11/6/2022

Opinión

La batalla en cuestión: Soberanía del pueblo o de las corporaciones

"En honor a nuestra larga y gloriosa historia salgamos del infructuoso debate superestructural y sumemos al pueblo y sus organizaciones al combate abierto contra el poder fáctico, sea en la circunstancia que sea y sin especular con el resultado de la confrontación", escribió el referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, Héctor Amichetti

Autor de la nota: Hector Amichetti

Hector Amichetti

Publicado el 11 de Junio de 2022


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La Asociación Empresaria Argentina (AEA), corporación patronal que constituye un poder fáctico por encima de la democracia, cumplió ayer 20 años de existencia, la entidad nació en el clima histórico del “que se vayan todos”, buscando ocupar el lugar que dejaba vacío el supuesto fracaso de las fuerzas políticas tras el estallido de diciembre de 2001.

A lo largo de dos décadas su misión se ha fortalecido porque el conglomerado de empresas que integran la Asociación es hoy más poderoso económicamente que al momento de su fundación y el entramado corporativo que ha tejido con el sector mediático y el judicial es también mucho más temerario.

Por otro lado, desde aquel repudio a la política pidiendo que todos se vayan, logró construir una coalición a su medida -en apariencia desideologizada-, que incluye desde el representante de uno de los más tradicionales grupos económicos de Argentina (Macri), hasta un radicalismo absolutamente vaciado del lejano y valioso pensamiento de Yrigoyen y el más cercano de Alfonsín.

Una construcción “política” bajo su control, que responde de manera automática a sus privilegiados intereses, el mejor ejemplo de los últimos tiempos es su definición de rechazar abiertamente en el Congreso cualquier proyecto de impuestos o aportes que afecten a estas grandes empresas, aunque se demuestre que hayan fugado capitales evadiendo ilegalmente cargas fiscales.

Ya no cabe duda alguna, los representantes de AEA y de otras Cámaras patronales que integran el Grupo de los 6 (Sociedad Rural Argentina, ADEBA, UIA, Camarco, CAC y Bolsa de Comercio), que hasta diciembre de 2019 manejaron en forma directa el Gobierno Nacional, hoy lo condicionan y acorralan porque quieren volver.

A mediados del año 2018, el Observatorio de Elites Argentinas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, dio a conocer a través de un informe, que 269 funcionarios del gobierno macrista provenían de ocupar altos cargos en Compañías privadas nacionales y multinacionales.

El JP Morgan colocó al primer Ministro de Economía, aquel que dijo que la devalución no iba a afectar los precios y al “rey de las finanzas” que construyó la arquitectura del endeudamiento externo.

Techint aportó un Secretario de Empleo que opinaba que tomar y despedir trabajadores era para las empresas, un hecho tan natural como comer y cag…

Supermercados “La Anónima” puso al Secretario de Comercio y contó además con un miembro prodigo de la familia en la Jefatura de Gabinete: Marcos Peña Braun, hijo de quien fuera Secretario de Comercio Exterior de la dictadura genocida y biznieto de Mauricio Braun, fundador de la empresa supermercadista.

Shell, Farmacity, Ledesma, Automotores Dietrich y la lista continúa hasta el Ministro de Economía que aprovechó haber recibido un país prácticamente desendeudado para meterlo de cabeza en un nuevo y monumental empréstito de 57.000 millones de dólares con el FMI, Nicolás Dujovne, con trayectoria como economista en jefe del Banco Galicia, director de Papel Prensa y fiel empleado de Clarín y La Nación.

Recordemos que sirviendo con lealtad a su gobierno, Cristiano Rattazzi, enviado por el Grupo Modena, ofició de fiscal amarillo en una mesa electoral de La Matanza en los comicios de 2019 y Marcos Galperín de Mercado Libre desempeñó similar tarea militante en una mesa electoral de Merlo.

Con este breve repaso solo quiero ubicar en contexto algunas de la últimas declaraciones y conductas de algunos de estos hombres que constituyen el poder por encima de la democracia, expresiones que parecieran llamar la atención pública cuando no debería ser así.

¿Puede sorprendernos que Federico Braun diga que combate la inflación remarcando los precios riéndose de su “ocurrencia”?.

¿Nos llama la atención que ARCOR aumente 10% el precio de los alimentos que fabrica en simultáneo con la reunión de Pagani con el Presidente de la Nación?

¿Debe alarmarnos que el miembro de la Corte Suprema de Justicia designado por decreto por voluntad de Clarín, La Nación y La Rural SA, diga que donde hay una necesidad no siempre hay un derecho porque no hay recursos para satisfacer todas las necesidades?

A un pueblo consciente no debería causarnos la mayor sorpresa.

Lo que debería en realidad preocuparnos es que mientras en el seno de nuestra coalición política, hoy con la responsabilidad de gobernar el país, se plantea un debate que ni siquiera es debate, Techint nos tiene en sus manos porque del Grupo depende un estratégico gasoducto y para nosotros solo queda discutir el grosor de chapa de los salvadores tubos que las plantas fabriles de Paolo Rocca producen.

En las últimas horas he leído algunos artículos periodísticos muy interesantes, uno de ellos se refiere a como nos roban las multinacionales cerealeras al amparo de un decreto aún vigente de la última dictadura; Cargill, Cofco, Bunge, ADM, Oleaginosa Moreno y Aceitera Dehesa declararon 700.000 toneladas diarias de exportación de granos al comienzo de la guerra en Ucrania (la media habitual suele ser 100.000 toneladas diarias), especulando con un salto internacional de los precios y gracias a esa norma establecida por Videla y Martínez de Hoz en octubre de 1976, tienen un año para venderlos efectivamente al precio que más le convenga, aunque aportarán retenciones al valor que tenía el cereal cuando presentaron la declaración jurada de la operación, pagando mucho menos en concepto de derechos de exportación en perjuicio de las arcas nacionales.

Pero nuestro famoso debate no incluye la derogación de ese decreto inexplicablemente en vigencia y mucho menos una nueva Ley de Entidades Financieras que ponga el sistema crediticio al servicio de la producción y desarme a la banca extranjera mafiosa de los mecanismos que permiten la fuga ilegal de capitales al amparo de una tramposa confidencialidad.

En una de las fotos que acompañan esta nota puede verse a Gabriel Martino, Presidente del HSBC escuchando una sugerencia de Héctor Magnetto del Grupo Clarín, quien ayer compartió mesa de cumpleaños con Paolo Rocca; precisamente en el año 2015 una Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y salida de divisas del país, encontró responsable al Banco HSBC de ejercer una conducta sistemática para facilitar a sus clientes argentinos mecanismos para eludir pago de impuestos.

Apenas si se logró que le aplicaran una multa, mientras tanto la joda sigue.

Otro de los artículos interesantes que pude leer el fin de semana, es el de Alfredo Zaiat, quien sugiere al gobierno colocar a la estatal YPF Agro como actor relevante de la actividad agropecuaria para intervenir en la transparencia del comercio exterior y garantizar la provisión de divisas, poniendo un palo en la rueda a la bicicleta que instrumentan las Compañías con las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.

YPG Agro es una empresa con un centenar de centros de distribución de fertilizantes, semillas, silobolsas, herbicidas, combustibles y lubricantes en todo el país, bien metida en el corazón de un ámbito donde se generan los principales recursos provenientes de la riqueza nacional cuyos principales beneficios usufructúan un puñado de Corporaciones, la mayoría de ellas extranjeras. En la coyuntura podría además actuar como instrumento regulador de precios internos de los alimentos para garantizar comida accesible en los hogares argentinos.

Debatir en serio significa abrir camino a esa opción, que al igual que la concreción del canal de Magdalena y el control efectivo de lo que circula por el Río Paraná, representa recuperar y fortalecer el rol del Estado frente a un poder económico concentrado al que no elige nadie y sin embargo decide casi todo sobre nuestro destino.

Hace varios años, leí un reportaje a Carlos Pedro Blaquier del Grupo Ledesma (miembro de AEA), cómplice civil de delitos de lesa humanidad que el sistema ha declarado impune por ancianidad, allí decía que “La propia naturaleza ha puesto en los hombres muy grandes desigualdades… los hombres mejor dotados han sido siempre minoría. Pretender eliminar esas desigualdades es ir contra el orden natural de las cosas“.

Esta clara definición de clase refleja crudamente el pensamiento de la maraña corporativa que detenta el poder real en Argentina.

Nosotros sabemos muy bien que el Peronismo ha nacido como expresión de mayorías dotadas de poder para suprimir hirientes desigualdades, desmontar el orden establecido y construir otro nuevo.

Aunque quieren hacernos creer que producto de la represión, persecuciones y muertes, de la fragmentación operada sobre nuestra organizaciones por tantos años de neoliberalismo destructivo, ya no somos un Movimiento de mayorías y que debemos resignarnos a ser una rejuntado de débiles minorías que tenemos intereses similares aunque no nos demos cuenta.

Buscan encorsetar a nuestro gobierno para que no pueda romper los condicionamientos con que ellos mismos -adrede- precarizaron la democracia desde la salida de la dictadura en adelante.

Anhelan y trabajan para que se repita el “que se vayan todos”.

En honor a nuestra larga y gloriosa historia, no debemos permitirlo, salgamos del infructuoso debate superestructural y sumemos al pueblo y sus organizaciones al combate abierto contra un poder fáctico al que jamás le hemos tenido temor, sea en la circunstancia que sea y sin especular con el resultado de la confrontación.

Se trata nada más y nada menos que de la suerte de nuestro Pueblo y de nuestra Patria.

 


Hector Amichetti es Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense / integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores.

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