11/7/2020

Economía

La importancia de mayor carga impositiva sobre las grandes empresas y las multinacionales

Las respuestas desplegadas por el Estado Nacional durante la pandemia han agravado la necesidad de resolver el dilema de mayores ingresos. El impuesto a la riqueza personal que promovió el Presidente aún no se trata y es una mala señal para encarar el debate sobre una reforma tributaria.

Publicado el 11 de Julio de 2020


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Nuestro país, tal y como ha sucedido en el mundo entero, ha desplegado una batería de respuestas ante el avance de la pandemia y la crisis económica global desatada por las medidas de aislamiento social dispuestas en el mundo entero.

En forma gráfica lo describe el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que creara el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano al resaltar que “los primeros meses del año resultaron signados por los efectos de la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid 19 y la disposición de las medidas de aislamiento. Ambas circunstancias impactaron de manera directa sobre las cuentas públicas, derrumbando la recaudación, provocando una expansión del gasto, y consecuentemente, abandonando el esquema previo de prudencia fiscal. Se observa desde el mes de marzo un fuerte crecimiento del gasto primario vinculado a la gestión de la crisis que, combinado a la marcada caída de la recaudación tributaria, deviene todos los meses en altos déficits primarios y financieros.”

En ese sentido, indica que “el déficit primario del mes de mayo 2020 alcanza los $ 252.287 millones, acumulando un total de $ 636.099 millones en 5 meses. El déficit financiero acumulado alcanza los $ 898.969 millones”.

Cualquier indicador que se analice en la Argentina marca que las respuestas económicas ante el avance de la pandemia han dejado en rojo cualquier balance sobre las finanzas públicas.

El debate sobre una mayor carga tributaria viene atravesando a los distintos actores económicos y políticos de la Argentina y el mundo entero.

El tantas veces anunciado impuesto a la riqueza personal, con el que se pretende reunir 3.000 millones de dólares no será tratado hasta tanto se alcance un acuerdo con los acreedores externos, a quienes se les realizó una oferta que mejora el pago original ofrecido en 13.000 millones de dólares. Es decir, más de 4 veces el monto que habrá de recaudarse y se anunció, sería por única vez.

Las reformas impositivas resultan ser urgentes en el país, y precisan con seriedad un abordaje que intente, con su formulación, evitar seguir profundizando las desigualdades sociales en el país.

Las exenciones bajo el mito de la “productividad” han beneficiado durante décadas a las grandes empresas de la Argentina, las mismas que a su vez, son las protagonistas excluyentes de los escandalosos niveles de evasión tributaria que se registran en Argentina.

Por esa razón, numerosas voces se han alzado en éste tiempo demandando una mayor carga tributaria sobre las grandes empresas, y en fundamentalmente, sobre las multinacionales vinculadas al desarrollo tecnológico en condiciones monopólicas.

“La crisis actual ha generado una gran necesidad de recursos del sector público. Ya no podemos permitirnos multinacionales digitales extremadamente rentables para evitar pagar impuestos donde obtienen sus ganancias. En América Latina y en el resto del mundo, a medida que los gobiernos buscan nuevas fuentes de ingresos, es imperativo comenzar a gravar a quienes han evitado pagar su parte justa en el pasado“, señaló en forma reciente el profesor de la Universidad de Columbia, José Antonio Ocampo, en relación al informe que elaborara junto a economistas como Joseph Stiglitz en el ICRICT (Comisión independiente para las reformas impositivas de las corporaciones).

Lejos de las posturas de las grandes corporaciones, el informe de la Comisión señala que “las reducciones en el impuesto de sociedades para estimular la inversión en reconstrucción" no serán económicamente efectivas ni socialmente deseables. Más bien, los sistemas de impuestos corporativos deberían fortalecerse acelerando una cooperación internacional verdaderamente inclusiva sobre la erosión de la base y las tasas mínimas, haciendo que estos impuestos sean más progresivos para estimular a las pequeñas empresas y asegurando una tributación efectiva de la riqueza de los accionistas en el extranjero.”

En esa línea, reclama establecer una tasa impositiva corporativa mínima efectiva del 25% en todo el mundo para detener la erosión de la base y el cambio de ganancias; introducir impuestos progresivos a los servicios digitales sobre las rentas económicas capturadas por las empresas multinacionales en este sector y “publicar datos sobre el patrimonio offshore para permitir que todas las jurisdicciones adopten impuestos progresivos efectivos sobre el patrimonio de sus residentes y para poder monitorear mejor las tasas efectivas del impuesto sobre la renta de los contribuyentes con mayores ingresos.”.

El informe promovido por los economistas de la Universidad de Columbia, allí donde estudió y ejerce la docencia el Ministro de Economía Martín Guzmán, es claro y didáctico a la hora de pensar una nueva regulación impositiva para el país.

La economista Ati Cañete, coordinadora de Oxfam en la región, defiende a su vez el impuesto a la riqueza, y reclama el urgente tratamiento en la región al señalar que “los impuestos a la riqueza han pasado de recaudar de 4% del PIB regional en 1990, a recaudar aún menos, actualmente recaudan alrededor de 3.8% del PIB en la porque no se ha generado los mecanismos necesarios para poder recaudar. Hay barreras de las élites económicas a la hora de poner en marcha este tipo de mecanismos, barreras de humo, del miedo a la fuga de capitales, de la amenaza de que el sector se va a retirar del país si pone cierto tipo de impuestos, la amenaza de que la crédito del país a nivel internacional va a bajar y nadie te va a querer prestar porque los inversionistas se van. Ya estamos viendo este tipo de discurso en los principales periódicos, empezamos a ver artículos diciendo que los multimillonarios de la región van a sacar todo su dinero fuera”.

A su vez, la economista precisó que es importante desmentir todos los mitos que existen alrededor de los impuestos y que muchos medios de comunicación se encargan de propalar, como que más impuestos significarán menos inversión. “Los impuestos no reducen la inversión. Es más, creo que los impuestos a la riqueza lo que harían sería lo contrario, sería estimular la inversión. Porque si a mí me van a gravar, me harán pagar un impuesto por el capital que yo tengo parado, mejor lo muevo y lo invierto y creo empleos. Entonces es bastante falsa esta premisa”.


Las GAFAM


Mariana Dondo es Licenciada en Economía y diplomada superior en Control y Gestión de Políticas Públicas por FLACSO, Alfredo Serrano Mancilla es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España, y Nicolás Oliva es licenciado en Economía por la Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Los tres son integrantes del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica (CELAG) y advierten en un reciente informe sobre la necesidad de avanzar en América Latina de un impuesto a las grandes transnacionales de la tecnología.

“Las normas fiscales internacionales no están plenamente adecuadas al carácter digital de la economía: las grandes empresas tecnológicas no tributan en países donde, aún sin estar físicamente establecidas, generan valor y beneficios”, destacan en su informe.

Advierten que “las empresas transnacionales de alta tecnología, como son Google, Apple, Facebook y Amazon (las “GAFA”), facturan cada año una suma equivalente al PBI de Francia. Sin embargo, mediante diversas prácticas trasladan sus beneficios a guaridas fiscales y así evaden y eluden impuestos, pagando globalmente un porcentaje bajo de sus ingresos. Además, no pagan impuestos en países donde no tienen presencia física, aun cuando tienen millones de usuarios que contribuyen a la creación de valor.”

Finalmente, concluyen en su esclarecedor estudio que “los impuestos sobre la actividad económica de estas grandes tecnológicas es un imperativo para Latinoamérica, tanto por su capacidad recaudatoria en momentos en los que se necesita nutrir de recursos al Estado del Bienestar en cada país de la región para garantizar derechos sociales, como para ser justos y eficientes. No puede ser que un pequeño empresario en Argentina o Colombia pague su impuesto, y Google o Amazon no.”  

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