En primer lugar, debemos de tener en cuenta que la Argentina es un país patrimonialmente rico, cuenta con agua potable (está físicamente encima del tercer acuífero –reserva de agua dulce- del planeta); produce alimentos (es el décimo exportador mundial de granos y el tercero en soja); en camino de autoabastecerse y con potencial de ser exportador neto de combustible en un par de años; cuenta además con reservas en litio y minerales raros.  A eso se le debe sumar una población educada, formada, disciplinada en el trabajo y en la austeridad y, con  capacidad de alcanzar los más altos niveles de la ciencia y de la técnica.

Pero tiene el condicionante de un sector hegemónico de la sociedad, de conducta rentista y parasitaria, que instrumenta la deuda externa para propiciar la fuga de capitales beneficiándose y que, transfiere su pago al pueblo argentino.

La deuda externa argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, el 60% de la misma era intra sector público (en poder de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (sin contar el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% con el sector privado.

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, el 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% sector privado.  La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

A eso debemos sumarle que el gobierno de Alberto Fernández, no solo no investigó la deuda en su servilismo a los sectores dominantes de la sociedad, sino que paga sus intereses con el presupuesto nacional y, se financia colocando títulos de deuda del Tesoro de La Nación en pesos, pero ajustables por devaluación del dólar oficial y/o por inflación, que alcanza los $ 15,6 billones de pesos (es en pesos pero equivalente a unos 85.000 millones de dólares).  A su vez, el BCRA inmoviliza la creación de dinero colocando encajes remunerados (Pases pasivos, Leliq y Notaliq) por 10,6 billones de pesos (equivalente a 58.000 millones de dólares).

El crédito del FMI al gobierno de Cambiemos por 44.600 millones de dólares, fugado en su totalidad, lo posiciona como el mayor acreedor, a la vez que opera en la práctica de auditor del resto de los acreedores.   El gobierno de Alberto Fernández  continuando en lo económico y en lo jurídico al gobierno de Cambiemos, no trepidó en suspender en septiembre del año 2020 el cuarto tramo del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), en realizar un fuerte ajuste del gasto público en el 2021 y, con el acuerdo firmado en enero de 2022 y ratificado por la ley 27.668 del 15 de marzo 2022 de acuerdo con el FMI, ejecuta un mayor ajuste fiscal para poder juntar los pesos con los que compra las divisas para pagar la deuda externa,  provocando la inflación más alta en más de 30 años, la corrosión del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, de la mayoría de los salarios y pagos al trabajo, formales o no, que inciden y explican la tasa de pobreza en torno al 40% de la población.

Con los datos de inflación y los niveles de precios que informó el INDEC, al 30 de noviembre 2022, el Gobierno de Fernández acumuló en sus primeros 36 meses de gestión una inflación del 300% y el tipo de cambio oficial pasó de $ 62 a $ 183,50.-  (300% de aumento), son pocos los salarios que se acrecentaron en un porcentaje cercano a ese guarismo en ese lapso, por lo tanto tenemos trabajadores que tienen trabajo y son pobres.

Es peor aún, la distribución del ingreso se torna cada vez más regresiva.  El RIPTE (remuneración promedio sujeta a aportes) del Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social de la Nación, en octubre 2022 fue de $ 174.436,90 cuando la Canasta Básica Total del INDEC para un matrimonio constituido por el matrimonio y dos hijos requiere para no ser pobre para ese mes de $139.737 .-.  Quiere decir que de los 12.600.000 trabajadores registrados del país, gran parte perciben remuneraciones por debajo de la línea de pobreza.  Y que obviamente ese porcentaje es mayor con los que no están registrados, ante una inflación persistente.

 

Perspectivas del año 2023

El FMI al aprobar la revisión de las metas del tercer trimestre 2022, fundamentó que el Gobierno nacional deberá bajar el déficit fiscal del 2,5% del PBI de este año al 1,9%  para el año 2023.  Esos 0,6% del PIB (PIB que se estima en uso 430.000 millones de dólares)  debe lograrse mediante

• Reducir el gasto en asistencia social y en jubilaciones y pensiones, a través de menos planes Potenciar Trabajo y evitando moratorias;
• Continuar con la baja en subsidios energéticos;
• Reducir las transferencias no automáticas[1] a las Provincias

En las consideraciones del FMI se afirma que “La consolidación fiscal debe continuar en 2023 y contener las presiones de gasto”, “la consolidación está sustentada principalmente por una reducción en los subsidios (0,6% del PBI), del sector energético, agua y transporte, una racionalización de la asistencia social (0,8% del PBI), con la cancelación de bonos de emergencia y mejoras en la focalización de los beneficios”.

Paradójicamente, Alberto Fernández aseguró en su campaña electoral que  aumentaría de inmediato entre 15% y 20% las jubilaciones y los salarios para “encender la economía”. Lo financiaría, explicó, reduciendo los intereses que el Banco Central pagaba por las Letras de Liquidez (Leliq).  Sin embargo llegado al gobierno, una de sus primeras iniciativas fue la derogación de la Ley 27.426, de “movilidad jubilatoria”, sancionada en diciembre de 2017, de actualización trimestral de haberes mediante una fórmula que tomaba 70% de la inflación minorista y 30% de la evolución del salario promedio del sector formal (RIPTE).

A lo largo de 2020 dispuso subas por decreto y “bonos” para las jubilaciones más bajas y desde 2021 aplicó la Ley 27.609, por la que el ajuste combina el 50% de la recaudación de la ANSeS y el 50% de la variación del RIPTE, sometido a un techo anual según la “recaudación previsional por beneficiario”, pero sin incluir la inflación que se incrementó en un 300%, muy por encima del ajuste realizado a las jubilaciones y pensiones.

Hablamos de fuertes ajustes en el gasto social porque las jubilaciones y pensiones nacionales que abarcan a 7.200.000 beneficiarios, representó en el año 2022 el 41% del gasto y, por eso, necesitan reducir ese porcentaje en un presupuesto que va ser de menos del 20% del PIB, que lo hace el más bajo de los últimos 20 años.  Cuando todos los planes sociales de la Administración Nacional representan apenas el 0,9% del PBI

Y plantea un ajuste del 0,6% del PIB en el déficit primario para el año 2023 (antes del pago de la deuda) cuando este gobierno desde el tercer trimestre de 2020 ajusta permanentemente el gasto.  En el año 2020 el gasto ejecutado de la Administración Nacional fue del 25,96% del PIB.  En el año 2021 se redujo a 24,43%.  Y en el año 2022 sin tener los números finales[2] observamos que a noviembre de este año y comparando con igual lapso del año pasado, la evolución del gasto primario fue del 7,47% menor.  Y dentro de ese gasto, las erogaciones en jubilaciones y pensiones se redujeron en un 9,08%;  el subsidio al transporte en un 13,23%; los subsidios al gas, electricidad, agua en un 34,16%; y las transferencias a las provincias en un 27,08%.

Lo único que siempre crece, ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal, es el pago de los servicios de la deuda que en los 11 meses (enero a noviembre incluido) del año 2022 alcanzó a la suma de $ 982.777 millones y representa el 6,28% sobre el total del gasto acumulado de la Administración Nacional a esa fecha de $ 15.661.000 millones. Cifra que es, por otra parte, similar a toda la obra pública del presupuesto nacional 2022.

Es más, el Ministro Sergio Massa ponderó la licitación de las obras de extracción, transporte y distribución del gas de Vaca Muerta, bajo el Plan Gas Ar, que se adjudicó a las empresas Pampa Energía (Grupo Midlin, Blackrock, y Joseph Lewis); a Tecpetrol (Grupo Techint), y a Pan American Energy  (Bridas y British Petroleum[3]), aduciendo que se debe recurrir al capital privado porque el Estado Nacional no cuenta con los fondos para hacerlo.  Pero no dice que Pampa Energía SA compró en los cuatro años de gestión de Cambiemos 903 millones de dólares y en sus balances puede demostrar un poco más de la mitad de esa compra (evasión y fuga).  Que el grupo Techint, dueño de Tecpetrol SA compró en igual período 782 millones de dólares y no puede demostrar ni siquiera la mitad de esa suma.  Y finalmente, Pan American Energy  adquirió en la gestión de Macri 98,4 millones de dólares y la lectura de sus balances no demuestra como hicieron, de donde detrajeron los fondos.

En síntesis

Antes de pagar la deuda externa como estamos haciendo, sujetándonos al plan del FMI, se debe investigar la deuda para que la paguen los que la fugaron.

Este es el sentido que tiene el Proyecto de ley del Frente de Todos que ya tiene media sanción del Senado y, tiene dictamen de mayoría en las dos comisiones que trataron el tema (Legislación General y Presupuesto y Hacienda) en la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto de ley crea un fondo en dólares para la cancelación de la deuda con el FMI, que se va constituir con las cuentas en el exterior no declaradas al fisco.

El 20% es la multa para las empresas que reconozcan la evasión, del 35%  las que lo declaren en los primeros 6 meses de vigencia de la ley, y un 50 % para las cuentas que se encuentren pasado este tiempo.

Históricamente el endeudamiento externo en la Argentina financió la fuga de capitales. Los dólares de la deuda externa no beneficiaron el desarrollo del país, sino que fueron apropiados por unos pocos, quienes los fugaron por diferentes mecanismos opacos o ilegales, sin pagar el impuesto a las ganancias y bienes personales.

Los objetivos del proyecto son claros: Primero, que la Argentina pueda resolver la crisis de deuda que generó el gobierno de Cambiemos, sin resignar el objetivo de crecimiento con inclusión social e industrialización.

Un segundo objetivo es dotar de racionalidad, previsibilidad y certidumbre a los actores económicos, que en el futuro sabrán a qué atenerse y sepan que el Estado fiscaliza y controla la evasión y la fuga y, cuenta con medios para multarlos por ese accionar

Y, por último, este proyecto contribuye al combate global contra el ocultamiento de activos.

Quienes fugaron divisas de la Argentina y no las declararon han perjudicado a todos los contribuyentes de nuestra nación. Quienes más han dañado al país con la evasión fiscal y fuga de capitales deben hacer su aporte para volver a lograr soberanía económica de la Argentina.