Hay dos variables que se mantienen incólumes desde hace siete años en nuestro país. Los salarios se deterioran, y los ajustes se celebran. Lo hizo Mauricio Macri cuando fue presidente, y se trasladó la tónica festiva frente a los ciclos intermibales de ajuste, durante el gobierno del Frente de Todos, votado para hacer exactamente lo contrario a lo que hace.

Las definiciones sobre el salario mínimo, vital y móvil, no sólo reflejan el consenso absoluto en el sistema político, si no en la representación empresaria y gremial, de que los salarios en la Argentina deben estar anclados debajo de la línea de pobreza. Lo único que se encuentra autorizado para los dirigentes gremiales y políticos es hacer un discurso en contrario de lo que firman.

La CGT, la CTA y las cámaras empresarias acordaron el 22 de Noviembre en el Consejo del Salario un aumento del mínimo, vital y móvil del 20% en cuatro tramos, que se abonará un 7% en diciembre, 6 en enero, 4 en febrero y otro 3% en marzo de 2023, lo que para la cartera laboral totalizó una mejora paritaria del 110,5% en un año y permitirá que ese haber llegue a casi 70 mil pesos en marzo próximo.

La decisión surgió de consenso apenas cinco días después de conocerse que el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) registró en octubre un incremento de 9,5%, lo que determinó que una familia tipo -compuesta por dos adultos y dos menores- necesitó percibir ingresos por $62.105 para no ubicarse en situación de indigencia. El informe fue del INDEC, por cierto.

El organismo también dio cuenta que el costo de la canasta básica total (CBT), que además de los alimentos mide productos de indumentaria y servicios, aumentó 9% el mes pasado, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con $139.737 para no caer por debajo de la línea de la pobreza.

El acuerdo fue finalmente rubricado esta tarde en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Raquel Olmos.

El sector empresario, representado por Daniel Funes de Rioja (UIA) y el de los trabajadores, a través de Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA), manifestaron sus expectativas en torno al acuerdo.

Unos días antes de la vergonzosa firma estampada en el acuerdo del salario mínimo vital y móvil, paradójicamente, el centro de estudios económicos CIFRA, que pertence a la CTA, sostuvo que “Para alcanzar el valor de 2015 el salario mínimo debería elevarse casi hasta los $ 90.000”, ello, tras advertir que El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil tuvo una tendencia decreciente desde 2011, con una caída más fuerte que los salarios promedio. Las reducciones se concentraron especialmente en los dos últimos años del gobierno de Macri así como en 2020. Tanto en 2021 como en 2022 las sucesivas negociaciones en el Consejo del Salario no lograron que se recompusiera el poder adquisitivo; sólo se evitó una nueva caída, manteniéndose en términos reales el bajo valor de 2020.”

Explicaron desde CIFRA que “En estas negociaciones, desde el gobierno se ha buscado seguir la inflación y no recomponer poder de compra para el salario mínimo, con el agravante de que la inflación fue siempre subestimada. Así, en 2022 el resultado promedio fue una reducción de 1,6% y, si se considera el salario de octubre (con la última información sobre el IPC), una reducción interanual del 9,3%.”

 

Jubilaciones de miseria

El dato del salario mínimo, vital y móvil fue la continuidad del vergonzoso aumento anunciado a las jubilaciones, en el que también en tono celebratorio, se falsearon números y métricas para justificar las sonrisas en las que se anunciaban jubilaciones de miseria.

El IPyPP, de Claudio Lozano, elaboró un informe  llamado “El deterioro de las jubilaciones. El deterioro del haber mínimo a partir del último aumento por movilidad”.

Para Lozano, “las últimas decisiones gubernamentales ratifican que: El ajuste practicado por el gobierno de Alberto Fernández sigue afectando el poder adquisitivo de nuestros jubilados.

Tomando en cuenta el 15,6 % de aumento otorgado, el año 2022 finalizará con un aumento del haber mínimo del 72,5 %. Por tanto, considerando que la inflación rondará un 99,4%, el deterioro real acumulado por el haber mínimo alcanza al 13,5%, cuestión que se profundizará hasta febrero (mes previo al próximo aumento) en que el deterioro del haber ascenderá al 16,2 %.

Observando lo ocurrido desde la vigencia de la nueva fórmula de movilidad, de los ocho aumentos otorgados, cinco estuvieron por debajo de la evolución de los precios. Esto ratifica que ninguna fórmula es mágica (tal cual creían los funcionarios que actuaban en ese momento particularmente el Secretario Roberto Arias). En un contexto de desaceleración de la actividad económica, caída de los salarios reales y aceleración inflacionaria, la fórmula no logra evitar el recorte del poder adquisitivo de los haberes.

El gobierno de Alberto Fernández agravó el deterioro sufrido por los haberes jubilatorios permitiendo un retraso que hasta diciembre de este año asciende al 13%. De este modo la pérdida vivida por la mayoría de los jubilados respecto al 2015 asciende al 28%.

Corresponde agregar que el gobierno intentó subsanar este problema entregando bonos. Obviamente esto no resuelve la cuestión ya que el bono se otorga por un plazo determinado, pero no se integra al haber jubilatorio. Por ende, cuando se da el aumento siguiente, se lo calcula respecto al haber ya retrasado. Razón por la cual el monto del aumento se reduce.

Pero, además, considerando el haber más el bono de 10000 pesos otorgado, con el haber más el bono que se diera en diciembre del 2021, la pérdida de poder adquisitivo es mayor aún, la caída interanual llega al 18,7 %. Esto refleja que no sólo el gobierno permitió el retraso del haber, sino que además no mantuvo el poder adquisitivo del bono otorgado.

Así las cosas, comparando el haber jubilatorio mínimo resultante del último aumento con la Canasta de necesidades de un Jubilado, surge que el haber mínimo solo cubre el 29,3% de la misma y considerando el bono solo se cubre el 35,1%.

 

Los pobres en la mira

Como si los anuncios no alcanzaran, una vez celebrado el Salario Mínimo Vital y Móvil, se destacó que ahora el avance estaría dado contra los programas sociales vinculados al Potenciar Trabajo, cuyo haber mensual es el 50% del salario mínimo.

En efecto, el periodista económico que trabaja para el Grupo Indalo, Andrés Lerner, sostuvo en una reciente nota que “El gobierno ser comprometió a desligar planes sociales del salario mínimo”. La noticia circuló, según se afirma en la nota de Ambito, de boca de un dirigente gremial.

"La ministra Raquel Olmos se comprometió a desligar el salario mínimo de los planes sociales" sostuvo la fuente del periodista de C5N.

La embestida contra el programa Potenciar Trabajo se profundiza cada semana desde que Cristina Kirchner reclamó en su momento que el Estado ejerciera el monopolio de la asistencia social en la Argentina, algo que ya realiza, pero que terminó redundando en audotorías, relevamientos, inspecciones, suspensión de nuevas altas de programas, ajuste presupuestario, denuncias penales e informes falsos de la AFIP para justificar la persecusión al bolsillo de los humildes que no llegan a cobrar 27.000 pesos por mes.

Y pensar que alguna vez se reclamaba cerrar los números con la gente adentro, exactamente lo contrario a lo que sucede.

Pero claro, decir es mas barato que hacer.