18/12/2020

Sociedad

La búsqueda de tarifas justas y razonables empieza con la prórroga del congelamiento

Con la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar durante 90 días el congelamiento de las tarifas de lo servicios públicos y autorizar a los entes reguladores a derogar la revisión tarifaria del macrismo, se renuevan las expectativas para alcanzar tarifas justas y razonables.

Publicado el 18 de Diciembre de 2020


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En el día de ayer el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 1020/20 a través del cual se dispone el congelamiento de las tarifas por noventa días más y se faculta a los Entes Regualadores a revisar los cuadros tarifarios dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri que diezmaron el bolsillo de la gente.


El observatorio especializado en energía OETEC, que a su vez preside el interventor del Enargas, Federico Bernal, uno de las autoridades que tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de la revisión integral de los cuadros tarifarios del macrismo, sostuvo que en el decreto “se dictamina la renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) heredada del macrismo buscando un nuevo armado de tarifas de la electricidad y el gas natural bajo los criterios de justicia, razonabilidad, accesibilidad y asequibilidad. Mientras dure este proceso, se establecerán tarifas de transición. Asimismo, se extenderá el congelamiento de las mismas por tres meses más y la intervención del ENRE y el ENARGAS por el lapso de un año. Un enorme triunfo para los millones de usuarios y usuarias que fueron diezmados en su capacidad de consumo y calidad de vida por cuatro años de neoliberalismo y mercantilización energética.”


El Decreto afirma que, en el marco de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se sentaron las bases para "reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético (…) y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos".

En este sentido, recuerda que en el Art. 5 de la mencionada legislación facultó al Poder Ejecutivo Nacional "a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario" con el objetivo de propender a una reducción de la carga tarifaria sobre los hogares, comercios e industrias del País.

De allí la decisión del Gobierno Nacional de intervenir administrativamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) -Decretos Nros. 277 y 278- a los fines de que ambos organismos elaboren una auditoría y revisión de todo lo actuado por el macrismo en materia de política energética y tarifaria.


Cabe recordar que ambos entes de control llevaron adelante auditorías en las que cuestionaron durarmente los alcances de la revisión tarifaria del macrismo, incluso, desencadenando denuncias penales contra el ex Ministro Aranguren y las autoridades del sector energético del gobierno nacional durante el anterior mandato.


El decreto recuerda que los organismos "sugirieron optar por la alternativa de iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente", y también menciona quefue la propia Corte Suprema de Justicia la que reconoció que "en todo régimen de prestación de servicios públicos por medio de concesionarios las tarifas son fijadas, aprobadas o verificadas por el poder público" y que por eso, "resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación" dado que el Gobierno renunciaría "a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas".


 revocar la revisión tarifaria integral (RTI) macrista dado que las tarifas de ella derivadas "no resultaron justas, ni razonables ni transparentes, conforme los resultados de las auditorías y revisiones llevadas adelante por el ENRE y el ENARGAS", dando lugar a un nuevo proceso de renegociación de los cuadros tarifarios de luz y gas por un plazo no mayor a dos años.

Entre tanto, "resulta conveniente establecer un régimen tarifario de transición como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias y concesionarias", apunta el Decreto 1020/2020. Y agrega que la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad deben brindarse "en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales".

Un dato no menor es el señalamiento que el referido Decreto hace en materia de participación y escucha ciudadana. En efecto, en su Art. 8 determina la aplicación de mecanismos que efectivicen dicha participación, la cual se llevará a cabo por intermedio de Audiencias Públicas, o bien, por el régimen participativo que cada Ente Regulador disponga conforme su normativa vigente.


El organismo que preside Federico Bernal, quien se encontrará a cargo de celebrar las audiencias públicas y determinar un nuevo cuadro tarifario en la Argentina, sostiene que “el establecimiento de cuadros tarifarios justos y razonables dará el puntapié inicial y será fuente esencial de la necesaria reactivación económica que la Argentina precisa después de haber sido arrasada por el neoliberalismo imperante hace apenas un año atrás, a lo que sobrevivo luego una inédita e imprevista pandemia que terminó de desordenarle la vida los argentinos y argentinas”.


Manzano le quiere comprar Edenor a Mindlin


En medio de la noticia del congelamiento de tarifas y la revisión del cuadro tarifario integral, el portal especializado EconoJournal advirtió que “Un grupo de empresarios locales encabezado por José Luis Manzano firmó un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) con Pampa Energía para avanzar con la compra de Edenor, buque insignia del holding que preside Marcelo Mindlin. Manzano, su socio Daniel Vila y Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, único fabricante de cloro en la Argentina, preparan una propuesta formal con la intención de presentarla a fines de la semana que viene o más tardar, la siguiente, según indicaron a EconoJournal fuentes con acceso a la negociación.”


EconoJournal advierte que del proceso de oferta participan “otros empresarios que acompañan a Manzano, que hace dos meses concretó una oferta por Naturgy, la segunda distribuidora de gas del país, a cambio de US$ 60 millones que finalmente no prosperó. Entre los co-equipers menos visibles figura, por ejemplo, Jorge Aidar Bestene, un empresario con base en Chubut (es dueño del grupo de medios Jornada y de una de las mayores constructoras de la zona), con aceitados contactos políticos en la región del valle que conforman localidades como Rawson y Puerto Madryn.”


Y señala que, lejos del concepto de empresarios nacionales, “del proyecto de adquirir Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, también participa el inglés Micheal Stevens, un empresario inglés con conexiones con el mercado financiero en Londres, que acompaña a Manzano en algunas de sus empresas en el sector energético, como Phoenix Oil&Gas.”


Lo descabellado del anuncio es que se cruza con la voluntad política de un amplio sector de la fuerza gobernante de recuperar y nacionalizar el servicio público de la energía. Incluso, el portal EconoJournal, comparte información sobre el precio de operación por la compra de la mitad de Edenor, cuyo alcance resulta irrisorio para el Estado Nacional.


El portal sostiene que “Manzano, Vila y Filiberti están buscando los avales para concretar una oferta de unos US$ 140 millones por el 51,8% de Edenor que pertenece a Pampa Energía. “Como tope se evalúa una oferta de US$ 200 millones”, indicó una de las fuentes consultadas. El resto del paquete accionario se lo reparte entre la Anses y la Bolsa porteña. “Si se suma la deuda de Edenor (que asciende a US$ 103 millones), la operación ascendería, como mucho, hasta los US$ 300 millones”, agregaron.”


Los montos enunciados en la operación, demuestran que la nacionalización de Edenor, Edesur y de la provisión de los servicios energéticos en el país, mas que de una decisión económica, dependen de una voluntad política, que a diferencia de las tarifas, parece no encontrarse en la dinámica política actual.  

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