30/7/2022

Política

La lucha contra las patronales del agronegocio, a brazo torcido

“Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer” dijo Alberto Fernández hace apenas una semana, proclamando la necesaria movilización popular “acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad.” Lo señaló frente a las presiones cambiarias de los agroexportadores. Duró horas el brazo sin torcer.

Publicado el 30 de Julio de 2022


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La guerra contra la inflación, la lucha a brazo partido contra la pretensión de devaluación de los agroexportadores, son algunos de las risueñas muecas discursivas con la que Alberto Fernández ha decidido atravesar la realidad alternativa en la que gobierna la Argentina.

Anuncios que duran poco, o que sencillamente, apenas son discursos de ocasión sin ningún clivaje con la realidad efectiva de la política de Estado.

Horas después de la diatriba presidencial en la que anunciaba que ningún sector concentrado de la economía habría de torcerle el brazo para provocar una devaluación de la moneda, el gobierno tomó la decisión de consolidar una apertura de acceso al dólar para el sector agropecuario, mejorando el tipo de cambio al sector que presionaba de manera descarada en medio de la corrida cambiaria.

“El Banco Central concedió un 15 por ciento en la mejora del tipo de cambio a los exportadores de soja, los que siguen demandando una devaluación mayor. Es una ventaja importante para quienes retienen soja en silobolsas, aun cuando persistan en su negativa a vender a la espera de nuevas y mayores devaluaciones. La medida fue llamada mediáticamente como "dólar soja". Con esta decisión, de un día para el otro, equiparan ingresos de quienes remarcaron precios por tres meses: 6 por ciento en abril, 5,1 en mayo y 5,3 por ciento en junio; un acumulado un 17,31 por ciento” explica Julio Gambina.

El especialista agrega que “Además, la resolución del Banco Central permite la fuga de capitales, facilitando que un 30 por ciento de la venta de la soja acopiada pueda disponerse para constituir activos externos, o sea estimular la fuga de capitales. El 70 por ciento restante podrá depositarse en una cuenta en la banca del país, en donde se ofrece un interés diario y el vínculo con la cotización de la divisa, para resguardar a los exportadores de cualquier variación devaluatoria del peso.”

“No está dirigida a las cerealeras sino directamente a los productores”, sostenía Alberto Fernández apenas conocida la medida y, seguía sorprendiendo a propios y extraños con sus paradojales consideraciones.

 

El fuego amigo

El gobierno identificó correctamente que la presión devaluatoria había llegado de la mano de quienes acopiaban en silobolsas los granos, evitando con ello exportar y liquidar el saldo en la Argentina.

“La posibilidad de acumular granos o cereales en un silobolsa y esperar el momento más oportuno para la venta es un lujo especulativo que no pueden darse los pequeños y medianos productores agrícolas. Como ocurre en cualquier negocio, sólo puede esperar el que tiene espaldas financieras para hacerlo” explica Guillermo Cieza en la Revista Tramas.

En nuestro país, los pequeños y medianos productores no son inquilinos de su superficie cultivable, al contrario, son los propietarios. Del otro lado, los arrendatarios, son los grandes pooles de siembra, sector hegemonizado por grandes grupos económicos asociados al sector exportador de la cadena.

Cieza lo explica de manera contundente. “En la zona núcleo el 70% de la superficies agrícolas se trabaja bajo alquiler. En el 92% de los casos, el inquilino paga con kgs de soja y en resto a porcentaje. En lo que hace a la producción nacional de soja, se estima que más de la mitad se hace en tierras alquiladas, y que un 5% de grandes empresas producen el 60%. Entre estas grandes empresas merece mencionarse a los Grobbo, un grupo multinacional que en su página oficial declara sembrar 100.000 hectáreas y que “alrededor del 50% de sus ingresos proviene del negocio del acopio de granos. La empresa cuenta actualmente con 12 plantas de acopio que le proveen una capacidad de almacenaje de más de 270.000 toneladas”.

“Los diez principales grupos de siembra son: ADECOAGRO con más de 210.000 Has; Aceitera General Deheza (AGD) con 200.000 Has; Lartirigoyen y Cía con 150.000 Has (asociados al grupo Glencore); grupo MSU con 140.000 Has; CRESUD con 132.000 Has; Grupo Duhau con 120.000 Has; Grupo Andreoli con 100.000 Has; Los Grobo con 99.000 Has; Grupo Boehler con 80.000 Has; y la firma australiana Liag Argentina con 79.000 Has” explican Matías Strasorier y María Rizzo desde el CEA Agro.

En la lista de los especuladores, necesariamente, deben ser incluidas las corporaciones agroexportadoras. Diez empresas acaparan el 90% de las exportaciones de granos en la Argentina. Lideran el ranking Cargill, Cofco, Viterra (Glencore), Bunge, ADM, LDC, ACA, AGD y Molinos Agro.

Quien expresa las posiciones de ese conglomerado de corporaciones económicas es Gustavo Idirogas  quien preside la cerca al gobierno Cámara de Aceiteros y de Exportadores ( CIARA-CEC).

“Las empresas agroexportadoras trasnacionales les pagan a los productores argentinos en moneda local y con los derechos de exportación descontados. Los hacen pensar en dólares, pero como dice el tango, se mira de afuera, “como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata (nariz) contra el vidrio”. Solo las empresas agroexportadoras ven los billetes verdes” explican Rizzo y Strassorier.

“La supuesta genialidad de la política agropecuaria del gobierno fue “arreglar con los grandes”, y son los grandes jugadores de la cadena agroindustrial los que no venden o no declaran ventas de granos para que ingresen los dólares” explica Cieza.

La cercanía del Idirogas, Grobocopatel, Syngenta y otros poderosos actores del agronegocio con el Gobierno, no resultan simplemente postales que alimentan el folklore de la política institucional del país, si no, que constituyen una sólida alianza que amenaza severamente la soberanía nacional, la independencia económica, y por añadidura, un mínimo horizonte de Justicia Social.

Lejos de empezar a disiparse los males con la llegada de Sergio Massa al superministerio creado a medida, todo amenaza con agravarse en forma decidida.

 

Los dueños de las semillas

Como muestra un botón de la amenaza de profundización de la concentración, extranjerización y saqueo, se encuentra el próximo mojón de la dependencia en lo que el CEO de Syngenta, Antonio Aracre, calificó como “el anuncio mas importante y disruptivo de los últimos 20 años para futuro del Agro en la Argentina”.

Aracre, otro de los aliados indispensables del Gobierno, se reunió hace diez días  con Julián Dominguez en búsqueda de obtener una definición sobre un reclamo de las corporaciones agroindustriales. “La propuesta, en concreto, es descontar a los productores un canon por el uso de tecnologías de los granos comercializados y así pagar regalías a las empresas semilleras” sostiene Fernando Frank desde las páginas de la Agencia Tierra Viva.

Frank sostiene que “Las semillas, aspecto primero y central en la producción de los alimentos, es un foco de disputas políticas desde hace varias décadas en Argentina y en todo el planeta. Quienes controlan las semillas, controlan la alimentación. En la actualidad, un porcentaje creciente de las semillas comerciales, y sobre todo de las transgénicas, está en manos de un puñado de empresas transnacionales que también son productoras de agrotóxicos. Hablamos de las multinacionales Bayer-Monsanto, Corteva, Sygenta-Chemchina y una empresa de origen nacional Bioceres, pero que ya opera en Wall Street. Precisamente, el CEO de Syngenta Latinoamérica, Antonio Aracre, fue quien filtró la supuesta decisión del gobierno nacional, que luego se replicó en los medios de comunicación afines.”

Julián Domínguez acaba de dar un paso al costado, su cartera fue absorbida por el futuro superministro Sergio Massa, quien ya fue elogiado por el propio Antonio Aracre, amigo personal del nuevo Ministro (del anterior también) quien sostuvo que “Massa tiene robustez política para ser ministro de Economía, puede reducir la incertidumbre y marcar un rumbo”.

El escenario, tal y como lo describe Frank “Como sucedió en otros momentos recientes del país, nos toca explicar que lo que están discutiendo el Gobierno con los empresarios, a puertas cerradas, tiene implicancias negativas graves que van mucho más allá que la disputa por la renta de una tecnología. Se trata, en un sentido amplio, del futuro de qué se cultiva, se produce y se consume nuestro país. Avanzar en el sentido de la privatización de las semillas va en el sentido contrario a la construcción de soberanía.”

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