Tras más de cinco horas de sesión en un plenario en la Cámara de Diputados, con la intervención de diversas comisiones, fue aprobado por amplia mayoría el dictamen de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocida como de etiquetado frontal de alimentos, que había sido aprobada con media sanción en el Senado, en octubre del año pasado (con 64 votos a favor y sólo tres en contra) y es el resultado de la unificación de 15 proyectos de legislación propuestos por distintos espacios políticos.

El texto había sido mejorado durante la discusión parlamentaria a partir de la evidencia científica que hoy existe a nivel mundial, a lo que se sumaron cuatro reuniones informativas que siguieron en Diputados, con el aporte de más de 40 expositores.

“Fue fundamental que este dictamen se haya aprobado sin cambios, porque este es el proyecto de ley que está basado en los mejores estándares de salud pública y en evidencia científica libre de conflictos de interés, y es un proyecto modelo para toda la región porque es superador de todas las leyes que ya se implementaron”, le dijo a la agencia TSS Victoria Tiscornia, que es magister en nutrición e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina. “Ahora, es muy importante que cuanto antes se establezca la fecha para ser tratado en el recinto y evitar que pierda estado parlamentario, a fin de año”, advierte la especialista.

La norma establece la implementación de un sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas envasados que utiliza octógonos negros para advertir en caso de que el producto contenga niveles elevados de azúcar, sodio, grasas saturadas y totales, y calorías, similar al que se ha adoptado en Chile, México y Uruguay. Además, agrega otras medidas como la prohibición de que los envases muestren personajes infantiles o de celebridades.

También prohíbe publicidad, patrocinio y promoción dirigida a niños y adolescentes de productos que contengan al menos uno de esos sellos, e incluye medidas para promover la alimentación saludable en los colegios, como la enseñanza de contenidos mínimos de educación alimentaria y nutricional, e impide ofrecer, comercializar o promocionar el consumo de productos con octógonos en esas instituciones.

“Los alimentos que se buscan etiquetar son los procesados y multiprocesados, que tienen bajo valor nutricional, por lo tanto la información tiene que ser clara y fidedigna hacia la población”, dijo Jimena Lopez, del Frente de Todos por Buenos Aires, y detalló que la Argentina es uno de los mayores consumidores de productos ultraprocesados con alto contenido de sodio y azúcar, cuyo consumo por habitante en el país duplica el valor recomendado a nivel mundial. “Somos uno de los países que más desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles hizo en los últimos 20 años. La población no llega al consumo mínimo aconsejado de frutas y verduras, no solo por clase y pertenencia social, sino por una cuestión cultural en la que somos permanentemente sujetos de consumo”, detalló la diputada, y destacó: “La fortaleza de esta ley es poder trabajar educativamente el derechos a la información ciudadana, construida desde lo científico”.

En total, hubo cuatro dictámenes propuestos. Al que obtuvo la mayoría de los votos se contrapuso uno impulsado por la diputada Carmen Polledo, del Bloque PRO de la Ciudad de Buenos Aires, que recibió 12 adhesiones. Este proyecto proponía el uso del sistema denominado guía diaria de alimentación (GDA), que utiliza categorías de colores (rojo, amarillo y verde) para indicar el contenido alto, medio o bajo de los nutrientes críticos como el azúcar, sodio, grasas y grasas saturadas, un modelo que se utiliza en el Reino Unido e Irlanda del Norte.

“Una cosa central que está en discusión es si nos conformamos con informar, promover y educar, o si pretendemos avanzar con prohibiciones y censuras”, sentenció Polledo y cuestionó que la manera gráfica en que se exhibe la información haya terminado siendo “un aspecto central” del debate. “Hay una posición que desde mi pensamiento tiene mucho de fanatismo, de que hay una sola forma de hacerlo, la de los octógonos negros… Pero otros pensamos que no hay un solo método posible, que hay otros métodos con respaldo científico que son menos agresivos y estigmatizantes, que permitirían brindar información más precisa, más útil y mas integral desde lo nutricional”.

Otro caso fue el dictamen impulsado por el diputado del Frente de Todos Pablo Yeldin, presidente de la Comisión de Salud, que sumó cinco votos. Si bien coincidió con la necesidad de contar con un etiquetado frontal claro, negro, visible y octogonal, así como con la necesidad de limitar la publicidad y promover la educación saludable en establecimientos educativos, considera que el proyecto “tiene algunos errores que no podrán ser salvados por la reglamentación”.

Por eso, propuso un dictamen de minoría con cuatro modificaciones: que la etiqueta de advertencia solo pueda ser usada en productos procesados y ultraprocesados, excepto fórmulas para lactantes hasta 36 meses de edad, alimentos para propósitos médicos específicos, suplementos dietarios, endulzantes y edulcorantes; que los límites que definen las etiquetas tengan que adecuarse pero no cumplir los límites del perfil de nutrientes de OPS; que los plazos para que la industria pueda adecuarse a la ley sean más altos, sobre todo para pymes (de 12 a 24 meses); y, por último, que sea menester del Poder Ejecutivo Nacional adecuar lo establecido en esta ley, a fin de armonizar con el Mercosur las normas del etiquetado frontal en cumplimiento con los tratados vigentes, evitando inconvenientes en su implementación.

La homologación de criterios con el Mercosur es una de las preocupaciones que se viene reiterando en los debates en torno a este proyecto. Ya en noviembre del año pasado, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, había advertido que esta ley podría complicar la normativa del acuerdo y ponía en riesgo la exportación de alimentos envasados a Brasil, adonde hoy existe un sistema de etiquetado más flexible, diferente al de los octógonos. Al respecto, representantes de la industria plantean que es necesario pensar en la eficiencia productiva y unificar criterios, mientras que, desde las organizaciones civiles, se aclara que no existe incompatibilidad con la normativa del Mercosur, ya que dicho acuerdo contempla una resolución que establece que los Estados pueden avanzar de manera autónoma en lo que consideren necesario para proteger la salud de su población.

Además, en una de las sesiones informativas que se desarrollaron este año en diputados, el senador por región metropolitana de Chile, Guido Girardi, que es médico y uno de los autores de la norma de etiquetado en el país vecino, afirmó que tienen más de 60 tratados de libre comercio “y nunca tuvimos problemas para exportar por los sellos, porque se exporta en función de las legislaciones de cada país”.

Otro de los aspectos fundamentales que generan controversias y resistencias por parte de la industria es el perfil de nutrientes, que determina cuándo un producto tiene excesos y establece el umbral máximo para cada nutriente. “El perfil es todo en esto, es el que va a definir qué productos tendrán sello y cuáles no. Si se pone un perfil laxo, van a quedar muy poquitos productos con sello, por eso era fundamental que no se modificara el perfil de OPS”, subrayó Tiscornia, que participó en la elaboración de uno de los trabajos que demuestran que el perfil de OPS es el que mayor se corresponde con las guías alimentarias argentinas, elaborado desde FIC. El otro fue desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación.

El cuarto dictamen fue de rechazo. Lo propuso el diputado del Bloque PRO por la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro García, y obtuvo solo dos adhesiones. “Me pregunto si tenemos en cuenta la real dimensión de los sectores productivos involucrados, si tenemos un real análisis de lo que implica”, cuestionó el legislador, que además considera que este proyecto “se plantea en el marco de una lógica de confrontación con los productores de alimentación por parte del Gobierno nacional”.

En este sentido, García detalló que la producción se desarrolla en casi 15.000 establecimientos productivos, de los cuales el 97% son pymes que cuentan con menos de 50 empleados y que el sector representa al 29% del valor agregado que genera la industria manufacturera, un 32% de los trabajos industriales formales, brindando empleo a 375.000 personas en forma directa y a 1,2 millones en forma indirecta.

Carla Carrizo, del bloque UCR CABA, que acompañó el dictamen que recibió media sanción en senadores con algunas disidencias, se refirió, entre otras cuestiones, a la necesidad de especificar los plazos para que la industria pueda adaptarse a la nueva reglamentación y así evitar un posible proceso inflacionario, ya que los países que lo adoptaron en la región, como Chile y Uruguay, tienen economías estables. Además, recordó que la historia legislativa que busca cambiar el enfoque de alimentación en la Argentina nació hace al menos dos décadas. “Hubo un ciclo, del 2000 al 2013, y luego otro, desde el año 2016, de diferentes partidos que intentan ver el modo de vivir más y mejor. Es un cambio de enfoque en el modo en que se producen los alimentos y el modo en que consumimos”, sostuvo la diputada, y destacó que esta ley es importante porque garantiza y fortalece tres derechos básicos: el derecho a la salud, a la alimentación y a estar informados como consumidores.

En sintonía con esos principios, la diputada Daniela Vilar, del Frente de Todos por Buenos Aires, lamentó que la crisis sanitaria global profundizara la situación de pobreza estructural, “que en nuestro país venimos arrastrando hace tiempo”. Y detalló que, por ese motivo, los niños y niñas hoy tienen un 31% más de probabilidades de tener problema de malnutrición, a lo que se suman la falta de información para la alimentación saludable, el marketing y la publicidad “que abruman, agobian y conviven con nuestros niños”, la falta de legislación y la existencia de productos de baja calidad nutricional en establecimientos educativos o que brindan asistencia alimentaria.

“Este proyecto es urgente porque cuando tenemos niños malnutridos, que no acceden a una alimentación saludable, eso repercute en términos visibles en estadísticas de talla y peso, y en problemas cognitivos. Es un problema social urgente y esta ley viene a brindar una herramienta a la ciudadanía, para ayudar a solucionar esa desigualdad. Porque, sin duda, necesitamos políticas públicas que garanticen el acceso a una alimentación sana, segura y soberana de todos nuestros niños, niñas y niñes”, dijo Vilar.

 

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Vanina Lombardi es periodista integrante de la Agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín.