29/11/2020

Política

Los empresarios reclaman aumentar los precios, poder despedir y pagar menos salarios

Arcor informó ganancias record, Coto despidió trabajadores por reclamar un bono especial y la fundación ConstiTuya, una entidad conformada por empresarios y economistas, pidió que habiliten reducir sueldos, llevar adelante suspensiones y despido de empleados para las firmas en crisis.

Publicado el 29 de Noviembre de 2020


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En la Argentina no pasa un solo día sin que el puñado de dirigentes empresarios que mantienen secuestrada la economía nacional en su propio beneficio dejen de reclamar un mayor avance en la flexibilización laboral del país.

La corporación económica Arcor, que integra un oligopolio en la producción de alimentos de nuestro país, responsable directa, junto a las grandes cadenas de comercialización, de los aumentos de precios que atacan el bolsillo de todo, ha presentado su balance trimestral ante la Comisión Nacional de Valores, por ser una empresa que cotiza en bolsa.

La multinacional Arcor informó ganancias en el trimestre cercanas a los 4.400 millones de pesos, luego de años de informar pérdidas en sus balances producto de la devaluación de la moneda. Arcor, como todo grupo económico, registra en sus balances apenas una parte ínfima de la rentabilidad, los aspectos de cuestionable legalidad vinculados a la fuga de capitales, evasión fiscal, timba financiera son cubiertos por la dinámica de impunidad que gozan.

Aún en ese contexto, como motor indudable de la cámara de empresas de la alimentación (COPAL) han reclamado el descongelamiento de los precios a los consumidores de sus productos. Mas allá de los aumentos registrados, la COPAL reclamó por un “atraso” de entre el 25% y el 30% producto de la devaluación y la falta de acceso a productos importados. Las corporaciones alimentarias se escudan en la importación de café, de los pocos bienes importados que le justifican el reclamo, y por eso escogen de vocero al provocador Martín Cabrales, propietario de una fortuna gigantesca.

Mientras informa ganancias extraordinarias, al mismo tiempo, Arcor se niega a pagar un bono extraordinario a los trabajadores de su empresa, catalogados como esenciales desde el inicio de la pandemia. Aún más, son parte integral del duro bloque empresario que reclama por el fin de la prohibición de despidos.


Coto no quiere esperar

Quien no tiene marco legal que lo sujete, ni frontera ética y moral que lo limite es el empresario propietario de la corporación Coto, que despidió a 26 trabajadores que reclamaban un bono por el trabajo esencial que desarrollaron y que puso en la mira a la cadena de supermercados por los picos de contagios registrados en sus instalaciones.

 La decisión tomada por la empresa quedó en suspenso por la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Pero la empresa ya expresó su intención de no reincorporarlos, amparada en los telegramas que se enviaron que decían fueron “con justa causa”.

Un auténtico método de presión y totalmente ilegal. Eso es lo que llevó a cabo la cadena de supermercados Coto, que despidió a 26 trabajadores por haber participado de las asambleas con las que el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio Zona Oeste (SEOCA) reclamaba un bono en reconocimiento por la tarea esencial que brindaron. Y los telegramas que se enviaron decían -como justificativo y literalmente- que la medida fue tomada “con justa causa”.


Constituya, un nuevo espacio de lobby

Con el nombre ConstiTuya, un grupo de empresarios y economistas lanzaron un nuevo espacio de lobby para obtener concesiones en las decisiones de política económica y laboral que se asumen en el país.

En este contexto y bajo el pretexto de evitar pérdidas masivas de empleos, quiebres y cierres, proponen reformas fiscales y también cambios en la legislación laboral.

En el apartado de "medidas complementarias", los empresarios apuntan a una flexibilización en donde se señala la posibilidad de suspender los convenios colectivos de trabajo. 

Concretamente piden que se les permita a las empresas reducir sueldos, llevar adelante suspensiones y despido de empleados mientras dure el proceso de los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales (APE) o convocatoria de acreedores, algo que la normativa argentina no permite.

El razonamiento que señalan este grupo de economistas y empresarios es que despidiendo y bajando sueldos se puede salvar el resto de los empleos. Algo que siempre fue rechazado por el mundo sindical y que tampoco funcionó en la práctica.

En esta línea, también consideraron importante la eliminación de la doble indemnización cuando se realice la apertura de un concurso preventivo dejando sin efecto la aplicación de los convenios colectivos vigentes.

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