gustavo Lahoud: Hay por un lado una definición inicial, que es de diciembre del 2020 que se conoció a través del decreto 1020 del Poder Ejecutivo, donde se abrió lo que se llamó el período de renegociación tarifario, acentuando que el mismo va a ser de carácter transitorio y se le da aproximadamente un año, el año que está en curso. Esto fue implementado con dos resoluciones que salieron en el Boletín Oficial que a través del ENRE llaman al proceso habitual a través de audiencias públicas para volver a discutir la pertinencia de aumentos tarifarios en el caso de la electricidad.  

Se preanuncia una situación que entre febrero y marzo se va a poner en marcha el mecanismo de audiencias y se intentará generar una discusión que a mí me parece que el gobierno va a tratar que esté en línea con el escenario que quiere provocar, que es algo así como un ajuste parcial, muy medido en el comienzo del año. Se está hablando de un 8/9%.  

El problema es que estamos en un contexto de profunda anormalidad, que más allá de la pandemia, son los 4 años de desaciertos, tarifazos, dolarización inducida de las tarifas a partir de los precios mayoristas del gas principalmente que hemos sufrido con el macrismo. La energía eléctrica ha tenido aumentos que han estado entre el 1.500 y el 3.000%. Y lo que sabemos de siempre, servicios concesionados hace más de tres décadas a perpetuidad que han dado muestras de mala gestión y mala calidad de los servicios, ausencia de respuestas de los entes reguladores hacia la población damnificada y todo eso conforma un combo de cuestiones que a mí me preocuparía que se utilice este escenario de rediscusión de las tarifas eléctricas para volver a plantear la centralidad estructural del problema, que Argentina tiene que replantearse el modelo de generación, aporte y distribución de energía eléctrica, dentro del mismo replanteo deberíamos llegar a un replanteo general de la política energética. Que es lo que siempre decimos.  

A mí me parece entonces que el gobierno de Alberto va a intentar generar, canalizar una expectativa de aumento moderado de las tarifas en un contexto en el que las propias empresas prestadoras saben que no van a tener el escenario que hemos vivido durante el macrismo, sobre todo entre 2016 y 2018. Pero me parece que sería un momento, el 2021, para que toda nuestra sociedad se dé a la tarea de poner sobre la mesa el debate del modelo estructural energético que queremos. 



M.H.: ¿Qué va a pasar con la tarifa social? 

G.L.: En ese caso una de las cosas que entre noviembre y diciembre se estaba comentando, era que se iba a intentar combinar un esquema por un lado de aumento de la cantidad de población a la cual estaba destinada la cobertura de la tarifa social, de hecho, se habló de que aproximadamente entre un 40/45% de los usuarios de energía eléctrica no deberían sufrir ningún tipo de ajuste en las tarifas. En todo el país hay un gran componente, en esos usuarios, de aquellos que están recibiendo la tarifa social. Pero hay otro elemento, lo que se discutiría tal vez, es que la cantidad de KW de esa tarifa social aumente, por ejemplo, que puedas tener 300kw al mes, o incluso por encima.  

Recordemos que con el macrismo en el primer esquema que pusieron en marcha, la tarifa social contemplaba un consumo de 150 KW mes que no te permite tener nada, casi un consumo de infra dignidad. Ese esquema de un piso de 300kw podría combinarse con un escenario en el que casi la mitad del público usuario tal vez no sufriría aumentos. Y habría una franja de un 30% de la población y después otro 15 o 20% que son los de mayores capacidades contributivas, los de mayores ingresos y en esa franja entre el 45 y 50% de la población se podrían concentrar los ajustes que querrían instalar. Esto es potencial, tal como te lo estoy diciendo.  

Ligado a esto, me parece que tenemos que ir a una audiencia en febrero/marzo con otro reclamo impostergable que el ENRE tiene que dar cuenta de una auditoría general sobre Edenor y Edesur. Recordemos que en el último año de Macri intentó tirárselas por la cabeza a Vidal y a Larreta en la transferencia que se hizo que después con la Ley de emergencia de fin del 2019 el gobierno de Alberto retrotrajo, por suerte.  

En el 2020 no se avanzó mucho más que en un informe donde el ENRE daba cuenta de lo obvio, que todos lo sabíamos, respecto al desastre de la administración macrista de la energía eléctrica pero que necesitaba de la elaboración de un esquema de salida que necesariamente tiene que ver con establecer una auditoría completa e integral sobre el modo en que se han trabajado las concesiones en los últimos 25 años. 



M.H.: ¿Qué pasa con las inversiones? 

G.L.: Ese es otro componente central de todo este proceso porque el esquema de concesión ha funcionado, en los 90 cuando teníamos el 1 a 1 y el cambio casi dolarizado las inversiones que se realizaron, y eso está contabilizado adecuadamente, fueron mínimas porque habían heredado buena parte de la estructura que ya tenía una inversión del Estado durante décadas, la vieja estructura segmentada y desarticulada.  

Durante el período kirchnerista hubo una puja donde no hubo inversión más que el mantenimiento asegurado a través de una política irracional de subsidios y las empresas utilizaron esa situación como un pretexto para no invertir.  

En el período de Macri hemos tenido un período desde 2016/2017 en donde comprometieron inversiones sobre las cuales el ENRE nunca dio adecuada cuenta de hasta dónde se habían realizado o no. Y también, el Estado, una vez más como Estado bobo, cubrió con miles de millones de pesos durante todo ese período al solventar las inversiones adicionales para asegurar la prestación de servicio en las áreas más críticas.  

Lo que quiero decir con esto es que en este esquema el punto, además de la mala calidad de los servicios, ha sido la desinversión que garantizara una prestación eficiente, suficiente, que fuera creciendo a medida que la población fue requiriendo más energía. Y eso es el gran agujero negro del Ente Regulador. No han existido auditorías.  

Ahora un último tema que apareció es el pase de manos del grupo dueño de Edenor, que quiere vender la distribuidora al grupo Vila-Manzano. Aquí hay que decir algo, hay que sentar a Mindlin frente al Estado, con el Enre de por medio, a ver quién le debe a quién. A ver si este hombre va a poder ejecutar esta transferencia de acciones, porque por ahí no le conviene, bajo su grupo empresarial a un sector que sabe que no va a poder mantener la expectativa de aumentos tarifarios aplicado durante el momento dorado del macrismo.  

El Enre tiene que tener una actitud clara y pedir que Mindlin dé explicaciones por las inversiones realizadas durante el espantoso período de ajuste tarifario que fue inédito en Argentina y tenemos que saber qué fue de una cantidad de dinero que estuvo en juego aquí, en los balances que fueron recompuestos entre 2016 y 2018 por parte de estas empresas, a dónde fueron a parar las inversiones que supuestamente se iban a realizar. No puede ser que esta situación se resuelva por una valuación de la deuda financiera de Edenor, que está en casi 100 millones de dólares, cuando además es una gran deudora de Cammesa que es la administradora del mercado argentino.  

Edenor debe a los primeros días de enero más de 18.000 millones de pesos, por energía que no ha pagado a Cammesa poniendo como excusa la pandemia y la agudización del escenario de pandemia más la ausencia de aumentos en el último año y medio casi dos años.  



M.H.: Hablando de eso, las distribuidoras de Tucumán, Salta y Mendoza ya empezaron las audiencias públicas para aumentar alrededor del 50% las tarifas.  

G.L.: Lo que estamos viviendo en el caso de las eléctricas provinciales, porque hay que recordar que el Enre tiene competencia sobre las dos prestadoras de jurisdicción nacional, Edenor y Edesur. Las provincias que nombraste, como el resto de las jurisdicciones argentinas, quienes deciden el aumento o no son los propios entes reguladores provinciales. Y ahí se da una situación muy compleja porque históricamente en estos casi 30 años de organización neoliberal de la energía predominante, siempre ha faltado y se ha criticado en todas nuestras provincias, auditorías integrales sobre el funcionamiento del servicio, sobre las inversiones efectivamente realizadas, y sobre los pases de manos entre distintos grupos de empresas en la propiedad de las prestadoras de servicios de las provincias.  

Este grupo Vila-Manzano que presta servicio en La Rioja y Mendoza también acumula deudas muy importantes con Cammesa. Y muchas de las empresas distribuidoras provinciales están con fuertes deudas con Cammesa agravadas ahora por la pandemia. Entonces lo que uno se pregunta es si en realidad en lugar de largar audiencias sobre los aumentos del monto que dijiste, que desde mi punto de vista son totalmente inviables y debieran ser rechazados abiertamente, aun como planteo de posibilidad; las empresas de energía tienen que ir a un proceso de revisión integral de activos y auditar todo lo que se ha hecho en los últimos años. 

Tenemos que plantear este tema, porque desde que el sector energético fue desguazado y anarquizado en un conjunto de empresas que intentan asegurar sus rentabilidades cada vez más en distintos sectores o períodos históricos de la Argentina, lo que hemos perdido es la unidad, la visión integrada de una dirección general en el proceso de generación y transporte de energía que permita en el marco del proceso de distribución generar una estrategia consensuada de trabajo sobre los costos reales de las empresas, sobre lo que tampoco hay discusión en la Argentina y poner sobre la mesa la necesidad de subsidiar en algunos casos, como política de Estado, a un sector que es estratégico y cuyo acceso hay que asegurar al conjunto de la población y la industria.  

Entonces es necesario un abordaje combinado que hay que tratar de volver y poner sobre la mesa de debate en Argentina porque este es un problema que arrastramos hace tres décadas.  

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