5/7/2020

Política

Los vínculos ilegales de Morales con la AFI que terminaron con Milagro Sala en la cárcel

Gerardo Morales, junto a Patricia Bullrich, son responsables de la muerte de 43 gendarmes, de la prisión ilegal de Milagro Sala y una gran cantidad de dirigentes sociales. Cada uno de esos episodios está encadenado por informes clandestinos de la AFI macrista.

Publicado el 5 de Julio de 2020


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El Lunes 14 de Diciembre de 2015, apenas transcurridos cuatro días de asumido su primer mandato como gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales tenía la urgente necesidad de cumplir una de sus amenazas de campaña: encarcelar a Milagro Sala.

Convencido de que un largo ciclo de endeudamiento externo de la provincia, destrucción de su aparato productivo, deterioro de los salarios provinciales y extranjerización de los resortes economicos de Jujuy no iba a poder llevarse adelante con la oposición de la organización popular construida por Milagro Sala. Su decisión era desmantelar la organización Tupac Amaru con la detención de sus principales dirigentes.

Desde mucho antes de llegar a ocupar su mandato como gobernador, Gerardo Morales había intensificado sus vínculos con agentes de inteligencia capacitados por la DEA (la agencia anti droga de Estados Unidos) en la provincia de Salta. Precisaba modificar el sistema judicial y encarcelar a Milagro Sala en forma rápida y veloz.

El 10 de diciembre de 2015, sin ir más lejos, Gerardo Morales designó a Mariano Miranda, apoderado de la UCR como fiscal de Estado de la provincia. Al mismo tiempo, en diálogo intenso con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negoció el refuerzo del destacamento de gendarmería con el fin de reprimir a la Tupac Amaru y sus eventuales protestas ante las medidas que tenía planificadas.

El operativo salió mal. Patricia Bullrich improvisó un rápido traslado de gendarmes a la provincia de Jujuy en un colectivo que no cumplía con los mínimos requerimientos técnicos. 43 Gendarmes fallecieron en la ruta 34 al caer el ómnibus que los trasladaba hasta la provincia.

El escándalo por el fallecimiento de 43 gendarmes que tenían la orden de represión sobre la organización social, amenazaba con transformarse en un escándalo mediático nacional. Fue una puesta a prueba del blindaje informativo, dado que el tratamiento brindado al tema, fue responsabilizar al anterior gobierno de haber recibido un informe de inteligencia con datos inexactos.




Gerardo Morales, en una entrevista radial, señaló sin ningún tipo de tapujos que el pedido de envío de gendarmes a la provincia se había basado en “informes de inteligencia” recibidos que le indicaban que la Tupac Amaru preparaba hechos de violencia política.

Utilizó tres contactos para llevar adelante la operación de blanqueo. El primero, un agente de inteligencia que sobrevivió a la purga de la gestión macrista, asignado a los vínculos entre la DEA y la policía de Salta, conocido como "José", a un periodista del diario Perfil y a un periodista del diario Clarín.

El agente de inteligencia le proporcionó a Gerardo Morales un reporte de inteligencia en el que indicaba la inminencia de una protesta violenta de la organización Tupac Amaru. El parte fue filtrado por Morales a Perfil, que organizó una nota sin firma visible, en la que destaca que al gobernador "le vendieron" una información inexacta. El periodista que oculta su firma destaca "Morales habló de “informes de inteligencia” cuando hacer inteligencia interna es ilegal."  





Luego el periodista de Clarín, Claudio Savoia, señaló “en una gaffe que podría salirle caro, el gobernador admitió por radio que basó su pedido en informes de inteligencia, que son ilegales. El accidente de los gendarmes, el lunes 14, desató la crisis y desnudó otro de los esqueletos que aún sobreviven y operan dentro de la casa de los espías: el club de delegados de la AFI en el interior, que controlaba Pocino y cuyos titulares fueron designados con su venia y el acuerdo del ex n° 2 del organismo con Cristina, Juan Martín Mena. Fuentes de la ex SIDE afirman que de las diez delegaciones existentes, al menos seis fueron ocupadas por gente de ellos.”



Savoia intentaba desvincular la responsabilidad por la muerte de 43 gendarmes a Gerardo Morales y Patricia Bullrich, y adjudicársela a la ex estructura de mando de la AFI.

Savoia repititó el discurso oficial sin cuestionar la operación ilegal de inteligencia de la AFI, a la que recurrió el gobernador de Jujuy para justificar el montaje de una estructura represiva.




“Fuentes confiables afirman que los manifestantes cuentan con armas de fuego las cuales serían almacenadas en el acampe a los fines de provocar un conflicto con la policía local y desatar una ola de saqueos en el centro de San Salvador de Jujuy con el objeto de sembrar el caos en la provincia. Se prevén 5000 acampantes”, dice el informe aportado por Gerardo Morales a la prensa y que reconoce haber obtenido de agentes de inteligencia de la AFI.

La historia que sigue a dicho parte de inteligencia es conocida por todos. La describe en forma elocuente la periodista Ximena Tordini el 28 de Julio de 2016 en la revista Crisis:

"A las dos de la mañana del 14 de diciembre 43 gendarmes, que por orden de la ministra Patricia Bullrich eran trasladados desde Santiago del Estero, murieron en un accidente en la ruta. Clarín publicó que la información que había recibido Morales era falsa adrede, una operación de un sector de los servicios de inteligencia. Si Morales la creyó verdadera o no, es menos importante que el hecho de tomar una decisión utilizando un tipo de inteligencia que es ilegal. Ni él ni Bullrich dieron explicaciones sobre este aspecto del asunto. Los familiares de los gendarmes denuncian que el micro no estaba en condiciones de hacer el viaje y que no se respetó la prohibición de hacer traslados nocturnos, entre otras irregularidades.

El mismo 14 de diciembre, la Tupac Amaru y otras organizaciones comenzaron a acampar frente a la casa de gobierno para protestar por algunas de las primeras medidas de la nueva administración: Morales había establecido un empadronamiento obligatorio de las cooperativas y no les había concedido una audiencia que las organizaciones pedían desde que fue electo. El 15, el fiscal Miranda denunció a Sala y a otros integrantes de la Tupac por el delito de entorpecer el normal funcionamiento de los transportes y por instigar a otras personas a que cometieran ese delito. El 17, la legislatura (en la que la Unión Cívica Radical es la primera mayoría) modificó la Ley del Ministerio Público y Morales designó a un nuevo fiscal general de la acusación, Sergio Lello Sánchez. El 23, Miranda acusó a Sala de instigación a cometer un delito, interrupción de la circulación, coacción y sedición, y se constituyó como querellante en la causa “siguiendo precisas instrucciones del Señor Gobernador de la Provincia, Gerardo Rubén Morales”, según él mismo afirmó. Todas estas supuestas conductas delictivas están relacionadas con el acampe enfrente de la casa de gobierno. El fiscal al que le tocó esta denuncia, Darío Osinaga, pidió el desalojo del acampe pero no la detención de los dirigentes sociales. En respuesta, Miranda lo denunció penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público. En el curso del road trip justiciero, comenzó la feria judicial y cambiaron los funcionarios a cargo de la denuncia contra Sala".


El informe de inteligencia que Morales señaló recibir, disparó las investigaciones que terminaron con la ilegal detención de Milagro Sala.

Indica, dicho informe, que el responsable de las acciones sería un tal NN alias "Coco".

Alejandro "Coco" Garfagnini, coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, resulta ser querellante en la causa que ahora investiga el Juez Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge. En la investigación, surgen las tareas de seguimiento que se hicieran sobre su persona y la organización.

La investigación no parece agotarse simplemente en su figura, ubicada en el radar de la inteligencia clandestina montada por la AFI de Mauricio Macri como demuestra el informe que Morales acompañara sin dar cuenta de su obtención, sino que desata el ovillo de responsabilidades políticas y criminales que tiene Gerardo Morales con la estructura de espionaje ilegal montada para perseguir y encarcelar a Milagro Sala en la provincia de Jujuy.

El reconocimiento del plan de acción, llegó de la mano de otro dirigente radical. En este caso, Ernesto Sanz, quien en el mes de mayo, en una entrevista concedida a la periodista Cristina Pérez en Radio Mitre, señaló: “¿Por qué ocurre esto en Jujuy? Esto es realpolitik. Vamos a hablar de una confesión. Es real política. Gerardo Morales asume el día diez de diciembre. Si Morales no hacía lo que hizo, el día once de diciembre, en menos de 24 horas, dejaba de ser gobernador de Jujuy porque en Jujuy el que gobernaba no era Fellner y la institucionalidad, gobernaba Milagro Sala en un Estado paralelo”.

La investigación de espionaje ilegal seguirá destapando el sótano de la democracia, allí donde Gerardo Morales se escondió durante muchos años.  

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