La Inspección General de Justicia (IGJ) detectó una insólita cantidad de irregularidades en empresas relacionadas directa e indirectamente con Luis Caputo, el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri a quien el ex jefe de Gabinete (y hoy marginado de la escena política) Marcos Peña definió como “el Messi de las finanzas” y “jugador de la Champions League”.

La IGJ, cuyo titular es el abogado Ricardo Nissen, difundió días atrás un tercer informe sobre supuestas sociedades “cuyo funcionamiento se caracteriza por una total opacidad y un evidente propósito de no dejar la menor constancia de sus actividades y resultados, mediante mecanismos societarios absolutamente ficticios”.

La IGJ emprendió una evaluación de empresas que pudieran tener algún tipo de relación con el financiamiento del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Esa línea de investigación parece abandonada por la jueza a cargo del expediente, María Eugenia Capuchetti (aunque ahora delegó la pesquisa en el fiscal Carlos Rívolo) y avanza muy lentamente y con muchas dificultades en la causa que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La IGJ detectó, en cambio, que las sociedades “Caputo Hermanos S.A.”, “Sacha Rupaska S.A.” y “Chaqueña Bajada S.A.”, todas relacionadas con lo que denomina “Grupo Caputo”, exhiben niveles de turbidez más propios de sociedades  fantasmas que de entidades administradas por un crack de los negocios y sus familiares.

El último documento, vinculado con Chaqueña Bajada, determinó que “sus únicos accionistas son Luis María Méndez Escurra y Horacio Iván Gándara. El primero es su único director y presidente, y el segundo cumple solo las funciones de director suplente”. Ambos renunciaron a percibir honorarios por el desempeño de dichas labores.

“La sociedad se constituyó en el año 2010 con un capital social mínimo de 12 mil pesos que nunca fue aumentado. Se constituyó para dedicarse a la actividad agropecuaria, mediante la explotación de un campo de 2.592 hectáreas en el Departamento del Copo de la Provincia de Santiago del Estero”.

Luis María Méndez Ezcurra –dice la IGJ- “está casado con Rossana Pía Caputo, hermana de Luis Andrés “Toto” Caputo, quien  fue la persona que contrató a Johnatan Morel, líder de Revolución Federal, para la compra de un importante lote de muebles para un emprendimiento inmobiliario sito en Vaca Muerta, abonando por ellos una millonaria suma de dinero”.

Méndez Ezcurra y Horacio Iván Gándara son también “los únicos socios – por partes iguales –  de la sociedad Sacha Rupaska, con un establecimiento rural de aproximadamente 12.500 hectáreas, sito en el mismo lugar que se encuentra el campo de Chaqueña Bajada. Esta sociedad no realizó jamás las actividades previstas por su objeto social – el ramo agropecuario -, y sus estados contables elaborados y presentados a la IGJ hasta 2016 demuestran que jamás tuvo ingresos por ventas ni arrojó resultado alguno, simplemente porque no hubo la menor actividad social”.

Según estableció el organismo que depende del Ministerio de Justicia, “las actas de asamblea tienen siempre la misma redacción y en todas se informa sobre la inexistencia de actividades y de resultados, así como la renuncia de los directores a su remuneración. (…) El libro de asistencia a asamblea presenta hojas firmadas en blanco por los supuestos asistentes a dichos actos”.

Desde 2016, “la sociedad no elaboró estados contables posteriores a ese período, a pesar de que la misma está formalmente vigente. En sus 12 años de existencia, nunca aprobó una reforma de estatutos y solo inscribió en el Registro Público a cargo de la IGJ un solo directorio, a pesar de que dicho órgano fue renovado cada dos ejercicios”.

Las alarmas se encendieron cuando se detectó que “los gastos del inmueble rural eran sufragados por la sociedad con préstamos de los dos accionistas y directores, registrando la misma una importante deuda con éstos, que nunca pudo ser cancelada”. Entre 2010 y 2015, señala el reporte, la sociedad había perdido la mitad de su capital social. Un negocio ruinoso, según cómo se mire.

¿Existe realmente Chaqueña Bajada S.A.? El documento asegura que “carece de sede social efectiva, pues en su sede social inscripta, donde concurrieron determinados funcionarios de la Inspección General de Justicia a los fines de constatar esa circunstancia, les fue informado que dicha compañía no funcionaba en ese lugar ni se encontraban allí sus libros de comercio ni sus libros sociales”.

La IGJ consideró que Sacha Rupaska SA y Chaqueña Bajada SA son, en realidad, “sociedades ficticias y simuladas, meras estructuras societarias o ‘pantallas’ que se interponen entre los accionistas y las aludidas propiedades, siendo éstos, a título personal, quienes llevan a cabo la verdadera y real explotación de dichos campos, que suman en conjunto una extensión mayor a las 20.000 hectáreas”. En virtud de ello, la IGJ promovió “la demanda judicial de nulidad por simulación y actividad ilícita contra dichas sociedades y sus integrantes, invocando la ley 19550, que sanciona con la nulidad absoluta a las sociedades con actividad ilícita, con las consecuencias que ello supone para la sociedad infractora, sus socios y administradores (liquidación judicial de su patrimonio; ingreso del remanente de liquidación al patrimonio estatal y responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios y administradores, así como quienes actúen como tales en la gestión social).

En el caso de Sacha Rupaska SA, la IGJ estableció que “se constituyó en el año 2007 para dedicarse a la explotación agropecuaria” y “a los dos meses de inscripta, se incorporó Luis Andrés Caputo como accionista mayoritario con el 60% de las acciones”.

“La sociedad Sacha Rupaska S.A solo fue constituida para ocultar estos importantes campos ubicados en la Provincia de Santiago del Estero, con una superficie aproximada de 15.000 hectáreas. Esta sociedad nunca funcionó regularmente: nunca realizó actividad económica alguna; los directores –que eran los mismos fundadores– percibieron honorarios, ni tampoco hubo jamás distribución de dividendos. En sus estados contables reconoció que jamás desarrolló actividad comercial”.

Por otra parte, en la sociedad “Caputo Hermanos SA” –investigada como supuesta fuente de financiación de Revolución Federal-, los accionistas y directores son los hermanos Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Luis Andrés Caputo, con participaciones accionarias del 33,33 por ciento cada uno de ellos. Sin embargo, según la IGJ, Luis Andrés Caputo es “el accionista y controlante de la misma por varios ejercicios, como titular del 72 por ciento del capital social de dicha sociedad. Pía Rossana Caputo  figura en las constancias documentales como directora suplente”. Además de la portación del apellido, es decoradora y a través de una extraña relación con Jonathan Morel gestó la fabricación del mobiliario para el edificio Espacio Añelo, en Vaca Muerta, con una tercerización y una lejanía (la provincia de Buenos Aires) que –según todo parece indicar- encareció sensiblemente  los costos.

El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, consideró que se trata de “meras estructuras formales que violan todo el ordenamiento societario y que están al servicio exclusivo de su verdadero dueño, Luis Andrés Caputo”. El “Messi de las finanzas”, al decir de Marcos Peña.