Existe un factor de carácter estratégico de primer orden en la destitución de Castillo, y es un episodio más de la actual guerra geopolítica entre Estados Unidos y China, señala Máximo Grillo, quien explica que Castillo estaba a días de firmar el contrato con los chinos para la construcción del tren sudamericano, que yendo de Tumbes llegaría hasta Tacna, de allí hasta Cuzco y Puno, y desde Puno hasta Argentina y Brasil.

Esta red de trenes estaba directamente vinculada con el gran puerto que China está construyendo en Chancay, todo lo cual le daba a los chinos una presencia geopolítica y estratégica en toda América del Sur, desplazando definitivamente a Estados Unidos de la región.

Muchos analistas coinciden en que la destitución de Castillo fue diseñada por la embajada estadounidense, y eso explica porqué la embajadora Lina Kenna, quien antes de llegar a Lima se desempeñó durante nueve años como oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fue de inmediato a entrevistarse con Dina Boluarte al día siguiente de haber subido al poder.

Es más: para poder llevar adelante estos planes, el Gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte ha cesado a 382 prefectos provinciales y distritales en 24 regiones del país andino, en los últimos 15 días. Según algunos medios, Boluarte está intentando salir del país y propone al Congreso un enroque: encargar la Presidencia al titular del Congreso –el represor general Williams Zapata-, ya que no hay vicepresidentes.

Zapata, dirigió el Comando conjunto de las Fuerzas Armadas y fue jefe de la criminal Operación Chavín de Huántar, en abril de 1997 en pleno gobierno del dictador Alberto Fujimori, para rescatar a 72 rehenes cautivos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En el ataque fueron asesinados varios guerrilleros, entre ellos el jefe de la operación. Néstor Zerpa Cartolini.

 

Concesiones mineras

Vale recordar que en el 2023 caducan las concesiones mineras de los contratos para la extracción del gas, además la concesión para Telefónica y estas grandes empresas trasnacionales están buscando la renovación de contratos y concesiones para los próximos 40 años, de forma de seguir saqueando los recursos naturales sin pagar impuestos. Por eso las próximas elecciones, si las hay, serán en 2024.

Según la ley minería que implementó el dictador Alberto Fujimori, todos  los gastos que las mineras realicen  ya sea en insumos, maquinarias y oros rubros, les serán  devueltas por el Estado peruano. Si una minera gasta 120 millones de dólares en insumos y maquinarias , y deben de pagar 100 millones de impuestos, estos serán descontados de los 120 que gastaron y además el Estado les debe de otorgar (regalar) 20 millones más.

En Perú las mineras no solo no pagan impuestos, sino que encima les regalan millones. La actual Constitución prohíbe cambiar la norma y es por ello que los sectores oligárquicos se niegan a una reforma constitucional.

Mientras, el presidente de la Sociedad Peruana de Minería exponía en la televisión que ya era tiempo de reactivar los yacimientos mineros, lo que incluye la entrega a las grandes empresas extranjeras de las tierras de  los comuneros campesinos. Ante el despojo de sus tierras, los campesinos obviamente se van a rebelar, y serán sometidos a sangre y fuego, porque esa  es la única forma de quitarles sus tierras a las comunidades, condenando a los campesinos a morir de hambre.

En el enfrentamiento de la minera de Tia Maria de la Southern Copper Corporation con los comuneros campesinos, los que atacaron, palearon y balearon  a los comuneros fueron sicarios inmigrantes –entre ellos venezolanos-, matones que actuaban en coordinación con la policía, señala Máximo Grillo Annunziata.

Las mineras occidentales también exigen que se les entregue los yacimientos de litio, (antes de que lo exploten los chinos). Los yacimientos de uranio tampoco pagan impuestos y el kilo de uranio que es dos mil veces más caro que el de oro, tampoco paga impuestos. Los congresistas han presentado 37 proyectos de ley para otorgar los yacimientos mineros y petroleros  del Norte, además de prolongar las concesiones de Energía Eléctrica también por 40 años, y la de Telefónica española.

Para ello modificaron el artículo 113  de la constitución para disminuir a 67 votos la suspensión temporal y suspender por 12 meses a Castillo, porque no lo querían en el 2023 en el gobierno para otorgar  todos los recursos el capital extranjero. Obviamente los sobornos y coimas serán grandes, aunque la actual Constitución prohíbe cambiar los contratos: el saqueo será hasta que no queden recursos para expoliar.

Asimismo, los contratos de concesión del gas la legislación señala que “El inversionista tendrá la libre disponibilidad del GNL obtenido de la planta procesamiento de gas natural y podrá exportarlo inafecto de todo tributo, incluyendo aquellos que requieren  mención expresa”.

Añade que los gastos e inversiones que realice el inversionista hasta el inicio de la producción  comercial serán acumulados en  una cuenta cuyo monto será amortizado linealmente, deduciéndolo  en porciones iguales durante un periodo de cinco años. No pagan impuestos y, además, el Estado les regala dinero.

Asimismo, se había planificado que para el 2023, se declararía el ingreso libre a las universidades del Estado, pero la derecha no quiere  que el pueblo estudie, y con el golpe lo van a impedir.

Todo estuvo planificado con precisión, y el plan lo diseñó y aplicó la embajada estadounidense –coinciden los analistas-, ya que el general William Zapata, presidente del Congreso, con pasado represivo, carece de la capacidad intelectual y cognitiva para planear  una conjura de este tipo. Y mucho menos la ahora presidenta.

 

Control y exterminio racial

Ya el análisis del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fujimoristas, que fueron publicados por la revista Oiga (cuyo director tuvo que huir para salvar su vida) explicaba el plan de control y exterminio de la población y su sometimiento, y se exponía el concepto estratégico del “excedente poblacional nocivo”: los cholos, los serranos, los nadies, que deberían ser reemplazados por una inmigración japonesa masiva. El mismo Fujimori explicó durante su campaña para congresista en Japón.

Parte de ese plan fue la esterilizaciones forzadas  masivas de las mujeres quechua hablantes realizado por el ese entonces ministro de salud de Fujimori, Alejandro Aguinaga, actual congresista fujimorista, que votó por la vacancia de Castillo.

Esa doctrina del excedente poblacional nocivo fue reactivada ahora por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; los muertos en las protestas no son solos los 34 que dicen la prensa, sino muchos más, ocultados por el gobierno, el Congreso y los medios hegemónicos.

“La movilización social en el Perú es contra el poder económico que tiene tomado el Estado. Por esto exigimos el cierre del Congreso y el inicio de un Gobierno Provisional de las organizaciones populares hoy en lucha de resistencia contra el neofascismo”,  indica la revista Lucha Indígena, dirigida por el líder histórico de las luchas campesinas en Perú, Hugo Blanco Galdós.

La constitución actual no nos garantiza el respeto a ningún derecho fundamental, el código civil no otorga títulos sobre nuestros territorios y el código penal nos condena, siempre sólo al pueblo, nunca a los poderosos, añade. Frente a cualquier conflicto los pueblos indígenas recurren al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La ley nacional no los protege.

“El Estado es un problema más, en realidad, es el problema” prosigue el editorial. “Ser indígena tiene que ver sobre todo con un compromiso con el espacio y la convivencia compartida. Se es indígena en la medida que participamos con la realidad material y social que habitamos”, concluye.

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Mariana Alvarez Orellana es antropóloga, docente e investigadora peruana.