1/1/2022
Economía
La negociación con el FMI y la deuda externa argentina
La formidable estafa que implica el endeudamiento externo contraído por Mauricio Macri con el FMI y los avances de la negociación que encara el gobierno desde la certera mirada del economista Horacio Rovelli.

Horacio Rovelli
Publicado el 1 de Enero de 2022

La deuda externa contraída por el gobierno de Cambiemos en
sus cuatro años de gestión, superó los 100.000 millones de dólares. Unos 24.000 millones de dólares se utilizaron
para pagar deuda anterior, incluso parte de la que el mismo gobierno de
Cambiemos tomó en los años 2016 y 2017 en que se endeudó en dólares y otras
divisas, para supuestamente financiar el déficit fiscal nacional que es en
pesos.
Pero 86.200 millones de dólares es deuda nueva, de los cuales 45.500 millones de dólares se tomaron
con el FMI[1].
El problema jurídico es que la deuda colocada en los
mercados mediante títulos, fue legal, porque el Congreso de la Nación, con la
oposición de la izquierda y del kirchnerismo de la época (Unidad Ciudadana) se opuso,
pero fue aprobada por la mayoría de los diputados y senadores del bloque
oficialista y del “Frente Renovador”
encabezado por Sergio Massa.
La deuda tomada con el FMI no fue autorizada por el Congreso
de la Nación, la solicitó y obtuvo el gobierno de Cambiemos sin cumplir con las
menores normas de procedimiento de la deuda.
Primero, se firmó una Carta Intención en junio de 2018 y
después se amplió en octubre de ese año, ante la corrida cambiaria que llevó el
valor del dólar de casi $ 20 a casi $ 40
ente abril y julio de 2018.
En los acuerdos firmados con el FMI en junio y octubre 2018,
se hacía constar en forma permanente que el gobierno presidido por Mauricio
Macri informaría diariamente al FMI, todas las operaciones realizadas en moneda
extranjera. Como ejemplo de esas transferencias, al primer desembolso de 18.000
millones de dólares, le siguió una venta en moneda extranjera, casi equivalente
a esa suma, sin que el Fondo hubiera advertido al gobierno, o procedido conforme
lo indica su normativa, como surge del informe que publicara el 20 de mayo de
2020, el Banco Central de la República Argentina denominado “Mercado de cambios
deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.
Quiere decir que el FMI efectuaba el crédito de DEG a la
Argentina, mientras la fuga se continuaba y se aceleraba, sin que los técnicos
de dicho organismo internacional y sus autoridades efectuaran advertencia
alguna al gobierno, o le comunicaran el conocimiento de lo que estaba
ocurriendo a los efectos de adoptar las medidas que resultaran necesarias, para
terminar con ese estado de situación y, tal como lo exige el Artículo 6to,
Inciso “a” de su Convenio Constitutivo[2]
Internamente la Administración Nacional al tomar una deuda debe
elaborar previamente dictámenes de índole técnico-financieros y jurídicos.
Dichos informes, entre ellos el del Banco Central, debían justificar la
necesidad, la oportunidad, la conveniencia y la legalidad del convenio con el
organismo multilateral, al tiempo que debían preverse los formatos de reembolso
de los créditos.
Lejos de respetar el marco institucional republicano, el
primero de los expedientes internos elaborado para respaldar el acuerdo con el
FMI fue confeccionado días después de haberse producido la firma con el Fondo:
el 18 de junio se divulgó un documento de tres carillas, laudatorio de las
políticas financieras y económicas impulsadas por el gobierno de Cambiemos, sin
la más mínima referencia a cómo se iba a honrar la deuda contraída con el FMI a
tres años de plazo.
El no cumplimiento del Convenio Constitutivo del FMI y sin
autorización del Congreso de la Nación, el gobierno de Cambiemos tomó el crédito
del FMI para apuntar la fuga de capitales, tal como lo reconociera y dijera
expresamente el ex Presidente Mauricio Macri ante el canal de noticias CNN de
los EEUU, el 8 de noviembre de 2021: “La usamos para pagar a los bancos
comerciales”.
Estados Unidos es el socio mayoritario del FMI, es decir, es
el país con mayor poder de decisión en este organismo multilateral de crédito
que básicamente responde a sus intereses[3]. En este
sentido, en vez de bloquear un préstamo que iba en contra de lo establecido en
el Convenio Constitutivo del organismo, decidió que se le otorgue el préstamo al
gobierno Macri para apoyarlo en su reelección y, si así no fuere (como pasó), condicionar severamente al gobierno
que asumiera el 10 de diciembre de 2019.
El actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo,
Mauricio Claver-Carone, reconoció que como director del FMI en representación
de la administración de Donald Trump, impulsó en el año 2018 el otorgamiento del préstamo
que superó varias veces el límite que la Argentina podía tomar de crédito por
exigencia de su gobierno
Deuda y fuga
Como lo reconociera el ex Presidente Macri, la Argentina se
endeudó pero no para comprar y terminar con
las concesiones de los puertos privatizados en la gestión de Menem, o de
recrear nuestra propia marina mercante que liquidó Menem en la década de los
90. O para construir un millón de
viviendas, no, ni siquiera se compró un
ladrillo, nos endeudamos para que una minoría fugue capitales
En el Informe "Mercado de cambios deuda y formación de
activos externos, 2015-2019” del BCRA ya
citado, sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas
jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de
Cambiemos, pero los 100 compradores de
dólares mayores adquirieron 24.679 millones de dólares
Nunca dieron a conocer oficialmente el listado de los que
compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión
de Cambiemos, pero sí lo hizo “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los
100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, lista jamás desmentida por los
interesados ni por el BCRA. Entre esos grande fugadores están Telefónica
Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA con 903,9 millones
de dólares. En esas dos principales
compradoras de dólares en la gestión de Cambiemos, el principal accionista es
Blackrock, que es a su vez el principal tenedor de títulos de deuda Argentina
(se estima unos 2.000 millones de dólares) y, es a la vez, referente obligado
del gran capital de los EEUU y por ende con clara y directa influencia sobre el
FMI.
Otros de los primeros 100 compradores de dólares en la
gestión de Cambiemos son Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera
Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del
Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y
Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que
es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence este
30 de septiembre de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes
beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional
Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y
también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun,
Ayerza y Escasanny[4]; el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo
Elsztain, entre otros.
Ninguna de esas 100 empresas declaró y menos pagaron
impuestos por la mitad de los dólares que compraron. La pregunta obligada es porque no los llama
la AFIP y les reclama como hicieron si no tenían ganancias por los montos de
dólares que adquirieron. Y al no hacerlo
la AFIP, porque no lo hace la Justicia
Argentina, o la Comisión Bicameral de Seguimiento de la deuda externa del
Congreso de la Nación.
Y no lo hace porque el FMI, los EEUU y Blackrock no quieren
y pretenden que esos dólares que compraron con dinero no declarado, con dinero
ilegal, sea olvidado y que el pueblo
argentino sea el que pague la deuda como dijo otro Presidente, Nicolás Avellaneda
con el “hambre y la sed” de nuestro pueblo.
La negociación con el FMI
Por un lado el Ministro Martín Guzmán reconoce que habló con la titular del FMI
Kristalina Georgieva y que “ambos reconocimos el problema inesperado del
rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente
enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la
recuperación económica inclusiva”.
El Presupuesto que es el Plan de Gobierno es acordado con el
FMI, por lo tanto el FMI nos dice cual puede ser el déficit fiscal[5] máximo que puede
tener el país por año; que incluso ese déficit fiscal debe ser financiado solo en
un 50% por asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro; y una meta de
reducción de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos (devaluar nuestra
moneda) sabiendo que existe una relación inversamente proporcional entre el
salario, las jubilaciones y pensiones y el tipo de cambio, si el dólar sube se
disparan los precios y todos los que tenemos ingresos rígidos perdemos ante la
inflación generada por la devaluación.
El FMI es el que
pondera cual puede ser nuestra tasa de crecimiento del PIB en base a las
necesidades de los dólares que necesitamos para importar máquinas, equipos,
tecnología e insumos que no producimos ni tenemos y, nos exige un superávit
comercial de más de 15.000 millones de dólares por año para que el Estado
nacional los compre y pague la deuda.
Y el FMI no solo exige el pago en diez años como máximo,
sino que incluso le cobra al país una mayor tasa de interés que a los demás
miembros, por haber recibido un crédito
muy por encima de la cuota que aportan como socios del organismo internacional.
La decisión del Directorio del FMI implica que Argentina seguirá pagando
más de 900 millones de dólares al año por encima del capital y los intereses pactados
por Mauricio Macri para acceder al crédito 45.400 millones de dólares.
En síntesis
Por una deuda que fugaron mayoritariamente una minoría, el
gobierno nacional se subordina al FMI, que
fue cómplice y partícipe de la fuga de capitales por una suma que, aún
haciendo los mayores sacrificios, no se puede pagar, como es la deuda por
45.400 millones de dólares en diez años.
Por ende y dado lo
reseñado, se debe exigir al gobierno de Alberto Fernández que suspenda todo
pago al FMI, hasta que se sepa fehacientemente a donde fue cada dólar tomado en
crédito al organismo internacional, tal como lo propuso en su discurso de
inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1 de marzo
de 2020.
La principal tarea del gobierno no es acordar con el FMI, sino investigar a donde se fueron los dólares que conforman dicha deuda.
[1]
Es en DEG (Derechos Especiales de Giro) que es una canasta de moneda que
conforma el FMI y que en diciembre 2021
es equivalente a 1,41 dólares
[2] Artículo VI Inciso a) del FMI: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.
[3] En
el FMI, las decisiones se adoptan con el 85% de los votos y los EEUU tienen el
16,01% de los mismos, por lo que sí o sí
toda decisión es avalada o tomada por los EEUU de Norteamérica.
[4]
Larry Fink reconoce participación en el
capital accionario del Grupo Banco
Galicia por un 18,8% del total.
[5]
Y al no aumentar los impuestos a los ricos, condiciona el gasto fiscal total, esto es no se pueden dar aumentos de
jubilaciones y pensiones, hacer transferencias a las personas y a las
provincias, o realizar menos obras públicas
porque no hay presupuesto y/o el presupuesto es insuficiente.
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