12/1/2021

Política

Las grandes tecnológicas, y los riesgos de “la privatización de la educación”

En un reciente artículo, publicado en la revista América Latina en Movimiento, la académica Theresa Adrião, analiza los riesgos latentes de la privatización silenciosa de la educación en manos de las grandes corporaciones tecnológicas. Te compartimos su artículo en InfoNativa.

Publicado el 12 de Enero de 2021


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La privatización implica ausencia o flexibilización de los reglamentos para el sector privado, además de la creación de nuevos mercados como servicios alternativos al gobierno.

Para iniciar este diálogo, considero fundamental resaltar la naturaleza desigual con la que se presentan y constituyen las relaciones en el capitalismo, de manera que, aunque identificamos tendencias globales, los procesos de privatización de la educación se presentan con peculiaridades en diferentes contextos, pues se materializan en políticas educativas operadas localmente, que involucran actores en relaciones construidas históricamente y a diferentes mecanismos de regulación y desregulación de la acción del Estado en la educación.

Estas peculiaridades o singularidades se presentan también entre los países de América Latina y a veces en la estructura interna de un mismo país.  Por lo que para analizar y contrarrestar los procesos de privatización de la educación en nuestra región es necesario articular y conocer las formas en que se manifiesta la privatización de la educación en nuestros países.  No obstante, en este trabajo me limitaré a señalar los aspectos generales de estos procesos.

El desafío aquí es sistematizar las formas a través de las cuales la educación puede ser objeto de lucro, así sea de manera indirecta.  Para ello, tomo como referencia la obra publicada en 2018 (Adrião, 2018), en la que se sistematizan las formas de privatización de la educación considerando tres dimensiones de la política educativa: la gestión de la educación pública, la oferta educativa y el currículo.  Cabe recordar que esta división surge de una estrategia metodológica para facilitar el reconocimiento de las formas a través de las cuales se viene privatizando la educación, siempre que en la política educativa existe una conexión entre tales dimensiones.

Sobre el significado que se le atribuye a la privatización se basa en Belfield y Levin (2004), para quienes la privatización implica procesos de transferencia de actividades, activos y responsabilidades de los gobiernos/organizaciones públicas a individuos o agencias privadas.  La privatización también implica la ausencia o la flexibilización de los reglamentos gubernamentales para el sector privado, además de la creación de nuevos mercados como servicios alternativos al gobierno.

Considerando la diversidad de nuestra región, pero teniendo en cuenta que en la mayoría de los países la acción del Estado en la provisión de educación, que incluye la etapa de escolaridad obligatoria, específicamente la educación preescolar, la educación especial y la educación superior, no es muy efectiva, la privatización de la oferta educativa es una realidad y se está expandiendo en este período de pandemia.  Más aún en los países que adoptan políticas económicas neoliberales y de ajuste fiscal.

En términos generales, destaco dos formas que, en esta coyuntura, tienden a expandirse: la financiación pública (directa o indirecta) hacia la oferta educativa privada y la introducción de políticas o programas de elección parental.

En el caso de la financiación directa, existe una tendencia de los gobiernos a establecer o ampliar los acuerdos con las escuelas privadas transfiriendo parte del fondo público en forma de valor por alumno, como respuesta a la presión de los propietarios de las escuelas ante la insuficiencia de recursos de las familias y la consecuente disminución del número de matrículas.  Parte del pedido se basa en declaraciones relacionadas con el impacto del cierre de estas escuelas en la pérdida de puestos de trabajo.  Indirectamente, los fondos públicos subvencionan la educación privada, puesto que se aprueban exenciones fiscales como mecanismo para incentivar a los proveedores privados.

Un segundo conjunto de medidas que refuerzan la subordinación de la educación al lucro se deriva de la introducción, el mantenimiento o la ampliación de las políticas de elección parental como mecanismo de acceso a la educación.  Aquí, destacaría en particular el subsidio público para el pago de becas en escuelas privadas, la adopción de programas de crédito educativo y la introducción o incremento de programas de educación en casa.  En los casos primero y segundo, los fondos públicos se canalizan hacia organizaciones privadas que ni siquiera siempre son claramente no lucrativas, más allá de que los créditos educativos tienden a endeudar a las familias al priorizar la remuneración del mercado financiero.  La educación en el hogar, por otra parte, merece una adición, ya que, aunque no es un mecanismo de rentabilidad directa, moviliza un enorme mercado editorial, potenciado por las tecnologías y las plataformas digitales durante la pandemia.



Educación a distancia

Teniendo en cuenta la capilaridad de las empresas mundiales de comunicación y la subordinación de las escuelas y los sistemas educativos a sus herramientas, condición impuesta por la adopción de la educación a distancia, al menos para una gran parte de los estudiantes y profesores, es innegable que se fomenta la privatización del plan de estudios de nuestras escuelas.  A los procesos de adquisición de recursos e insumos educativos de empresas y editoriales mundiales (Clade, 2014; Croso y Magalhães, 2016) y a la contratación de empresas consultoras privadas para diseñar y reformar los planes de estudios, se asocia con la adopción de plataformas e instrumentos desarrollados por las empresas y ofrecidos “gratuitamente” a las escuelas, los sistemas de educación pública y prácticamente de educación en casa.  Vale la pena mencionar la advertencia de Scasserra y Sai (2020, p.  4), para quienes: el problema de las grandes empresas tecnológicas no sea tanto la propiedad privada de los datos (con mucho gusto podrían afirmar: «los datos son tuyos, son de cada persona, te pertenecen»), sino la propiedad privada de los algoritmos, que son los verdaderos medios con los cuales se generan productos (aplicaciones) o servicios (streaming, redes sociales, propaganda segmentada, personalizada, etc.) que permiten enormes ganancias.

Las plataformas digitales y la educación a distancia estimulan además otro “nicho” del mercado de la educación que es la franquicia de las clases particulares o las tutorías.  Las empresas del sector ofrecen servicios subcontratados y precarios de profesores registrados en sus sitios web para apoyar a los niños y adolescentes de las familias, o incluso a las escuelas en régimen de contención de gastos.  En la educación superior, la adopción de la enseñanza a distancia moderada por “tutores” para sustituir a los profesores, una práctica preexistente, también tiende a expandirse.

Por último, la privatización de la gestión educativa se acentúa mediante la adopción de formas de transferencia de la gestión escolar a organizaciones privadas, política que se asocia a la reducción de la presencia directa del Estado en la gestión de la educación pública, incluso cuando se destina a organizaciones sin fines de lucro, tiende a generar un mercado de proveedores privados, cuyos “excedentes financieros” no son claramente identificados como lucro.



Los actores

Para concluir este diálogo, quisiera destacar los actores que potencian estos procesos de privatización teniendo en cuenta el consentimiento, el compromiso o la omisión de los gobiernos.  En primer lugar, se encuentran las empresas transnacionales, especialmente las empresas de tecnología y comunicaciones y las editoriales, en muchos casos asociadas a empresas nacionales.  En segundo lugar, los fondos de inversión, especialmente en la modalidad de Venture Capital, que apalancan start-ups del sector educativo.  Un tercer grupo está formado por organizaciones de advocacy, que presionan para que se apliquen políticas de liberalización y se asignen fondos públicos al sector privado.  Un cuarto grupo, los filántrocapitalistas (Bishop y Green, 2008) que inducen a la adopción de políticas educativas diseñadas por sus “socios” y patrocinan reformas educativas que presentan un retorno, incluidas las financieras, como contrapartida.  Por último, los propietarios de escuelas privadas, los empresarios de la educación, que ante la crisis post pandémica acentúan la disputa por los fondos públicos.

En este contexto, es esencial reafirmar la necesidad de que los fondos públicos se apliquen directamente a la educación pública y de que cualquier transferencia a instituciones privadas sea una alternativa excepcional asociada al compromiso del poder público de aplicar sus recursos a la expansión y calificación de su red.  De la misma manera, se afirma la necesidad de una mayor transparencia y control social sobre la destinación de los fondos públicos y la importancia de construir nuevas alternativas, frente a lo que ofrecen las empresas, que partan de la sociedad civil, las universidades, las escuelas, los sindicatos, etc.  Finalmente, se reafirma la importancia de las instituciones educativas públicas como espacios de encuentro, construcción de valores y prácticas inclusivas y ciudadanas.



Theresa Adrião: Unicamp (Universidad de Campinas – Brasil). Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 551: Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia

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