La deuda externa contraída por el gobierno de Cambiemos en sus cuatro años de gestión, superó los 100.000 millones de dólares.  Unos 24.000 millones de dólares se utilizaron para pagar deuda anterior, incluso parte de la que el mismo gobierno de Cambiemos tomó en los años 2016 y 2017 en que se endeudó en dólares y otras divisas, para supuestamente financiar el déficit fiscal nacional que es en pesos.

Pero 86.200 millones de dólares es deuda nueva,  de los cuales 45.500 millones de dólares se tomaron con el FMI[1].

El problema jurídico es que la deuda colocada en los mercados mediante títulos, fue legal, porque el Congreso de la Nación, con la oposición de la izquierda y del kirchnerismo de la época (Unidad Ciudadana) se opuso, pero fue aprobada por la mayoría de los diputados y senadores del bloque oficialista  y del “Frente Renovador” encabezado por Sergio Massa.

La deuda tomada con el FMI no fue autorizada por el Congreso de la Nación, la solicitó y obtuvo el gobierno de Cambiemos sin cumplir con las menores normas de procedimiento de la deuda.

Primero, se firmó una Carta Intención en junio de 2018 y después se amplió en octubre de ese año, ante la corrida cambiaria que llevó el valor del dólar de casi $ 20  a casi $ 40 ente abril y julio de 2018.

En los acuerdos firmados con el FMI en junio y octubre 2018, se hacía constar en forma permanente que el gobierno presidido por Mauricio Macri informaría diariamente al FMI, todas las operaciones realizadas en moneda extranjera. Como ejemplo de esas transferencias, al primer desembolso de 18.000 millones de dólares, le siguió una venta en moneda extranjera, casi equivalente a esa suma, sin que el Fondo hubiera advertido al gobierno, o procedido conforme lo indica su normativa, como surge del informe que publicara el 20 de mayo de 2020, el Banco Central de la República Argentina denominado “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”. 

Quiere decir que el FMI efectuaba el crédito de DEG a la Argentina, mientras la fuga se continuaba y se aceleraba, sin que los técnicos de dicho organismo internacional y sus autoridades efectuaran advertencia alguna al gobierno, o le comunicaran el conocimiento de lo que estaba ocurriendo a los efectos de adoptar las medidas que resultaran necesarias, para terminar con ese estado de situación y, tal como lo exige el Artículo 6to, Inciso “a” de su Convenio Constitutivo[2]

Internamente la Administración Nacional al tomar una deuda debe elaborar previamente dictámenes de índole técnico-financieros y jurídicos. Dichos informes, entre ellos el del Banco Central, debían justificar la necesidad, la oportunidad, la conveniencia y la legalidad del convenio con el organismo multilateral, al tiempo que debían preverse los formatos de reembolso de los créditos.

Lejos de respetar el marco institucional republicano, el primero de los expedientes internos elaborado para respaldar el acuerdo con el FMI fue confeccionado días después de haberse producido la firma con el Fondo: el 18 de junio se divulgó un documento de tres carillas, laudatorio de las políticas financieras y económicas impulsadas por el gobierno de Cambiemos, sin la más mínima referencia a cómo se iba a honrar la deuda contraída con el FMI a tres años de plazo.

El no cumplimiento del Convenio Constitutivo del FMI y sin autorización del Congreso de la Nación, el gobierno de Cambiemos tomó el crédito del FMI para apuntar la fuga de capitales, tal como lo reconociera y dijera expresamente el ex Presidente Mauricio Macri ante el canal de noticias CNN de los EEUU, el 8 de noviembre de 2021: “La usamos para pagar a los bancos comerciales”.

Estados Unidos es el socio mayoritario del FMI, es decir, es el país con mayor poder de decisión en este organismo multilateral de crédito que básicamente responde a sus intereses[3]. En este sentido, en vez de bloquear un préstamo que iba en contra de lo establecido en el Convenio Constitutivo del organismo, decidió que se le otorgue el préstamo al gobierno Macri para apoyarlo en su reelección y, si así no fuere (como  pasó), condicionar severamente al gobierno que asumiera el 10 de diciembre de 2019.

El actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, reconoció que como director del FMI en representación de la administración de Donald Trump, impulsó  en el año 2018 el otorgamiento del préstamo que superó varias veces el límite que la Argentina podía tomar de crédito por exigencia  de su gobierno

 

Deuda y fuga

Como lo reconociera el ex Presidente Macri, la Argentina se endeudó pero no para comprar y terminar con  las concesiones de los puertos privatizados en la gestión de Menem, o de recrear nuestra propia marina mercante que liquidó Menem en la década de los 90.  O para construir un millón de viviendas, no,  ni siquiera se compró un ladrillo,   nos endeudamos  para que una minoría fugue capitales

En el Informe "Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”  del BCRA ya citado, sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos,  pero los 100 compradores de dólares mayores adquirieron 24.679 millones de dólares

Nunca dieron a conocer oficialmente el listado de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA con 903,9 millones de dólares.  En esas dos principales compradoras de dólares en la gestión de Cambiemos, el principal accionista es Blackrock, que es a su vez el principal tenedor de títulos de deuda Argentina (se estima unos 2.000 millones de dólares) y, es a la vez, referente obligado del gran capital de los EEUU y por ende con clara y directa influencia sobre el FMI.

Otros de los primeros 100 compradores de dólares en la gestión de Cambiemos son Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence este 30 de septiembre de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[4];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Ninguna de esas 100 empresas declaró y menos pagaron impuestos por la mitad de los dólares que compraron.  La pregunta obligada es porque no los llama la AFIP y les reclama como hicieron si no tenían ganancias por los montos de dólares que adquirieron.  Y al no hacerlo la AFIP,  porque no lo hace la Justicia Argentina, o la Comisión Bicameral de Seguimiento de la deuda externa del Congreso de la Nación.

Y no lo hace porque el FMI, los EEUU y Blackrock no quieren y pretenden que esos dólares que compraron con dinero no declarado, con dinero ilegal,  sea olvidado y que el pueblo argentino sea el que pague la deuda como dijo otro Presidente, Nicolás Avellaneda con el “hambre y la sed” de nuestro pueblo.

 

La negociación con el FMI

Por un lado el Ministro Martín Guzmán  reconoce que habló con la titular del FMI Kristalina Georgieva y que “ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva”.

El Presupuesto que es el Plan de Gobierno es acordado con el FMI, por lo tanto el FMI nos dice cual puede ser el déficit fiscal[5] máximo que puede tener el país por año; que incluso ese déficit fiscal debe ser financiado solo en un 50% por asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro; y una meta de reducción de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos (devaluar nuestra moneda) sabiendo que existe una relación inversamente proporcional entre el salario, las jubilaciones y pensiones y el tipo de cambio, si el dólar sube se disparan los precios y todos los que tenemos ingresos rígidos perdemos ante la inflación generada por la devaluación.

El FMI es el que  pondera cual puede ser nuestra tasa de crecimiento del PIB en base a las necesidades de los dólares que necesitamos para importar máquinas, equipos, tecnología e insumos que no producimos ni tenemos y, nos exige un superávit comercial de más de 15.000 millones de dólares por año para que el Estado nacional los compre y pague la deuda.

Y el FMI no solo exige el pago en diez años como máximo, sino que incluso le cobra al país una mayor tasa de interés que a los demás miembros, por haber recibido un  crédito muy por encima de la cuota que aportan como socios del organismo internacional. La decisión del Directorio del FMI implica que Argentina seguirá pagando más de 900 millones de dólares al año por encima del capital y los intereses pactados por Mauricio Macri para acceder al crédito 45.400 millones de dólares.

 

En síntesis

Por una deuda que fugaron mayoritariamente una minoría, el gobierno nacional se subordina al FMI, que  fue cómplice y partícipe de la fuga de capitales por una suma que, aún haciendo los mayores sacrificios, no se puede pagar, como es la deuda por 45.400 millones de dólares en diez años.

 Por ende y dado lo reseñado, se debe exigir al gobierno de Alberto Fernández que suspenda todo pago al FMI, hasta que se sepa fehacientemente a donde fue cada dólar tomado en crédito al organismo internacional, tal como lo propuso en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1 de marzo de 2020.

La principal tarea del gobierno no es acordar con el FMI, sino investigar a donde se fueron los dólares que conforman dicha deuda.